Cuando en juegos de niños recorríamos nuestro vecindario en la ciudad de Matagalpa, no pocas veces terminamos refugiados en el dintel de la puerta vieja y maltratada que daba acceso al patio de las maestras Arnesto. Alguien se encargó de decirnos que las señas que tenía la puerta habían sido causadas por las puntas de las flechas que los indios habían usado en una guerra de la que oímos hablar fugazmente en la escuela. Se decía que esa parte de la ciudad, una zona de topografía menos quebrada, había sido escenario de la guerra de los indios. Ciertamente, la avenida paralela hacia el oeste se llamaba 30 de Marzo. Un rótulo conmemorativo que existía en la esquina frente al Banco Nicaragüense desapareció hace años.

Efectivamente, en marzo de 1881, los indios de las cañadas de Matagalpa se levantaron en armas contra el gobierno de Joaquín Zavala, destacado representante de los intereses hegemónicos del país. El ataque a la ciudad se comenzó a planificar con cierta anticipación y parece que su fecha se escogió por la inminencia de la conclusión del tendido del alambre del telégrafo entre Managua y Matagalpa.^{^[1]}

La instalación de la línea telegráfica era considerada por los ladinos de la región y por el gobierno nacional, una obra clave para el impulso del comercio y la producción. Para lograrlo, miles de indios habían sido obligados a abandonar familias y cultivos, forzados a trabajar largas y extenuantes jornadas, cargando sobre la espalda rollos de alambre y postes, despejando la ruta y construyendo el abra. A medida que el tendido avanzaba, más indios enfermaban y morían, por la intensidad del trabajo y el maltrato. Para concluirlo en el tiempo deseado, más indios eran conducidos a los trabajos forzados.

Pero no solamente el tendido de la línea telegráfica agraviaba a los indios. El prefecto Gregorio Cuadra, máxima autoridad gubernamental en el departamento, abogado granadino del círculo político de Zavala, conocido por su intransigencia, en las semanas previas al levantamiento, ejecutando diligentemente la política nacional de asedio y control de la población indígena, había obligado a los indios a cumplir con jornadas de trabajo forzado en distintas obras en construcción, había iniciado acciones contra las tierras indígenas, prohibido y perseguido la elaboración de chicha, usada por los indios para su consumo ordinario y en sus festividades religiosas. Asimismo, había prohibido el destace de ganado en las cañadas.

Por distintas vías, incluyendo la misión jesuita en el departamento y el propio párroco del pueblo, el gobierno fue advertido del creciente descontento de los indios, pero tanto el prefecto Cuadra, como el gobierno de Zavala hicieron caso omiso de las noticias de prevención.

En la mañana del 31 de marzo, unos mil indios acordonaron la ciudad de Matagalpa y la atacaron, enfrentándose a la pequeña guarnición existente y a grupos de ladinos que se sumaron a la defensa del poblado. Los capitanes indígenas, autoridades existentes en cada cañada, coordinaron el ataque que involucró a los indios de los alrededores del pueblo, las cañadas de Uluse, El Horno, El Gorrión, San Pablo, San Marcos, El Zapote, El Matasano, Jucuapa y Potrero de Yasica entre las principales. Lorenzo Pérez, capitán de San Pablo se constituyó en el líder principal del levantamiento.

Los combates dejaron por resultado un número no determinado de muertos y heridos entre los ladinos y entre las fuerzas indígenas las que después de varias horas se retiraron, manteniendo acordonada la ciudad y estableciendo un grupo importante en Guanuca.

En los días subsiguientes, el prefecto Cuadra fingió interés de iniciar un diálogo con los líderes del levantamiento y aceptó la oferta de intermediación hecha por los jesuitas quienes tenían un importante ascendiente entre los indígenas. El gobierno pedía el cese de los ataques, la entrega de las armas en poder de los indígenas y la sujeción a las autoridades locales y nacionales. Pasados varios días los indios enviaron un mensaje afirmando que no tenían armas del gobierno y que no entregarían las propias, ponían como condición para el cese del alzamiento el retiro de las fuerzas del prefecto.

Aunque las negociaciones no dieron ningún resultado, el verdadero objetivo del prefecto se había logrado: en el tiempo transcurrido el gobierno preparó y organizó fuerzas militares que envió al departamento, al mando del coronel Joaquín Elizondo, quien se quedó en la ciudad hasta el 4 de mayo, cuando el levantamiento cesó y los indígenas se retiraron a sus cañadas.

El gobierno Zavala aprovechó la oportunidad para culpar a los jesuitas de ser promotores y cómplices del levantamiento indígena de Matagalpa y decretar su expulsión del país. Así mataba dos pájaros de un tiro, desarticulaba el levantamiento indígena y lograba la anhelada salida de los jesuitas.

A pesar del levantamiento, las obras para el tendido del telégrafo continuaron. La política de acoso y asedio a las comunidades no cesó. La expulsión de los jesuitas aumentó el malestar de los indígenas. El cuatro de agosto del mismo año, las autoridades locales intentaron inaugurar la línea telegráfica, pero los hilos habían sido cortados en una sección entre Metapa y Matagalpa. Al día siguiente unos tres mil indígenas de todas las cañadas lidereados por Lorenzo Pérez, Toribio Mendoza e Higinio Campos y armados con sus tafixtes,^{^[2]} iniciaron el sitio sobre Matagalpa la que atacaron el día ocho. Las autoridades, parte de los ladinos del pueblo y una guarnición de cerca de ciento setenta hombres armados con fusiles de un solo tiro, organizaron la defensa. Las fuerzas de los indígenas habían logrado ocupar casi todo el pueblo cuando llegaron los refuerzos gubernamentales, en la mañana del diez de agosto. Era una tropa numerosa armada con fusiles y piezas de artillería que decidió el resultado favorable al gobierno.

Por la tarde, cesaron los combates en el interior del pueblo, dejando como saldo centenares de indios muertos y heridos. Según relata Enrique Miranda, más de quinientos indios fueron enterrados en zanjas a la orilla del río que cruza la ciudad, Lorenzo Pérez y Toribio Mendoza fueron fusilados por las fuerzas del gobierno e Higinio Campos desapareció. Entre las fuerzas del gobierno se reportaron 3 muertos y más de veinte heridos. De los ladinos del pueblo resultaron muertos y heridos un número que se desconoce.

El gobierno encargó la “pacificación” al general Miguel Vélez, padre de Juan José Vélez, inspector de telégrafos que junto con su ayudante, Benedicto Vega murió a manos de los indios. Vélez ejecutó una política de persecución y exterminio a los indígenas, la que concluyó en su etapa más crítica, a finales del año 1881.

Este fue el levantamiento indígena más importante del siglo XIX, un violento cuestionamiento social al modelo de sociedad y de Estado que se construía ahijado por el pacto entre democráticos y legitimistas de mediados del siglo.

Es precisamente la magnitud y carácter de la insurrección indígena la que nos llevó a preguntarnos ¿qué fuerzas, qué hechos, originaron este enorme oleaje de indignación que se rompió en marzo y agosto del 81? Para respondernos debíamos buscar, no solamente los detonantes de la insurrección, tan detalladamente tratados en otros relatos, sino especialmente de revisar en la profundidad de los hechos del siglo XIX, cómo se fue acumulando esa energía.

Si volvemos la vista al presente, a la realidad de los departamentos de Jinotega y Matagalpa que el huracán Mitch ha puesto dramáticamente al desnudo, encontramos que esta región ha sido un espacio de contrastes entre la riqueza que produce y la pobreza en que se encuentra la inmensa mayoría de su población. Según una encuesta realizada por el Instituto de Estadística y Censos en 1993, el 36.5% de los hogares de esos departamentos se encontraban en situación de extrema pobreza y el 32.7% en situación de pobreza. Desde entonces, poco o nada han variado estas cifras positivamente.

Pero, algo más. Viendo nuestro pasado inmediato y nuestro presente, también nos cuestionamos sobre ¿qué puede explicarnos el hecho que esta región del país haya sido escenario de distintos movimientos armados durante éste siglo? Desde la lucha antintervencionista de Sandino, el movimiento sandinista de la década del setenta y el movimiento contrarrevolucionario hasta principios de los noventa.

Vale la pena reflexionar en los factores estructurales que puedan darnos explicaciones adicionales sobre la actual proliferación de bandas armadas que realizan actividades delictivas o de simple sobrevivencia y que en distintas oportunidades han ejercido, de facto, autoridad y control de algunas zonas.

En Matagalpa y Jinotega, como en los otros departamentos de la región central y en la costa Caribe, la prevalencia y reproducción de niveles de pobreza extrema y el escaso desarrollo de su infraestructura económica y social, tiene que ver, a mi juicio, con la existencia de un modelo de desarrollo desigual y excluyente que se configuró desde el siglo pasado entre las distintas regiones del país y entre grupos étnicos y sociales.

La historia del Estado nacional nicaragüense es la historia de la inclusión o exclusión de regiones, grupos étnicos o sectores sociales, ubicados como protagonistas privilegiados o como agentes de categoría inferior. Esta investigación muestra la creciente y agresiva marginación de los indígenas durante el siglo XIX. Para decirlo en pocas palabras, el “progreso” llegó a Matagalpa y Jinotega en hombros de los indios y se estableció contra los indios.

Nuestra historia nos ha mostrado que no hay verdadero progreso con explotación, con pobreza, con marginación de grandes grupos étnicos o sociales y que la marginalidad y la exclusión han tenido resultados explosivos en distintos momentos de nuestra vida como país.

Existen pocos estudios particulares sobre las diversas regiones del país, lo que no ha permitido enriquecer nuestra apreciación sobre la construcción del Estado nacional y sus contradicciones. Muchas veces se hacen generalizaciones que impiden comprender el proceso que se produjo o se difunde una perspectiva que analiza el proceso histórico desde la realidad que vivió la región del Pacífico del país cuya evolución y desarrollo fue distinto durante la colonia y a lo largo del siglo XIX.

Este trabajo es una aproximación al proceso de colonización interior que se desarrolló después de la independencia, en Matagalpa y Jinotega, como parte de la conformación del Estado nacional nicaragüense, hasta finales de la década del ochenta. Se han tratado de identificar los factores que motivaron el avance hacia el este de la frontera colonizadora heredada por la colonia española, sus etapas y características principales.

Durante el período estudiado se produjeron cambios relevantes en la estructura económica de la región que he tratado de identificar, enfatizando en la tenencia de la tierra, la evolución productiva y el rol del estado en el proceso colonizador.

A lo largo del análisis hacemos frecuente alusión a los “grupos hegemónicos”. He conceptuado como tales a quienes detentaban poder político y jugaban un papel determinante en el control de los instrumentos del aparato de Estado o que poseían influencia decisiva en la sociedad y en la economía. La hegemonía está determinada, en síntesis, por el poder político, o lo que es lo mismo, por la posibilidad de impulsar, marcar, establecer un rumbo que se corresponde a los intereses generales o particulares de un grupo social determinado, y que puede reflejar los intereses de otros grupos sociales o adversarlos. El control sobre el poder político, en la experiencia histórica de Nicaragua, frecuentemente ha hecho posible que los intereses de los grupos hegemónicos se conviertan en “intereses nacionales”.

Hacer memoria, recordar, conocer, reconocer, puede ser un vehículo para ayudarnos a actuar en una dirección diferente. A quienes desde su esfuerzo como profesores y estudiosos de la historia de Jinotega y Matagalpa han contribuido a que tengamos esa memoria va especialmente dedicado este libro.

EL ESTADO NACIONAL NICARAGÜENSE

“Póngase ya término al movimiento hacia una libertad exagerada y empiece el de la civilización y el orden”^{^[3]}

Esta frase de Pedro Francisco de la Rocha, político e historiador, dicha a mediados del siglo XIX, parece resumir el pensamiento de los grupos hegemónicos sobre lo que consideraban eran las grandes deficiencias del período transcurrido desde la independencia. También sintetiza el espíritu de la actuación del Estado nicaragüense en lo que quedaba del siglo. Civilización y orden sería la divisa que presidiría el proyecto político dominante, el nuevo orden, la jerarquización de la sociedad y la reorientación del modelo económico colonial. Pero, sólo sería posible si la lucha por el control del poder político en el nuevo Estado de Nicaragua, quedaba resuelta.

LA HEGEMONÍA

Después de la independencia, desaparecida la corona española como eje articulador de las provincias del Reino de Guatemala y debilitadas las instituciones coloniales, sin que los grupos dominantes, especialmente los guatemaltecos, pudiesen reconstituir un poder centralizado, en una región más bien en proceso de desintegración política, surgieron con especial fiereza las luchas por el poder político en el Estado de Nicaragua.

La disputa por la hegemonía política, llevada hasta los extremos de la guerra civil, sería la característica dominante del tránsito del Estado colonial al Estado nacional nicaragüense.

Distintos proyectos políticos y económicos, formas de apreciar la naturaleza de la sociedad y el Estado, se confrontaban y se expresaban en la contienda por los intereses hegemónicos de las ciudades de León y Granada, de los grupos políticos y económicos representativos en cada caso. Las dos ciudades controlaban ámbitos geográficos y políticos diferentes y habían estado en competencia y contradicción desde la época colonial. El enfrentamiento, por sus características, no se circunscribió a los grupos hegemónicos y a su ámbito de influencia, sino que también se originaron rebeliones de origen popular que escaparon de su control.

Uno de los más importantes ideólogos del período fue Fruto Chamorro, Director Supremo del Estado, erigido luego en Presidente de la República. En su mensaje oficial del 22 de enero de 1854, al instalarse la Asamblea Constituyente del Estado de Nicaragua, caracterizó la situación del país y de la sociedad nicaragüense.

“Débil y extremadamente precaria la autoridad en Nicaragua, ha sido el juguete de las facciones, la burla de los perturbadores y el escarnio de los malcontentos; y la postración y abatimiento del poder público, estimulando la audacia de los que le ambicionan, ha producido el ningún respeto que entre nosotros se profesa a la ley y la relajación de los demás vínculos sociales”.^{^[4]}

La guerra civil en Nicaragua, no fue más que el producto de la debilidad de todas las fracciones en pugna imposibilitadas de despejar rápidamente la hegemonía a favor de alguna de ellas y sólo cesó una vez que la invasión filibustera, convocada en su apoyo por los democráticos, se convirtió en una grave amenaza para todos, por sus pretensiones de apoderarse del país.

Para enfrentarla, democráticos y legitimistas (liberales y conservadores), buscaron una conciliación que continuó una vez concluida la guerra. El pacto Martínez-Jerez celebrado en 1856 entre los caudillos de ambas fuerzas, abrió espacio para resolver la pugna por el control del poder político. El dominio absoluto de una fracción, imposible de lograr en los años precedentes, fue sustituido por la coparticipación de ambas en el gobierno con hegemonía de los grupos conservadores de Granada. Una junta de gobierno asumió el poder y una nueva constitución fue promulgada.

Las bases principales sobre las que continuaría la construcción del Estado nacional fueron plasmados en la Constitución de 1858 nítida expresión del consenso oligárquico.^{^[5]} A partir de entonces no puede hablarse de la existencia de proyectos políticos claramente delimitados y enfrentados, puesto que se habían borrado las fronteras entre democráticos y legitimistas. La diferencia fundamental que se conservó entre los diversos círculos políticos integrados por elementos de ambas fuerzas, estuvo determinada por el acceso y grado de control del poder político de cada una de ellos.

La guerra civil iniciada poco después de proclamada la independencia había obstaculizado la organización del Estado, la posesión y control sobre todo el territorio, la reasignación de los recursos económicos, la activación de los sectores productivos y la reorientación de la economía de cara al mercado mundial.

La prolongada anarquía, el desgaste y debilitamiento del país, la actuación de Walker y los filibusteros, su intento por adueñarse de Nicaragua, habían despejado el camino del pacto y básicamente resuelta la hegemonía, establecidas las bases políticas y jurídicas^{^[6]} para viabilizar el afianzamiento del poder, se imponía la creación de un poder estatal que impulsara la forja de la nación y la nacionalidad, ejerciera control sobre el territorio, facilitara las condiciones para el fortalecimiento de los grupos económicos hegemónicos y la inserción del país en el mercado externo.

EL ESTADO

El poder del nuevo Estado, por las razones apuntadas arriba, debía ser lo suficientemente sólido para enfrentar cualquier nueva amenaza externa o de fracciones políticas, grupos étnicos o sociales, estimulados desde dentro o fuera de los círculos oligárquicos.

Durante las primeras décadas del siglo, los democráticos habían alegado que el establecimiento de un régimen de amplias garantías y con menor concentración de poder en el ejecutivo, era clave para el proyecto de modernización y liberalización económica. Los legitimistas por su parte, habían sostenido que los pueblos no habían alcanzado aún la mayoría de edad que les permitiera el ejercicio responsable de tales derechos y garantías, que era preciso dosificarlas, lo que solamente podría hacer un gobierno lo suficientemente fuerte y de autoridad incuestionable.

Desde la independencia, todo intento de establecer un poder central había sido infructuoso. A él se oponían los fuertes intereses regionales, desarrollados y fortalecidos durante el período colonial que rechazaban repetidamente el establecimiento de un mecanismo de poder estatal central que restringiera sus fueros casi autonómicos.

Pero los acontecimientos del segundo cuarto de siglo, las continuas revueltas, en especial los levantamientos de la década de los cuarenta al margen de los grupos oligárquicos, habían sumado voces al clamor por un Estado fuerte, cuyo eje fuese un ejecutivo con capacidad suficiente para imponer estabilidad y orden.

En 1858 el debate se había resuelto a favor del poder central fuerte, indiscutible y concentrado bajo una sola mano, la de un Presidente con amplias facultades y un período que era el doble del asignado al antiguo Director Supremo. A esa figura se correspondieron unas expresiones locales, los prefectos departamentales, quienes únicamente dependerían del ejecutivo y serían claves para la construcción y articulación de los instrumentos de poder a lo largo de los distintos territorios del país.

El ejecutivo recibió atribuciones para dirigir la política exterior, celebrar concordatos, tratados y contratos, recibió la comandancia de las fuerzas militares, las facultades necesarias para contener y reprimir cualquier levantamiento o enfrentar cualquier invasión, sin obstáculos legales.^{^[7]} También se le otorgó facultad de legislar durante el receso del congreso, en materia de hacienda, policía, guerra y marina. Todas estas prerrogativas habían estado anteriormente en manos de asambleas o congresos legislativos.

Una nueva división política reorganizó los territorios para su administración mientras Managua consolidaba su papel como capital de la nueva República.

Durante el gobierno del general Tomás Martínez (1856-1863) se delinearon las características políticas principales del período hasta finales del siglo. Por un lado la disgregación y fraccionamiento de los círculos políticos existentes, tanto legitimistas como democráticos, la constitución de un círculo político alrededor de la figura presidencial en turno al que Enrique Guzmán denominó como el partido “gobiernista” que incluía grupos desprendidos de las grandes agrupaciones políticas y duraba tanto como cada período presidencial.^{^[8]}

Por otra parte, aunque la religión y la iglesia católica ejercían una función de primera importancia en la construcción de una conciencia nacional, fortalecer el Estado implicaba reducir substancialmente las competencias institucionales de la iglesia y debilitar su poder en la sociedad. El cobro de diezmos fue eliminado para favorecer los intereses de los grupos económicos, mientras el de las primicias pasó a ser regulado por el Estado. La iglesia perdió de manera definitiva gran parte de sus propiedades, tierras y bienes inmuebles y finalmente el Concordato firmado en 1862 estableció nuevas reglas del juego en las que la iglesia cedía parte de su poder al Estado.^{^[9]} Este fenómeno haría que las tensiones entre la iglesia y el Estado se mantuvieran con mayor o menor agudeza durante todo el período.

El otro rasgo relevante de la segunda mitad del siglo XIX, fue la creciente fuerza del gobierno y el relativo control político logrado en el período. Las principales revueltas fueron organizadas por sectores liberales y conservadores que estaban fuera del poder y actuaban de forma concertada para el derrocamiento del círculo gubernamental. Sin embargo, a diferencia de la etapa precedente, ningún levantamiento o invasión alcanzó ese objetivo. Ninguna rebelión de grupos étnicos o sociales tuvo ese resultado.

Fue hasta que se agotaron los viejos círculos hegemónicos granadinos y emergieron nuevos grupos alimentados por la dinámica económica y social del período precedente, que se produjo un cambio en el modelo político que, sin embargo, continuó fortaleciendo el modelo de poder estatal centralizado y totalizador cuyos cimientos se habían colocado en la segunda mitad del siglo XIX.

EL CONTROL DEL TERRITORIO

Forjar un Estado nacional pasaba por la delimitación de su ámbito territorial, esencial a su existencia y posibilidades. Dos grandes asuntos estaban pendientes de ser resueltos con otros Estados de la región. Por un lado, la situación de Nicoya, Guanacaste y el Río San Juan y por otro, la situación de la Mosquitia.

Tras varias crisis, incluso de naturaleza armada, en abril de 1858, se firmó el tratado Cañas-Jerez que dejó en poder de Costa Rica los territorios de Nicoya y Guanacaste, mientras se aseguraba que el río San Juan hasta su desembocadura y delta pertenecerían a Nicaragua, dejando fuera el delta del Colorado. La negociación, elogiada por todas las facciones políticas nicaragüenses, había favorecido ampliamente a Costa Rica, quien quedaba con posibilidades de compartir las ventajas de cualquier tipo de ruta interoceánica que se abriera por esa vía, al conservar para sí una de las márgenes del río San Juan.^{^[10]}

La situación en la Mosquitia y San Juan del Norte, había venido evolucionando favorablemente al Estado nicaragüense, principalmente en virtud de los intereses norteamericanos de establecer hegemonía indiscutible en el continente y conservar para sí la posibilidad de construcción de una ruta interoceánica.

Después de la firma del Tratado Clayton-Bulwer en 1850 entre Estados Unidos e Inglaterra y del Tratado Zeledón-Wike de 1860, el Estado nicaragüense quedó en posibilidad de ejercer control del Río Coco y Cabo Gracias a Dios, del Río San Juan y el puerto de San Juan del Norte. A cambio, el Estado nicaragüense había accedido postergar el pleno ejercicio de su dominio sobre los territorios y recursos de la recién creada Reserva Mosquita. Habiéndose retirado los ingleses, y con la complacencia norteamericana, el Estado de Nicaragua quedó en una buena posición para presionar las fronteras de la Reserva.

La satisfacción de los grupos hegemónicos por los resultados de las negociaciones sobre los problemas territoriales devenía de la convicción de que se resguardaba para el Estado de Nicaragua todos los territorios probables para la construcción de una ruta interoceánica por el río San Juan, por el Río Coco e, incluso, a través del Río Grande de Matagalpa.

Una vez definidas las principales fronteras externas, dentro de los límites formales del Estado quedaban los territorios de la región central, gran parte de ellos no colonizados, sin conflicto con otros Estados y por tanto ámbito natural de expansión del poder del Estado.

Desde mediados del siglo creció el interés de los grupos hegemónicos y la penetración del Estado para garantizar el control de la población y la reasignación de los recursos económicos existentes en esa región.

LA EXPANSIÓN ECONÓMICA

En el antiguo Reino de Guatemala, la independencia significó una importante ruptura, no sólo en el campo político, sino en el económico y social. La corona española había ejercido una función cohesionadora y centralizadora de la economía de las provincias. Roto el vínculo colonial y bajo los efectos de una filosofía de liberalismo económico se produjo un rápido proceso de apertura y liberalización comercial en todo Centroamérica, se debilitaron los mecanismos de control existentes y desde cada uno de los nuevos Estados se buscaron nuevas formas de articulación intra-regional y externa que les reportara más ventajas que la sola dependencia del mercado de Guatemala.

Durante el siglo XIX y especialmente en la segunda mitad se exploró e inició la inserción de Nicaragua en el mercado externo. El país trataría de ir más allá de su rol de gran exportador de ganado y cueros a los restantes Estados centroamericanos, para intentar convertirse en una economía orientada a la exportación al mercado mundial y abierta a la inversión extranjera.

En la medida en que se fue alejando la posibilidad de la construcción y explotación inmediata de una ruta interoceánica, se fue depositando el peso principal de esa estrategia en la rápida e intensiva explotación de los recursos naturales y la activación del sector agropecuario, especialmente en la segunda mitad del siglo, pero la economía había sido severamente dañada a causa de la prolongada guerra civil: la infraestructura productiva estaba deteriorada, la inversión era prácticamente nula, las vías de comunicación insuficientes y en pésimo estado y los medios de transporte eran primitivos e inadecuados. Los distintos espacios económicos que habían en el territorio del Estado de Nicaragua se hallaban casi totalmente sin articulación alguna.

La región del Pacífico y suroriental (Chontales y Boaco), concentraban la mayor parte de la producción exportable del país: la ganadería que durante mucho tiempo fue el principal rubro de exportación, la producción de añil y cacao y la explotación de recursos naturales forestales y minerales. En 1851, tomando los valores exportados, el añil representaba el 7.9% de las exportaciones, la ganadería un 11.4%, el cacao el 19.8%. La exportación de madera representaba el 15.8%, mientras la de oro y plata era de un 39.6%. El café apenas representaba el 3% del total.^{^[11]}

En esos años, se realizaba un amplio tránsito de pasajeros estimulados por la fiebre del oro en California, que fue particularmente intenso hasta 1855 en que decayó a causa de la guerra civil.^{^[12]} Así se estimuló una corriente migratoria hacia el sur del país, que fue un aliciente a la actividad comercial y la producción de alimentos y favoreció la circulación de moneda.

Hacia 1870 el perfil regional seguiría siendo básicamente el mismo, influyendo de manera determinante en el perfil exportador nacional. En ese año, el añil representaba el 27% de las exportaciones , seguido del ganado con el 18%, oro y la plata con el 17.9%, hule con el 15.7%, y la madera con el 9.7%. Estos cuatro rubros significaban el 88.3% del total de las exportaciones registradas en puerto. Ese año, el café registraba apenas el 5.4% del valor total de las exportaciones.^{^[13]}

En la región central (los departamentos de Nueva Segovia, Estelí, Madriz, Matagalpa y Jinotega) hasta bien avanzada la década del setenta, la producción era principalmente agrícola: granos y hortalizas, ganadería, extracción de hule, madera y algunas explotaciones minerales. Una pequeña parte de la producción se comercializaba con la región del Pacífico y solo la minería era un producto para la exportación.

Fue hasta en la década del ochenta que la posibilidad de ampliar explotaciones mineras y de establecer plantaciones agrícolas para la exportación, tales como el café, representó un estímulo para mejorar las vías de comunicación con la región del Pacífico.

Por su parte, la región de la costa caribe bajo la Reserva Mosquita tenía una dinámica económica basada en la extracción y explotación de recursos naturales. Aunque el Estado nicaragüense no ejerció dominio sobre gran parte de la misma hasta finales del siglo XIX, entre la población de la región central y la del caribe se mantenían relaciones comerciales desde la época colonial. En la segunda mitad del siglo la expansión de la explotación de hule y caoba, las plantaciones bananeras y las perspectivas mineras en esa región estimularon la acción del Estado para disolver la Reserva Moquita e incorporar esa región al Estado de Nicaragua.

Como se deduce fácilmente, la estructura productiva de la región del Pacífico y central del país mantuvo durante mucho tiempo la misma composición que tenía durante la colonia: cacao, añil, ganado, madera y algunos minerales eran los productos principales de exportación. Más tarde la explotación hulera, maderera, de oro y plata crecería, pero no en magnitudes que alteraran substancialmente la estructura productiva. La escasa integración entre las distintas regiones se mantuvo y sólo se desarrolló como consecuencia de nuevos y más dinámicos estímulos del mercado externo tales como el cultivo cafetalero que jugó un papel importante en la articulación de la región del Pacífico con la región central.

El cultivo del café fue introducido en Nicaragua desde mediados del siglo, pero tuvo un lento despegue para después tomar más aceleración en su expansión. Hasta 1865 la exportación de café representaba el 2.6% del valor total exportado, seis años después su peso se había poco más que triplicado llegando a constituir el 8.7%^{^[14]} y continuó creciendo durante las décadas siguientes. En 1880, se exportaron 3,529,300 libras, once años después, en 1891 el volumen exportado era de 9,154,000 libras.^{^[15]}

Para 1898, la estructura productiva de Nicaragua se había transformado substantivamente. Las exportaciones de café totalizaron 10,550,400 de pesos, lo cual representaba el 40.9% del valor total de las exportaciones. Un 14% correspondía a las exportaciones de oro, el 9.8% al caucho, el 5.8% derivados de la ganadería, el 2.7% el azúcar, 1.4% a la madera.^{^[16]} El café ya era un producto dominante en las exportaciones.^{^[17]}

Su producción como la de ningún otro producto tradicionalmente cultivado en Nicaragua, requería grandes extensiones de tierra, un flujo intensivo de mano de obra y capital, mejores comunicaciones, carreteras, caminos, medios de transporte suficientes para transportar grandes volúmenes del producto al menor costo, puertos habilitados, desarrollo de una red comercial interna y una más dinámica y especializada articulación con el mercado externo.

Especialmente en el último cuarto del siglo XIX, el Estado creó las condiciones requeridas para la expansión rápida del cultivo cafetalero: facilidades para la apropiación de tierras y obtención de financiamiento en volúmenes y flujos adecuados, se inició y amplió la red telegráfica, se construyeron carreteras y se estableció el ferrocarril,^{^[18]} el puerto de Corinto fue habilitado, se emitieron cuantiosas disposiciones para regular la mano de obra y se crearon los mecanismos para garantizar su cumplimiento, además fueron otorgados considerables incentivos económicos a los cultivadores y exportadores.

La producción cafetalera inicialmente localizada en las sierras de Managua y la meseta de Carazo se extendió desde finales de la década del setenta a los departamentos de Nueva Segovia y Matagalpa. Con la expansión del cultivo cafetalero y el incremento sostenido de las exportaciones el país asumía plenamente el perfil agroexportador que ha caracterizado a la economía nicaragüense.

LA REPÚBLICA LADINA

El control social, el establecimiento del “orden” tenía un lugar especial y primordial en la agenda de los grupos hegemónicos y del Estado mismo.

Una de las más violentas críticas hechas por los legitimistas a la Constitución de 1838 había sido precisamente la amplitud con que había establecido los derechos individuales y los derechos políticos. A ellos se les atribuía la anarquía, el irrespeto a la autoridad, la tendencia a la descomposición social, la violación a la propiedad, la amenaza a la familia, la religión y la moral.

El pensamiento liberal consideraba como ciudadanos de pleno derecho a todos los habitantes de un país que tuviesen un trabajo del que subsistieran. Creían que la liberación de mano de obra y del capital provocaría un despegue de las fuerzas económicas y sociales. Pero el modelo social del consenso oligárquico del 58 se acercaba más a la estructuración social prevaleciente en los últimos años de la colonia con una importante variante: los ladinos se constituían en herederos de los atributos de la república de españoles, pero esta vez no habría república de indios.

En la república de ladinos, el poder y los derechos se determinaban conforme la raza, la posesión de propiedades y la medición de los ingresos económicos de cada cual. La calidad de ciudadano, sus derechos y el acceso al poder político estaban directamente vinculadas a los atributos del mestizaje y la propiedad. Ambos conformarían la piedra angular de la estructura social de Nicaragua en el siglo XIX.

Fruto Chamorro había sido muy claro respecto al asunto étnico:

“La heterogeneidad de la raza de que se compone la población del Estado, es un punto que merece llamar también vuestra alta mirada, porque la absoluta igualdad que entre una y otra se ha querido establecer refluye en perjuicio de la bienandanza social.”^{^[19]}

Por su parte, Pedro Francisco de la Rocha había subrayado la necesidad de llevar a la práctica “el principio clásico de la unión necesaria que existe entre la propiedad y el ejercicio de los derechos políticos”,^{^[20]} considerando que “la propiedad (territorial, industrial o intelectual), estrecha los vínculos políticos y mantiene la unidad del Estado”.^{^[21]}

La nación se construía reservando plenos derechos y atributos para una pequeña parte de la población, claramente separada del resto por factores étnicos, económicos y sociales.

La república de ladinos estaba llamada a imponer el nuevo orden social, basado en las alegadas desigualdades entre mestizos e indios, propietarios individuales y comunales, entre los que poseían algo y los que no poseían nada. Una condición que garantizaba el modelo, era la total preeminencia del Estado sobre cualquier tipo de autoridad paralela o alterna, la liquidación de antiguos privilegios o derechos existentes de grupos étnicos o sociales, y la neutralización efectiva de todo tipo de adversarios al proyecto político y económico de los grupos hegemónicos.

6. Entre el progreso y la barbarie: la colonización interior

Desde hacía tiempo antes de los levantamientos indígenas del 81 en Matagalpa, había fuerte presión sobre la organización, vida y bienes de las comunidades. El gobierno pretendía sustraer de las manos de los indígenas sus tierras ejidales y comunales, se habían instaurado servicios personales para construcción de caminos, carreteras y otras obras públicas y se realizaban periódicamente las tradicionales levas militares. Las comunidades estaban bajo el acoso del Estado y los grupos hegemónicos.

La violenta respuesta de los indios solamente se correspondió a la magnitud e intensidad de la amenaza planteada.

Aunque los levantamientos fueron finalmente controlados, persistió cierta resistencia durante un considerable período de tiempo. El asedio a las comunidades no cesó, los grupos hegemónicos siguieron tratando de debilitar la organización y el poder de las comunidades, de acceder a sus tierras y utilizando trabajos forzados.

En la constitución del 58 los indígenas habían quedado sin derechos de ninguna especie. En este aspecto, el pacto oligárquico había sido más radical que el predicado de Fruto Chamorro que propugnaba por establecer un régimen especial para los indios. Pero la sola liquidación de todo eventual derecho a los indios no era suficiente, sino también desplegar un impulso “civilizador”.

El Presidente Adán Cárdenas en su mensaje inaugural del primero de marzo de 1883, dos años después de sofocada la rebelión de los indígenas de Matagalpa, lo expresaba con transparencia:

” … y no iremos muy lejos en el tiempo antes que el paria de estas regiones, el humilde indígena desheredado de la civilización, regenerado por la instrucción y por el trabajo, pueda él mismo construir, reparar y manejar esos vehículos de progreso que ahora contempla lleno de supersticioso temor.”^{^[22]}

Se trataba de “regenerar” al indio en el espíritu de la lucha del progreso contra la barbarie. La idea de progreso dominaba el pensamiento político del siglo. Todo cuanto sucedía era vinculado o asociado al progreso de la sociedad. Los historiadores nicaragüenses del siglo XIX reflejaron la concepción generalizada en la cultura europea que planteaba que la humanidad avanzaba en ascenso progresivo hacia estadios superiores. En Nicaragua, la idea de progreso era consustancial al desarrollo del Estado nacional: la existencia de Nicaragua como Estado independiente, implicaba haber alcanzado ya un estadio superior de evolución como sociedad.

Para Hobsbawm, durante el siglo XIX el nacionalismo era visto como una etapa en el devenir histórico de la sociedad humana, un paso hacia el progreso. Por tanto, “si el único nacionalismo históricamente justificable era el que encajaba en el progreso, es decir, ampliaba, en vez de restringirla, la escala en que funcionaban las economías, sociedades y cultura humanas, ¿cuál podría ser la defensa de los pueblos pequeños, las lenguas pequeñas y las tradiciones pequeñas, en la inmensa mayoría de los casos, sino una expresión de resistencia conservadora al avance inevitable de la historia?”^{^[23]}

La nación emergente tenía el protagonista principal en el mestizo. En la perspectiva de los grupos hegemónicos, en él se combinaban lo mejor de los colonizadores europeos y de los antiguos habitantes del país. En las ideas dominantes, el europeo simbolizaba la civilización, mientras que el indígena, lo indio, representaba la barbarie, el temor, el rechazo al progreso.

La construcción del Estado nacional nicaragüense tuvo ese supuesto básico. El intento civilizador, se desarrolló en distintos territorios del país. Contrario a lo que la historia tradicional trata de mostrar, la conformación del Estado nacional nicaragüense no ha sido un proceso homogéneo, ni único, sino desigual y múltiple, en las distintas regiones del país.^{^[24]} Parte de este proceso lo constituyó la colonización de la población indígena y de extensos territorios, ubicados en la región central parte de la cual son los actuales departamentos de Matagalpa y Jinotega.

Las comunidades y grupos indígenas fueron considerados por los grupos hegemónicos, como un obstáculo al desarrollo de la nación y ubicados en la zona de exclusión, fuera de la emergente nación nicaragüense, como comunidades y grupos sin derechos, cuya extinción resultaba necesaria y conveniente.

Esa colonización, su esencia, los grupos que la llevaron adelante, la forma y modo como se realizó, determinó profundamente la vida, la organización económica y social, la identidad cultural de esa región. Así se moldeó también, el carácter y la naturaleza del Estado nacional nicaragüense que ha conllevado condiciones de desarrollo desigual y marginalidad de esta región respecto a la del pacífico y en especial de empobrecimiento crónico de los indígenas, campesinos y trabajadores del campo.

Respecto al proceso desarrollado en el siglo XIX, existen distintas interpretaciones. Los historiadores de la época hacían énfasis en las contradicciones políticas, su análisis estaba sesgado por su decidido ánimo partidista y su voluntad de defender sus posiciones políticas frente a sus adversarios. Para ellos la característica más sobresaliente y decisoria del proceso de construcción del Estado nacional fue la lucha por la hegemonía durante la primera mitad del siglo y la relativa estabilidad política del período subsiguiente.

Otros historiadores han tratado de ahondar en la orientación del régimen de los “Treinta Años”, su perfil político, la naturaleza de los grupos oligárquicos y las características del movimiento social de esa época. Una parte del debate se ha generado alrededor de la influencia del pensamiento liberal decimonónico en los círculos de poder “conservadores”. Para otros se trata más bien de profundizar en la naturaleza política del régimen, en su carácter oligárquico o en lo que otros autores consideran como ingredientes fundacionales de la “república”, tales como la alternabilidad en el gobierno y la no reelección. Así, un estudio reciente de Arturo Cruz, tipifica al sistema como una “democracia-oligárquica”^{^[25]} señalando que se logró establecer un período de paz y estabilidad e iniciar su inserción en el mercado externo.

Otros estudios han abordado la vida económica de la segunda mitad del siglo XIX. Mientras algunos señalan que lo más significativo de esa etapa fue la continuidad de la atrasada estructura económica colonial, otros han tratado de evidenciar que los llamados gobiernos conservadores sentaron las bases del despegue económico que se continuó en el período de la revolución liberal.

Pero en general, el análisis tradicional no ha ponderado la verdadera magnitud de los conflictos entre la oligarquía ladina y los pueblos indígenas durante el siglo XIX. Para algunos el levantamiento indígena de Matagalpa es sólo una parte de la historia de confrontación entre la iglesia y el Estado. Para otros se trata de conflictos de menor relevancia, problemas coyunturales o en el mejor de los casos, como parte de la generalidad de los conflictos sociales y políticos donde lo étnico-comunitario es sólo un asunto secundario, ubicado en el traspatio de la identidad de trabajadores o campesinos que eran explotados o marginados por el régimen.

A Jeffrey Gould, historiador norteamericano, le debemos el haber puesto de relieve el perfil étnico del régimen oligárquico y su proyecto de imponer la identidad mestiza a la población indígena tratando de crear lo que ha calificado como el mito de la “Nicaragua Mestiza”, ingrediente esencial de la identidad nacional nicaragüense.

Nación y Estado son conceptos que designan entidades de naturaleza histórica distintas. El Estado representa la organización y el ejercicio del poder político, con su función coercitiva implícita, la administración general de un territorio determinado, la organización política de sus habitantes. La existencia de un Estado no supone la existencia de una nación o viceversa.^{^[26]} El Estado nicaragüense existió previo a la nación nicaragüense y ha jugado un papel determinante en su construcción y desarrollo.

Lo nacional es la expresión de la pertenencia e integración de los miembros de una sociedad determinada, a una entidad superior de naturaleza política, económica, social y cultural, que tiene preeminencia por sobre otras formas de organización de la sociedad y de intereses fuera de esa comunidad.^{^[27]} La identidad de esa comunidad superior está determinada esencialmente por los intereses de los grupos sociales que ejercen hegemonía y control sobre el poder político en el Estado.

Como afirma Benedict Anderson, el proceso de conformación del Estado nacional implica la liquidación de cualquier vestigio de comunidad que compita a profundidad con su régimen de lealtades y deberes.^{^[28]}

En las alusiones cotidianas a nuestra historia se da por un hecho la existencia del Estado nacional nicaragüense desde el momento mismo de la independencia, obviando que la figura jurídica que dio cuerpo y forma al Estado de Nicaragua no se correspondía con la realidad material, ni respecto al territorio, ni a la población.

Así implícitamente se han asumido tres supuestos falsos que distorsionan el análisis histórico sobre la formación y desarrollo del Estado nacional nicaragüense: Primero, que todo el territorio, excepto la costa caribe y los territorios de Nicoya y Guanacaste, estaba bajo control y hegemonía del Estado. Segundo, que la casi totalidad de la población de ese territorio estaba sujeta plenamente al poder del Estado. Tercero, que gran parte de esa población poseía una identidad nacional “nicaragüense”, obviando que ésta se fue forjando precisamente durante el siglo XIX cuando adquirió sus trazos más definitorios.

El control del territorio, la sujeción de la población indígena al Estado y la imposición de la naciente identidad nacional “nicaragüense” pasaba por resolver la llamada cuestión étnica y sus implicaciones a través de un verdadero proceso de colonización interior. Se trataba del cuestionamiento radical a la existencia de comunidades indígenas que poseían una autoridad cuasi-estatal, eran dueñas de grandes extensiones de tierra y constituían de hecho la comunidad de lealtades fundamental de los indios, espacio de defensa de sus intereses, conservación y cultivo de sus tradiciones y costumbres.

Así queda claro que la construcción del Estado nacional nicaragüense no significó, desde su inicio, la inclusión homogénea y simultánea de todos los habitantes y regiones del territorio, sino que ha sido un doble proceso de inclusión y exclusión de diversos sectores sociales, comunidades específicas o grupos étnicos. Los excluidos en cada etapa han tenido poco o ningún acceso a los privilegios básicos derivados de la pertenencia a esa comunidad superior que es el Estado nacional.

La exclusión respondió a las necesidades de los grupos hegemónicos locales o externos y se ha mantenido hasta tanto ha sido beneficiosa para sus intereses. La dinámica de inclusión se ha dado por los cambios en la correlación de fuerzas en la sociedad, las nuevas necesidades de los grupos hegemónicos y el empuje de los excluidos cuando poseían suficiente fuerza acumulada y una mejor posición en la sociedad que la hacía inevitable.

El presente texto trata de mostrar que la colonización llevada a cabo en Matagalpa y Jinotega, no solamente no constituye un asunto marginal, sino que más bien es consustancial a la conformación del Estado nacional nicaragüense y a su naturaleza, muchos de cuyos rasgos prevalecen hasta ahora.

Notas al Capítulo I

EL PARTIDO DE MATAGALPA

LA MONTAÑA

En el pueblo de Matagalpa, en 1754, Miguel Antonio Tinoco, capitán, vecino del Partido de Sébaco y Chontales, interrogado por el Corregidor sobre la conquista de La Tologalpa y la actuación de los zambos-mosquitos, reflexionaba:

“…costará a S.M. mucho gasto para desalojarlos, porque ellos en la montaña siempre están defendidos, motivo de que refugiados en ella, con la baquia que tienen, lo áspero de ella, con facilidad a los nuestros ofenderán sin serlo ellos”.^{^[29]}

Pocos años más tarde, el Corregidor de Sébaco y Chontales, Matías de Oropesa se lamentaba afirmando que:

“…todas estas naciones saben los conductos, entradas y salidas a toda la tierra y Montaña; y los españoles, absolutamente, no hay uno que sea medianamente práctico”.^{^[30]}

Ciertamente, desde temprano, la montaña se había convertido en un obstáculo infranqueable para el avance de la conquista española, refugio seguro para los indios “no reducidos”, lugar de intrincadas rutas para quienes atacaban la frontera colonial española. En el siglo XVIII, como en ningún otro, la montaña marcaría hacia oriente y occidente las fronteras imperiales británicas y españolas. La guerra entre ambas potencias también se libraba en sus vecindades.

Un conjunto de mesas y cordilleras, un triángulo cuya base está delimitada por el Río Coco y tiene su vértice en el Río San Juan, conforma una región natural ubicada en la franja central del territorio que actualmente es Nicaragua, entre las regiones naturales de la vertiente del Pacífico hacia el oeste y del Caribe hacia el este. Las altiplanicies se extienden paralelas a los lagos y perpendiculares a éstas se alzan las cordilleras, la montaña. En la base de las mesas se encuentran llanos internos y entre las cordilleras se despliegan los valles formados por el curso de caudalosos ríos.

El relieve de esta llamada región central, es marcadamente abrupto y sólo va moderando sus pendientes hacia el oriente cuando se va perdiendo en la plenillanura de la región del Caribe.

Al norte, en la base del triángulo, se encuentra la altiplanicie segoviana, entre el Río Coco y las sierras de Dipilto y Jalapa. Se continúa en las mesas escalonadas y llanos interiores que van desde la frontera con Honduras hasta la costa norte del Lago de Nicaragua, desde el valle de Somoto hasta las mesas de Hato Grande, incluyendo el llano de Sébaco y el Río Viejo. Y hacia el este, de norte a sur, se encuentran las serranías y valles fluviales interpuestos, la Cordillera Isabelia, la Cordillera Dariense y la Cordillera Chontaleña.

La Cordillera Isabelia es la más alta, húmeda y boscosa, se inicia en Yalí, donde enlaza con las mesas de Estelí, y corre hacia el este hasta el macizo de Peñas Blancas,^{^[31]} luego se desplaza al noreste para terminar en las cercanías de las cabeceras del Río Waspuc y el Bambana. A lo largo de su trayectoria encontramos el nudo de Yalí, el valle de Pantasma, el ramal de Datanlí, el valle del Bocay y el ramal de Yeluca.

La Cordillera Dariense, menos alta^{^[32]} que la Isabelia, pero igualmente húmeda, se extiende de los alrededores de Jinotega hacia el oriente, separando las aguas del Río Tuma de las del Río Grande de Matagalpa, formando varios ramales y valles, entre los que se encuentran el valle del Tuma, el ramal de Guabule y el de Apante, el valle del Río Grande.

Finalmente, la Cordillera Chontaleña corre paralela a la ribera oriental del Lago de Nicaragua. De una menor altitud, menos abrupta, son mesas y serranías en cuyas faldas se despliegan extensas llanuras.

Las cordilleras Isabelia y Dariense, la “Montaña”, escarpadas, frías,^{^[33]} neblinosas, persistentemente lluviosas la mayor parte del año, con sus bosques de pinos y robledales, los pastos naturales de sus valles deslumbrantes, sus selvas impenetrables, de vegetación de gran altura, cerradas a la entrada de la luz, las cumbres de macizos imponentes y sus ríos. Hacia el este, ambas se unen a la llanura del Atlántico en una transición conformada por cerros de baja altura.

La montaña se encuentra cruzada por cuantiosos ríos que desembocan en el Caribe, ríos caudalosos y de menor caudal, alimentados por numerosas quebradas y caños, muchos de esos ríos son navegables por cayucos o pipantes.

Los ríos más caudalosos encierran las cordilleras y los valles. Al norte se encuentra el Río Coco, en su curso superior y medio,^{^[34]} su curso inferior se adentra en la llanura hasta su desembocadura en el Caribe. El Río Viejo se halla al oeste y el Río Grande de Matagalpa atraviesa la región desde su nacimiento, en su desplazamiento hacia el este se ensancha recibiendo diversos afluentes,^{^[35]} para continuar en dirección noreste hasta su encuentro con el Río Tuma. El Río Prinzapolka se encuentra al este y se desplaza de norte a sur desde su nacimiento hasta el punto en que penetra en la llanura de la región oriental.

En ese espacio, cuántas rutas y accesos, cuántas entradas y salidas, cuántos puertos de montaña, recovecos y quebradas, cuantos palenques y cayucos, cuántas “naciones”^{^[36]} de indios, con sus lenguas diversas, “y los españoles, absolutamente, no hay uno que sea medianamente práctico”.^{^[37]}

LA CONQUISTA TARDÍA

Cuando en 1826 fue promulgada la Constitución del Estado de Nicaragua, todavía como miembro de la Federación, su territorio estaba constituido por los Partidos de Nicaragua, Granada, Managua, Matagalpa, Segovia, Subtiava y El Realejo. El naciente Estado adoptaba la última división político-administrativa del régimen colonial, establecida en 1786 como expresión de la reorganización del Reino de Guatemala en intendencias. La reforma institucional había eliminado los antiguos Corregimientos, Alcaldías Mayores y Gobernaciones.

Esta organización de la administración política del Reino, reflejaba el nivel de conocimiento y dominio efectivo alcanzado por la colonización española. Los territorios que estaban fuera de sus fronteras y aquellos que habían estado en la esfera de influencia y dominio de los británicos, aparecían diluidos en los partidos señalados o simplemente no eran mencionados.

Efectivamente, las posesiones coloniales españolas solamente abarcaban los territorios de la región del Pacífico, los que corrían paralelos a la costa oriental del Lago de Nicaragua, al curso del Río San Juan y una delgada franja de territorio de la región central del país. La frontera colonial española, trazando una línea imaginaria, iba desde el norte, en las inmediaciones del Jícaro, hacia el sudeste por el valle de Pantasma y el pueblo de Jinotega, se continuaba por San Ramón y Muy Muy para seguir en dirección al sur hasta Acoyapa.

La costa oriental, la costa Caribe, el lugar conocido en el siglo XVIII como Taguzgalpa o Mosquito Shore, había quedado fuera del alcance colonizador español. Extensos territorios, las cordilleras y sus valles, ubicados entre la zona de influencia británica y la frontera colonial española, les eran casi totalmente desconocidos a los españoles.

Para los grupos hegemónicos del nuevo Estado, una parte importante de la región central, llamada Partido de Matagalpa, sería definida como un territorio limitado por la “provincia de Honduras y con las montañas y territorios que ocupan los indios no reducidos hasta la Costa de Mosquitos: al oriente.”^{^[38]} Así lo consignó en 1824, en su descripción de Nicaragua, Miguel González Saravia, gobernador, uno de los últimos funcionarios reales y primeros del nuevo régimen independiente. Se trataba de un lugar de extensión y población indefinidos, pero incluido dentro de los límites territoriales legales del Estado de Nicaragua y dentro de las fronteras imaginarias de la colonización pendiente.

LA TAGUZGALPA

Desde los primeros días de la conquista, los españoles habían venido nombrando y renombrando los territorios conquistados y aquellos pendientes de conquistar. En virtud del Tratado de Tordesillas, se había dividido el mundo no europeo para su colonización y le correspondía a la corona española todo lo existente, conocido o desconocido, dentro de los límites establecidos por el tratado. Este fue el caso de aquellos que se encontraban hacia el este de la Mar del Norte.^{^[39]} Cada territorio conquistado tomaría el nombre dado originalmente a la conquista.

Primero fue la gran provincia de Veragua, cuya costa había recorrido el propio Cristóbal Colón.^{^[40]} Posteriormente la parte conquistada tomó el nombre de Ducado de Veragua.^{^[41]} La provincia de Veragua sería entonces, la sección de territorio ubicado entre los Mares del Norte y del Sur,^{^[42]} colindante con el Ducado por el sureste,^{^[43]} con el Río Grande y la provincia de Honduras por el noroeste y con la provincia de Nicaragua, en una franja de tierra paralela a “la laguna de Nicaragua”.^{^[44]}

Una parte de Veragua fue nombrada provincia de Cartago en 1541.^{^[45]} Su conquista sería objeto de un constante forcejeo entre los distintos grupos conquistadores, probablemente porque se decía que gran parte del oro de Moctezuma había salido de esas regiones.^{^[46]} A pesar de la importancia que se le confirió, todos los intentos de penetración y conquista de Cartago que se organizaron desde la costa oriental, durante el siglo XVI, fueron infructuosos. Los mejores resultados los obtuvo Juan de Cavallón, en la región ubicada al sur del Desaguadero, que luego tomaría para sí de forma exclusiva el nombre de Cartago, lugar conocido más tarde como Costarrica.^{^[47]}

La región desconocida, pendiente, fue renombrada como Taguzgalpa. En 1545, Fray Antonio Valdivieso, Obispo de Nicaragua en carta al Consejo de Indias, sobre el estado de su diócesis, refirió que cerca del pueblo de Segovia se encontraba “tahusgalpa que en nuestra lengua quiere dezir patria de oro”.^{^[48]}

A pesar de su atractivo, la conquista de La Taguzgalpa no tuvo el empuje característico de anteriores empresas desarrolladas en las provincias vecinas. El obispo consideraba que el principal obstáculo había sido el desinterés de los capitanes a causa de la aplicación de las Nuevas Leyes.

Efectivamente, éstas intentaban poner un freno a la ambición de los capitanes de conquista, sobre todo en lo relativo a la captura masiva de indios para ser vendidos como esclavos o para la realización de trabajo forzoso en encomiendas y repartimientos. Muchas habían sido las quejas, incluidas las del propio Valdivieso y de Bartolomé de Las Casas, que se alzaron para pedir el cese temporal de las conquistas, hasta que éstas se ejecutaran bajo una nueva modalidad. Valdivieso urgía la búsqueda de otra forma de entrar a La Taguzgalpa, “porque ay en ella muchas gentes según se dize y es tierra rica”.^{^[49]}

En 1547, una cédula real ordenaba el fiel cumplimiento de las llamadas Leyes Nuevas específicamente para la conquista de La Taguzgalpa. Los capitanes ya no tenían las manos completamente libres, eso los haría perder el impulso conquistador.^{^[50]} En lo sucesivo, las entradas serían acompañadas por religiosos cuyos nombramientos requerían la aprobación de la Audiencia de Guatemala.^{^[51]}

Los límites de La Taguzgalpa fueron variando en la medida en que la conquista avanzaba. En 1594, se ubicaba entre las provincias de Honduras y Nicaragua.^{^[52]} En 1608, el Presidente de la Audiencia, Alonso Criado de Castilla la describe así:

“…aunque recogida en si, es muy espaciosa y ancha según soy informado y está conjunta ésta provincia al río que llaman Desaguadero que nace en las lagunas de la provincia de Nicaragua y sale a la Mar del Norte”

“…por otra parte confina con tierra de Olancho en la provincia de Comayagua y Nueva Segovia y por la costa la ciñe la dicha Mar del Norte que es donde por mas se extiende y alarga”^{^[53]}

EL EMPUJE INICIAL

La conquista de La Taguzgalpa se organizó desde varias direcciones en distintas etapas. Exploraciones por la costa Caribe, entradas desde Olancho, desde la ciudad de la Nueva Segovia y por el rumbo de Sébaco y por Chontales.

Al inicio del siglo XVII, la ruta por Olancho fue descartada por Alonso Criado de Castilla, Presidente de la Audiencia de Guatemala, quien recomendó que “no se a de seguir por esta parte por ser la tierra muy doblada y áspera y los indios más incultos y belicosos”.^{^[54]} En cuanto a la entrada por la Nueva Segovia, decía que la ruta era “mas tratable así en camino menos áspero como en ser la gente mas llana y la tierra más poblada de naturales.”^{^[55]} Esta ruta fue profusamente utilizada durante el siglo XVII y especialmente por los misioneros de la provincia franciscana del Santísimo Nombre de Jesús de Guatemala que estaba a cargo de la reducción de indios en La Taguzgalpa.

Uno de los intentos más importantes fue el organizado y realizado por Fray Esteban Verdelete, entre 1603 y 1612, que contó con respaldo absoluto de la corona.^{^[56]} Criado de Castilla, recomendó a Verdelete, el uso de la ruta por Sébaco, pero éste y su compañero Fray Pedro de Monteagudo escogieron la vía por Segovia. La misión concluyó en 1612, con la muerte de ambos a manos de los indios.

Entre 1622 y 1624, Fray Cristóbal Martínez, Fray Benito de San Francisco y Fray Juan de Vaena, realizaron varios intentos fallidos de exploración y reducción en dirección del curso del Río Segovia hacia Cabo Gracias a Dios. La misión concluyó en 1624 con la muerte de Vaena, a causa de un ataque de los indios conocidos como “albatuinas”. La expedición iniciada en 1667 por Fray Fernando Espino y Fray Pedro de Ovalle, utilizando siempre la ruta por Segovia, no tuvo mayores resultados.

En 1674, Fray Pedro Lagares inició una misión que duró varios años y durante la que logró entrar a mayor profundidad en el territorio y establecer varias reducciones de indios en el valle de Pantasma. Lagares murió en 1679, pero la misión continuó. En 1771, la misión aún estaba activa en Pantasma y Paraka. Fray Sebastián Orozco y Zavala era el comisario de ambas conquistas.

La ruta por Segovia nunca produjo los frutos esperados a pesar de haberse invertido grandes esfuerzos en ella, siempre dificultosa se fue agotando como alternativa para la conquista de La Taguzgalpa.

Con menos respaldo real y menos conocimiento de la Audiencia, la conquista desde el este, tanto por la ruta de Sébaco, como por la de Chontales, fue la que más avanzó, impulsada desde la provincia de Nicaragua. Parece ser que los primeros intentos se realizaron durante la gobernación de Rodrigo de Contreras.^{^[57]} A diferencia de las rutas anteriores, por Sébaco la conquista rápidamente avanzó en profundidad.

A finales del siglo XVI se realizó una entrada desde la provincia de Nicaragua por el lado de Sébaco, capitaneada por Diego Espinoza, bajo la jurisdicción de la Audiencia. La expedición fue detenida una vez que a ésta le llegaron informes sobre el maltrato a los indios del lugar y “otros excesos de cubdicias y mercadurias”.^{^[58]} Espinoza fue desterrado y multado.^{^[59]} Cuando la conquista de Espinoza se detuvo, éste llevaba “mas de seis años en aquella tierra con la gente de su compañía”.^{^[60]}

Pero la entrada había producido frutos. Un mayor conocimiento de los indios, “que son de condición más mansa y que han hecho buen rostro y que han mostrado voluntad a los españoles”,^{^[61]} un grupo de indios reducidos, soldados experimentados que podían “dar razón y lengua de toda aquella tierra.”^{^[62]}

En la primera década del siglo XVII, Fray Juan de Albuquerque de la Orden de La Merced, por disposición del Presidente de la Audiencia, Alonso Criado de Castilla, realizó una misión por la vía de Sébaco, para realizar reducciones de indios de la montaña conocida como tabavaca, donde se decía que había mucha gente.^{^[63]} Fray Francisco de Ribera, vicario general y visitador de la orden La Merced que estuvo en la reducción de Sébaco en esas fechas, refirió haber visto muchos indios reducidos y bautizados.^{^[64]}

Ya en 1603, la conquista había avanzado hasta el pueblo de Jinotega. Solingalpa y Molagüina estaban ya bajo control español.

Para entonces, ya se comenzaban a cosechar los primeros frutos en encomiendas y repartimientos de indios para los capitanes de conquista. En 1612, Martín de Peralta muere dejando vacante la encomienda de los pueblos de Ula y Jinotega, los que fueron entregados a otro encomendero, Alonso Velázquez de Ortega, quien en 1635 aún se mantenía en posesión de dichos pueblos.^{^[65]} En 1633, Cristóbal Serpa Espino muere dejando vacantes las encomiendas “que poseía en segunda vida” de las parcialidades de Pozoltega, Managua, Matagalpa y el pueblo de Diriomo.^{^[66]}

Matagalpa-Chontales

A finales del siglo XVII La Taguzgalpa había dado origen a La Taguzgalpa y La Tologalpa como dos lugares distintos, según consignó en su crónica de finales del siglo, Fray Francisco Vázquez.

Según las describió, La Taguzgalpa estaba ubicada entre el Mar del Norte, al norte y este y los ríos Guayape y Guayambre al sur, mientras que a La Tologalpa la ubicó entre el Río Coco y el Río San Juan, teniendo al este el Mar del Norte y al oeste la provincia de Nicaragua. Tologalpa colindaba al este con el Corregimiento de Sébaco.^{^[67]} Se nombró así la zona pendiente de conquista, la que también era competencia del Corregimiento de Sébaco y Chontales.^{^[68]}

Este corregimiento ya estaba establecido como uno de los cuatro de la provincia de Nicaragua en 1573,^{^[69]} y duraría como tal hasta la octava década del siglo XVIII. En este siglo, se conocería también alternativamente como de Matagalpa-Chontales o simplemente como Corregimiento de Matagalpa.^{^[70]}

En 1747, el ingeniero Luis Diez Navarro en el informe de su reconocimiento del Reino de Guatemala describió sus límites:

“…confina por la parte del Norte con la Segovia, y por la del Poniente con el Reino de León y Laguna de Granada. Por la parte del Sur con el río de San Juan y por la parte del Levante y Nordeste, con la provincia de Tologalpa, que es la tierra que habitan los zambos y mosquitos e ingleses piratas…”^{^[71]}

Para Diez Navarro, La Tologalpa sería todo el territorio fuera de la frontera colonial española. El corregimiento, que él describió con gran precisión, comprendía exclusivamente la zona bajo control español. El corregidor Oropesa, en su relación, diez años después, enumeró aproximadamente los mismos territorios como parte de su corregimiento, ubicando como último pueblo bajo su jurisdicción, hacia el suroriente, el de Acoyapa.

Oropesa que realizó su exploración siguiendo el curso del Río Grande de Matagalpa, no fijó límites precisos, sino que dejaba claro a lo largo del relato, que los límites reales de su corregimiento estaban determinados por la posesión y dominio español, permanente y estable, en rutas y pueblos. Sobre el resto de los territorios, el corregidor se limitará a dar cuenta de los puertos de montaña y las rutas de tránsito de ingleses y mosquitos, así como de las tierras y parajes de indios de diversos pueblos o “naciones”.^{^[72]}

Desde el inicio mismo de la conquista de La Taguzgalpa y La Tologalpa, el Corregimiento de Sébaco-Chontales y de Matagalpa-Chontales, había estado fuera de la jurisdicción de las autoridades de la provincia de Nicaragua y sólo dependía del Presidente de la Audiencia, Gobernador y Capitán General del Reino de Guatemala. Fue hasta la implantación de las intendencias, que el Corregimiento de Matagalpa fue convertido en el Partido de Matagalpa y Chontales, quedando incorporado bajo la jurisdicción de las autoridades de la provincia de Nicaragua cuya sede estaba en León. Como tal se encontraría al momento de la independencia.

Esta situación había sido causa de numerosos problemas, los cuales influyeron en el debilitamiento de la penetración en la profundidad del territorio, en la frágil sujeción de los indios y en la vulnerabilidad de la frontera española. Siendo un corregimiento de indios, el corregidor no tenía autoridad sobre los vecinos españoles y ladinos que se encontraban en su territorio pues dependían de la autoridad del gobernador de León y no prestaban apoyo para la organización de la defensa y el control de los indios de las reducciones.^{^[73]} Posteriormente, ante queja de uno de los corregidores, se aclaró que para fines de conquista y labores de defensa estaban bajo la jurisdicción del corregimiento. Sin embargo, los problemas persistieron.

En el siglo XVIII, el Partido de Matagalpa y Chontales, tenía como característica dominante el ser una región de conquista y colonización tardía, tempranamente convertida en una frontera que no avanzaba, sino que más bien se configuraba como una línea de defensa frágil e inestable. De cara a la magnitud de los problemas de la corona española en todas sus posesiones, a los requerimientos de la defensa del Reino de Guatemala y a la escasez de recursos disponibles, lo que sucedía en esta extensa zona de frontera terminaba, al fin y al cabo, por ocupar un lugar secundario.

LA CONQUISTA PROLONGADA

LA FRONTERA

Desde la primera mitad del siglo XVII, el avance de la conquista se detuvo en las cercanías del valle de Pantasma, al norte, y en las de Jinotega, Matagalpa y Muy Muy, en su ubicación inicial.

La montaña, por lo intrincado y abrupto del terreno, se transformaba en un obstáculo formidable, en circunstancias en que el empuje militar inicial cedía, ya sea por que la considerable extensión de los territorios conquistados por la corona española demandaba de ésta una mayor concentración en los más promisorios, en las conquistas que podían proveer grandes y rápidas riquezas; ya por la progresiva presión en la aplicación de las Leyes Nuevas que eliminaba motivaciones para la realización de una conquista riesgosa, al no contar con la amplitud de los privilegios concedidos anteriormente a los capitanes de conquista, quienes además de arriesgar sus propios recursos, debían enfrentar la creciente influencia de los “protectores” de indios.

La incapacidad de la corona española de continuar el ímpetu conquistador, el persistente enfrentamiento con los indios insumisos y, desde la segunda mitad del siglo, con los ingleses y sus aliados mosquitos, fueron determinantes en el empantanamiento de la conquista.

A principios del siglo XVIII, Fray Francisco Vázquez al evaluar el esfuerzo conquistador español, consideraba que todo lo actuado para dominar La Taguzgalpa y La Tologalpa, posterior al primer impulso, había sido ineficaz, puesto que el grado de salvajismo de los indios requería de privilegiar de manera indubitable el uso de la fuerza armada como método esencial para la conquista. El esfuerzo misionero, decía, había probado, en los años anteriores, su completa inutilidad.

Y no es que las misiones de conquista y reducción habían abandonado el uso de la fuerza, más bien parecía ser insuficiente y por lo mismo ineficaz. En el Corregimiento de Matagalpa, misioneros y curas,^{^[74]} corregidores o subdelegados, serían el eje articulador de todos los intentos de hacer avanzar la frontera colonial española hacia el este. Ambos obedecían a autoridades diferentes, el corregidor no tenía ningún tipo de jurisdicción sobre los misioneros, ni sobre la administración de las conquistas, pero estaba obligado a respaldarlas, los misioneros a su vez debían facilitar la labor de los corregidores.

Desde mediados del siglo XVIII, las más importantes misiones se realizaron por los integrantes del Colegio Franciscano de Misioneros de Cristo, institución distinta de la Provincia del Santísimo Nombre quien había estado a cargo de las conquistas en el siglo XVII. Las conquistas del Colegio estaban orientadas a la reducción de indios, la creación y organización de reducciones en los bordes mismos de la montaña y la administración de reducciones en proceso de consolidación, para su posterior entrega a los seculares.

Las misiones enfrentaron crecientes dificultades para realizar entradas en la montaña y reducir grandes grupos de indios. Desde 1744, se iniciaron las conquistas del Colegio, las que se continuaron con altibajos por la falta de recursos materiales y suficiente respaldo armado para la acción de los misioneros considerando la situación de enfrentamiento con los ingleses y los zambos-mosquitos.

En 1747, la misión reactivada, bajo la presidencia de Fray Antonio de Cáceres fundó tres reducciones objeto de constantes ataques por parte de zambos e ingleses.^{^[75]} Cáceres muere en 1749, en un ataque contra el pueblo de Boaco y la reducción de Nuestra Señora de Concepción.^{^[76]} Cuatro años más tarde, el Colegio realizó una evaluación del estado de sus tres conquistas, Talamanca, Matagalpa y Comayagua, determinando la suspensión de la segunda hasta tanto no fuesen superadas las dificultades que ofrecía la agresión constante de los ingleses. En 1766, la actividad de los misioneros del Colegio se realizaba exclusivamente en San Antonio Abay y Nuestra Señora de África.

En la segunda década del siglo XIX, Fray Ramón Rojas, Presidente de la Conquista de Matagalpa, tenía similar opinión a la de Fray Francisco Vázquez sobre la inutilidad de la obra misionera. Los reductores, según decía, tenían que ejercer funciones religiosas, administrativas, de justicia y hasta militares, debían a la vez, proveerse de los recursos necesarios y realizar entradas para procurarse nuevas reducciones.

Por si fuera poco, los indios mantenían su lengua, lo cual hacía depender a los misioneros de intérpretes indios, “incapaz de transmitir, aun cuando quiera, con toda su fuerza los argumentos con que se les intenta convencer o persuadir”, lo que parecía desesperar al reductor junto a “la incapacidad que tienen para ser convencidos de la injusticia y el error y persuadidos en la verdad y la justicia”.^{^[77]}

Corregidores y más tarde subdelegados y, en ocasiones, hasta el propio Gobernador de Nicaragua, se ocupaban de organizar reducciones y tratar de establecer asentamientos permanentes y consolidarlos.^{^[78]}

La corona española, estaba interesada en los tributos que un corregimiento de indios, abundantemente poblado podía significarle, mientras que corregidores, subdelegados, curas y misioneros, estaban interesados en proveer de abundante mano de obra indígena, para satisfacer necesidades diversas para el establecimiento colonial.

La mano de obra indígena utilizada intensivamente, en forma de ración y servicios personales, representaba la principal forma de acceso más o menos rápido a una considerable fortuna. Las riquezas mineras no estaban a mano, las explotaciones madereras se topaban con obstáculos por la falta de vías de comunicación y transporte adecuados, el comercio era ínfimo y limitado a escasos bienes. Las pocas explotaciones agrícolas y ganaderas eran pequeñas, poco significativas. Los indígenas también debían suministrar productos agrícolas, materiales para la construcción y realizaban todo tipo de obras, confección de telas y otros trabajos.

En 1679, los indios de Matagalpa y Chontales acusaron al corregidor Jacobo de Alzayaga de forzarlos a prestar servicios personales en las siembras de trigo y tabaco, en los cortes de madera y en la extracción de alquitrán en Matagalpa, así como en las haciendas de ganado en Chontales. El corregidor Matías de Oropesa hacía “repartimientos” de algodón para ser hilados y confeccionados por las indias.^{^[79]}

El “repartimiento” no era una práctica aislada de los corregidores de Matagalpa, ni siquiera de la provincia de Nicaragua. La propia Audiencia había solicitado en diversas oportunidades el envío de indios para realizar trabajos. En 1751, el corregidor de Matagalpa recibió una instrucción para enviar la cuarta parte de los indios tributarios a trabajar en las minas de Yuscarán. El corregidor alegó incapacidad para cumplir con la orden por razones de seguridad de la zona.

En 1785 las autoridades de las parcialidades del pueblo de Matagalpa se quejaron ante el corregidor Folch de las demandas de servicios y raciones que hacía el cura. Por su parte, la Audiencia desestimó la queja y aseveró que los indios estaban obligados a mantener al cura.^{^[80]} El propio Folch, había obligado a los indios de Matagalpa y Jinotega a trabajar durante cinco años en la Casa Real donde habitaba. Los indios habían sido forzados a entregar jornaleros permanentes, madera, piedra cantera, cal, barro para hacer ladrillos y tejas, transporte de los materiales, bueyes y maíz.^{^[81]}

A mediados del siglo XVIII, la situación no había variado. Pedro Agustín Morel de Santa Cruz, Obispo de Nicaragua, se quejaba de que los indios se veían obligados a “asistir a los Curas y Corregidores con sus personas, y bienes, por semanas. No se que haya ni pueda haber razón para que los desnudos y hambrientos hayan de servir y mantener a los que viven en la abundancia…”^{^[82]}

Las autoridades habían logrado hacer prender miedo entre los indios de las reducciones, pero también éstos habían respondido con alzamientos, los que se sucedieron durante todo el período colonial. En 1688, más de mil indios de Matagalpa, Molagüina, Solingalpa, Jinotega y Muy Muy, abandonaron sus pueblos “por lo hostigados y apurados que estaban de sus corregidores y vecinos por no atender más que a utilizarlos a costa del trabajo personal”.^{^[83]}

A Francisco Mora y Pacheco, en 1744, “se le atumultaron y lo pusieron preso en el Cabildo de su Pueblo y esto no se castigó por la poca defensa que los Corregidores tienen.”^{^[84]} En 1754, Luis Diez Navarro, refirió haber conocido de catorce alzamientos de los indios de la provincia de Matagalpa y Chontales, contra sus corregidores.^{^[85]} Entre 1773 y 1786 hubo otros levantamientos en el Corregimiento, entre ellos uno en Jinotega que requirió de la intervención de tropas para ser controlado.^{^[86]}

Corregidores y subdelegados seguirían considerando lo abrupto del terreno un obstáculo adicional e importante que les impedía la sujeción completa de los indios de las reducciones y el aumento de éstas. La “tierra es muy empinada y fragosa, y como he dicho, no se conocen sus grutas,”^{^[87]} lo que facilitaba la huida de los indios cuando la presión de las autoridades coloniales aumentaba.

Aun en el propio siglo XIX, una vez retirados los ingleses de la Mosquitia y reducidos los ataques de mosquitos y zambos, organizar pueblos de indios de manera estable seguía siendo una meta difícil de conseguir. Para desplazar la línea fronteriza hacia el oriente, todos los reductores habían tropezado, en mayor o menor medida, con la evasión o resistencia de los indios. Entre más a profundidad habían tratado de avanzar, mayores eran los riesgos y los frutos más escasos.

Con el paso del tiempo no disminuyeron las dificultades para la conquista y colonización, tampoco el uso de la fuerza, la coerción y la violencia para lograr la reducción de los indios de las montañas y su estabilización en los pueblos. Cada corregidor y subdelegado, cada grupo de misioneros, a su manera, en su momento, habían apelado a la Audiencia, al gobernador de la provincia o a los superiores del Colegio de Cristo, para lograr la asignación de fuerzas suficientes en efectivos y armas que los respaldara.

El “zambo”, los ataques de los ingleses, los indios no reducidos, los levantamientos en los pueblos, requerían, además de autoridades experimentadas en la guerra,^{^[88]} estructurar un consistente sistema defensivo acompañado de un vigoroso empuje para aumentar las reducciones y ampliar el territorio bajo control español, pero esta estrategia no se ejecutó nunca.

El Corregidor de Sébaco y Chontales, Francisco Benitez de Salafranca, en 1754, consideraba que el método adecuado para lograr reducciones era el de contar suficiente gente armada “y de a pie que es lo que por aquí falta hacerle a dicho enemigo entradas, a sus habitaciones que tienen en la Montaña y de ella sacarlos a los pueblos que se hallan de reducción”.

Benitez solicitó a la Audiencia le asignaran una escolta de cien hombres para acompañar a los reductores y que se establecieran en Matagalpa y la ubicación de cinco “presidios” en “las fronteras de este partido”, con cincuenta hombres cada uno, organizados en Compañías de Migueletes, además que le fuesen subordinadas las compañías milicianas de San Pedro Metapa, la villa de Estelí y la de Acoyapa.^{^[89]}

Parecido era el criterio de Fray Ramón Rojas en 1813. Convencido de la imposibilidad de establecer reducciones mediante el método tradicional de las misiones, solicitó destinar las fuerzas militares ubicadas en Chontales y la Compañía de Chocoyos, para realizar una “General Captura de los quinientos o poco más que gradúo habrá residuos en esta nación”.

Además, Rojas propuso el traslado de los indios capturados y de los que poblaban los pueblos de Yasica y Guadalupe hacia León, donde podrían ser adecuadamente controlados y a la vez servir de mano de obra para compensar la escasez de la que se quejaban españoles y ladinos.^{^[90]} Efectivamente el reductor realizó el traslado de un buen grupo de indios a un sitio entre León y Chichigalpa, 112 indios murieron en el período a causa de la “peste”. En 1814, la reducción contaba con 121 indios.

Apenas unos años antes, Manuel Antonio de la Cerda, subdelegado, que pocos años después sería el primer Jefe del Estado de Nicaragua, se había caracterizado por el uso sistemático de la violencia en las reducciones, aumentando considerablemente la crueldad en los castigos y azotes a los indios.^{^[91]}

Un siglo después de las consideraciones de Vázquez sobre los métodos para realizar la conquista de los indios, éstas parecían ser ratificadas y compartidas por el poder colonial. Fray Ramón Rojas, con amargura, sintetizaría ese pensamiento al afirmar de manera contundente “no hay ciencia que baste, ni experiencia adquirida en otros pueblos, que alcance para el gobierno en estas gentes”^{^[92]}

ENEMIGOS Y SOCIOS

La disputa por la hegemonía entre Inglaterra y la corona española tuvo su expresión en el dominio por parte de los ingleses de la costa Mosquita y la constante lucha por el control y dominio de territorios y poblaciones ubicadas entre las posesiones españolas y las inglesas. Los ingleses aliados con los indios mosquitos realizaron un hostigamiento permanente en las poblaciones de la línea de frontera española, desde la ciudad de la Nueva Segovia al norte, hasta el fuerte de San Carlos en el Río San Juan.

Segovia y el curso del Río San Juan llegarían a ser los objetivos preferidos por los ingleses en la segunda mitad del siglo XVII. En 1643, atacaron Matagalpa.

Durante el siglo XVIII, las expediciones y ataques de mosquitos, zambos e ingleses irían en aumento. En 1710 habían corrido rumores sobre posibles ataques de mosquitos a Matagalpa, la que se encontraba prácticamente indefensa y motivó la organización al año siguiente, de las primeras compañías de milicias como fuerzas organizadas para repeler el hostigamiento de ingleses y mosquitos sobre la línea de frontera.

En 1740, doscientos indios mosquitos emprendieron una expedición por el Río Grande de Matagalpa, pero naufragaron. En 1742, Jinotega fue atacado por zambos mosquitos, llevándose presos setenta indios.^{^[93]} En 1747, los “zambos” atacaron Muy Muy, llevándose veintinueve indios prisioneros. En 1762 los mosquitos atacaron Guadalupe.^{^[94]}

El corregidor Oropesa, hizo un recuento: “En menos de dieciséis años han aprisionado tres veces el pueblo de Mui-mui, una el de Xinotega, otra al de Lóvaga y otra al de Boaco”, y “a doscientas setenta y seis familias las han esclavonizado, pues hasta hoy se compran y venden los indios como si fueran negros.”^{^[95]}

Las consecuencias en la región eran dramáticas. En 1754 el Capitán de la Compañía de Conquista del Corregimiento de Sébaco, Joseph Luis Lanzas, se lamentaba afirmando que los indios de los pueblos y “los vecinos Hacendados que vivían inmediatos a la Costa de estas montañas, han desamparado los campos y retirados viven, con incomodidades, timoratos del enemigo”. El mismo calculaba las fuerzas de los “zambos” y caribes entre trescientos y cuatrocientos. Los cuatro religiosos de Orden de Nuestra Señora de la Merced, Redención de los Cautivos, ubicados en Matagalpa, afirmaban que “los Pueblos se han retirado de sus antiguos sitios y lo mismo las Haterías, dejando las tierras desiertas al enemigo”.^{^[96]}

Aunque los clamores se sucedieron a lo largo del siglo XVII y Matagalpa fue declarada Plaza Militar, la correlación no variaba substancialmente.

La conquista no solamente había experimentado un mínimo avance en dos siglos, sino que las posesiones españolas más sólidas en la región se habían transformado en frágiles puestos fronterizos, sin capacidad para soportar ataques masivos por parte de los ingleses, mosquitos y caribes. Los pueblos indios establecidos, sobretodo los que estaban en los bordes de montaña, se despoblaban, y organizar nuevas reducciones se hacía imposible.

La situación de temor no parecía haber cambiado mucho entrando al segundo decenio del siglo XIX. Fray Ramón Rojas, afirmaba ser testigo de vista del

“…infeliz estado de temor en que hallé el año del diez, no solo las Poblaciones pequeñas de dicha Provincia, sino lo que más me admiró, la Población grande de Matagalpa. No era menester mas para que todos precipitadamente huyeran a los montes, que a la voz de un Caribe orillero que se acercare donde las Guardias a decir que venían moscos o que habían grandes juntas de Caribes.”^{^[97]}

Probablemente Rojas exageraba tratando de llamar la atención de las autoridades provinciales hacia la región, pero era evidente que la inestabilidad, la inseguridad de los colonizadores, las características de región fronteriza y de línea de defensa, se mantenían.

Pero la relación con caribes, zambos, mosquitos e ingleses, también había sido de otra naturaleza. Durante el siglo XVIII, productos provenientes de los establecimientos ingleses en la costa oriental, llegaban a los pueblos ubicados dentro de la frontera española. El contrabando había logrado establecer redes efectivas de las que eran parte, los indios de las montañas y de las reducciones, vecinos españoles y hasta los propios corregidores.

Estos últimos, desinformaban a las autoridades del Reino. El Corregidor Oropesa, relataba haber conocido rumores que señalaban que los ingleses comerciaban con ropa en zonas de su corregimiento, a lo cual afirmaba no daba mucho crédito, “porque en dos años que obtenido los empleos de Corregidor y Teniente de Capitán General de este Partido de Sébaco no he visto una pieza de bretaña, y así juzgo que es en los demás parajes.”^{^[98]} Poco después, en 1759, el Corregidor, sería juzgado como contrabandista cómplice de los ingleses.^{^[99]}

Fray Ramón Rojas, en 1813, informaba que los indios cristianos vivían entremezclados con los caribes, con quienes sostenían por un lado una relación de conflicto y por otro de conveniencia. Las vigías mantenían comunicación con los caribes, no estaban en absoluto motivados a la vigilancia de las fronteras por el salario ínfimo que recibían y usaban para pagar sus deudas con los vecinos y por lo mismo una parte del tiempo la pasaban “a expensas de los mismos caribes que les proveían de plátanos”.^{^[100]}

La estrecha alianza en Olama y Boaco con los caribes había tenido un efecto negativo sobre la conquista en Matagalpa, habiendo recibido los reductores de varios pueblos vecinos la solicitud de no hacer la conquista por serles perjudicial. Rojas reconoció con estupor que la relación con los caribes era generalizada y contaba con una actitud pasiva por parte de los curas de los pueblos.^{^[101]}

En efecto, el doble carácter de la relación entre ingleses y españoles, matagalpas y mosquitos, se expresaba en los ataques sistemáticos y un considerable contrabando, ambos como la natural manifestación de la existencia de una frontera colonial debilitada al máximo, una estructura colonial alejada de los centros políticos y dependiendo casi de sus propios recursos para su sobrevivencia.

Todo evidenciaba la existencia, no de una línea divisoria de los territorios bajo dominio inglés o español, sino de un territorio de tráfico abierto, de tránsito entre oriente y occidente, en el cual nadie ejercía autoridad, nadie tenía control.

POBLACIÓN Y POBLAMIENTO

Más allá de las inmediaciones de Jinotega, en la cordillera Isabelia y los llanos que se prolongan hasta la costa oriental, habitaban indios matagalpas y sumos, sin ocupación estable de tierras, población asentada de forma dispersa, exclusivamente dedicada a actividades de sobrevivencia y en las primeras décadas del siglo aún en enfrentamiento con los pobladores de la zona occidental y con los mosquitos de la costa oriental.

Los de lengua matagalpa habitaban, durante los siglos XVII y XVIII, en los territorios bajo la jurisdicción de la ciudad de la Nueva Segovia, la parte norte del Corregimiento de Matagalpa-Chontales y hacia el este hasta limitar con los territorios de sumos y ulwas, más allá de Ciudad Vieja y Olama.^{^[102]} Los sumos habitaban entre Río Coco y Bocay, en el curso superior del Prinzapolka, en el curso medio del Río Grande de Matagalpa y en el Cuá. Los sumos se encontraban entre los matagalpas y ulwas al oeste y los mosquitos y zambos al este.

A lo largo del siglo XVIII, los indios matagalpas enfrentarían además de la presión colonizadora española, los intentos de control por parte de ingleses y mosquitos. Parte de ellos, pasó a vivir en las reducciones, algunos forzados por los conquistadores, otros por su voluntad, huyendo del enfrentamiento con los zambos.^{^[103]} Los indios matagalpas sometidos al dominio español y los caribes de las montañas, mantuvieron una relación permanente, que en oportunidades había servido para estimular la reducción de grupos de indios.

A principios del siglo XIX, una parte de los grupos indígenas se hallaba asentada en comunidades de forma permanente, sujetos a una considerable influencia española en su vida, organización social y económica. Otros grupos, ubicados hacia el este de la frontera, permanecían haciendo vida silvestre, internados en la montaña y desplazándose conforme sus necesidades de alimentación y de defensa.

El número de indios que se encontraban en esa situación no se conoce con exactitud. En 1757, el corregidor Matías de Oropesa, calcula los caribes del Río Grande de Matagalpa en unos “tres mil hombres”.^{^[104]} Germán Romero estima que a consecuencia de los continuos desplazamientos huyendo de españoles, ingleses y mosquitos, las epidemias y la migración hacia el oeste, a finales del siglo XVIII la población de indios matagalpas fuera del control español era de unos mil.^{^[105]}

Germán Romero, refiriéndose a estos últimos grupos indígenas, afirma que:

“…mantuvieron durante esos dos siglos, sino intactas sus estructuras originales pre-europeas, si se quiere -al menos no pudieron ser alteradas profundamente ni dieron lugar a una inserción en un modelo integrado de dominación económica, social, política y cultural, bajo control europeo. No nos atrevemos a decir que las estructuras nativas de los grupos que lograron sobrevivir al impacto europeo permanecieron indemnes, pero sí avanzamos la hipótesis de que sólo fueron marginalmente modificadas.”^{^[106]}

La zona colonizada, abarcaba principalmente la cuenca del curso superior del Río Grande de Matagalpa y la falda occidental de la Cordillera Dariense y se caracterizaba por la ocupación estable de la tierra, pequeños centros poblados y cierta comunicación con la región del Pacífico.

El patrón de poblamiento que los españoles utilizaron en ésta parte de la región central, tuvo mucho que ver con la conquista tardía y prolongada. La escasa fuerza destinada a la conquista y colonización de estos territorios, el carácter de frontera, lo abrupto de la geografía, la inexistencia de riquezas de acceso inmediato, la dispersión de los grupos indígenas y las dificultades de comunicación con la región del Pacífico en donde se había consolidado el poder español, volvieron esta región poco atractiva como asentamiento permanente de vecinos españoles, pero a la vez motivaron la llegada de importantes contingentes de ladinos, para cubrir las necesidades de defensa. Los pocos españoles que llegaron, vivían en sus propiedades agropecuarias o en la vecindad de los pueblos indios.

Los primeros encomenderos españoles conocidos, procedían de fuera de la provincia de Nicaragua, de la Nueva Segovia y de la ciudad de Granada, casi todos tenían reconocidos méritos en la empresa de conquista en el Reino de Guatemala y ninguno de ellos se estableció ni temporal ni definitivamente en la región.

Los encomenderos Alonso Quintero y Gonzalo de Aguilera, poseedores de la encomienda de Molagüina, en la segunda mitad del siglo XVI, eran vecinos de la Nueva Segovia. Diego Desconal, poseedor de una encomienda de la mitad de Molagüina, en 1633, residía en la ciudad de Guatemala.^{^[107]} El capitán de conquista, Alonso Velázquez de Ortega, encomendero del pueblo de Jinotega, en 1627, era también vecino de Granada. Velázquez había participado en la conquista de Talamanca y en la defensa de posiciones españolas a lo largo de la costa de la Mar del Sur.^{^[108]}

Los españoles que se asentaron establemente, procedían en su mayoría de León y Granada. A mediados del siglo XVIII se les encontraba avecindados en Sébaco y el pueblo de San Pedro de Matagalpa. En el censo de 1776, de un total de 3,143 españoles en Nicaragua, se contaron 226 españoles en el corregimiento, 106 de los cuales vivían en el pueblo de Matagalpa.

En el siglo XVIII, en la vecindad de los pueblos principales vivían los ladinos, gran parte de los cuales estaban alistados en las Compañías de Conquista. Como en la provincia de Nicaragua, los ladinos constituían la fuerza principal de las unidades militares. Matagalpa contaba, en 1751, con una compañía de cien montados con sus correspondientes oficiales y una regular provisión de armas. Jinotega, en el mismo año, contaba con un destacamento de treinta soldados.^{^[109]} Los soldados de las compañías, aunque recibían paga como personal permanente, vivían dispersos en sus propiedades, en donde se desempeñaban como agricultores.^{^[110]}

En los territorios bajo control español los indígenas reducidos se agrupaban en los pueblos indios creados para tal efecto, en donde se organizaban con sus correspondientes autoridades: alcaldes, regidores, alguaciles y otros oficiales, conforme establecían las disposiciones reales.^{^[111]}

Los pueblos de indios o reducciones se encontraban o en la ubicación originaria de algún grupo de indios o en aquellas definidas por corregidores y misioneros. En este último caso, se escogían los sitios básicamente en función de las necesidades de mantener control sobre la población reducida. En no pocos casos, la mala ubicación de las reducciones había redundado en su propia liquidación por las difíciles condiciones para la sobrevivencia que algunos lugares podían ofrecer. Un grupo de indios bajado al Río Olama fue ubicado en el pueblo llamado Concepción, del que huyeron diciendo que “padecían mucha necesidad y morían de hambre”.^{^[112]}

A los pueblos llegaban también indios llamados laboríos, que huían de los ataques de mosquitos e ingleses. Su población era poca y de una estabilidad muy precaria. En 1743, el Corregidor del Partido de Sébaco y Chontales, Francisco de Mora y Pacheco, informó que en su territorio había catorce reducciones, las que “han sido cortas y sólo se ha logrado desde bien atrás dos pueblos que ellos voluntariamente cedieron”, Muy Muy Nuevo y Camoapa. Las otras reducciones eran Matagalpa, Molagüina, Solingalpa, Jinotega, Boaco, Camoapa, Teustepe, Juigalpa, Lóvago, Lovigüisca, Comalapa, Elislagüina.^{^[113]}

En los días de la independencia se hallaban establecidos dos grupos de pueblos. En los valles ubicados en el borde occidental de la Cordillera Dariense se encontraban los más estables, Sébaco, Matagalpa y Jinotega, colocados en sitios de más fácil defensa frente a los ataques de mosquitos, caribes e ingleses. Ubicados en la ruta de penetración española más importante, presentaron menores obstáculos para la conquista y la colonización.

Muy Muy, San Ramón, Yasica y Guadalupe de Siapalí, se hallaban ubicados casi en el borde de la montaña, prácticamente en la línea de frontera, expuestos a constantes ataques de mosquitos, caribes e ingleses y a la fácil huida de los indios reducidos. Estos pueblos se caracterizaban por la alta movilidad de su población, su limitado crecimiento y la considerable debilidad de la autoridad española.

Terrabona era un asentamiento pequeño donde vivían algunos españoles y ladinos. Espina Blanca una reducción de indios poco poblada. San Rafael del Norte era también una reducción que ya se encontraba establecida al final del período colonial.

Durante la colonia se habían fundado pueblos indios en el valle de Pantasma, de los que se tiene noticias hasta finales del siglo XVII. Estos eran San José de Paraka, San José de Pantasma y San Francisco Nanaica, fundados entre 1675 y 1678 por la misión encabezada por Fray Pedro Lagares.^{^[114]} Del pueblo de Ula, mencionado desde el siglo XVI, se conoce su existencia aún en 1688.^{^[115]}

Después de la independencia, sería en las zonas más consolidadas por el poder colonial español donde más rápidamente se experimentaría el crecimiento de los pueblos, la posesión sobre la tierra, el establecimiento de explotaciones económicas de mayor importancia y el desarrollo de la autoridad estatal.

TENENCIA Y OCUPACIÓN DE LA TIERRA

La corona española era dueña de todos los territorios conquistados, lo que se había hecho valer por la fuerza misma de la conquista, bajo el amparo jurídico de las bulas papales de 1493 y el Tratado de Tordesillas firmado en 1494 entre España y Portugal.^{^[116]}

La colonización española siguió la práctica de la Reconquista. Todos los territorios recuperados a los árabes pertenecían a la corona, quien los asignaba y distribuía. En las Indias Occidentales, esa propiedad sobre la tierra se designaría como tierras realengas, tierras propiedad del rey, por haber “sobrescrito enteramente en el Señorío que tuvieron en los indios los Señores que fueron de ellos, es de mi patrimonio y Corona Real el Señorío de las baldías y suelos y tierras de ellos”.^{^[117]} La conquista anulaba cualquier derecho de propiedad de los indígenas sobre las tierras.

La propiedad dependería en lo sucesivo exclusivamente del otorgamiento de una concesión real, las llamadas mercedes de tierra, que se otorgaban a título individual o colectivo en distintas modalidades y condiciones, como pago de acciones de conquista o por venta, constituyendo una fuente de recursos a la que se apelaba periódicamente para alimentar el erario real presionado por los enormes gastos que debía afrontar.

Esta última motivación daría lugar a periódicas “composiciones de tierras” que no eran más que una forma de compulsar el pago de propiedades ocupadas obligando a sus poseedores a presentar en un plazo determinado el título que lo acreditaba como propietario. Si el ocupante no mostraba el título, o poseía excesos de tierra a los titulados, se realizaba la composición, mediante pago y a solicitud del ocupante, se otorgaba el título correspondiente, de lo contrario se anulaba la posesión, se declaraban realengas las tierras y se sometían a venta.

En la provincia de Nicaragua, las formas de tenencia más comunes eran los realengos, la propiedad individual, los ejidos y la propiedad comunal bajo diversas formas.^{^[118]}

En un estudio realizado por Germán Romero, de un total de 202 títulos de confirmación otorgados por la Audiencia, entre 1700 y 1767, con una extensión total de 4,577 caballerías, 188 se correspondían a propietarios individuales, 11 a pueblos indios y dos a indios “principales”. Cuatro propietarios individuales ocupaban alrededor del 40% de la extensión total de la tierra en los títulos revisados. La concentración de la tierra en grandes unidades individuales parecía ser lo habitual en la región del Pacífico.^{^[119]}

En el Partido de Matagalpa, la tenencia de la tierra en el siglo XVIII presentaba modalidades similares a la provincia de Nicaragua, aunque su distribución mostrara cambios importantes, que venían dados por la naturaleza de región fronteriza, con grandes extensiones de territorios no conquistados, que esta jurisdicción tenía.

Contrario a lo que sucedía en el resto de la provincia de Nicaragua, a principios del siglo XIX, la mayor concentración de tierra se hallaba entre las tierras realengas y las de comunidades, siendo éstas, dominantes hacia el este, colindantes con la línea de frontera, con la montaña. Estas tierras por lo general se encontraban despobladas, eran poco demandadas por los vecinos españoles y los ladinos y aunque se reconocía su calidad para la agricultura y la ganadería, se consideraban de poco valor por los riesgos que los propietarios debían enfrentar.

En 1685, el corregidor del Partido de Sébaco y Chontales, Juan de Gálvez, al ordenar la medición de unas tierras solicitadas por los alcaldes y otros indios del pueblo de Jinotega, en el valle de Pantasma y en Lipululo, dio cuenta que no había podido citar a los vecinos como estaba establecido “por hallarse aquel paraje medido en medio de una montaña grande y por no tener por parte ninguna vecindad a quien poder citar y porque solo linda dicha montaña con los indios caribes que la habitan.”^{^[120]}

Casi un siglo después, en 1761, Pedro Antonio Centeno de la Vega, vecino de Jinotega y conocedor de las tierras realengas solicitadas por las parcialidades de San Juan de Liginagüina y San Juan de Jinotega, afirmó que “le consta que éstas están desiertas y sin personas que las habiten por hallarse todas ellas en la frontera de la montaña por donde se interna el enemigo de la Real Corona a estas Costas”.^{^[121]}

Juan de Alonzo, que había sido “capitán de las fronteras de las montañas inmediatas” y medidor de tierras, también convocado por las autoridades españolas para determinar el precio de dichas tierras consideraba que “dichas tierras son buenas y todas de pan llevar, de buenos pastos y abrevadero, que por su calidad y mucho valor pero que por el riesgo que lleva declarado es que únicamente vale cada caballería son a seis tostones y no más…”^{^[122]}

Más explícitos eran los propios demandantes Cristóbal Morales, Bartolo Ramos, Julián López y Pablo López que representaban al común y principales del pueblo de Jinotega, quienes en su alegato para conseguir una rebaja en el precio, subrayaron que respecto a esas tierras, no ha “habido personas que las apetezcan desde la Conquista”, por ser “tierras expuestas y arriesgadas” al encontrarse “a la frente del enemigo”, que “aunque se consideraren útiles las dichas tierras se hacen inapetecibles por estas circunstancias tan odiosas.”^{^[123]} Las parcialidades indígenas aprovecharon estas circunstancias en los bordes de la montaña o en los valles interiores para adquirir tierras.

La corona española había reconocido siempre el derecho de los indios a que se les concediera tierra suficiente para establecer sus pueblos y sus explotaciones agrícolas o ganaderas. A principios del siglo XIX, se encontraban en manos de las parcialidades indígenas, una cantidad apreciable de tierras a título de tierra en común, ejidos, bienes de comunidad y bienes de cofradías.

La tierra en común era en general de buena calidad para la agricultura, con sabanas y pastizales para la ganadería y suficiente agua. Los indios sembraban maíz y plátanos y criaban ganado vacuno y gallinas. Las tierras podían ser cultivadas en comunidad o en parcelas de trabajo individual o familiar. Dentro de las tierras de comunidad vivían indios por lo general de manera dispersa, tenían sus casas, parcelas sembradas y estancias de ganado. También habían “poblasones de ladinos” dentro del perímetro de las tierras.^{^[124]}

La mayor parte de las tierras habían sido adquiridas durante el siglo XVIII mediante la compra de realengas e incluso de tierras particulares. Actuando dentro de las fronteras legales de la colonia española, las comunidades indígenas reclamaban derechos posesorios de “inmemorial tiempo”,^{^[125]} para solicitar la venta y otorgamiento de títulos sobre las realengas. Una vez cancelado el valor de las mismas y pasados los trámites burocráticos correspondientes, los títulos eran otorgados con plenos derechos, es decir sobre estas tierras no pesaba condición alguna respecto a su uso, goce y explotación

Aunque en algunos casos, el precio al que los indios compraban era menor que las ventas a particulares, debían siempre cancelar cantidades considerables de dinero al erario real. Las parcialidades de Jinotega y Liginagüina, Matagalpa, Solingalpa, Molagüina, Sébaco y Muy Muy habían comprado grandes extensiones de tierras realengas ubicadas en la zona occidental de la región.

Las compras a particulares se hacían directamente: en 1760, las parcialidades de Jinotega y Liginagüina, poseían dos caballerías de tierra que habían comprado anteriormente a Antonio Gadea.

Los ejidos eran otorgados para permitir labores de agricultura y pastoreo de ganado a los habitantes de los pueblos indios Matagalpa, Jinotega, Muy Muy y Sébaco.

La tierra entregada como bienes de comunidad eran por lo general tierras de ganadería y tenían la finalidad original de proporcionar recursos para gastos de las parcialidades indígenas, administrados por sus autoridades, supervisados y controlados por los corregidores. Esta forma de concesión no requería de pago de dinero, por lo que en este caso el título se extendió bajo ese concepto para satisfacer las demandas de los indios, que habían declarado estar en extremas condiciones de pobreza y tener por ello necesidad de conservar la tierra en donde tenían sembrados sus platanales.^{^[126]}

Los comunes de indios del pueblo de San Juan de Jinotega, desde temprano en el siglo XVII se encontraban en posesión de cinco caballerías de tierra en el valle de Pantasma, las que finalmente habían sido tituladas en 1687, como bienes de comunidad.^{^[127]}

Las cofradías eran dueñas de grandes extensiones de tierra dedicadas a la ganadería que tenían como finalidad proporcionar recursos para el sostenimiento de los curas, construcción, mantenimiento de templos y realización de celebraciones religiosas. Se conoce su existencia en Matagalpa, Jinotega, Muy Muy y Sébaco.

Durante el siglo XVIII las encontramos colindando con las tierras de las parcialidades. En 1723, las tierras de la parcialidad de Sébaco tenían al oriente linderos con “las tierras de Santo Domingo, con las de Santa Rosa” y al noreste con “tierras de Nuestra Señora del Rosario”.

En 1724, las tierras compradas por la parcialidad de Muy Muy lindaban con la estancia de la Cofradía del Señor San Roque, con la estancia y las casas de la Cofradía de Nuestra Señora de Agosto. En 1725, se hallaba en la vecindad inmediata de las tierras de las parcialidades de Matagalpa, “el hato y hacienda de la Cofradía del señor San Pedro del pueblo de Matagalpa”.

En Jinotega, en 1761, las tierras de las parcialidades colindaban al norte con el Hato de la Cofradía de Nuestra Señora de la Candelaria y al sur con el Hato de San Antonio. En 1781 en Sébaco también estaba la Cofradía del Santo Sacramento de Sébaco. En 1785, se reportaban cofradías en San Ramón y Jinotega, las que eran acreedoras, junto a las de las parcialidades de Matagalpa, Boaco y Lovigüisca del corregidor Folch.^{^[128]} Igual que en otras partes de la provincia de Nicaragua, también entre sus operaciones estaban incluidas las de servir de fuente de financiamiento a particulares.

Las tierras de cofradías ocupaban grandes extensiones de tierras y manejaban importantes recursos. Aunque este estudio no investigó su evolución hemos tenido constancia documental de que éstas se mantuvieron a lo largo del siglo XIX, continuaban siendo principalmente explotaciones ganaderas y pasaron a ser administradas por las llamadas Juntas de Cofrades.

Las tierras en manos de los indígenas bajo cualquier título eran las propiedades más grandes existentes en la región. Por la situación de inestabilidad en la zona de frontera, los vecinos españoles y ladinos buscarían asentarse en la parte más occidental de la región donde estuviesen a resguardo de los ataques de ingleses, mosquitos o caribes.

Al concluir el siglo XVIII, se encontraban como dueños de tierras o en posesión de tierras realengas en el territorio más occidental de la región, en lo que actualmente son los municipios de Terrabona y Esquipulas. Además también había propiedad individual en las cercanías de Jinotega y Matagalpa. Algunos ladinos vivían dentro de las tierras comunales y tenían incluso pequeños hatos de ganado.

Al momento de la independencia, el Partido de Matagalpa estaba conformado por una población mayoritariamente indígena que vivía en los pueblos, reducciones y en los valles y montañas en forma dispersa. Las comunidades indígenas se encontraban organizadas en las zonas donde el poder colonial había sido más estable y permanente, poseían extraordinarias extensiones de tierra y se dedicaban a la producción de autoconsumo.

Notas al Capítulo II

POBLACIÓN

El Partido de Matagalpa de 1826, abarcaba los antiguos territorios bajo control español y aquellos conocidos como “La Montaña”, poco explorados y sin sujeción al poder político establecido. La población a uno y otro lado de la línea imaginaria que delimitaba ambas zonas había seguido una evolución distinta.

Mientras que al oeste de la frontera de colonización la población crecía agrupada en caseríos, reducciones y pueblos, hacia el este más bien se encontraba dispersa y en movimiento, en dependencia de sus necesidades de alimentación y abrigo.

Miguel González Saravia, gobernador del Estado de Nicaragua consideraba al Partido de Matagalpa como el lugar de “los indios no reducidos.” González definió así en una sola frase lo que habría de ser la política del Estado en relación a la población indígena a lo largo del siglo.

Los grupos hegemónicos del nuevo Estado ciertamente habían relevado a la corona española del poder político pero ese hecho no implicaba que se detendría la colonización de territorios y poblaciones. Por el contrario, el nuevo poder tenía urgencia de continuarla. Conocer, explorar, explotar las riquezas de los territorios pasaba por civilizar a la población indígena y ésta, a su vez, sería favorecida y acelerada por la inmigración europea.

Civilizar, controlar, someter, reducir se hicieron sinónimos en la acción del nuevo poder establecido. La reducción de los indios, en su esencia tal como había sido entendida durante la época colonial, sería el objetivo central durante la mayor parte del período. Fue hasta en el último cuarto de siglo que la tensión se expresaría también como necesidad de garantizar mano de obra a la producción lo que requirió de medidas y políticas adicionales por parte del Estado.

El Estado aún en sus períodos de crisis impulsó distintas acciones para lograr el control de los indígenas. Las autoridades locales y nacionales utilizarían todo tipo de métodos para lograr su objetivo, en primera instancia sobre los indígenas que habitaban en los lugares cercanos a los pueblos o que se encontraban en zonas relativamente más accesibles y posteriormente con aquellos que se hallaban dispersos en valles y montañas.

POBLACIÓN

Para determinar la cantidad de población durante el período, contamos con datos provenientes de los censos realizados por el Estado, levantamientos periódicos hechos por las autoridades locales y reportes locales basados en informes de los párrocos y registros parroquiales donde existían.

Para los siglos XVIII y XIX coloniales, la información que se tiene a mano es la suministrada por el obispo Pedro Agustín Morel de Santa Cruz quien realizó una visita apostólica en el año de 1751.

Contamos además con una estimación presentada para 1778, por Domingo Juarros en su Compendio de la Historia de la Ciudad de Guatemala.^{^[129]} Para 1800 se encuentra una estimación de Juan de Zavala^{^[130]} y para 1815, está el informe sobre el estado de su diócesis que hizo el obispo de Nicaragua, Nicolás García Jerez en el que reporta datos de la población de la provincia.^{^[131]}

Después de 1821, se realizaron varios censos organizados por el gobierno, pero su confiabilidad fue puesta en duda en algunos casos por el propio gobierno y en otros por observadores extranjeros que realizaron estimaciones y cálculos de población.

El censo de 1846^{^[132]} es el que presenta las cifras más altas. Los datos estaban agrupados según la división política administrativa anterior a 1858. Hemos adoptado la adecuación realizada por A. Lanuza que asignó un tercio de la población del departamento Occidental a Chinandega y los dos tercios restantes a León. En el departamento Oriental que incluía Granada y Chontales, asignó al último diez mil habitantes.^{^[133]}

El censo de 1867 originó la publicación de dos resultados distintos. Paul Levy publicó los datos iniciales a los que tuvo acceso. El Ministerio de Gobernación publicó en La Gaceta otros resultados del mismo censo pero sensiblemente elevados. El propio Levy afirmó que en la información inicial ya existía alguna exageración de parte de los prefectos.^{^[134]}

Las estadísticas de 1880^{^[135]} y 1884^{^[136]} proceden de las Memorias de Gobernación correspondientes. La primera tiene como fuente una información remitida por el prefecto departamental, la segunda es parte de un levantamiento estadístico general que se realizó en todo el país.

Para este estudio se usará como referencia la división político-administrativa de 1858, que incluye Metapa y San Isidro en la población del departamento, las que se han conservado sin desagregar para facilitar las comparaciones y la lectura general de las cifras.

Tabla 1 POBLACION DE NICARAGUA. División político-administrativa de 1858

Departamento	1751 [1]	1778	1800	1815	1846	1867 [2]	[3]	1880	1884
Chinandega	6,003	9,188	15,000 [4]	11,289	29,700	13,000	25,000	15,272	21,783
León	12,864	18,527	37,000	40,693	60,300	26,000	43,000	25,584	36,458
Nueva Segovia	7,945	12,548	10,000	11,583	12,000	18,000	30,000	34,152	37,441
Granada	22,720	34,080	13,000	50,587	85,000	42,000	70,000	50,049	32,802
Chontales	3,342	6,540	10,000	5,805	10,000	18,000	30,000	21,828	37,610
Matagalpa	7,159	13,460	12,000	23,401	40,000	21,000	35,000	39,401	33,972
Rivas	6,974	9,450	22,000	14,914	20,000	15,000	25,000	16,501	19,412
Managua			8,000					23,420	16,753
San Juan del Norte								1,289
Mosquitia								35,000
Masaya			24,000						23,433
TOTAL	67,007	130,793	127,000	158,272	257,000	153,000	258,000	262,496	259,664

[1] Proyección de A. Lanuza a partir de los datos de población de confesión y comunión y número de familias que suministro el Obispo Morel de Santa Cruz.

[2] Datos informados a Levy.

[3] Datos informados por el Ministerio de Gobernación.

[4] El Viejo.

Estos reportes dan una idea de cuan incompletos y variables eran los registros demográficos en la época. En todo caso, es posible a través de ellos realizar una aproximación al tema.

Los datos presentados permiten constatar que la población de los territorios occidentales del departamento, tenía un peso importante en relación al resto del país. En el siglo XIX, parece haber oscilado entre el 12 y el 15% del total, lo que lo convertía en el tercer departamento más poblado, precedido únicamente por Granada y León.

Alberto Lanuza afirmó que durante el siglo XIX se produjo un “crecimiento vertiginoso” de la población del departamento de Matagalpa. Según sus cálculos, la población habría crecido entre 1815 y 1846 a una tasa de 1.7% promedio anual, el departamento “se convirtió en zona receptora de emigración”, principalmente procedente de León. Entre 1846 y 1854 la tasa de crecimiento habría sido de 3.1% promedio anual, influida siempre por la afluencia de habitantes provenientes de León o Chinandega. En el período subsiguiente, entre 1857 y 1875 la tendencia de elevado ritmo de crecimiento se mantuvo.^{^[137]} Las conclusiones de este autor ameritan un examen detallado.

Si volvemos la vista al siglo XVIII nos percatamos que la población de la región estudiada ya era considerable. El obispo Pedro Morel de Santa Cruz durante su visita pastoral en 1751 realizó anotaciones sobre la población que había en cada pueblo y que acudió a su paso o recibió distintos servicios religiosos.

Es fácil suponer que motivados por la llegada del obispo, que sucedía en muy raras ocasiones, se congregó la mayor parte de la población reducida o que vivía cercana a las reducciones y pueblos visitados. Estos fueron Metapa, Sébaco, Matagalpa, Muy Muy, Jinotega y San Ramón. El propio obispo confirmó estas apreciaciones cuando hizo notar la diferencia entre el padrón del pueblo de Matagalpa que le entregó el párroco y la cantidad de gente confirmada en ese lugar, “respondiome (el párroco) que los indios huyendo del pago de los tributos, rehusaban el empadronarse y también que de otros pueblos habían concurrido a recibir el Sacramento de la confirmación”^{^[138]}

Es menos probable, pero no del todo descartable, que las festividades atrajeran a parte de los indios que habitaban las montañas puesto que el período en que se realizó la visita se caracterizaba por la actividad bélica entre españoles e ingleses, con participación de caribes y mosquitos.

“La zozobra, sin embargo, que padecen, es grande a causa de que el acceso del enemigo es muy fácil, y así viven sobre sus guardias para no ser sorprendidos: esta presión continua les priva de tener ministro estable y de que haya Sacramento: sólo gozan del consuelo de la misa en los días festivos y el de confesión y comunión en la cuaresma. Para practicar no obstante estas funciones, se hace preciso el poner centinelas avanzadas”^{^[139]}

La estadística del obispo era probablemente la más cercana a la realidad que podía haberse obtenido durante ese período sobre la población sometida a la influencia y colonización española.

Según se desprende de la lectura del informe, la cantidad de los habitantes “de confesión y comunión”, es decir, mayores de siete años, era la que estaba en los padrones de los párrocos o encargados de atender las iglesias y misiones. Ya señalamos anteriormente los comentarios del obispo sobre las deficiencias de estos padrones.

Antes de realizar consideraciones adicionales, vale la pena, exponer aquí los datos del obispo.

Tabla 2 POBLACION DEL CORREGIMIENTO DE MATAGALPA Y DE METAPA, 1751

Pueblo	Casas	De confesión y comunión	Militares	Confirmados	Familias	Procesión
Metapa	20	349	415			2,631
Sébaco	38	250		959	10	547
Matagalpa	294	1,903	101	5,007	700	1,989
Muy Muy	40	180		846	36	518
Jinotega	50	643	30	1,341	129	742
San Ramón		100		100
Total	442	3,425	546	8,253	875	6,427

El dato sobre el número de familias era específico de cada pueblo visitado y no de sus alrededores, lo que lo vuelve un registro incompleto. De la misma forma, la participación en las procesiones seguramente estimada por los curas del lugar o los ayudantes del obispo es poco fiable. El único dato que sirve de auxiliar para medir o al menos aproximarnos a la cantidad total de población en 1751 es el registro de las confirmaciones.

Siendo la confirmación un sacramento importante debía ser registrado con mayor precisión, tanta como los bautismos, puesto que no se confirma dos veces a la misma persona y es improbable que eso sucediera sin que el obispo, buen observador, o sus propios ayudantes se percataran.

Es un dato que se anotó para todos los pueblos excepto para Metapa. Pero si anotó la cantidad de militares y personas de confesión y comunión como tantos separados que suman entre ambas 764 personas. En total para Metapa y el Corregimiento de Matagalpa tendríamos una población total no menor de 9,017 personas.

El corregidor Matías de Oropesa calculó en 1757 que los caribes del Río Grande de Matagalpa eran unos “tres mil hombres.”^{^[140]} Germán Romero estimó, para finales del siglo XVIII, la población fuera del control español en unos mil indios. Esta población se había reducido a consecuencia de su continuo movimiento huyendo de los españoles e ingleses y a causa de las epidemias y migraciones hacia el oeste.^{^[141]} En los pueblos y reducciones estables de Matagalpa y Jinotega, al menos hasta la independencia, no parecen haberse producido eventos que determinaran una reducción dramática de la población.

A lo largo del período estudiado, diversos eventos pudieron alterar la situación demográfica, el número y distribución de la población. La guerra civil y posteriormente la guerra anti-filibustera tuvo sin duda un impacto importante de proporciones desconocidas. Diversos historiadores relatan que los indios de Matagalpa y Jinotega eran parte de las fuerzas movilizadas principalmente en torno a los legitimistas para combatir en los alrededores y en otros lugares del país.

En 1844, además de los indios movilizados en torno al pueblo de Matagalpa, se enviaron cuatrocientos indios de Matagalpa a combatir en León. Según el historiador Ortega Arancibia, fueron utilizados para formar barricadas en las calles con sacos de arena exponiéndolos a los ataques de las fuerzas de los democráticos, provocando gran mortandad entre los indios.^{^[142]}

En 1854 una fuerza de al menos novecientos cincuenta indios de las cañadas cercanas al pueblo de Matagalpa, armados de flechas, fue incorporada a la tropa legitimista para operar en Jinotega y La Concordia. En ese sitio también gran cantidad de indios se encontraba alistado en la fuerza legitimista.^{^[143]} Los levantamientos indígenas de 1881, 1882 y 1884 que devinieron en enfrentamientos con las fuerzas del gobierno causaron numerosas muertes en una cantidad desconocida.

Las enfermedades y especialmente las distintas epidemias de cólera pudieron también afectar la situación de la población. De la epidemia que ocurrió en 1837 no hay referencias sobre su impacto en Matagalpa y Jinotega. En las de 1867 y 1878 no hay reportes precisos de la incidencia, aunque se sabe que si se presentó en varios pueblos. Los informes publicados en La Gaceta solamente aluden a que se habían presentado casos pero no en la magnitud de otras ciudades y localidades del país. En el 78 una Junta de Sanidad fue organizada en Jinotega para enfrentar la epidemia.

Para reducir los riesgos de sobre o subvaluar la información se tomarán algunas precauciones. Solamente contamos con registros de nacimientos y defunciones para los años de 1851,^{^[144]} 1859,^{^[145]} 1870,^{^[146]} 1872,^{^[147]} 1874,^{^[148]} 1879,^{^[149]} 1880,^{^[150]} 1881,^{^[151]} 1884^{^[152]} y 1889^{^[153]} producto de los listados que llevaban los párrocos o encargados de los servicios religiosos de cada lugar y que remitían a las autoridades.

Para 1851 y 1859, faltan los datos de Muy Muy, San Jerónimo, Esquipulas, La Concordia y San Isidro, también las defunciones de Matagalpa para 1859, por que no había párroco o el que estaba no llevaba libros o simplemente no se reportó el dato. En 1851, además faltaba registrar el mes de enero para Jinotega. El dato de 1881 presenta un subregistro mayor que el habitual por que no se incluyeron datos de Esquipulas y los de Matagalpa, según el prefecto, estaban alterados justamente por los levantamientos indígenas.

Para calcular la tasa de crecimiento promedio más baja en cada período, tomaré los reportes de nacimientos como completos, aunque tengan un subregistro relevante. Es decir se asume que la cifra de nacimientos anuales era la real. Por lo general, hay menos subregistro en los nacimientos que en las defunciones. En estas últimas sobre todo cuando se trata de muertes infantiles el reporte está más alejado de la realidad.

El prefecto Rafael Morales lo explicaba así:

“…en Matagalpa, con motivo de que la parte indígena tiene algunos enterramientos en los valles cuyo abuso no se ha podido cortar, el número de muertos es mucho mayor y apenas constan los que conducen al poblado”.^{^[154]}

Similar consideración habrá que hacer respecto de las defunciones del año 1881. Era de todo punto de vista improbable que los indígenas dieran el informe real de sus muertos. Para compensar el subregistro en las defunciones asignaré al informe oficial un valor del 50% para todos los años y del 40% para 1881.

Lanuza en sus cálculos ha tomado como dato real el reflejado en las gacetas, para nacimientos y defunciones, lo que conduce a determinar altas tasas de crecimiento.

Estos ajustes nos dan una cifra más conservadora sobre la realidad de los nacimientos y defunciones de los distintos años para los que poseemos información.

La información se presenta en el cuadro siguiente

Tabla 3NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES. Departamento de Matagalpa, 1851-1889

Año	Nacimientos Reportados	Muertes Reportadas	Muertes Calculadas	Crecimiento Calculado
1851	1,698	871	1,306	392
1859	1,560	268	402	1,152
1870	2,201	549	823	1,378
1871	2,280	717	1,075	1,205
1872	2,133	539	808	1,325
1874	2,378	318	477	1,901
1879	1,817	980	1,470	347
1880	3,249	1,764	2,646	603
1881	1,691	623	996	695
[1]	2,029	693	1,039	990
1889	1,792	528	792	1,000

[i] En 1884 el prefecto informó conjuntamente nacimientos y defunciones para dos años, 1883 y 1884. El dato presentado es el producto de dividir la cifra indicada entre dos.

Si tomamos como punto de partida la población que recibió el sacramento confirmación en la visita del obispo Morel de Santa Cruz y como segundo punto de referencia el censo de 1815 del obispo García Jerez, la tasa de crecimiento promedio anual durante el período habría sido aproximadamente de 1.5%, lo que era una cifra probable. Con esa estimación tomamos como base para el cálculo de las poblaciones durante el siglo la de García Jerez ajustada por la tasa (23,382 habitantes).

Para obtener la tasa promedio anual, he obtenido la tasa de crecimiento necesaria para producir un aumento neto similar a la información que se posee en cada año y luego realizar las proyecciones de la población total correspondiente.

El resultado se presenta en los siguientes cuadros. Para evitar distorsiones he suprimido de los cálculos el año 1879 para el que se obtuvo un reporte atípico del período anterior y posterior y los años 1880 y 1881 por las circunstancias que se vivían en el departamento.

Tabla 4 TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL. Departamento de Matagalpa, 1815-1889

Período	Tasa de crecimiento
1815 -1850	1.14
1851 -1858	2.7
1859 -1870	2.12
1871	2.28
1872	3.1
1873 -1883	1.4
1884 -1889	1.35

Las tasas de crecimiento obtenidas muestran incremento hasta mediados de la década del setenta. La baja en las tasas posteriores tiene que ver con dos hechos, por un lado las defunciones aunque se mantuvieron más o menos similares en todo el período, se elevaron notablemente en 79 y 80. Por otra parte, el registro de nacimientos fue menor en cada uno de los años 79, 81, 84 y 89 que en 1873, lo que se refleja en las tasas. Es probable que haya tenido que ver con los levantamientos indígenas en los años 81 y 84, y con problemas de cobertura de sacerdotes en otros años.

En todo caso es bastante evidente que el ritmo de crecimiento de la población era alto y que se había acelerado en la segunda mitad del siglo. Ciertamente se había producido un “crecimiento vertiginoso” pero se correspondía al crecimiento natural de la población y no a una masiva inmigración de occidente de la que no he encontrado evidencia alguna. La afirmación anterior no descarta la llegada de grupos de ladinos provenientes de occidente en la primera mitad del siglo, pero no en cantidades que pudiesen alterar las magnitudes de población y sus tendencias.

De acuerdo con las tasas obtenidas ha sido posible establecer la población aproximada del departamento de Matagalpa. Conforme las bases de cálculo utilizadas, la población ha sido estimada de manera conservadora, lo que se presenta en la siguiente tabla, en comparación con los registros censales o informes en manos del gobierno.

Tabla 5 POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE MATAGALPA. Informes y proyecciones.

	1815	1846	1856	1867	1880	1884	1889
Informes	23,401	40,000	n.d.	35,000	39,401	33,972	n.d.
Proyección	23,382	33,317	40,299	52,979	67,676	71,546	76,508

Entre 1815 y 1889 la población se había multiplicado 3.27 veces, lo que efectivamente es un fenómeno llamativo en el siglo XIX y sólo pudo darse si la producción agrícola crecía en magnitudes que pudiera absorber ese crecimiento, lo que se confirma con la información disponible. Hay que considerar además que en la medida en que el Estado fue extendiéndose en el territorio también lo hicieron los curas, quienes estando a cargo de los pueblos tenían como responsabilidad levantar los datos de nacimientos, defunciones y matrimonios.

DISTRIBUCIÓN ÉTNICA

Ya he dicho que durante la colonia la cantidad de españoles que vivían en el Partido de Matagalpa era pequeña. No se sabe con exactitud el número de ladinos que había, pero es posible afirmar que entre los grupos principales se encontraban los mulatos llegados como integrantes de las compañías de milicias para la custodia de las fronteras y que terminaron asentándose en tierras en las cercanías de los pueblos. En el primer cuarto de siglo era evidente que la mayoría de la población era indígenas matagalpas y sumos.

Se conoce de la presencia creciente de ladinos en el departamento, muchos de ellos vivían en sus posesiones agrícolas o ganaderas, los más prósperos tenían habitación también en los pueblos principales. Los indios vivían en sus ranchos ubicados de manera dispersa, formando caseríos y en los pueblos principales que originalmente habían sido pueblos indios.

Thomas Belt en su viaje por Matagalpa y Jinotega en 1872, encontró algunos hechos que le llamaron la atención: en Jinotega “mucha gente tiene pelo rojizo claro y ojos azules”, también vivía “alguna gente vieja con las mismas facciones distintivas de cierto ancestro que no es el español, indígena o negro”. Belt aventuró la hipótesis de que eran descendientes de un grupo desbandado de “cerca de trescientos piratas, franceses, e ingleses” que en 1688 habían desertado de sus naves en el golfo de Fonseca y remontado el Río Coco hasta el Caribe.^{^[155]}

En 1880, el prefecto Gregorio Cuadra estimó la población del departamento en “no menos de cuarenta mil habitantes”, a la vez calculaba que la mano de obra indígena que potencialmente estaba disponible era de “veinte a treinta mil brazos.”^{^[156]} La población indígena era mayoritaria.

Solamente contamos con datos provenientes de un informe estadístico gubernamental de 1884.^{^[157]} La tabla que se presenta recoge la información para el departamento y para el país. El informe del ministro de gobernación no aclaraba sobre el alcance de cada concepto étnico.

Germán Romero en sus estudios sobre la colonia ha descrito la confusión de los registros de nacimientos. En algunos casos se denominaba como mestizo a un hijo de españoles, o bien de mestizo y español. Mulatos podían ser niños de padres declarados españoles, de padre español y madre mulata y de padre mulato y madre española. También habían niños anotados como españoles siendo hijos de padres registrados como mestizos. La raza que se inscribía en el libro de nacimientos no siempre era la etnia a la cual se pertenecía. La identidad étnica era más bien asumida como un asunto relativo al lugar que cada quien ocupaba en la estratificación de la sociedad. Así, de padres a hijos podía cambiarse la raza lo que se hacía valer en documentos oficiales y en las certificaciones de limpieza de sangre.

Con esas salvedades se presenta a continuación el informe de gobernación:

Tabla 6 DISTRIBUCION ETNICA DE LA POBLACION. Departamento de Matagalpa, 1884

N.	Blancos puros	Negros puros	Indios puros	Mestizos	Mulatos	Zambos
Matagalpa	7,824	1,888	13,127	6,377	4,002	754
%	23	5.57	38.65	18.78	11.78	2.22
Nicaragua [1]	18,843	17,731	83,305	45,817	77,709	16,489
%	7.25	6.82	32.05	17.63	29.9	6.35

[*] Incluye Rivas, Granada, Masaya, Managua, León, Chinandega, Nueva Segovia, Matagalpa y Chontales

Poco puede decirnos este cuadro sobre la verdadera distribución étnica y bastante sobre las consideraciones sociales existentes entre las autoridades departamentales encargadas de levantar el censo. Algunos comentarios hay que hacer: el informe hace aparecer una proporción de “blancos puros” que parece estar exagerada, tanto que, según estos datos el departamento tendría la mayor cantidad de “blancos puros” en el país, seguido en orden de importancia por León, Granada y Nueva Segovia.

En el período anterior, distintos informes oficiales del departamento utilizaban la connotación de ladino para aludir a los no indígenas. Esta categoría parecía abarcar blancos, mestizos de diverso origen incluyendo mulatos. El prefecto presenta en este caso una clasificación que distingue etnias diversas que anteriormente incluían dentro del concepto de ladino, que era usado más bien para indicar la diferencia entre indios y no indios.

La proporción de indios registrada era muy baja. La gran cantidad de blancos y mestizos reportados tendía a dar la impresión que la sociedad ya no era mayoritariamente india. Como un hábil prestidigitador la estadística blanqueaba la población.

Por otra parte, la proporción de “negros puros” es llamativa, igual que su representación separada de los mulatos. En el departamento se habían asentado una importante cantidad de mulatos desde el período colonial. Pero la proporción de éstos indicada en la estadística parece también estar exagerada o sesgada por el tipo de clasificación seguida o bien por los sitios en donde se levantó la información.

Se desconoce a qué población se le llamaba “zambos” en ese informe. Se conocía así a la población originada en la mezcla de mosquitos y negros que habitaba principalmente la región norte de la costa oriental. Es posible que así se denominara genéricamente a los indios habitando en territorios vecinos a la costa del caribe, incluyendo a matagalpas y sumos.

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL

No existen datos del siglo XIX que detallen la población estimada de cada pueblo y su respectiva jurisdicción. Para tener una idea de la distribución espacial se tomaron los registros de nacimientos y establecido las proporciones, conscientes de que hay sesgos que se producen por los déficit de la información que llegaba a las autoridades locales y nacionales. Se asume que, en términos generales, la proporción de nacimientos se correspondía a la de población.

La comparación realizada ayuda a conocer la distribución espacial de la población del departamento.

Tabla 7 DISTRIBUCION ESPACIAL DE LA POBLACION. Departamento de Matagalpa

Proporción según nacimientos reportados

Localidad	1870	%	1879	%	1889	%
Jinotega	420	19.08	204	11.23	421	23.49
San Rafael del Norte	111	5.04	84	4.62	192	10.71
La Concordia	99	4.5	91	5	108	6.03
San Isidro	96	4.36	79	4.36	96	5.36
Matagalpa	676	30.71	672	36.98	347	19.36
Metapa	104	4.73	185	10.18	183	10.21
Muy Muy	112	5.09	113	6.22	115	6.42
San Jerónimo	11	0.5	6	0.33
Esquipulas	94	4.27	118	6.49	89	4.97
Terrabona	202	9.18	163	8.97	138	7.7
Sébaco	70	3.18	39	2.15	63	3.52
San Dionisio	206	9.36	63	3.47	40	2.23
Total	2,201	100	1,817	100	1,792	100

En este cuadro solamente se tomaron tres años por ser los que presentaban información para todas las localidades. Se incluyen Metapa y San Isidro en estos registros. En el dato de población de Matagalpa se encuentra comprendida la de San Ramón que era considerado un barrio de esa jurisdicción.

A grandes rasgos, el cuadro anterior permite inferir que alrededor del 45% de la población estaba concentrada en los municipios de Matagalpa y Jinotega. Excepto para el año 1889, Matagalpa tenía más del 30% de la población total.

Metapa y Terrabona seguían en importancia, con alrededor de un 10% el primero y de 7 a 9% aproximadamente el segundo. Estos cuatro lugares habían sido efectivamente los pueblos de mayor concentración de población desde la colonia, justamente por encontrarse a resguardo de los ataques y suficientemente alejados de las entradas de montaña.

San Rafael del Norte y La Concordia poseían poco más del 5% cada uno de la población total. La Concordia después de su fundación había crecido a expensas de San Rafael del Norte. Muy Muy y San Jerónimo representaban de 5 a 6% de la población. Esquipulas y San Isidro aproximadamente un 4 a 6% respectivamente. Sébaco y San Dionisio eran las jurisdicciones más pequeñas, entre el 2 y 4%.

En 1905 los jefes políticos de los departamentos de Jinotega y Matagalpa presentaron sendos informes en los que detallaron el número de habitantes de cada uno de los pueblos y ciudades de sus territorios. Con algunas variaciones en cuanto al porcentaje, la estructura básicamente se había mantenido.

Matagalpa, San Ramón y Jinotega ya convertidas en zonas de desarrollo cafetalero y minero, concentraban poco menos del 60%. Metapa y Terrabona seguían en orden de importancia. Igualmente, San Rafael del Norte y La Concordia.

Esquipulas y San Dionisio, al sur de la ciudad de Matagalpa concentraban el 9.86%. A la Concordia y San Rafael del Norte al noroeste de la ciudad de Jinotega le correspondían el 6.75%.

En Muy Muy el pueblo más distante hacia el este significaba el 3.25%. Sébaco era el municipio menos poblado de todos con un 2% de la población total de ambos departamentos. San Dionisio y Esquipulas, aunque en menor proporción estaban en el circuito de las zonas pobladas. Sébaco y San Isidro seguían siendo los pueblos de menor población en el departamento.

Vale la pena recordar que estas proporciones de población corresponden a todo el municipio. La mayor parte de la población se encontraba agrupada en fincas, caseríos y pueblos.

Tabla 8 POBLACION MUNICIPAL. Departamentos de Matagalpa y Jinotega

Localidad	1905	%
Jinotega	25,760	25.8
San Rafael del Norte	3,770	3.8
La Concordia	2,947	2.95
San Isidro	2,849	2.85
Matagalpa	25,000	25.02
Metapa	16,050	16.06
Muy Muy	3,250	3.25
Esquipulas	2,800	2.8
Terrabona	4,500	4.5
Sébaco	2,000	2
San Dionisio	2,560	2.56
San Ramón	8,405	8.41
Total	99891	100

CONTROL DE LA POBLACIÓN INDÍGENA

LA POLÍTICA DE REDUCCIONES

El Estado nicaragüense, aún en precarias condiciones después de la independencia, marcó un objetivo a cumplir con la población indígena que inicialmente no se diferenciaba en lo sustantivo de la política colonial, lo que no era una continuidad extraña. Hay que recordar que algunos líderes del nuevo Estado habían sido importantes funcionarios coloniales en el Partido de Matagalpa, tales como Manuel Antonio de la Cerda.

En los primeros años, el Estado se limitaría, por su poca capacidad, a una tímida y formal extensión de su autoridad, a estimular la continuidad de las acciones de control de la población indígena especialmente la organización de reducciones. Luego surgió la diferencia entre la política colonial y la del nuevo Estado que se reflejó también en la conducta de la iglesia católica.

En enero de 1824 la Junta Nacional de Diezmos del Obispado de León recibió una consulta de un recaudador:

“Como en el día, por el nuevo sistema de igualdad, han quedado los indios sin el goce de sus privilegios, pagando a los Padres Curas los mismos derechos que siempre se han acostumbrado, los que no lo son y las Alcábalas, por no ser ya tributarios, se deduce por ello en consecuencia clara deben pagar también los diezmos: Para proceder con acierto en la colectación de ellos, deseo que U. tengan la bondad de darme su dictamen. Así mismo sobre las Cofradías que pertenecen al culto de las iglesias deben pagar los indicados diezmos, en la inteligencia de que ha habido costumbre inmemorial de que paguen del ganado, de los quesos, aunque unas veces tres, otras dos y en el día se resisten a no dar este efecto.”^{^[158]}

Pocos días después la junta emitió una declaratoria interpretando y estableciendo las nuevas condiciones.

“Con mérito al nuevo sistema de gobierno establecido se declara que los que antes se denominaban indios, deben pagar diezmo sobre los frutos y demás especies que lo causen conforme a lo prevenido por las leyes y costumbres del obispado, debiendo lo mismo hacer con arreglo a la merma de las Cofradías respectivas de los pueblos y en consecuencia y para que así se cumpla, líbrense los oficios correspondientes con inserción de este auto…”^{^[159]}

Algo más tarde, en 1826, la primera constitución del Estado de Nicaragua no reconocía ninguna diferencia entre el régimen legal para los indios y para los ladinos. La República de Indios había legalmente desaparecido. La Junta de Diezmos se había adelantado a promover la desaparición de la denominación de indios puesto que los ingresos a la iglesia se incrementaban substancialmente con esa decisión.

La liquidación del régimen legal especial para los indios, aunque se afirmó que una sola condición de ciudadanos prevalecía en el nuevo Estado, dejó un amplio margen de ambigüedad y discrecionalidad a la actuación del poder establecido respecto a ellos, lo que se tradujo en la legislación posterior.

Algunas medidas de excepción fueron emitidas en la legislación de la primera mitad del siglo. Entre ellos el reglamento para el gobierno interior de los departamentos, promulgado en 1835 que ilustra la política estatal:

“Los alcaldes recorrerán los campos de su jurisdicción, valiéndose de los mismos medios en persecución de los malhechores, y para reducir a las poblaciones a los que habiten fuera de ellas, sin ejercer ocupación útil y en los mismos términos que previene el Arto. 21 de esta ley”.^{^[160]}

El artículo 21 era aún más explícito:

“El jefe político procurará la seguridad de los caminos y posadas públicas, haciendo capturar a los ladrones y salteadores, y evitará con el mayor cuidado y bajo su más estrecha responsabilidad, que los individuos de su departamento habiten fuera de las poblaciones; si no es que en esto tengan su subsistencia, y que sean de conocida honradez”^{^[161]} .

Los grupos hegemónicos no necesitaban legitimar la autoridad del Estado frente a la totalidad de la población existente en el territorio, para ejercerla. La legitimidad se hacía depender del derecho heredado del poder colonial sobre territorio y población. Bastaba entonces imponer el ejercicio de la autoridad del Estado. La sujeción y control de la población indígena era consustancial a la extensión del poder del Estado y la política de reducción a poblado era el vehículo escogido.

Este pensamiento, difundido en los grupos hegemónicos, había sido plasmado en el Código Penal decretado el 27 de abril de 1837, que en dos de sus artículos establecía:

Arto.13 “Todo individuo de cualquier estado, sexo o condición, bien sea vecino de este Estado, o residente en él: ya sea de alguno de los de la Federación o extranjero, si dentro del territorio comete algún acto, o tiene alguna omisión a que las leyes impongan pena coercitiva, está sujeto a ser castigado, previo el juicio correspondiente, conforme lo determine la ley o en adelante lo determinare. Ningún acto cometido fuera de sus límites alcanza a su poder.”^{^[162]}

Arto. 14. “Las tribus de indígenas salvajes que existen dentro del territorio del Estado, están exceptuadas de la disposición del anterior artículo, con tal que los delitos declarados que cometan, sean dentro de sus confines, y no sean ofensivos a la nación o al Estado, en cuanto a los principios fundamentales de su sistema, o la independencia o integridad de su territorio.”^{^[163]}

Hacia 1838, las disposiciones legales y algunas acciones para compulsar la reducción de indios en el departamento tenían poco resultado, solamente dos nuevos pueblos se habían fundado: San Dionisio de la Espina Blanca y Esquipulas.

El primero se organizó en 1830, a partir de la reducción de Espina Blanca de donde tomaría parte de su nombre. Los pobladores habían solicitado la fundación legal del pueblo por considerar que tenía suficientes habitantes, casas de habitación y cementerio. Además argumentaban que era muy grande la distancia que los separaba de Matagalpa “el pueblo de su procedencia haciéndoles por lo mismo remotos y dilatados todos los recursos, y auxilios de la comunidad, principalmente la administración política y civil”.^{^[164]} La Asamblea Legislativa mandó se organizara una “media municipalidad”^{^[165]} integrada por un alcalde, dos regidores y un síndico.

A pesar de las resoluciones legales, la capacidad del Estado no aumentaba. Hasta 1847 solamente se había creado una municipalidad completa en Matagalpa, en el resto de pueblos solamente había un alcalde que además hacía funciones de policía y de juez de agricultura.

En 1848, el prefecto emitió un acuerdo disponiendo que se reunieran familias de indios que se encontraban dispersas en el sitio llamado Muy Muy viejo, también conocido como San Jerónimo,^{^[166]} al que en 1862 se le concedió la categoría de pueblo.^{^[167]}

La situación de guerra civil y antifilibustera de la década del cincuenta retrasó aún más el control completo del territorio y la reducción de los grupos indígenas dispersos. Los pueblos principales del departamento, Matagalpa, Metapa y Jinotega, estuvieron directamente involucrados en los enfrentamientos militares. La atención política estaba exclusivamente dedicada al conflicto.

La situación de los indígenas en el Estado de Nicaragua estaba en el centro del debate sobre la naturaleza del Estado nacional. En 1854, Fruto Chamorro, ideólogo de los grupos hegemónicos granadinos, planteó con gran transparencia el pensamiento dominante.

“La raza indígena, más atrasada en todo que la otra, posee exclusivamente hábitos, preocupaciones y usos tan envejecidos, que sólo el tiempo y la civilización pueden ir modificando; desterrarlos de golpe pudiera ser el origen de disturbios, choques y contiendas; y por lo mismo, la prudencia aconseja que para el régimen de los indígenas haya instituciones excepcionales, adecuadas a sus costumbres y carácter.”^{^[168]}

No se trataba de construir una nueva república de indios pues esta habría implicado conceder ciertos privilegios y derechos, sino un espacio segregado, subordinado, que sirviera a los fines de la nueva república de mestizos.

En el proyecto de constitución de 1854 y más embozadamente en la constitución de 1858 quedaría planteada esta filosofía. En el primero se facultaba al Congreso para “dar leyes generales para la República, y particulares para los puertos, colonias y parcialidades indígenas, según lo demanden sus costumbres y sus necesidades.”^{^[169]} En el segundo se omitía aludir de manera directa a las parcialidades indígenas, pero se establecía la atribución de emitir ordenanzas y leyes de acuerdo a las peculiaridades de los pueblos.

El verdadero sentido de las disposiciones enunciadas residía en dar capacidad y atribuciones al Estado para establecer las reglas convenientes para cada momento y lugar.

Sería hasta después del pacto del 58, que se renovarían los esfuerzos del Estado por implantar firmemente su autoridad en el departamento y en consecuencia llevar adelante la política de reducción de los grupos indígenas dispersos, el cerco y acoso al régimen de las comunidades indígenas. Los grupos hegemónicos afianzarían el poder político, en primer término, en los territorios de la región del Pacífico, mientras que en los restantes departamentos el Estado se reorganizaba. En Matagalpa la hegemonía seguía estando en manos de los círculos políticos afines a los grupos de poder de Granada.

Hacia fines de la década del sesenta la debilidad de las autoridades locales y departamentales era evidente. Conflictos de diversa naturaleza se presentaban y la acción de las autoridades se consumía en el enfrentamiento contra grupos, “turbas que vagan por varios puntos”.^{^[170]} En otros casos las propias autoridades locales estaban comprometidas en actividades delictivas y eran perseguidas por las autoridades nacionales y departamentales.

En la zona de Terrabona y Muy Muy, en los años 68 y 69, se movían parte de estos grupos. El problema era de tal magnitud que en marzo de 1869 el Congreso facultó al gobierno para tomar las medidas más eficaces para “capturar a los malhechores que atacan la propiedad y las personas en el Departamento de Matagalpa.”^{^[171]}

A mediados del año 69, levantamientos, esta vez de naturaleza claramente política, se dieron en el departamento de Matagalpa, como parte de las disputas entre los distintos grupos oligárquicos dentro y fuera del gobierno. Matagalpa y Jinotega serían escenario ese año de diversos enfrentamientos.^{^[172]}

Pero no solamente los problemas que debían enfrentarse a nivel local impedían ejercer un mayor control sobre la población. También había otros factores que influían y que se hacían notorios a los ojos de los funcionarios locales procedentes de Granada.

El juez J. Emiliano Cuadra realizó un recorrido por algunos pueblos del departamento en 1862 y en su informe comentó al ministro de gobernación que en Jinotega,

“La subvención de caminos es casi ilusoria en razón de que, como sabe usted la generalidad de esta población es de indígenas a quienes ya sea por su miserable condición o por otra causa que yo ignore, se les considera de tal manera como si fuesen regidos por leyes excepcionales.”^{^[173]}

Efectivamente, la conflictiva relación entre españoles, ladinos e indios durante la época colonial había dado paso a una relación de mutuas consideraciones e incluso alianzas, entre grupos de ladinos asentados en el departamento y los indios, aunque no exenta de tensiones. Esta relación había sido posible puesto que los círculos locales de poder no eran lo suficientemente fuertes para el enfrentamiento con los indios y las causas de contradicción eran resueltas sin mayores conflictos. Después de la guerra nacional cargos relevantes del poder local fueron ocupados por funcionarios procedentes de Granada, animados de otra experiencia en su relación con los indios y decididos a establecer las nuevas condiciones, espoleados además por el interés de ocupar espacios económicos que se hallaban en manos de los indígenas.

La presión sobre los indígenas se incrementó a partir de la década del sesenta. La estrategia de reducir los indios a poblado, hasta finales de esa década, solamente había tenido éxito en la cuenca del curso superior el Río Grande de Matagalpa.

San Dionisio, San Jerónimo y Bulbul, este último creado en 1858 para dar vida a un puerto sobre el Río Grande, estaban ubicados en la zona de colonización más antigua y estable que además sería una dirección priorizada por el Estado para buscar una vía alterna y rápida de acceso y comunicación con la costa oriental.

No obstante, los éxitos limitados, el gobierno continuaría su política de control de la población indígena. En 1863, se destinó un presupuesto anual de seiscientos pesos para ser utilizados “en misiones para moralizar y civilizar a las tribus indígenas de la República”.^{^[174]}

PUEBLOS, CASERÍOS Y VALLES

En la zona occidental del departamento la población se agrupaba en gran cantidad de caseríos, ranchos dispersos o fincas. Aunque las distancias entre los poblados y caseríos principales no eran muy grandes, los malos caminos y las dificultades de transporte, reducido a desplazamientos a pie, en mulas o caballos, demandaban más esfuerzos, especialmente en invierno.

En el año 63, el ingeniero civil Maximiliano von Sonnenstern que trabajaba para el gobierno, realizó un levantamiento geográfico del país de gran precisión.^{^[175]} En su mapa, puede apreciarse con claridad que la frontera de colonización no se había desplazado de manera considerable desde el fin de la colonización española.

Hacia el norte, a corta distancia del Río Coco, se encontraban Bocagual, Guanacaste, Coyolar,^{^[176]} Rinconada de Mole y Yalí,^{^[177]} catalogadas como “haciendas”.^{^[178]} La frontera hacia el este puede trazarse mediante una línea imaginaria desde Pantasma al norte, bajando por Mancotal y Tomayunca, en los valles de Apanás y Datanlí, luego siguiendo por la falda occidental de la cordillera Dariense desde Jinotega hasta el cerro San Salvador ubicado al norte del pueblo de Matagalpa. De ahí al este hasta poco más allá de Yasica para continuar hacia el sur por El Horno y de nuevo hacia el este pasando por Buenavista y Upá de donde seguía hacia el sur por el sitio llamado Maizama, al sureste por Ranchería y siempre sur hasta Bulbul y Olama.

Sonnenstern ubicó en el mapa dos ciudades, cuatro pueblos, cuatro pueblitos, cincuenta y ocho valles o viviendas,^{^[179]} noventa y nueve haciendas y cinco ranchos de indios. En total, ciento setenta y dos sitios de distinta magnitud.

Según esta información, la mayor parte de los agrupamientos de población se encontraban en la jurisdicción del pueblo de Matagalpa y hacia el sur en San Dionisio, Terrabona, Esquipulas y Metapa. Otra importante concentración se hallaba al norte en los alrededores de Jinotega y el Valle de Apanás.

En las cercanías de San Rafael del Norte, La Concordia y Muy Muy la población estaba más dispersa y los caseríos más alejados uno del otro. En las zonas de Yalí y Pantasma apenas habían algunas “haciendas”.

Los pueblos de Matagalpa y Jinotega eran los que mostraban más dinámica y habían crecido, lo que se evidenciaba en la construcción de casas y otras obras. Ambos estaban poblados en su mayoría por indígenas. En Matagalpa estaban organizados en torno a las llamadas cuatro varas del Común que eran Pueblo Grande, Solingalpa, Molagüina y Laborío y se correspondían a las antiguas parcialidades indígenas que habían sobrevivido como tales al menos hasta 1834. En Jinotega la parcialidad de San Juan de Liginagüina había dejado de existir y solamente existía el Común de los indios de Jinotega.

San Rafael del Norte y La Concordia eran pueblos aislados, situados en zonas de frontera y de poca población.^{^[180]} La Concordia había sido fundado en 1848, a partir del desplazamiento de vecinos de San Rafael al lugar conocido como Chagüite Largo, originalmente destinado a albergar a toda la población de San Rafael. Un grave conflicto entre ambos vecindarios llevó al gobierno a establecer la fundación formal de San Rafael de la Concordia como un pueblo y una jurisdicción diferente.^{^[181]} Ambos pueblos contarían con sus propias autoridades a partir de 1851.

En 1872, Belt describió a La Concordia como un pequeño pueblo “cuyas casas son más grandes y mejor construidas que las de los pueblitos de las Segovias”.^{^[182]} A Yalí, lo describió como un “villorrio de chozas pajizas” en cuyos alrededores había maíz, sorgo y frijoles sembrados.^{^[183]}

Muy Muy, San Dionisio y San Jerónimo, de población mayoritariamente indígena, eran en realidad pueblos muy pequeños. Olama y Muy Muy, tenían alguna actividad debido a la comercialización del ganado y al comercio con los caribes que llegaban por el río.^{^[184]} El pueblo de Sébaco, a pesar de estar colocado en la ruta principal hacia la región del Pacífico, no mostraba mayor actividad.

En 1875, nuevas disposiciones del Estado orientadas a compulsar la reducción a poblado mostraban escasos resultados producto de la incapacidad de las autoridades locales y departamentales de ejecutarlas. Una de las disposiciones principales obligaba a vivir dentro de los pueblos a todos aquellos que estuviesen asentados fuera de ellos sin poseer al menos, veinte cabezas de ganado mayor o una propiedad que le permitiera “subsistir cómodamente.”^{^[185]}

El crecimiento de la población se hizo sentir en el crecimiento del número e importancia de los caseríos. El mismo Sonnenstern que había continuado su labor de ingeniero del gobierno y sus exploraciones, publicó una geografía de Nicaragua en 1875. Para entonces, en un nuevo levantamiento identificó una ciudad, dos villas, diez pueblos^{^[186]} y ciento noventa valles^{^[187]} en el departamento de Matagalpa.

Los núcleos urbanos principales eran Matagalpa, Jinotega, Metapa, Sébaco, San Isidro, Terrabona, Esquipulas, Muy Muy, San Jerónimo, San Dionisio, San Ramón, San Rafael del Norte y La Concordia. San Ramón era ya un asentamiento con mayor población e importancia económica originada en las explotaciones mineras.

Los valles o caseríos continuaban ubicados en su mayoría, al occidente de la Cordillera Dariense.

Aunque la frontera se desplazara muy lentamente hacia el este, desde finales de la década del sesenta, la colonización tomó un nuevo impulso estimulado por una mayor capacidad del Estado, la expectativa del rápido crecimiento de las actividades productivas agrícolas y mineras, el inicio y despliegue de la construcción de diversas obras.

La organización de reducciones seguiría siendo un eje de la política de control del Estado hacia la población indígena, pero las dificultades para ejecutarla y la dinámica económica impulsó el restablecimiento de los servicios personales, como asunto de primer orden. Reducciones y control de poblados, restablecimiento de los servicios personales, restricciones y obligaciones impuestas a la propiedad comunal sobre la tierra serían la tríada privilegiada por el poder del Estado para la sujeción de los indios y la redistribución de los recursos que estaban en sus manos o podían ser creados por ellos.

CONTROL DE LA POBLACIÓN Y TRABAJO FORZADO

La mayoría de la población indígena del departamento vivía y trabajaba en las tierras comunales, ejidales o en los llamados baldíos. Tenían sus cultivos y ganado suficiente para su sobrevivencia y para el comercio en los pueblos principales, elaboraban sus telas, ropa y productos artesanales de uso cotidiano, no disponían de dinero líquido, pero tampoco lo necesitaban de forma imperiosa. Pocos atractivos tenía para ellos el trabajo asalariado en cualquier modalidad que fuese.

Algunos indios y ladinos trabajaban por su voluntad en fincas agrícolas o ganaderas a cambio de una retribución, presumiblemente en especies, pues la baja circulación de dinero hasta ya bien entrado el siglo fue un problema agudo en el departamento. Pero la cantidad de indios dispuestos a realizar ese tipo de trabajo no era grande.

En la medida en que se presentó cierta necesidad de mano de obra para realización de obras de infraestructura de comunicaciones, los ladinos de los grupos hegemónicos recurrieron a la vieja práctica de impulsar el trabajo forzado de los indios conocido desde la colonia con el nombre de servicios personales.

Los servicios personales, habían constituido una pesada carga para los indígenas bajo la colonización española, fueron abolidos poco después de la independencia y posteriormente restablecidos por la constitución de 1858.

El artículo 42, numeral 15, relativo a las facultades del Congreso, en la constitución del 58 afirmaba:

“Decretar cuando no basten los fondos públicos, servicios personales y contribuciones locales, para construcción de templos, cárceles, cabildos, establecimientos de beneficiencia pública, y generales para la apertura y composición de caminos”.^{^[188]}

Más adelante, la propia Constitución confería esta facultad al ejecutivo por delegación del Congreso.

Desde la segunda mitad del siglo, los servicios personales se fueron haciendo frecuentes, requiriendo mayor cantidad de indios por períodos más largos.

En 1868, el prefecto Francisco Amador resolvió que la reparación del camino hacia León, sería realizada por los vecinos de Metapa, Sébaco, San Isidro, Matagalpa y Terrabona, por lo que se obligó a trabajar a todos los hombres desde los dieciséis hasta los cincuenta años, durante tres días.^{^[189]} Según la disposición del prefecto, el trabajo podía conmutarse por dinero, o colocando un mozo en el lugar del convocado, medida que no favorecía en absoluto a los indios, sobre quienes pesaba la resolución. Ese mismo año para reparar la cárcel de Matagalpa se establecieron nuevos servicios personales.^{^[190]}

Al siguiente año, los diputados Matías Baldizón y Rafael Morales, solicitaron el establecimiento de servicios personales durante tres días al año o su conmutación por sesenta centavos, esta vez para reparar la cuesta “Las Tinajas.”^{^[191]}

En la década del sesenta, también se utilizaron para la construcción de cárceles,^{^[192]} inicialmente sólo estaban obligados a trabajar los reos condenados, posteriormente serían todos los vecinos de las obras.

Durante la década del setenta se iniciaron obras de construcción y reparación de edificios públicos, templos, cementerios, escuelas, caminos, carreteras, puentes, instalación de alumbrado público, las que se realizaron “con solo el auxilio de los vecinos de cada pueblo.”^{^[193]} La construcción, reparación y mantenimiento de caminos, carreteras y líneas de comunicación eran las obras que necesitaban la mayor cantidad de trabajadores. El peso de la actividad constructiva recayó en los indígenas, en el trabajo forzado de los indios a título de servicios personales o de la llamada participación “voluntaria”.

En la medida en que se aumentaron las obras, la disponibilidad de fuerza de trabajo indígena en el tiempo y lugar requerido, se convirtió en prioritaria para las autoridades locales, quienes alegaban que la dispersión de la población y su capacidad de satisfacer sus necesidades de consumo de productos agrícolas y artesanales, no contribuía a vincularlos al mercado, ni los forzaba a la búsqueda de trabajo asalariado.

El prefecto departamental José Gregorio Cuadra, promotor y defensor de la política de reducción forzada de los indígenas, lo plantearía clara y directamente en su informe de finales de 1880. Era urgente la mejora en las vías de comunicación y la concentración de la población indígena, pues de esa manera…

“…no sería ilusorio el trabajo del agricultor, porque tendrá poderosos auxiliares para sus empresas, y encontrará fácil salida a sus productos. Sus moradores, reunidos, irán creando necesidades que hasta hoy desconocen, y que servirán de suficiente estímulo para el desarrollo de sus múltiples elementos de riqueza.”^{^[194]}

Varias obras importantes estaban en construcción en 1880 y 1881. Excepto la catedral, todas eran realizadas con trabajo forzoso de los indios, de acuerdo a las ordenanzas municipales y disposiciones del prefecto.^{^[195]}

Pero, aunque la demanda de mano de obra para la construcción había crecido rápidamente desde finales de la década del setenta, no siendo así para explotaciones productivas, la situación no podía equipararse a la escasez que preocupaba a los grupos hegemónicos de la región del Pacífico. Sin embargo, en el departamento el prefecto y otros importantes funcionarios locales parecían seguir la tónica de la preocupación de los centros del poder. Esta era la apreciación de Cuadra:

“El carácter pacífico y laborioso de sus moradores, hace augurar un porvenir lisonjero para estos pueblos; y se nota el empeño mas decidido por mejorar su condición. Empero, para ayudarle en su marcha progresiva, se necesita en primer lugar sacar a la casta indígena del estado en que se encuentra, porque hasta ahora, casi en su primitivo ser, no se cuida mucho del empleo de los medios de civilización y de progreso; y la industria se ve privada del auxilio que le prestarían veinte o treinta mil brazos.

“Es de vital importancia dotar a esta raza de una industria que le de amor al trabajo, y reducirla a vivir en poblaciones; cuya última reforma es necesario hacerla extensiva a los demás vecinos que viven en despoblado”.^{^[196]}

Cuadra se adelantaba proyectando lo que consideraba eventuales necesidades de la producción y exponía más bien la intencionalidad política del Estado para el control y la sujeción de los indios. La necesidad de mano de obra en caso de establecerse cultivos en gran escala, según la perspectiva de las autoridades locales y nacionales, era un asunto de la mayor importancia y a la que se prestaba especial atención en la región del Pacífico que había sufrido continuas tensiones en este orden. Pero, en el departamento, en ese año de 1880, la construcción y los rubros de producción que requerían de mano de obra no alcanzaban a necesitar veinte o treinta mil brazos, utilizados de manera permanente o aún temporales.

La crisis estaba creada por la resistencia de los indios a servir de mano de obra gratuita o precariamente pagada, aún por debajo de otros trabajadores, en las obras de construcción de carreteras y caminos, el tendido del alambre del telégrafo y otras obras que se realizaban en los pueblos principales.

El impulso del trabajo forzado, los servicios personales, para ejecutar obras públicas, había introducido un elemento de crisis y conflicto por las cantidades de indios que eran utilizados en ellas, por la frecuencia en que se hacía, el trato inhumano que recibían, la coerción para trabajar hasta la enfermedad o la muerte de algunos y el obligado abandono de sus cultivos con el consecuente sufrimiento de sus familias.

Los levantamientos indígenas de 1881 y 1882 serían la consecuencia de las diversas y múltiples presiones a los que los indígenas estaban sometidos, entre ellos el trabajo forzado. La vida económica del departamento tendría un impacto considerable. El subdelegado de hacienda de Matagalpa reportó que el consumo de aguardiente se había bajado considerablemente^{^[197]} en el año 1881, de igual forma los ingresos por destace de ganado se redujeron casi a la mitad del año anterior.^{^[198]}

Una vez sofocados los levantamientos de 1881, los grupos hegemónicos acentuarían su voluntad de control y total sujeción de las comunidades y grupos indígenas, lo que se expresaría en la acción del Estado. En 1882, el diputado Manuel Cuadra presentó un proyecto de ley mediante el cual se autorizaría al gobierno la utilización de 50,000 pesos anuales para “hacer formar población a los indígenas de Matagalpa y obligarlos a darse una organización idéntica a la de los otros pueblos de la República”.^{^[199]}

El proyecto del diputado Cuadra reflejaba el estado de ánimo y la presión de los ladinos por acabar con toda expresión de asociación u organización de los indígenas, sus costumbres y especialmente algunos derechos y prerrogativas de las que habían gozado de hecho desde la época colonial, el más importante de ellos era sin duda la autoridad cuasi estatal que se ejercía en las comunidades. Se proponía desarrollar por la fuerza un proceso de liquidación de la identidad indígena, de eliminación del rol protagónico que tenían las autoridades de las comunidades y el afianzamiento de la autoridad estatal, que acompañara la ofensiva sobre las propiedades comunales.

Tres años después, el prefecto Agustín Duarte, volvía sobre el tema: la situación de confrontación con los indígenas aunque había sido resuelta inicialmente a favor del gobierno, mantenía al departamento en situación de inestabilidad, perjudicial para la inversiones que podían iniciarse.

“Los individuos de esta casta habitan en despoblado, con algunas excepciones, trabajan apenas para llenar sus más imperiosas necesidades, no dan muestras de preocuparse por participar de las ventajas de la vida civilizada; y por sus irrupciones

de otras épocas infunden temores que, al poner en duda la seguridad de este vecindario, alejan la inmigración laboriosa, de que tanto necesitan estos pueblos.^{^[200]}

Era evidente que el problema principal no era simplemente la escasez de mano de obra. La población era numerosa y estaba bastante concentrada en pequeños agrupamientos. En 1884, había en el departamento 209 asentamientos de población, entre ellos once núcleos urbanos principales y 198 caseríos, la mayor parte ubicados cerca de los pueblos principales. En el resto del país, solamente el departamento de Nueva Segovia reportaba más poblaciones con un total de 216.^{^[201]}

El factor principal de presión sobre los indígenas devenía de la contradicción entre el Estado y la organización municipal, con la organización indígena por parcialidades o comunidades, sus atribuciones y el ejercicio de autoridad de sus alcaldes. El fortalecimiento del Estado requería como hemos dicho, de un solo régimen de lealtades, de sujeción de la población a una sola autoridad. Esa era la razón por la que la política de reducción a poblado era tan importante y había sido sistemática, pero infructuosamente intentada durante todo el período, mientras el Estado poseía pocos y frágiles instrumentos para forzar su aplicación.

En 1883 la situación de conflicto permanecía latente: el prefecto Enrique Solórzano, se lamentaba el haber desatendido la ampliación de los planes de arbitrios municipales por “atender de preferencia al mantenimiento del orden.”^{^[202]} La situación había deteriorado aún más las posibilidades de disponer de mano de obra indígena. En el ochenta y tres, el prefecto informaba que los indios vivían aún muy dispersos, “en despoblado” y dedicados al autoconsumo.^{^[203]}

La confrontación de los primeros años de la década entre las autoridades y las comunidades indígenas había motivado la urgencia del Estado por ejercer un control político y administrativo más riguroso sobre la población indígena del departamento, lo que también redundaría en beneficios en cuanto a la disponibilidad de mano de obra en tiempo y forma.

En 1885 se tomaron las primeras disposiciones administrativas para hacerlo posible. El gobernador de policía y cinco agentes que funcionaban en el departamento se dedicarían por completo a recorrer los caseríos indígenas, “que cuentan aproximadamente 15,000 individuos y que se encuentran diseminados en un área de terreno como de 128 leguas cuadradas.”^{^[204]} Ciento noventa y ocho valles “muy poblados”, debían ser continuamente inspeccionados por instrucciones del prefecto departamental.

Mientras tanto, los servicios personales no sólo habían continuado sino que a nivel de cada localidad se incorporaron distintas normas estableciendo trabajos forzados en los planes de arbitrios de las distintas juntas. En Terrabona, en 1888, se obligaba a todo varón de dieciocho a cincuenta años a trabajar anualmente durante dos días en la construcción del cabildo y la iglesia parroquial. Cada día podía conmutarse por veinticinco centavos.^{^[205]} En La Concordia^{^[206]} y San Rafael del Norte,^{^[207]} en 1891, existía la misma medida para varones entre dieciocho y cincuenta y cinco años, sólo que en el primer lugar podía conmutarse cada día de trabajo por cuarenta centavos y en el segundo por treinta centavos. En Sébaco era igual que en La Concordia.^{^[208]} En Jinotega, en 1892, eran tres días conmutables por cincuenta centavos cada uno.^{^[209]}

El Estado en los últimos años de los ochenta, fortalecería sus mecanismos de coerción y ampliaría su presencia directa en los caseríos. La masiva introducción del cultivo del café aceleraría definitivamente este proceso. El trabajo forzado para obras públicas se mantuvo y en la medida en que las plantaciones establecidas a finales de la década del ochenta entraban en producción, la necesidad de controlar la mano de obra indígena sería mayor y constituiría la preocupación principal de las autoridades locales en los años subsiguientes. El trabajo forzado no sería únicamente utilizado para obras públicas sino que sería la manera principal de asegurar mano de obra para labores productivas.

A finales de la década se inició la aplicación de las leyes de agricultura para garantizar el suministro de mano de obra. En octubre de 1889 se creó una Agencia General de Agricultura en Matagalpa, Luis Cartín fue nombrado responsable.^{^[210]} En abril de 1890 se creó la Agencia de Agricultura para el distrito de Jinotega.^{^[211]} Pero eran disposiciones claramente insuficientes.

En 1890, el prefecto departamental se quejaba, afirmando que:

“El trabajo hasta la vez, no está aquí bien reglamentado. Las cañadas indígenas tienen numerosos brazos, pero con pocos hábitos. Sin embargo, se nota algún empeño en los indígenas para concentrarse de operarios, halagados por el buen jornal y las necesidades que les va creando la mayor cultura y goce de la vida social.”^{^[212]}

En junio de 1890, nuevas plazas del resguardo de agricultura fueron solicitadas al gobierno, “en atención a las muchas empresas de café que existen aquí y la conveniencia de fomentar y apoyar las que se seguirán estableciendo.”^{^[213]}

Para mejorar las labores de vigilancia se crearon nuevas comarcas y se dividieron algunas por considerarse demasiado grandes. La división del departamento en comarcas y cantones, para ubicar jueces de mesta y de cantón rurales inició su ejecución plena en 1890.

Las funciones de los jueces de mesta serían las de cooperar con el agente general de agricultura para la “captura y reunión de operarios”.^{^[214]} Por primera vez se organizaba la aplicación de las disposiciones legales existentes para el control de la mano de obra.

La situación reanimó la política de sujeción de los indios por parte del Estado. El control de los agrupamientos poblacionales existentes se impulsó a través del establecimiento de un nuevo tipo de autoridad permanente en cada cañada que ya no formaba parte de las autoridades comunales, ni dependía de ellas, sino directamente del Gobernador de Policía del departamento.

Un decreto de enero de 1891 creó el “régimen de la población existente en las cañadas de Matagalpa y Boaco”.^{^[215]} En cada una se nombraba un agente de policía rural con el nombre de capitán cuyas funciones, además de las establecidas en el reglamento del policía, eran castigar las faltas que se cometieran en su cañada por un valor no mayor de diez pesos. Tenían además la expresa atribución de que frente a cualquier “desorden o asonada, deberá reprimirlos con los auxilios que le presten los habitantes y a los que éstos estarán obligados, bajo la pena de dos a cinco pesos de multa por cada vez que los rehusen”.^{^[216]}

El régimen de población incluía la construcción en cada cañada de una asa escuela que debía ser construida “contribuyendo a esta obra los habitantes, con el trabajo y materiales”. “Las materias de enseñanza en las referidas escuelas serán por ahora: lectura, escritura, elementos de Aritmética, idem de Geografía, Historia Patria, Moral y Urbanidad y Doctrina Cristiana”,^{^[217]} lo necesario para imponer una nueva identidad.

En la década del noventa nuevas disposiciones legislativas plantearon la reorganización de las comunidades bajo un nuevo régimen sujeto a estrecho control del Estado. En virtud de esas leyes, se consideraba que una comunidad estaba integrada por los indios inscritos en un censo realizado con ese propósito, mecanismo que convertía la pertenencia a la etnia indígena en un acto de adscripción voluntaria.

Desnaturalizado el régimen de tierra de los indios, severamente golpeada la organización de las comunidades, su autoridad y jerarquía, quedaba como último paso diluir al indio, desintegrar sus lazos con la comunidad, ofreciéndole en la pertenencia a otra etnia, una posibilidad de evadir el control, una perspectiva de ascenso social, una personalidad distinta. Se desarrollaba así el intento más importante de desindianización. Paralelo al control político iba el aseguramiento de mano de obra. En 1896, el Jefe Político del departamento de Jinotega, solicitaba una reforma a la ley de vagancia por ser “poco explícita en su forma y menos satisfactorias en su naturaleza”, señalando además la necesidad de que se considerara en dicha reforma las condiciones particulares de cada pueblo.^{^[218]} Mientras que el Jefe Político del departamento de Matagalpa demandaba un “centro de policía urbana” con veinticinco integrantes y “un director enérgico.”^{^[219]}

Para ese año, el Jefe Político de Matagalpa reseñaba la política a seguir para el gobierno del departamento “se necesita un brazo fuerte, y pocas, muy pocas contemporizaciones.”^{^[220]}

INMIGRACIÓN

Al otro lado de la moneda de la política estatal estaba el favorecimiento de la inmigración. Desde los años de la Federación Centroamericana, había crecido el interés por el conocimiento, exploración y colonización de todos los territorios de los nuevos Estados. José Cecilio del Valle, pocos años después de la independencia, formuló lo que habría de ser la filosofía general de los grupos oligárquicos

“¿No sería infinitamente más útil una asociación que se formase con el fin preciso de enviar a esta república una expedición científica de geógrafos, botánicos, mineralogistas, etc., que recorriendo toda su superficie reconocieren nuestras montañas, nuestras tierras, nuestras plantas y animales, descubrieren todos los criaderos de riqueza, designasen los lugares mas ventajosos para ser poblados por colonias de europeos”^{^[221]}

Del Valle reproducía la letra de la carta de constitución de los nuevos Estados en la que se reconocían como herederos del status quo colonial en materia territorial. Los vastos territorios ubicados dentro de las anteriores fronteras coloniales, aunque se encontraran fuera del control de los Estados, le correspondían en propiedad y eran tenidos, aún oficialmente, como vacíos o despoblados, o en todo caso, habitados por indios a quienes urgía civilizar.

La colonización europea primero y la norteamericana después eran las llamadas a servir de punta de lanza para el desplazamiento de la frontera y motor del desarrollo y progreso de esas regiones. Como portadora de la civilización la inmigración debía ser objeto de promoción y concesiones por parte del Estado.

Los territorios de Jinotega, Matagalpa y Segovia serían vistos como destino idóneo para la inmigración por su clima y riquezas naturales.

Un intento de colonización alemana se había realizado en la zona de la confluencia del Río Grande de Matagalpa y el Tuma a finales de la década del cuarenta sin resultados para los colonos, que se encontraban aislados y que finalmente abandonaron el lugar.^{^[222]}

A mediados del siglo, se realizaron los primeros arreglos en gran escala. En 1851, se firmó una contrata de colonización con Agustín Miyonnet, ciudadano francés, al cual se le otorgaba un lote de terreno baldío en el Departamento Septentrional de Nueva Segovia, a cambio de la introducción de seiscientos matrimonios o familias para poblarlo.^{^[223]}

Ese mismo año, la Asamblea Legislativa ratificó la “contrata de colonización” suscrita con Alejandro Camus, también francés, a quien se concedía un lote de terreno baldío para ser ocupado por quinientas familias que debían ser francesas, en su mayoría de religión católica, “propios para la agricultura y profesiones útiles” y que “podían explotar libremente para la agricultura o minería el terreno recibido”.^{^[224]} La inmigración nunca se realizó.

Fue hasta en 1853 que se promulgó un decreto de la Asamblea Legislativa, estableciendo las bases generales de las “contratas de colonización”. Estas incluían la concesión a cada familia inmigrante de un área de terreno baldío de quinientas mil varas cuadradas máximo.^{^[225]} Los colonos debían renunciar a su nacionalidad de origen, ser de buena conducta, “industriosos y preferiblemente de la misma religión del Estado”. Podían gozar de exenciones de impuestos.^{^[226]}

A pesar de los esfuerzos realizados, nunca se hizo efectiva la colonización por grupos organizados de inmigrantes.

Sin embargo, a la región comenzaron a llegar inmigrantes, de manera individual. Un norteamericano apellidado Williams vivía en San Ramón a mediados del siglo. En la década del sesenta vivía en Matagalpa Leopoldo Wassmer y varios norteamericanos más vinculados a las explotaciones mineras.

En 1878, se encontraba asentado en el departamento, el francés Georges Choisseul Praslin, quien fue nombrado ese año como miembro de la junta de sanidad de Jinotega, para enfrentar una epidemia.^{^[227]} Para esos años también se conoce de la presencia del alemán Luis Elster de quien se dice fue de los primeros en cultivar café en el departamento.

En un informe oficial del gobierno de 1884 se hizo un recuento de 4,418 extranjeros residentes en el país, de los que apenas se reportaban en el departamento un total de 39, todos de nacionalidad norteamericana, el 49% del total de esa procedencia en el país.^{^[228]} El informe estaba por debajo de la realidad en cuanto al número, pero es ilustrativo del origen de la mayoría de los inmigrantes hasta esa fecha. También había, aunque en muy pocas cantidades, inmigrantes de origen francés, italiano, y alemán.

Al final del período, la cantidad de inmigrantes que vivían en el departamento no era significativa en comparación al resto del país, pero en los años 1889 y 1890 se inició una oleada migratoria de nuevo carácter, esta vez directamente asociada a la realización de inversiones, especialmente en el cultivo del café. Numerosos inmigrantes se adueñaron de tierras en el departamento. Aunque eran de varias nacionalidades, predominaban los de origen norteamericano y alemán, que además instalaron su residencia permanente. También habían ingleses, italianos y suecos.

Hubo nuevos intentos de organizar inmigración masiva. En 1890, Guillermo Jericho, alemán, comerciante y plantador de café, obtuvo una concesión para traer de Alemania veinte familias de agricultores destinadas a instalarse en sus tierras en el departamento de Matagalpa. Los colonos debían ser menores de cuarenta años, casados, “sobrios, sanos y prácticos en los trabajos agrícolas”, parte de ellos con experiencia en cultivos y molinos de trigo y en la crianza de ganado vacuno y lanar. El gobierno se obligaba a pagar parte del pasaje de los colonos, aún cuando estos viniesen bajo contrato para el servicio particular de Jericho.^{^[229]} El contrato nunca fue ejecutado.

La mayoría de los inmigrantes se dedicaban a la producción agrícola, explotaciones mineras y jugaron un rol de importancia en la organización de redes de comercio mayorista que no existían en la región, constituyeron la avanzada de la inmigración extranjera que en gran número arribaría al departamento en las décadas siguientes.

Al final del período, era evidente el fracaso de la política de colonización extranjera del Estado nicaragüense en territorios de Matagalpa y Jinotega. Ninguna inmigración masiva se realizó y prácticamente ningún contrato se ejecutó. Los grupos hegemónicos depositaban toda su confianza en la efectividad de la legislación que concedía innumerables ventajas a los colonos inmigrantes, pero las condiciones topográficas, la dificultad de comunicación con los centros del pacífico y especialmente el largo conflicto político interno, parece haber sido la causa del fracaso.

La dramática experiencia vivida por un intento de colonización alemana en las cercanías de la confluencia del Tuma y el Río Grande en la primera mitad del siglo, pareciera confirmar esta consideración. En esa oportunidad, no sólo fue infructuosa la colonización, la fundación de un poblado, sino que muchos de los colonos murieron a causa de distintas enfermedades.

Anexos al Capítulo III

Tabla 9 PUEBLOS Y CASERIOS EN EL DEPARTAMENTO DE MATAGALPA. Según Maximiliano von Sonnenstern en su mapa de Nicaragua de 1863 ^{^[230]}

Ciudad	Pueblo	Pueblito	Valle-vivienda	Valle-vivienda	Valle-vivienda	Hacienda	Hacienda	Hacienda	Ranchos de indios
Matagalpa	Metapa	San Rafael de la Concordia	Cariscal	Guiquisque	Pantasma	Guanacaste	Jalí	Bocagual	Coton
Jinotega	Sébaco	San Rafael del Norte	Suni	Pilas	San Antonio	Montaña	Rinconada	Chichiguás	Omo
	Terrabona	San Jerónimo	Sisle	Janque	Robles	Orasto	Sacalí	Sn.Francisco de Bopal	El Rancho
	Muy Muy	Esquipulas	Cuyalí	Santa Ana	Agraya	Collolar	Rinconadas de Mole	San Gabriel	Santa Cruz
			Jocote	San Andrés	Guano	Sabana Grande	San Marcos	Mojón	Río Grande
			Tastascame	Sébaco Viejo	Candelaria	Sasli	Apanasa	Tuma
			Manique	Jaule	Guagualí	Hato de la Virgen	Lipulúo	Sapote
			Soledad	Chaguitío	San Nicolás	Mancotal	Tomayunca	San Esteban
			Jumaiquí	Laguna	Pallacuca	Datanlí	Sapaste	Llano de los Robles
			Guadalupe	Jucuapa	Bálsamo	Montañía	Jostonico	Naranja
			Cacao	Guineo	Matasano	Tejerina	San José	Hatío
			Gamarra	Piedra Colorada	Samulalí	Salvador	Los Llanos	Molino
			Ocalca	San Pablo	Guscuila	San Francisco	Malpase	Carrizo
			Sabana Grande	Yaule	Enclaro	San Isidro	Sidras	Limas
			Apatud	Montaña	Pita	Manga	Grisalí	Apumpuá
			Gavilán	Susulí	Rosario	Guajiniquilipa	San Esteban	Totumbla
			Chile	Santa Ana	Limones	San Antonio	San Felipe	Guirusí
			Ranchería	Picota	Rincón	Estancia	Quebrada Honda		Nance Dulce
			Tamarindo	Piedra Grande	Madera Negra	Cacao	Apamico		Hatillo
			Quebrada Grande			Loma Alta	Tejas		San Pedro
						Apante	San Ramón		Cerro Grande
						Santo Tomás	Horno		Macal
						Buenavista	Rincón		Caracol
						Monte Grande	San Andrés		Buenos Aires
						San Juanillo	San Ignacio		Sta. Rosa
						Tecomapia	Atitillo		San Dionisio
						Castillo	San Marcos		Tortuguero
						Gorrión	Yaguale		Malpaso
						Upa	Bufulo		Maisama
						Agualatiente	Río Grande		Talolinga
						Güilique	Hato Grande		Coyolito
						Ispanguial	Nombre de Jesús		Guineo
						Concepción	San Vicente		Olama

Tabla 10 PUEBLOS Y CASERIOS EN EL DEPARTAMENTO DE MATAGALPA. Según Maximiliano Von Sonnenstern en su Jeografía de Nicaragua de 1875 ^{^[231]}

Ciudad	Villa	Pueblo	Valles	Valles	Valles	Valles	Valles	Valles	Valles
Matagalpa	Jinotega	Sébaco	El Cuolino	Llano Grande	Palcila	San José	San Felipe	Tejerina	Guaguaslí
	Metapa	San Isidro	Nance Dulce	San Nicolás	Quebrada Honda	Yaule	Tejas	Laguna	Bálsamo
		Terrabona	Jumaiquí	Cacao	Jucuapa arriba	Jucuapa abajo	Guineo	Apante	San Pedro
		Esquipulas	Matasano	Gamarra	Piedra Colorada	Susulí	Samulalí	Limones	Yaracamique
		Muy Muy	Esquicayan	Ocalca	Gorrión	San Pablo	Potrero del Tortuguero	Asancor	San Marcos
		San Jerónimo	Sabana Grande	Tapazle	Buena Vista	Uluse	Macal	Homo	Cuzcuelo
		San Dionisio	Piedra Bailadora	Yuculí	Santo Tomás	Monte Grande	Yasique	Potrero de San Ramón	Guadalupe
		San Ramón	Sierra	Abay	Matapalo	Río Grande	Cumplida	Escalera	Cañas
		San Rafael del Norte	San Salvador	Sn Francisco	Güibuse	Yaguale	Cerro Grande	Pelón	Piedra Mica
		La Concordia	Ilapo	Chile	Apatite	Orégano	Bulbul	Zompopo	Rancho
			Cascabel	Potrero de Jumaiquí	Pantasma	Lipulúo	Apanás	Datanlí	Cuyalí
			San Esteban	Tomayunca	Mancotal	San Antonio	Yanque	Sisle	Mojón
			Sasle	Llano de los Robles	Horno	Naranjo	El Hatillo	Jocomico	Tierra Agraya
			Santa Ana	Montanista	Zapote	Ocuslí	Santa Ana	El Castillo	Piedra Larga
			Cuzcuelo	Pacuaya	Guayabas	Cuchilla	Gavilán	Carrizal	Tempisque
			Atitillo	Apatud	Poyacuca	Jamaiquí	Rincón	Caracol	Monte Grande
			Buenos Aires	Santa Rosa	Tecomapia	Picota	Piedras Grandes	Montaña	Bonetes
			Pita	Río Viejo	Manga	San Andrés	Tatascame	El Cuervo	Mal Paso
			El Carrizo	Cidras	Santa Rosa	Bopal	Apompuá	Candelaria	Chagüite Grande
			Maunique	Cuajuriquilapa	San Juanillo	Coyolito	Nombre de Jesús	Agüegüe	Ispangual
			Concepción	San Antonio	Totumbla	Trujillo	Asiento Viejo	Tecuanapa	Tatascame
			Carrizal	Las Lagunas	San Esteban	San Andres	Santa Rosa	Cidras	Hatillo
			Soledad	Santa Cruz	Estero	Loma Alta	Pueblo Viejo	Río Grande	Tololinga
			Esquirín	Sasasle	Upa	Güilisgua	Mal Paso	Sabana Grande	San Gabriel
			Suni	San Marcos	Carrizal	Boca de la Montaña	Jalí	Rinconada	Coyolar
			Vijagual	Guanacaste	Naranjal	Quebrada Grande	Zarzal	Tamarindo	Madera Negra
			Piedra Negra

Notas al Capítulo III

LA TIERRA

En el Partido de Matagalpa, la ocupación organizada^{^[232]} de tierra se había limitado a una franja de territorio en el sector occidental. Al momento de la independencia, parcialidades indígenas, ladinos y españoles se encontraban asentados principalmente en la cuenca del curso superior del Río Grande de Matagalpa, el valle de Sébaco, en la zona de Terrabona y Esquipulas, los alrededores del pueblo de Matagalpa y en las inmediaciones de los pueblos de Jinotega y San Rafael del Norte. Mucho más reducida era la ocupación de tierra en la zona aledaña a Muy Muy y San Jerónimo. En Pantasma, sólo los indios de Jinotega poseían tierras.

En la región también había tierras llamadas realengas. La soberanía que la corona española había ejercido sobre tierras y aguas fue directamente heredada por el nuevo Estado. Las tierras realengas, que estaban bajo el control directo de las autoridades coloniales, pasaron a ser consideradas nacionales, propiedad indiscutible del Estado, sobre las que no reconocería derecho alguno a los indígenas que poblaban el territorio aún desde antes de la llegada de los españoles.

Las tierras ubicadas fuera de los límites coloniales españoles, no sometidas en modo alguno, pobladas por grupos de indios dispersos también fueron consideradas propiedad del Estado. A estas tierras y a las realengas se les llamó también “baldías”, como si estuviesen desocupadas y despobladas.

La forma de propiedad dominante en la región era la comunal, tierra de los indígenas bajo distintas modalidades, con la mayor extensión dentro de la zona colonizada. Gran parte de ella estaba ubicada cerca de los centros urbanos. Para los intereses hegemónicos, después de la independencia, redistribuir la tierra en la región pasaba por afianzar, legitimar y legalizar la posesión particular, contener la expansión de las tierras comunitarias, desmembrarlas y posteriormente privatizarlas.

El Estado estaba llamado a actuar como agente activo para llevar adelante el proceso de privatización de las tierras llamadas baldías, de las que estaban en manos de la iglesia,^{^[233]} de los ejidos de pueblos indios, de pueblos de ladinos y de ciudades. Para este fin se emitieron profusamente leyes, decretos y reglamentos regulando la propiedad sobre la tierra, a lo largo de todo el siglo XIX.

Aunque la tierra era realmente un recurso abundante, la dificultad que planteaban las vías de comunicación convertían las tierras más cercanas a los núcleos urbanos en las más apetecidas por los grupos hegemónicos. Redistribuirlas cambiando la modalidad dominante de tenencia, liberarlas al mercado, serían los grandes objetivos del Estado en el período.

CONTENIENDO EL CRECIMIENTO DE LAS TIERRAS INDÍGENAS. 1821-1860

La extensión total de las tierras indígenas era aproximadamente de 225,051 manzanas. Prácticamente todas las tierras cercanas a los pueblos y vías de comunicación pertenecían a las distintas parcialidades del departamento.

Las parcialidades de San Juan de Jinotega y San Juan de Liginagüina eran dueñas ya en 1760 de dos y media caballerías de tierra^{^[234]} que habían comprado anteriormente a Antonio Gadea y de cuatro caballerías de tierras realengas compradas a la corona en el sitio denominado San Antonio. En 1763 compraron a la corona una extensión adicional de noventa y siete caballerías, dieciséis cuerdas y trece varas y media, que incluía tierras en el sitio de Tomatoya y en el valle de Pantasma, colindantes a la montaña.^{^[235]} Estas parcialidades también poseían tierras tituladas como ejidos.

Los ejidos se asignaban durante la colonia a pueblos españoles e indios y su extensión se determinaba midiendo una legua por cada costado del pueblo partiendo de un punto en la plaza central. En ocasiones esta medida podía ampliarse hasta dos leguas o reducirse en dependencia del terreno.

En 1760, las parcialidades de Jinotega poseían ejidos cuya extensión total era de once caballerías, tres cuerdas y cuarenta varas y media de tierra. Los ejidos rodeaban el pueblo de Jinotega. Hacia el sur colindaban con tierras de Francisco Sobalvarro en los sitios San Juan y Jocomico, hacia el norte, con el “patio de la casa del Hato de la Cofradía de Nuestra señora de Candelaria”, al este hasta colindar con las tierras de Antonio Gadea y al oeste con “la montaña por donde trafica el enemigo de la Real Corona”. La medida no se completó por “no haber más tierra realenga inmediata al pueblo por estar este poblado en un callejón y dos cerros”.^{^[236]}

La parcialidad de Sébaco compró, en 1724, una superficie de cincuenta y tres caballerías de tierra, recibiendo en el mismo acto un total de dieciséis caballerías adicionales en concepto de ejidos.^{^[237]} Las tierras estaban en el valle del mismo nombre y sus alrededores, tierras de extraordinaria fertilidad bañadas por el Río Viejo y el Río Grande de Matagalpa.

Al norte colindaban con los sitios San Lorenzo, El Tamarindo, Monte Grande, El Quebrachal, San José y el Cacao; al sur con Apompuá, Santa Cruz, Los Encuentros y el potrero El Tempisque, por el este y noreste con las tierras de la Comunidad Indígena de Matagalpa y el sitio de San Nicolás; al oeste con tierras de la capellanía de Nuestra Señora del Rosario, San Sebastián de Totumbla, Real de la Cruz y las Mangas.^{^[238]} La propiedad incluía tres caballerías de tierra en el sitio llamado Tecuanapa, que estaban en conflicto con los indios de Metapa.^{^[239]}

Los ejidos entregados a la parcialidad de Sébaco se encontraban ubicados en jurisdicción de Sébaco y San Isidro, lindando al oriente con el lugar llamado de las Chapernas, al occidente con Piedras Grandes, al norte con el Carrolotal y al sur con el paraje llamado Carreta Quebrada.^{^[240]}

Por su lado, las parcialidades de Matagalpa, Solingalpa y Molagüina eran dueñas de tierras desde antes de 1722, año en que solicitaron la remedida y amojonamiento de su propiedad cuya extensión era de 1,297 caballerías.^{^[241]} Según una remedida realizada en 1906, en las posesiones de las parcialidades de Matagalpa ubicadas al norte y este del curso superior del Río Grande de Matagalpa, quedaban incluidas cuarenta y cinco cañadas.

Al norte y noroeste colindaba con los sitios de Monte Grande, La Laguna, El Naranjo, Los Limones, Quebrada Honda y parte de los ejidos del pueblo. Al noreste con parte de las cañadas de Yucul, El Horno, Macaly y Buenavista. Al este, con parte de la cañada Buenavista, Azancor, San Marcos, El Gorrión y San Jerónimo. Al sur con Aguacanda y las cañadas El Gorrión, Miragua, Santa Ana, El Ocotillo y Pacaya y los sitios San Francisco de Taquezal y los Bonetes. Al oeste con los sitios Las Mercedes, Pacaya, Jumaiquí, Cayanlipi, Aguafría, Santa Cruz, San Nicolás y San José.^{^[242]}

A diferencia de las tierras de las parcialidades de Jinotega, las de Matagalpa tenían linderos con una cantidad mayor de posesiones particulares especialmente en la jurisdicción de Terrabona donde la ocupación de la tierra fue mayor durante la época colonial.

Las parcialidades de Matagalpa también poseían ejidos. En el acta de remedida de las tierras de las comunidades indígenas de Pueblo Grande, Solingalpa, Molagüina y Laborío, levantada en 1906, se detallaron los linderos de los ejidos, se trataba de

“un perímetro de cuatro líneas, parecido a un rombo, tiene casi en su centro la ciudad de Matagalpa”^{^[243]}

Según los cálculos del topógrafo Antonio Belly, los ejidos ocupaban una superficie de catorce mil trescientos noventa y nueve manzanas y sus mojones estaban ubicados en el portillo de San Pedro, en San Nicolás, en el lugar llamado Las Cinco Piedras y en La Lima.^{^[244]} Al suroeste colindaba con los valles de Limitos, Lizarco y San Nicolás; al noroeste con la cañada de Tejerina, Waswalí y el sitio de Monte Grande; al noreste con el cerro La Zopilota, las cañadas de Molino Norte, San Lucas, San Francisco y Matapalito y al sureste con las cañadas de Guadalupe, Apantillo, Apante y San Pedro.^{^[245]}

La parcialidad de indios de Muy Muy, era también dueña de tierras, extensos llanos y pastizales. Un título real acreditaba la propiedad que los indios de Muy Muy tenían sobre esas tierras desde 1724 año en que las habían comprado.^{^[246]} El título acreditaba un total de treinta caballerías, menos cinco cuerdas, pero los límites y mojones de la propiedad abarcaban un área de más de unas novecientas caballerías.^{^[247]}

Las tierras colindaban al oeste con las parcialidades de Matagalpa, se extendían al norte hasta cerca de Upá, al este hasta el lugar llamado Tierra Blanca y al sur hasta el Río Olama en la vecindad de las parcialidades de Boaco.

En 1724 al realizar la medida de las tierras solicitadas por los indios de Muy Muy, el título daba cuenta de la existencia de los ejidos del pueblo que entonces se hallaba aún en su ubicación anterior, en el lugar que posteriormente recibió el nombre de San Jerónimo.^{^[248]} La extensión no se precisaba, pero puede presumirse que se habían medido de acuerdo a las disposiciones vigentes, es decir una legua en cuadro, tomada desde el centro del pueblo^{^[249]} en cada dirección de los puntos cardinales, lo que da una extensión aproximada de 30 caballerías.

La propiedad indígena se encontraba en la falda oriental de la cordillera Dariense, en la cuenca del curso superior del Río Grande, en el valle de Sébaco, el valle de Apanás, Pantasma y los llanos de Muy Muy y Olama.

En el cuadro siguiente se encuentran los datos en manzanas de la propiedad indígena diferenciada de acuerdo a la figura legal con la que fueron tituladas y a la comunidad a la que pertenecen. En el anexo de mapas, en el número 3, se grafican a escala cada una de las propiedades.

Tabla 11 TIERRAS INDIGENAS, 1821

Comunidades indígenas	Extensión
Jinotega [1]	32,537
Compradas a la corona	28,968
Compradas a Antonio Gadea	161
Bienes de comunidad	568
Ejidos	2,840
Matagalpa	98,056
Compradas a la corona	83,657
Ejidos	14,399
Muy Muy	59,985
Compradas a la corona [i]	58,050
Ejidos	1,935
Sébaco [2]	34,473
Compradas a la corona	33,441
Ejidos	1,032
TOTAL	225,051

[1] En Jinotega, las medidas reportadas en los títulos difieren de los resultados aproximados que da el levantamiento topográfico. Esto es igual en el resto de casos, excepto en Matagalpa donde la remedida dio unos linderos muy precisos, salvo en el caso de Quebrada Honda, en conflicto entre particulares y la comunidad. En las tierras compradas a la corona, el título da una medida de 6,515 manzanas, la topografía da 28,968 manzanas aproximadamente. En el caso de los ejidos, el título da unas 710 manzanas y el levantamiento da 2,840 manzanas. En los bienes de comunidad el título da 323 manzanas mientras la topografía da unas 568 manzanas aproximadamente. He tomado como referencia en todos los casos, la cifra de la topografía por ser la más aproximada y la mayor posible.

[2] Se toma aquí la medida de las tierras que consta en el Testimonio de Remedida del Título de Tierras de la Comunidad Indígena de Sébaco, realizado en 1918.

[i] Se usa una aproximación en cifras redondas a la extensión calculada de alrededor de 900 caballerías. El título parece indicar que se tratan de 30 caballerías por lado. El cálculo aproximado de acuerdo a la topografía es de unas 55,000 manzanas. El título de Muy Muy es el que ofrece más dificultades de precisión en sus linderos por las propias confusiones que se dieron entre el título mismo y la remedida realizada en el siglo XIX.

La legislación sobre tierras, en esta etapa, se dedicó a convertir las tierras realengas y las que no estaban en posesión legal de ladinos y de comunidades, en baldías o nacionales, liquidar las tierras censitarias, restringir las propiedades en manos de cofradías, disponer de los ejidos de los pueblos para su venta y no exclusivamente para uso de los vecinos. Uno de los objetivos principales de dicha legislación sería inicialmente contener el crecimiento de la propiedad indígena.

La concepción dominante en los grupos hegemónicos era considerar que toda forma de tenencia que no se ejerciera a título individual privado, era simplemente una modalidad en transición. Así se considerarían los baldíos, las tierras comunales, los ejidos y las de cofradías. En su esencia toda la legislación estaba orientada al afianzamiento y ampliación de la propiedad particular.

Contrario al espíritu que privaba en la época colonial respecto a conceder ciertos derechos a los pueblos indígenas reducidos entre los que se incluían su propia organización social y propiedad sobre tierras, una vez consumada la independencia la venta de tierras a parcialidades indígenas, práctica común durante la colonia, no solamente cesó sino que fue oficialmente considerada perjudicial.

Un decreto del Supremo Director del Estado emitido en 1848 afirmaba que, “es un deber de todo Gobierno el cuidar por los medios posibles que las tierras del Estado logren el mejor cultivo y no permitir que las comunidades o particulares adquieran terrenos numerosos para dejarlos incultos”.^{^[250]}

Las nuevas condiciones prevalecientes después de la independencia estimularon la posesión, por particulares, de lotes en tierras baldías y dentro de los terrenos ejidales. Los conflictos entre particulares y comuneros y entre éstos últimos crecieron significativamente. Algunos databan desde la época de la colonia como en el caso del sitio de Quebrada Honda cuya propiedad se encontraba en disputa entre ladinos y las parcialidades de Matagalpa. A finales del siglo XIX, este conflicto aún estaba vivo.

Otros conflictos por invasión de tierras comunales entre ladinos e indios eran más recientes. Julius Froebel, viajero y geógrafo alemán, en su recorrido por Nicaragua, a mediados del siglo, relata haber conocido, por intermedio del General Muñoz, a Nazario Escoto, “un destacado leonés, propietario de muchas tierras del norte de Matagalpa, pero que por haberse enemistado con los indios de esa zona se vio obligado a abandonarlas”. Escoto, lamentándose, le mostró “una canastita llena de barras de oro” procedentes de sus minas.^{^[251]}

La comunidad indígena de Muy Muy tenía problemas en los límites de sus tierras con los de la comunidad indígena de Boaco. Para zanjar el diferendo, la primera sacó una certificación de su título real en 1852 y nuevamente en 1864 solicitó a las autoridades de Matagalpa, una revisión y confirmación de mojones con el fin de “que se conserve la paz en los vecinos colindantes”.^{^[252]}

De las tierras indígenas, las más apetecidas por su ubicación y condiciones, eran los ejidos y las tierras comunales llanos y pastizales aptas para el desarrollo de la ganadería. En la región, los ejidos indígenas eran los únicos existentes, por las características de zona de frontera colonizadora. Los pueblos de ladinos fundados más tarde carecían de ejidos, excepto Terrabona.

A pesar de que en 1832, se emitió la primera disposición sobre tierras ejidales que las creaba en los pueblos que no las poseían, en el departamento no se crearon nuevos ejidos. Por mandato de la ley, las municipalidades establecidas recibían la potestad de administrar y enajenar los ejidos que se crearan al efecto,^{^[253]} pero esto no trascendió a los ejidos indígenas que siguieron administrados por las autoridades de las parcialidades indígenas.^{^[254]}

Las primeras presiones sobre los ejidos indígenas se fueron presentando en la medida en que los pueblos fueron creciendo y aumentaba la población ladina en posesión de lotes y pequeñas fincas. Por otro lado, la escasez de recursos financieros de las autoridades municipales también contribuía a ejercer presión por lograr su administración para enajenarlos y obtener algún dinero.

Muchos hatos ganaderos de ladinos e indígenas, pastaban en terrenos ejidales y comunales, se trataba de una ganadería trashumante, que no se establecería en unidades estables, cercadas y con pastos propios hasta más tarde. En los ejidos se trataba de poco ganado, pero en Apanás, Muy Muy y Olama eran hatos de mayor consideración.

En la región del Pacífico, la privatización alcanzaba en primer término a los ejidos y la legislación obedecía a ese énfasis. En 1859 un decreto legislativo otorgaba el derecho de obtener escrituras de propiedad a aquellos que habían estado en posesión de un terreno ejidal por más de cuatro años. En el caso de solares para edificación, era posible obtenerlas siempre que se edificara en un plazo no mayor de dos años. La ley no distinguía un ejido indígena de uno municipal, o creado por el Estado, ese era su propósito.^{^[255]}

Las condiciones en las que el país y la propia región vivieron hasta mediados del siglo y la debilidad de las autoridades locales, tornaba las disposiciones del Estado en meras expresiones de voluntad política, más que en realizaciones concretas. Ningún ejido indio fue transferido a las municipalidades en ese período.

A finales de la década del cincuenta las tierras indígenas no solamente no habían aumentado su extensión, sino que en parte de ellas había crecido la posesión de ladinos. Por otra parte, el Estado había comenzado el cuestionamiento de los derechos de propiedad de las comunidades indígenas en los ejidos y aunque no había trascendido a la realidad en el departamento, debilitaba la posición legal de las comunidades a favor de las municipalidades.

Lo que quedaba claro al finalizar la primera mitad del siglo, era que las condiciones políticas habían cambiado radicalmente a favor de los propietarios particulares y de la privatización de tierras existentes bajo cualquier otra modalidad. La propiedad comunal era considerada como una modalidad atrasada de propiedad. En los años subsiguientes, la situación legal sería ajustada para posibilitar tal proceso.

TIERRAS PARA LA COLONIZACIÓN

Los baldíos eran considerados como incentivo idóneo para impulsar la colonización extranjera. Los grupos hegemónicos, depositaban en ese tipo de inmigración la posibilidad de una ocupación rápida y ordenada del territorio que catapultara la explotación de la agricultura y las riquezas mineras.

La gran extensión de tierras disponibles, el clima benigno, la “poca población”, eran estímulos que se ofrecían a potenciales inmigrantes. Julius Froebel, valoró que “cienes de miles de Europeos podrían encontrar asilo a lo largo de la costa que está en poder de los Indios y en la región montañosa detrás de las colonias de los Caribes, sin incomodar en nada a los residentes nativos”.^{^[256]}

En junio de 1851, la Asamblea Legislativa ratificó la contrata de colonización suscrita entre el gobierno y Alejandro Camus, francés, por el que se le concedía un terreno baldío en el departamento de Matagalpa, de mil cuadros de mil varas por lado, quinientos para el capitulante y quinientos para las quinientas familias que se comprometía a introducir. Se autorizaba la inmigración de doscientos varones célibes, reservando para cada uno un cuadro de quinientas varas de lado, contiguo al terreno de las familias. Si los célibes contraían matrimonio podían recibir hasta mil varas por lado. Camus recibiría el equivalente a la mitad del terreno concedido por cada célibe que trajera.^{^[257]}

Las tierras serían entregadas en pleno dominio y posesión, pudiendo ser explotadas para la agricultura o minería. En este último caso cederían al Estado una remuneración por las utilidades percibidas. Se establecía un plazo de ocho años como máximo para que los terrenos fuesen cultivados u ocupados, excepto los cedidos al contratista.^{^[258]}

Los terrenos no eran enajenables a terceros “a ninguna corporación, ni persona poderosa, extranjeras”, sin consentimiento expreso del gobierno.^{^[259]} Los inmigrantes podían, una vez en el país, reunirse, elegir sus representantes, constituirse en pueblo de Nicaragua sujeto a sus leyes. El contrato se vencía si en el plazo de dos años no hubiesen llegado al territorio concedido al menos quince familias y cuatro meses después unas doscientas familias, o en plazo de ocho, las quinientas.^{^[260]}

Una convención adicional comprometía a Camus a solicitar del gobierno de Francia la protección necesaria “para el caso en que cualquiera otra nación intente disputar a Nicaragua el dominio y sumo imperio que tiene sobre el terreno cedido para la colonia”.^{^[261]} La inmigración nunca se realizó, Camus nunca entró en posesión de sus terrenos.

La concesión de terrenos baldíos no solamente se hacía con fines de inmigración, sino como una forma mediante la cual el gobierno podía pagar por contratos para diversos objetivos.

En abril de 1865, fue ratificado, con reformas, el contrato de ferrocarril celebrado entre el gobierno de Nicaragua y Bedford Clapperton Trevelyan Pim, capitán de la Marina Real Inglesa, en su nombre y el de una compañía a formarse posteriormente.^{^[262]}

El contrato otorgaba un privilegio exclusivo, por setenta años, para explotar el tránsito interoceánico, por ferrocarril y vapores. La concesión, una verdadera ganga, daba todo tipo de ventajas y facilidades a la compañía, entregando el control total del territorio, veinte leguas al norte y al sur, respectivamente, de la línea del ferrocarril, que iba desde Monkey Point en el Atlántico, hasta Corinto o el Golfo de Fonseca en el Pacífico, atravesando Chontales.^{^[263]}

Además la concesión incluía tres lotes de diez leguas en cuadro cada uno de tierras baldías “con sus productos naturales”, situados respectivamente en los Departamentos de Chontales, Matagalpa y Nueva Segovia de cuyas tierras podrían disponer en propiedad, excepto para explotaciones mineras que requerirían de otra concesión. Una reforma hecha al contrato, al momento de su ratificación, reconocía el derecho de los habitantes de esas tierras a vivir en ellas.^{^[264]} La posesión de dichos terrenos se realizaría en tres momentos, dependiendo del avance de las obras.^{^[265]}

La última concesión conocida es la de 1886. El gobierno celebró un contrato con Guillermo Jericho, alemán, comerciante residente en Nicaragua, para construir un ferrocarril de San Juan del Sur a Granada o Masaya. Se le entregaba “a perpetuidad y para su uso propio o para el establecimiento de colonias agrícolas”, ciento cincuenta caballerías de tierra, “que no estén comprometidos por concesiones anteriores”, en lotes no mayores de diez caballerías cada uno, separados entre sí, por otras propiedades.

La medida de las tierras quedaba a cargo de Jericho, el gobierno extendería, libre de todo derecho, los respectivos títulos de propiedad.^{^[266]} En caso de que la concesión caducara el gobierno se reservó el derecho de recuperar los terrenos, pero se obligaba a vendérselos a sus ocupantes al precio de cien pesos cada caballería.^{^[267]}

El proyecto de baldíos para colonización extranjera no fructificó. Había sido de las primeras ilusiones civilizadoras de los grupos hegemónicos junto a la contención del crecimiento de la propiedad indígena. El Estado frenaba toda posible venta de nuevas propiedades a las comunidades y estimulaba ampliamente el otorgamiento de masivas concesiones de tierra para favorecer la inmigración extranjera. Esta fue la primera opción de los grupos hegemónicos para impulsar la colonización interior y constituyó, junto con el proyecto de tránsito interoceánico, otra gran esperanza de desarrollo económico del país. Las grandes concesiones de tierra no funcionaron por las razones que he apuntado al referirme a la inmigración. Hay que agregar que la inaccesibilidad de las tierras no las hacía verdaderamente apetecibles. Da la impresión, que todos estos contratos de colonización tenían como verdadero objetivo el de obtener ventajas fiscales para el comercio de exportación e importación. El resto de opciones, incluida la de tierras, eran secundarias no en cuanto a su magnitud, sino en su utilización en el tiempo.

EXPANSIÓN DE LA PROPIEDAD PARTICULAR. 1860-1879

Una vez concluida la guerra y lograda cierta estabilidad en la hegemonía política el ánimo privatizador cobró impulso. La expansión de la propiedad particular durante esta etapa se realizaría por diversas vías complementarias. Entre 1860 y 1879 continuó creciendo la posesión estable de tierras, se produjo una primera oleada de privatización de tierras baldías o nacionales y se inició la ofensiva sobre las tierras indígenas.

PRIMERA OLEADA DE PRIVATIZACIÓN DE BALDÍOS

Las tierras llamadas baldías resultaban atractivas para los grupos hegemónicos en tanto fuente de recursos financieros para el Estado,^{^[268]} y por la gama de posibilidades que ofrecían a la explotación agrícola, a condición de que pasaran rápidamente a ser propiedad de particulares.

En el departamento, estas tierras estaban distantes de los pueblos, en los límites de la zona bajo control estatal o más allá, con difícil acceso y en gran parte de ellas estaban pobladas de forma dispersa. En la primera mitad del siglo no se registraron adquisiciones de baldíos y parece que efectivamente no se dieron. Para los propietarios era más ventajoso mantener la posesión sobre sus terrenos, sin ningún problema hasta entonces, que proceder a comprarlos aunque los precios fuesen bajos y hubiesen mínimas restricciones sobre extensión y uso de las tierras.

Las primeras disposiciones legales sobre terrenos baldíos o realengos^{^[269]} datan de 1825. Más de una década después, en 1837, se definían como tales todos aquellos terrenos que no se encontraban “reducidos a dominio particular”.^{^[270]} A finales de la década del cincuenta las disposiciones para su venta se hicieron más flexibles.

En 1858, el ministro de hacienda, preocupado por la ausencia de ingresos^{^[271]} por ese concepto, recomendó al Congreso simplificar los procedimientos “acordando ciertas exenciones a los que las compren y cultiven dentro del término prudencial que se les

señale”.^{^[272]} En 1860, se autorizó la utilización de vales de la deuda pública para compra de terrenos al Estado, siempre que fuese hecha por los acreedores originales o sus herederos, lo que colocaba en ventaja a éstos, por sobre otros posibles compradores.^{^[273]} La Ley Agraria de 1862 solamente ordenaba la legislación y normación dispersa respecto a la enajenación de terrenos baldíos.^{^[274]}

En la década del setenta, el Estado trató de acelerar la privatización de baldíos, tanto a nacionales como extranjeros.^{^[275]} La ley agraria de 1877 simplificó los trámites para su venta, amojonamiento y definición de límites entre vecinos. La extensión máxima por denunciante se fijó en quinientas manzanas para agricultura y dos mil para ganadería. El precio se mantuvo bajo siendo más barata la tierra para crianza de ganado y algo más caras las que poseían maderas explotables para tinte, hule o construcción. Para estimular la compra de baldíos, los arriendos solamente podían mantenerse por tres años continuos.^{^[276]}

Las primeras denuncias de tierras en la región se publicaron en la Gaceta de Nicaragua durante la década del sesenta. Poco después de haber concluido su viaje a Cabo Gracias a Dios en 1864^{^[277]} en calidad de comisionado del gobierno, el coronel Manuel Gross, gobernador militar del departamento, denunció diez caballerías de tierra ubicadas en la ribera del Río Coco, al este del Kilambé.^{^[278]}

Gross se había motivado en su recorrido pues entre Pantasma y las márgenes del Río Coco encontró “tierras cuya fertilidad parece fabulosa, estando regada por una multitud de riachuelos de aguas cristalinas y bastante”, además, “potreros, que son unas vastas llanuras, cubiertas de los pastos más ricos y circumbaladas de hermosas serranías”, pero desocupadas casi en su totalidad.^{^[279]}

Durante la década de los setenta las denuncias se hicieron más frecuentes y en su mayoría fueron motivadas por el establecimiento de explotaciones ganaderas, con pastos propios.

En todo el departamento fue la ganadería la que impulsó las denuncias de baldíos. En la mayor parte de los casos se trataba de pequeñas propiedades, doce de ellas tenían entre 100 y 271 manzanas. El promedio de manzanas por denuncia fue de 303, que desciende si se retiran las denuncias con fines de extracción de hule y madera en la que se denunciaban áreas mayores.

Tabla 12 DENUNCIAS DE BALDIOS POR ZONAS, 1860-1878.^{^[280]}

Extensión en manzanas

ZONA	1866	1867	1870	1871	1872	1873	1875	1878	TOTAL
Wiwilí
Río Coco						645			645
Kilambé, oriente	645								645
La Concordia
El Zarzal			271						271
Potrerillos				316			451		767
Sacatón					258		258		516
Montaña de los Molejones					129				129
Potreros de adentro					193				193
El Coyolar					516				516
San Rafael del Norte
Los Horcones			385						385
Potrero Grande			645						645
El Gamalotal								825	825
Jinotega
El Gamalotal						193			193
Terrabona
Chagüite Grande							258		258
Esquipulas
El Roblar		387							387
Matagalpa
Santo Domingo								*
TOTAL	645	387	1,301	316	1,096	838	967	825	6,375

De las veintiuna denuncias presentadas, quince con la mayor extensión se localizaban en San Rafael del Norte y La Concordia con un total de 4,247 manzanas, un 66.62% del total, siendo la extensión promedio por denuncia de poco más de 283 manzanas. Simón Azmitia, José Rodríguez, José María Suárez, Francisco y Bernardo Siles, Pedro Guzmán, Máximo e Ignacio Zeledón, Gregorio Picado, Fidelis y Asunción Úbeda, eran los propietarios en esa zona.

Otro de los denunciantes más importantes del período era la Dirección de Estudios de Matagalpa y su sucesora la Junta de Instrucción Pública. En 1867 la Dirección de Estudios de Matagalpa recibía una asignación de 3,870 manzanas,^{^[281]} la que hizo efectiva posteriormente en lotes y sitios diferentes. Un decreto legislativo del 31 de marzo de 1871 facultaba a esta institución para enajenar en todo o en parte, las tierras que le fueron concedidas, a beneficio de sus fondos.^{^[282]} A estas tierras asignadas a organismos estatales o para-estatales también se les llamaban ejidos.

En 1875, la misma institución denunció varios lotes de terrenos baldíos, en lo que parece ser la precisión de sitio y extensión de lo asignado en 1867. Uno fue señalado en el sitio llamado Chagüite Grande, jurisdicción de Terrabona,^{^[283]} otro de extensión no precisada en el lugar conocido como Santo Domingo,^{^[284]} colindante con tierras de los indígenas de Sébaco y que fue titulado a favor de Matías Baldizón en septiembre de 1877. Un nuevo lote fue señalado en el lugar conocido como Los Potrerillos y Rastrojos,^{^[285]} y otro más en el sitio llamado Sacatón, jurisdicción de San Rafael del Norte.^{^[286]} Chagüite Grande y Santo Domingo también eran para explotaciones ganaderas.

Del total denunciado, la ganadería ocupó unas 4,702 manzanas bien como incorporación de una mayor cantidad de áreas o como legalización de antiguas posesiones de tierras.

El 83.52% de las áreas ganaderas estaban en los municipios La Concordia y San Rafael del Norte. Para 1878, muchas de las tierras de vocación ganadera de estos municipios habían sido ocupadas producto del impulso que estaba tomando la ganadería en ese período. La ocupación real de tierra en esta zona era mayor que la registrada en las denuncias. En el Sacatón hay datos sobre la existencia de al menos tres propiedades más, en El Gamalotal, al menos cuatro, igual situación había en los alrededores de La Concordia.

El ciclo de denuncias concluyó en 1878. En 1880 solamente se registró una realizada por Pedro J. Alvarado en el lugar llamado Chagüitón en La Concordia, de extensión no precisada.

Las denuncias de tierras en Río Coco, en la vecindad del Kilambé y en El Roblar, tenían como objetivo la explotación de recursos naturales, madera en la primera zona y hule en la segunda. Ambas denuncias fueron hechas por personas con importantes funciones públicas, Manuel Gross, gobernador militar del departamento y Manuel Alvarado, diputado y ganadero de la zona de Esquipulas y Terrabona.

El movimiento de compra y venta de baldíos parecía ser igualmente activo a nivel de todo el país y se reflejó en los ingresos percibidos por el fisco. En un informe presentado por el ministro de hacienda Joaquín Elizondo, se reportó que en el decenio transcurrido entre 1859 y 1870 se habían percibido 74,211 pesos por venta de baldíos, pero entre 1871 y 1880 los ingresos habían totalizado 116,224.08 pesos, el 56% más que en el decenio anterior.^{^[287]}

INICIO DE LA OFENSIVA CONTRA LAS TIERRAS INDÍGENAS

En septiembre de 1880, José Torres, procurador judicial y secretario municipal de Matagalpa, en nombre de la municipalidad solicitó se le extendiera título supletorio de los “terrenos comunes ejidales, los cuales son de ganadería y pan llevar y forman un cuadro de dos caballerías por cada lado”, una extensión de 16,641 manzanas correspondiente a la totalidad de los ejidos indígenas de Matagalpa.

Extrañamente, la municipalidad alegaba tener “posesión regular” de las tierras “desde hace más de un siglo”. Los ladinos, imposibilitados de liberar al mercado los ejidos indígenas por la vía de las leyes tomaban el original y sesgado camino de solicitar título supletorio como si se tratara de demandantes particulares y de terrenos baldíos.

La solicitud de las autoridades municipales era el último subterfugio legal al que se recurría, para facilitar la apropiación particular de las tierras ejidales indígenas, de vocación agrícola o ganadera, cercanas a las vías de comunicación y a los poblados. Estas tierras, junto a las reservas de madera, hule y vetas minerales serían los recursos más demandados por los grupos hegemónicos. El Estado tenía la voluntad de recurrir a los medios necesarios para facilitarlos.

No había sido suficiente contener el crecimiento de la propiedad indígena. Desde la década del sesenta se había arreciado el forcejeo alrededor de las tierras indígenas.

En 1865 la Asamblea Legislativa había aprobado un decreto mandando a “poblaciones y comunidades”…

“…que con cualquier nombre o título posean tierras pueden enajenarlas a su voluntad, invirtiendo su producto en lo que les pareciese más necesario o útil; no obstante esta facultad, se les prohibe enajenar las que estuvieren contiguas a las poblaciones en una cantidad suficiente para servirles de ejidos. Esta cantidad inenagenable comprenderá un área de dos a seis leguas cuadradas, conforme el número de habitantes de la población a que pertenezca y se determinarán en el rumbo o rumbos que la Municipalidad eligiese”.^{^[288]}

El mismo decreto autorizaba los arriendos de tierra a un precio no mayor del 12% del valor de la tierra, habiéndose fijado éste en un máximo de cien pesos por caballería,^{^[289]} es decir no más de 1.55 pesos por manzana.

De esta manera se trataba de impulsar la venta y arriendo de las tierras indígenas, excepto de una parte de los ejidos. La ley no resultó ser útil a los fines que se perseguían, puesto que tenía dos defectos.

El primero fue señalado en los debates previos a la ley. La voluntariedad que había quedado para vender o arrendar y para fijar el precio no daba ninguna garantía para los interesados en producir artículos exportables. Para salvar el problema, un diputado propuso incluir una disposición para que “los indígenas puedan ser obligados al arriendo de sus tierras sin cultivo, por cierto precio, y a solicitud de agricultores de artículos exportables”.^{^[290]}

El segundo problema era que al prohibirse la venta de los terrenos ejidales se dejaban por fuera tierras de la calidad y con las condiciones requeridas justamente para la producción agrícola de exportación. Esto era especialmente sensible en el caso del departamento.

En la década del setenta la presión creció. El lento mejoramiento de las vías de comunicación, aunque insuficiente, favoreció mayores vínculos comerciales con León, Managua y Granada y había una mayor disponibilidad de recursos financieros. El objetivo de los grupos hegemónicos locales y de la región del Pacífico sería el de organizar explotaciones ganaderas, agrícolas o mineras, que superaran la barrera de la sobrevivencia, trascendieran el mínimo consumo del departamento y el comercio mantenido hasta entonces con el resto del país.

El impulso privatizador tomaba fuerza y el Estado se colocó al frente del mismo. Un decreto legislativo fue emitido en 1877 que superaba los defectos de la ley de 1865 al establecer la venta forzada a los poseedores por un precio fijado a priori. Esta vez los ejidos quedaban incluidos. En primer lugar trataba de satisfacer a los particulares que estaban en posesión.

“Los poseedores o arrendatarios de terrenos de ejidos comunes y de comunidades de indígenas, que los hubieren acotado y cultivado, poseyéndolos por más de un año, tendrán derecho a que se les de en propiedad la parte en que hubieren verificado dicho cultivo, pagando por cada manzana no menos de dos ni más de cinco pesos. Este precio se fijará por la Municipalidad respectiva…”^{^[291]}

Pero, la ley iba más allá. Las tierras restantes, una vez satisfecha la venta a los poseedores, debían ser sometidas a venta por licitación…

“…entre los vecinos o miembros de la comunidad, por lotes que no excedan de diez manzanas en los terrenos de agricultura y de cien en los de crianza de ganado, siendo la base de la licitación de cien centavos por cada manzana de terreno para la agricultura y de sesenta para la crianza de ganado”.^{^[292]}

En el caso de la venta forzada a los miembros de la propia comunidad se fijaba un límite máximo de extensión y un precio menor. La desmembración de las tierras, su parcelación, podían sin duda facilitar su venta posterior. Esta intención quedó confirmada con la ampliación de los sujetos que podían participar en la licitación.

“…a falta de vecinos o miembros de comunidades, la licitación se hará entre los que no lo sean”.^{^[293]}

El Estado, a despecho de su propio orden jurídico consagrado en la constitución de 1858, realizaba una verdadera expropiación de las tierras indígenas. Mientras el principio de respeto al derecho de propiedad en general se repetía, el derecho de propiedad de las comunidades indígenas era prácticamente liquidado.

El decreto de 1877 daba la vuelta completa al torniquete: expropiaba a los indígenas legítimos propietarios de las tierras, al decidir la venta forzada de las mismas a través de la municipalidad respectiva en el caso de los ejidos y del Estado central para las tierras comunales.

Una vez expropiados, los indios eran obligados a comprar de nuevo las tierras donde vivían y trabajaban desde la época colonial y que muy pocos podrían adquirir, lo que dejaba bastante tierra disponible para el remate a aquellos interesados que no fueran miembros de la comunidad o vecinos de los ejidos y que poseyeran el capital suficiente para obtenerlas.

Pero no bastaba: para evitar que las comunidades recurrieran a recomprar parte de sus tierras, se obligaba a adquirirlas con un límite máximo prefijado por comunero y además el dinero con que podían recuperar algo de lo perdido era también expropiado al entregar los recursos financieros que se colectaran a los fondos municipales para la construcción de obras públicas.

Un múltiple despojo se había puesto en marcha: el intento de expropiación de las tierras ejidales y comunales de los indígenas para venderlas o arrendarlas, la amenaza de expulsión de los indios que no pudiesen readquirirlas, la confiscación de los recursos financieros producto de la operación y la anulación de la autoridad y representación de las comunidades.^{^[294]}

Los grupos hegemónicos en control del Estado evidenciaban su voluntad política de abrirse paso para la apropiación de las tierras indígenas. El mensaje para los indios era bastante claro: no habrían tierras para los indios, ni dinero para las comunidades, ni poder para sus representantes, los alcaldes, regidores, capitanes y tenientes de sus cañadas.

El decreto del 77 se blandía como amenaza para su ejecución en cualquier momento. Hasta entonces y desde la adquisición de sus tierras, incluyendo las ejidales, las autoridades de las comunidades, actuando en representación de los indígenas, administraban el uso de las tierras entre indios y ladinos que tenían lotes para cultivarlos o para llevar a pastar algún ganado. Las municipalidades surgidas posteriormente carecían de autoridad en este asunto.

En Matagalpa, la posesión de los ladinos sobre las tierras ejidales se caracterizaba por ser de pequeñas dimensiones, fincas agrícolas de caña, trigo, maíz, frijoles, hortalizas y plátanos, También potreros pequeños para crianza de ganado. En algunos lugares habían molinos de trigo instalados. Pero estas propiedades estaban ubicadas en las inmediaciones del pueblo y eran apenas una parte de los ejidos. En Jinotega, los ejidos eran más pequeños y también allí los indios tenían sus maizales y huertas, los ladinos llevaban ganado a pastar en esas tierras.

La presión privatizadora no parece haber surgido del segmento de ladinos que estaba en posesión, puesto que ninguno estaba amenazado con perder sus fincas. El objetivo de la venta forzada y el arriendo tenía que ver en el caso de los ejidos de Matagalpa con las tierras aptas para el cultivo del café ubicadas al sureste de la ciudad y que tenían poca ocupación. En Jinotega y Muy Muy fue el establecimiento de las haciendas ganaderas las que hicieron la presión principal sobre las tierras comunales, como se verá más adelante.

Sin embargo, las disposiciones de la ley del 77 habían quedado sin aplicación hasta septiembre de 1880, cuando la municipalidad reclamó título supletorio sobre los ejidos, pasando de esta forma de las palabras a los hechos. Muchas leyes se habían hecho y publicado, muchas habían quedado en meras intenciones, sin cumplirse en absoluto o a medias, pero esa solicitud publicada en La Gaceta establecía un término perentorio de oposición para que el registrador del departamento tomara una decisión. A esas alturas, para los líderes de las comunidades era fácil deducir que la decisión de las autoridades departamentales iba a ser adversa, tanto como lo era en relación a los trabajos forzados en las obras públicas, entre ellas en la línea telegráfica.

LA FIEBRE PRIVATIZADORA. 1879-1890.

PRIVATIZACIÓN DE TIERRAS INDÍGENAS

El empuje de los grupos hegemónicos estaba provocando irritación en las comunidades indígenas, lo que fue del conocimiento del gobierno.

A principios de 1881, el ministro de gobernación Vicente Navas valoró la poca efectividad de la ley del 17 de mayo de 1877, considerando que el problema principal para la venta de los ejidos era el “alto precio” fijado a la manzana de tierra. Sobre la venta forzosa de las otras tierras de comunidades afirmaba:

“…se ha creído que hiere los intereses de las comunidades, quienes pretenden tener derecho de propiedad, sancionado por un tiempo inmemorial”.^{^[295]}

Y recomendaba:

“Para allanar dificultades, el Gobierno piensa que sería conveniente reformar la ley, en el sentido de rebajar la base mínima del valor de la manzana de terreno, disponiendo que los que pertenezcan a comunidades de indígenas, se distribuyan entre los individuos o familias que las componen, en lote proporcionales, o que se vendan a beneficio de ellas mismas”.^{^[296]}

El gobierno presentaba un atajo para resolver el problema del “derecho de propiedad, sancionado por un tiempo inmemorial”. Se trataba de mantener la esencia de las disposiciones de 1877, utilizando como señuelo la repartición de la tierra en lotes entre los miembros de las comunidades y la entrega a ellos del producto de la venta de los lotes restantes.

La ley promulgada el 5 de marzo de 1881 seguía esa ruta. La desmembración de las tierras y la enajenación forzosa de los terrenos de comunidades se mantenía pero, para “allanar dificultades”, ésta vez sus integrantes no tendrían que pagar por sus propiedades y el dinero producto de la venta de los lotes restantes a particulares se entregaba a las comunidades. El artículo 7 de la ley rezaba:

“Los terrenos de Comunidades de indígenas se distribuirán en lotes proporcionales, a los individuos o familias que las componen; dejando siempre una parte de dichos terrenos para venderse a beneficio de la instrucción primaria de los miembros de la misma Comunidad, todo según lo disponga el Poder Ejecutivo”.^{^[297]}

Estas eran las concesiones. El gobierno deliberadamente cedía parcial y temporalmente en las tierras comunales para concentrarse en facilitar la apropiación de los ejidos indígenas. En la mira de la ley de marzo del 81 estaba la venta y arriendo de las tierras ejidales, sobre las que se había elevado la demanda tanto en la región del Pacífico como en el departamento, con fines de establecer plantaciones para agroexportación.

La ley del 81 mantenía la expropiación de los ejidos indios y su transferencia a las municipalidades, así como la obligación de los poseedores o arrendatarios de lotes a comprarlas o en el mejor de los casos pagar un arriendo. El precio de compra fijado en 81 era menor que el de 77. Los terrenos restantes debían ser vendidos por la municipalidad a quien se destinaba el dinero producido por todas las enajenaciones. Se sigue naturalmente de esa disposición que en lo sucesivo quien no pagara el arriendo podía ser despojado de la tierra por voluntad de las municipalidades.

Al derogar el decreto legislativo de 1877 la nueva ley eliminó el límite máximo establecido por lote a venderse y el precio base para las licitaciones. Tratándose de ejidos este era un asunto central, puesto que la cantidad disponible era limitada y naturalmente había mucha demanda.

Finalmente, la ley de marzo remarcaba la liquidación del derecho de los indígenas a la libre disposición de sus propiedades y mantenía la anulación de las atribuciones y prerrogativas de las autoridades de los Comunes de indios, en tanto autoridad establecida y depositarios de la representación de los indígenas. Se declaraba así implícitamente la inexistencia jurídica de las comunidades indígenas y la incapacidad legal de las autoridades comunales para administrar los bienes de los indios.

Esta disposición rebasaba todo lo actuado anteriormente por el Estado. Se trataba de la culminación de un asedio general a las comunidades, a sus tierras, a la población y a sus autoridades, es decir a sus posibilidades mismas de sobrevivencia. Pocos días después se desató la insurrección siendo aplastada luego de varios meses de enfrentamientos entre el ejército y los indios. Centenares de indios murieron o fueron fusilados junto a los líderes del levantamiento.^{^[298]} La agitación entre los indígenas se mantendría intermitentemente hasta el año de 1884.

La ley no fue derogada, pero a consecuencia de los levantamientos, el artículo 7 que obligaba la venta de las tierras comunales quedó en suspenso, sin ejecutarse. El resto, la médula de la ley respecto a las tierras ejidales siguió en pie. La magnitud de la derrota de los indígenas removía un importante obstáculo a la apropiación privada de sus tierras y estímulo la voracidad de los grupos hegemónicos.

Aunque el Estado había cedido en relación a las tierras comunales, las comunidades no estaban en condiciones de mantener una oposición cerrada respecto a la totalidad de su régimen de tierras. El arriendo de tierras comunales se institucionalizó, garantizando la disponibilidad de tierras para impulsar la ganadería y cultivos de agroexportación. La figura del arriendo, se generalizó en todo el departamento a lo largo de la década del ochenta y devino posteriormente en la más importante vía de privatización de las tierras comunales.

En estas circunstancias, entre 1882 y 1889 las comunidades solicitaron la reinscripción de sus títulos de tierras comunales en el registro de la propiedad, pero, aunque serían admitidos, el Estado seguiría manteniendo que no tenían estatuto legal para administrar sus tierras, ni siquiera los arriendos, de acuerdo al espíritu y la voluntad política que había inspirado y mantenía la ley del 5 de marzo del 81.

En el departamento, esta disposición era manejada con cierta dualidad y cuidado por las autoridades locales para evitar contradicciones mayores con los indígenas, pero el tema no estaba cerrado ni mucho menos a favor de las comunidades. Las bases legales estaban asentadas, la solución definitiva solamente esperaría una correlación ventajosa posterior a favor de los grupos hegemónicos.

Esta afirmación puede ilustrarse con la respuesta que en 1884, diera el ministro de gobernación al prefecto del departamento de Matagalpa, quien había enviado un proyecto de estatutos de la “Sociedad indígena de Jinotega” organizada para administrar el arriendo de tierras. En su respuesta el funcionario afirma que:

“Según el artículo 547 de la Constitución, no son personas jurídicas las fundaciones o corporaciones que no se hayan establecido en virtud de una ley; y como ésta aún no se ha emitido para dar aquel carácter a las comunidades de indígenas, se deduce que la de Jinotega no ha tenido facultades para emitir los estatutos cuya aprobación se solicita”.

“Por otra parte, en la ejecución de ellos, no dejarían de contrariarse los fines que se propuso el legislador al emitir la ley de 5 de marzo de 1881; y en esta virtud, el Gobierno, a juicio de este Ministerio, carece de atribuciones para aprobar los estatutos referidos, los cuales si los interesados quieren podrán someterse a la soberana deliberación del Congreso en su próxima reunión ordinaria”^{^[299]}

En otras palabras, las comunidades seguían sin existencia legal y por tanto sin capacidad y atribuciones para administrar los arriendos. Además de esta forma de apropiación, durante la década del ochenta se introdujeron varias solicitudes de títulos supletorios para terrenos ubicados en ejidos y tierras comunales, alegando posesión anterior.

La apropiación y los conflictos alrededor de las tierras comunales y ejidales tuvieron características diferentes en cada lugar del departamento.

En Matagalpa, los ejidos eran extensos y estaban muy poblados por indígenas. La presión del Estado y los grupos hegemónicos por lograr su privatización se explicaba por que esas tierras eran agroecológicamente aptas para establecer plantaciones cafetaleras, se hallaban cercanas a los pueblos principales y numerosos caseríos indígenas estaban asentados en ellas y en sus inmediaciones, lo que podía asegurar suficiente mano de obra. Por otra parte, las tierras eran accesibles desde las vías de comunicación principales internas y de conexión del departamento con la región del Pacífico.

Retirar la obligación de compra que había sido establecida a los poseedores de terrenos en los ejidos y dejar abierto el arriendo, había operado como una concesión a la mayoría de ladinos ubicados en pequeñas fincas, huertas y potreros dentro de los ejidos y que no estaban en capacidad de comprar al precio establecido en el 77 ni aún en el del 81. Algunos de estos poseedores solicitaron títulos supletorios sobre esas propiedades durante la década del ochenta. Es probable que no haya registro de más solicitudes de títulos supletorios en las gacetas, posterior a 1883, por haber sido transferida la venta al municipio o por que la mayor parte de las posesiones particulares quedaron como arriendos.

Las áreas aptas para plantar café estaban ubicadas al sureste de la ciudad, en Apante, Buena Vista, Siare y cerca de La Lima, que fue donde avanzó la privatización de ejidos bajo administración municipal durante el resto de la década del ochenta. En 1889, J. Secundino Matuz poseía una finca de café en Apante. Entre 1890 y 1891, Juan J. Ruiz, Antonio Metrailler, Ramón Gutiérrez, Rito Pérez, Bartolo Martínez y José María Espinoza reportaban estar sembrando café en ese mismo lugar. En Siare, Salvador Cuadra B. poseía una finca de café, al menos desde 1889.

Al realizar la medida de las tierras comunales de los indios de Matagalpa en 1906, el topógrafo Antonio Belly dejó consignado que en los ejidos “se advierte que además de los terrenos de propiedad particular por compra a la nación que se han mencionado no hay otros conocidos por no haberse presentado ninguna protesta”.^{^[300]}

En 1900, quedaba una reducida cantidad de tierra disponible para el desarrollo de cultivos de agroexportación, particularmente café. En la medida de los ejidos realizados por el topógrafo Belly en ese año, encontró dentro de ellos varias “haciendas” de café entre el mojón de la Lima y Siare. Entre Siare y Peña Blanca constató que aún no había plantaciones, “quedando dentro de los ejidos una faja como de mil a dos mil varas de ancho, de montaña propia para el café hasta llegar al cerro de la Peña Blanca”.^{^[301]}

El resto de terrenos ejidales tenían otras características. Entre el cerro de Peña Blanca y el lugar llamado portillo de San Pedro al sur de la ciudad encontró “unos pocos rastrojos y ocotales”, mientras que al oeste de la ciudad “es terreno pésimo, pues se compone de un barro negro y es muy pegajoso y sembrado de piñuelas”.

Hacia el este del Río Waswalí encontró algunas huertas de agricultura y hacia el norte más ocotales. En las tierras aledañas a la ciudad habían huertas, algunos potreros y un molino, el tipo de ocupación tradicional de los ladinos en los ejidos.^{^[302]}

Las tierras comunales de los indios de Matagalpa tenían otros conflictos, una parte estaba siendo ocupada por ladinos del pueblo de San Dionisio quienes utilizando la autoridad municipal presionaban a los indios. San Dionisio carecía de ejidos y estaba ubicado en tierras de los indígenas de Matagalpa. La población de sus alrededores era parte de las comunidades indígenas de Matagalpa.

En noviembre de 1883, los alcaldes de las Comunidades Indígenas de Pueblo Grande, Molagüina, Laborío y Solingalpa enviaron una comunicación al prefecto del departamento, solicitando “que se diga a los habitantes de San Dionisio que ellos no tienen tierras, porque el título de éstas pertenece a la casta indígena”.

Las comunidades se veían ahora divididas entre dos jurisdicciones municipales por lo que pedían se les recordara a las autoridades locales de San Dionisio que no tenían jurisdicción alguna sobre la comunidad indígena de Matagalpa y solicitaron retirarle el título de pueblo “por no tener número suficiente de habitantes ni de propiedades y que como valle debe agregarse a Matagalpa”.^{^[303]} El prefecto decidió que las autoridades de San Dionisio tendrían autoridad sobre los indígenas que habitaran en su vecindario y que en todo caso correspondía al Congreso resolver sobre si aquel era pueblo o simplemente un valle de Matagalpa.

En relación con las tierras, el funcionario fingió ignorancia sobre la propiedad de las tierras y ordenó “averiguar si el pueblo de San Dionisio está en tierras de propiedad indígena atendidos los títulos de Matagalpa”, recomendando que se hiciera “todo lo posible para que reine la mejor armonía entre los habitantes de ambos pueblos”.^{^[304]}

Durante la década del ochenta, hay registradas pocas solicitudes de títulos supletorios sobre terrenos de la comunidad indígena de Matagalpa. En general, pareciera ser que las tierras comunales no estuvieron sujetas, durante ese período, a la misma intensa presión que tenían los ejidos. La posesión de terrenos por ladinos parecía no ser muy importante y más bien se trataban de pequeñas propiedades. En 1883 se reportaba la presencia de fincas de agricultura de ladinos, incluyendo un trapiche en Jucuapa Arriba. Sin embargo, en ese mismo lugar, en 1890, Dolores Sánchez Linarte estaba iniciando una plantación de café para lo que realizó una denuncia de trescientas manzanas de tierra, lo que puede indicar el inicio de un ciclo de alta demanda de tierras comunales aptas para la caficultura, especialmente las más accesibles.

La efectividad de la denuncia realizada sobre tierras comunales también es un indicador para verificar que el Estado estaba logrando intervenir de manera directa en la administración de las tierras comunales para su venta.

En Jinotega, los ejidos indios de reducida extensión eran utilizados por los vecinos para labores de agricultura y pastoreo. Habían pasado bajo administración de la municipalidad y básicamente se continuaba utilizando de la misma forma. En 1892, el plan de arbitrios de la municipalidad de Jinotega establecía los precios para los que tuviesen solares sin cerramiento, huertas, potreros o fincas, para arriendo de lotes por sus poseedores y para quienes solicitaran nuevos lotes.^{^[305]}

En la década del ochenta la presión principal en esta jurisdicción estaba puesta sobre las tierras comunales, grandes sitios de pastos naturales propios para establecimiento de extensas propiedades ganaderas. El arriendo de tierras comunales se constituyó en la variante de apropiación más utilizada, pero insatisfactoria para los ladinos quienes a poco de institucionalizarlo comenzaron a reclamar por el precio fijado por los indígenas.

Un reporte del prefecto José Rosa Rizo, de finales de 1886, ilustra esta situación. Jinotega, decía el funcionario, cuenta con excelentes terrenos y clima apropiado para la agricultura…

“…pero los egidos de la población consisten en una pequeña área de tierra, insuficiente para las empresas de los agricultores”.

“Los mejores terrenos pertenecen a la comunidad indígena de la ciudad, cuyos individuos no conceden a los ladinos el uso de sus tierras, sino con impuestos arbitrarios, y casi siempre bajo condiciones perjudiciales a los arrendatarios.^{^[306]}

“Jinotega tiene en su jurisdicción, mucho ganado de asta y de casco, no obstante, las dificultades que oponen los indios dueños de los mejores sitios”.^{^[307]}

El prefecto mantenía el dedo sobre la llaga. Era absolutamente indispensable lograr mejores condiciones en extensión y precio para la ocupación de las tierras comunales y por otra parte, había que aumentar los ejidos. Apuntándose en ambas direcciones, solicitó al gobierno que aumentara los ejidos para dar espacio a la expansión de la agricultura y la ganadería y que contribuyera a remover “un poco el obstáculo que ponen los indios”.^{^[308]}

Acogiendo estas preocupaciones de los ladinos, en 1887 el senador Crescencio Martínez, introdujo un proyecto para asignar a la municipalidad de Jinotega sesenta caballerías de tierra. El proyecto fue aprobado, pero reduciendo la extensión a 20 caballerías. Martínez retiró su solicitud alegando que lo aprobado no sólo no se correspondía al número de habitantes de la jurisdicción, sino que además era inferior a asignaciones análogas extendidas anteriormente.^{^[309]}

Dos años más tarde, una disposición legislativa, concedió treinta caballerías de tierra a la Corporación Municipal de Jinotega, para ser vendidas en lotes no mayores de veinticinco manzanas, conforme las regulaciones establecidas para la venta de ejidos.^{^[310]}

Por primera vez se creaban, en el departamento, ejidos para ser privatizados, lo que trascendía los objetivos originales de esa modalidad de tenencia de la tierra de suplir de un área para el crecimiento de los pueblos y para uso de pequeñas huertas y ganadería de los vecinos.

En Muy Muy, la presión se daría sobre las tierras comunales que abarcaban las zonas de desarrollo ganadero. Los ejidos del viejo pueblo de Muy Muy quedaban ubicados fuera del circuito de interés económico en ese período. La vieja práctica de ceder temporalmente tierras de pastos a algunos ladinos derivó en el establecimiento de derecho de posesión sobre porciones de tierra comunal. La posesión ya desde la década de los sesenta se negociaba entre ladinos interesados. Con el tiempo, el arriendo y los derechos de posesión se fueron ampliando.

En la década del ochenta, las necesidades de la gran propiedad ganadera serían el catalizador del paso del arriendo a formas de apropiación directa a través de la solicitud de títulos supletorios amparados en la posesión. Dos casos pueden servir de ejemplo. En 1883, Jacinto y Ramón González solicitaron título supletorio de la “hacienda Olama, compuestas de más de dos mil reses y de seis caballerías de tierra” pertenecientes a la comunidad indígena de Muy Muy.^{^[311]} En 1886, Filomena Vega solicitó título supletorio de tres “haciendas” Rancherías, El Camarón y Las Maderas, todas ubicadas dentro de las tierras comunales de los indios.^{^[312]} El arriendo también se continuó utilizando como mecanismo de apropiación de las tierras.

En Sébaco, hasta finales de la década de los ochenta no se introdujeron cultivos o explotaciones que demandaran la liberación de grandes extensiones de tierras comunales y ejidales de los indios. Solamente hasta en 1914, la comunidad indígena de Sébaco, reconoció derechos legales de la municipalidad sobre las dieciséis caballerías tituladas como ejidos desde la época de la colonia,^{^[313]} pero este hecho no significó que dichas tierras pasaran a ser administradas como tales. En esta zona, como en el resto del departamento, los arriendos de tierra se fueron constituyendo en un mecanismo clave de apropiación privada de las tierras comunales.

En San Rafael del Norte y La Concordia no habían tierras indígenas y aún los pueblos mismos carecían de ejidos. En las denuncias de tierra en la jurisdicción de San Rafael del Norte, en 1878, ya se especificaba que los terrenos solicitados se encontraban a más de una legua de distancia del pueblo,^{^[314]} en clara alusión a la medida tradicional establecida como ejidos de los pueblos. Pero hasta en 1884 se realizó la medida definitiva para determinar los ejidos de San Rafael del Norte.^{^[315]}

En Terrabona tampoco había tierras comunales pero se conoce de la existencia de ejidos. En 1883, en una denuncia se menciona como uno de los linderos el “título de las tierras de Terrabona”.^{^[316]} En Esquipulas, había ejidos, en 1892 el plan de arbitrios fijaba el precio para el arriendo de lotes en dichos terrenos.^{^[317]}

El gobierno, durante la década del ochenta continuó regulando el sistema de privatización de los ejidos. Una ley del 14 de marzo de 1883 había establecido que no podían denunciarse los terrenos ubicados en un círculo de una legua de los pueblos, hasta tanto se señalaran los ejidos de los mismos.^{^[318]} Por fuera de ese límite, quedaba libre la extensión y el precio.

El mercado de tierras ejidales quedaba demasiado abierto lo que favorecía a los grupos económicos más fuertes en capacidad de comprar gran cantidad de esas tierras a precios bajos y con bonos del gobierno. El Estado intervino de nuevo para regular la apropiación: en 1888 se fijó en cien manzanas el límite de venta libre de terrenos ejidales a quienes no tenían posesión previa, aquellos que si la tenían se reconocía como extensión máxima lo que habían acotado o cultivado. El precio sería determinado por avalúo, ponderando la calidad del terreno, la venta debía ser realizada exclusivamente en dinero en efectivo.^{^[319]}

Durante la década del ochenta, a pesar de la resistencia indígena, el Estado logró avanzar en la privatización de las tierras aptas para la ganadería o cultivos de agroexportación. Los ejidos indígenas de Matagalpa y Jinotega fueron expropiados y

pasaron a ser regulados o administrados por las autoridades municipales para su arriendo y venta.

En el caso de las tierras comunales, si bien fracasó la expropiación total directa, se introdujo con fuerza el arriendo de tierras cuyos montos eran regulados o supervisados por el Estado. El arriendo fue la figura jurídica que posibilitó la apropiación privada de la mayor parte de las tierras comunales, puesto que concilió el derecho de propiedad de las comunidades con la enajenación de las tierras. Posteriormente el derecho de posesión que se originó en los arriendos sería negociable operando para todos los efectos como verdaderos títulos de propiedad.

Además de estos mecanismos, el Estado dispuso de las tierras comunales para su venta a privados a través de las denuncias y de los títulos supletorios. Estas figuras legales operaron para realizar expropiaciones localizadas de tierras comunales. El caso de los títulos supletorios se aborda más ampliamente en el próximo apartado.

Lo logrado no zanjaba el conflicto. Aunque las tierras comunales quedaban bastante disponibles al mercado de tierras, no eran suficientes para los grupos hegemónicos que pretendían ejercer plena posesión, sin restricciones de ninguna clase, sobre las tierras comunitarias.

A causa de ello, en 1895, el gobierno emitió un decreto ejecutivo reglamentando la suspendida aplicación del artículo 7, considerando que:

“…llegan al Gobierno repetidas quejas de los pueblos, originadas de las disputas que se suscitan sobre las posesión de tierras de comunidad y que es necesario poner término a la intranquilidad de los ánimos donde estas cuestiones existen…”^{^[320]}

Se autorizaba a los Jefes Políticos a dividir en dos lotes los terrenos comunales, uno para venderlo “en la misma forma que los terrenos nacionales, a beneficio de la instrucción primaria de la Comunidad” y el otro para distribuirlo entre las familias indígenas, en una extensión de veinticinco manzanas por familia.

El cambio de la hegemonía política favorable a los grupos liberales de Managua, no había alterado la política del Estado, más bien estaba significando la imposición de condiciones más rigurosas para los indios. En esta ocasión, la ley obligaba a las comunidades a demostrar su existencia, realizando un censo de sus familias, documentando exhaustivamente su derecho de propiedad y defendiendo la perfección de sus títulos para no perder definitivamente sus tierras.^{^[321]}

Legalización de posesión de propiedades.

Las solicitudes de títulos supletorios tomaron importancia en la década del ochenta, paralelo a la crisis planteada alrededor de las tierras indígenas.

La posesión sin título de propiedad alguno era la forma de tenencia particular más común en la región. Durante la primera mitad del siglo, la legalización de estas propiedades no representaba ventaja alguna ni para los poseedores de vieja data ni para los más recientes. Si era posesión en los llamados baldíos no tenían ningún problema, en tierras indígenas en general era mediante acuerdo con las comunidades o costumbre antigua. Por otra parte, el proceso de privatización de baldíos en gran escala aún no se iniciaba y los volúmenes de financiamiento requerido eran tan bajos que no se necesitaba el uso de la tierra para ofrecerla en garantía mediante hipoteca. Obtener una escritura implicaba muchos gastos y parecía reportar pocas ventajas.

En la medida en que las condiciones fueron variando, la legalización se fue haciendo necesaria y fue impulsada por el Estado.

La ley agraria de 1862 contenía un mandato para los poseedores:

“Los dueños de tierra que carezcan de títulos por haberse perdido o por ilegibilidad de los existentes u otro motivo, tienen la obligación de solicitar la medida ante el Juez agrimensor para que éste con previa citación de los vecinos, las pase a medir y amojonar como si fueren baldías, sin que se entienda por esto alterarse el dominio en manera alguna”.^{^[322]}

Más tarde, la ley agraria de 1877 estableció nuevamente la obligatoriedad de los dueños de tierras “carecientes de título por haberse perdido o ilegibilidad de los existentes u otro motivo semejante”, de solicitar la medida de los terrenos en posesión, dentro de los cinco años posteriores a la publicación de la ley, “pasados los cuales no podrán enajenar sus terrenos, es decir venderlos, hipotecarlos, empeñarlos o ejercer sobre ellos cualquier acto de dominio. Si la solicitud se hiciese se mandarán a medir sin alterar el dominio”.^{^[323]} La ley mandaba el amojonamiento permanente de las propiedades.

En la región, la primera solicitud de remedida de tierras se presentó en 1875 por Pedro Castellón y Pedro Orozco sobre una propiedad de 258 manzanas, ubicada en San Felipe de Cacalotepelt, jurisdicción de Terrabona.

Pero fue hasta en la década del ochenta en que las solicitudes de títulos supletorios, según lo registrado en las gacetas, se comenzaron a presentar en mayor cantidad, tanto sobre tierras de las llamadas baldías, como en ejidos y tierras comunales.

Tabla 13 SOLICITUD DE TITULOS SUPLETORIOS, 1875-1890^{^[324]}

Departamento de Matagalpa^{^[325]}

ZONA	1875	1879	1880	1882	1883	1884	1886	1887	1888	1889	1890	Total
La Concordia
San Antonio de Colón					32							32
La Concepción			32							129	65	226
La Cuchilla										32		32
La Esperanza										65		65
Yupalí					*
San Rafael del Norte
San Gabriel				484	387				485		28	1,384
El Coyol				645								645
Jinotega
Susule					18		*					18
El Murciélago					8							8
Pansacola									200			200
Matagalpa
Matagalpa			34	*			*			*		34
Plan de los Matazanos			10									10
Apamico			25									25
El Molino					20							20
El Ocotal de Peña Blanca					20							20
Jucuapa Arriba					*
El Zarzal										40		40
Palsila				194						290		484
Jumaiquí					*					*
San Ramón
La Laguna						129						129
La Lima								40				40
La Pita		*			*						60	60
Terrabona
San Felipe Cacalotepelt	258				*							258
San Antonio de la Pita					452							452
San José			4,515									4,515
Tortuguero			*
Machuca – Jícaros			645									645
El Esquirín			516									516
Muy Muy
Olama					2,322							2,322
Río Compasagua							*
Río Grande							*
TOTAL	258		5,777	1,323	3,259	129		40	685	556	153	12,180

Entre 1875 y 1890 se presentaron en total 75 solicitudes de títulos supletorios. La mayor extensión de tierras fue solicitada en la primera mitad de la década del ochenta, posteriormente como se puede apreciar, las demandas proseguirían, aunque en menor extensión. En gran parte de los casos, los títulos supletorios legalizaban la posesión previa de la tierra, pero en otros era más bien un atajo para evadir la denuncia de tierras y el pago por ellas.

Las solicitudes de títulos supletorios de la década del ochenta, además de ser un mecanismo para la ocupación de tierras baldías, obedeció también a la necesidad de satisfacer los requerimientos de las inversiones de capital. Esta última razón impulsó con celeridad la legalización de las propiedades ganaderas en todo el departamento que hasta entonces se habían conservado en posesión sin título alguno. Quienes facilitaban los recursos, requerían suficiente garantía por el capital que otorgaban en préstamo, lo que solamente podía satisfacer una hipoteca sobre el ganado y especialmente sobre una propiedad inmueble.

Más del ochenta por ciento de la extensión solicitada se correspondía a propiedades ganaderas ubicadas en San Gabriel, El Coyol, La Concepción, Pansacola, Palsila, San José, Tortuguero, San Felipe Cacalotepelt, San Antonio de la Pita, Machuca, El Esquirín, Olama, Río Compasagua y Río Grande. Estos sitios estaban ubicados en las zonas tradicionalmente dedicadas a la ganadería y en las mismas en que se produjeron denuncias de tierras con fines de explotación ganadera en el período anterior, en las jurisdicciones de San Rafael del Norte, La Concordia, Jinotega, Terrabona, Muy Muy y algunos potreritos en las cercanías de Matagalpa.

En Jinotega y Muy Muy había sido usual la utilización de tierras indígenas para pastos, por ocupación de hecho, por acuerdo de cesión temporal o arriendo de parte de las comunidades respectivas. En 1872, el ministro de hacienda afirmó que se establecía derecho de posesión sobre las tierras indígenas para ganadería, como si éstas fuesen del dominio del Estado. La aseveración fue hecha en respuesta a una consulta del administrador de rentas departamental sobre si debían pagarse impuestos en las transacciones de propiedades ganaderas. Los ganaderos argumentaban que solamente vendían el ganado puesto que estos “pastan en terrenos de comunidades y que no vendiendo sus fincas y corrales que siempre son de poco valor, las ceden a los compradores y solamente de esto pagan alcábala”.^{^[326]}

La respuesta fue categórica, todos debían pagar por la venta del ganado y de la tierra puesto que “el tal ganado forma hato o hacienda de campo, en virtud de que el comprador adquiere el derecho de posesión en las tierras de comunidad, bien sea que compre la estancia o se la regalen del mismo modo que la causa la venta de las fincas de ganado situadas en terrenos que no pueden enajenarse por ser ramos de capellanías”.^{^[327]}

Durante el período, la posesión de ladinos en tierras indígenas, aún en grandes extensiones, fue legalizada por la vía de títulos supletorios. Este fue el caso de las propiedades ubicadas en Olama, Río Compasagua y Río Grande cuya extensión era al menos de unas cuatro mil manzanas de tierra, todas ubicadas dentro de los linderos de las tierras de la comunidad indígena de Muy Muy.

El resto de fincas para las que se solicitó títulos supletorios eran agrícolas. Cuatro eran huertas ubicadas en La Pita, al sureste de la ciudad de Matagalpa, en el Plan de los Matazanos y cerca de la quebrada de los Molinetes en San Ramón. Cuatro eran fincas de café ubicadas, una en Apamico, dos en Jumaiquí y otra al oriente de la ciudad de Matagalpa. Cinco eran fincas de caña como las de San Ramón, Jumaiquí, Cacalotepelt, Jucuapa Arriba donde también había un trapiche. Estaban incluidos además, tres molinos de trigo, uno en la vecindad de Matagalpa y dos en San Rafael del Norte y un obraje de añil en Terrabona.

En otros casos no se especificaba su orientación productiva, pero por su ubicación se desprende que eran de uso agrícola. Las solicitudes en la vecindad de Matagalpa eran de pequeñas propiedades ubicadas en los ejidos indígenas, la de Plan de Matazanos, Jucuapa Arriba y el Zarzal estaban en tierras comunales.

La extensión más grande para un título supletorio en terrenos baldíos la presentó Manuel Alvarado por una hacienda ganadera, obrajes y otros potreros, para un total de 4,515 manzanas, ubicada en Terrabona. Además de Alvarado, los más grandes propietarios eran Jacinto y Ramón González con 2,322 manzanas de Muy Muy; Francisco Siles por 872, Simón Azmitia por 741 manzanas, Juan Ubeda por 680 y José E. Zelaya por 387, de San Rafael del Norte; Eugenio Castillo por 645 y Gumercindo Gutiérrez por 516; Guadalupe Leiva por 452, todos de Terrabona

Las solicitudes disminuyeron a finales de la década, tal vez debido a una disposición legislativa emitida en 1881 que autorizaba a …

“…los dueños de bienes raíces, cuyo valor no pase de quinientos pesos, que por cualquier motivo carezcan de título, podrán enajenarlos o gravarlos sin necesidad de obtener primero el título supletorio; debiendo inscribirse la escritura que se otorgue con tal objeto”^{^[328]}

En el mismo decreto se establecía que el precio base para tasar las propiedades era de cincuenta centavos por manzana. A este precio, se podían enajenar propiedades de mil manzanas sin necesidad de título. Si el precio tasado era el doble aún podían venderse sin requerir título unas quinientas manzanas. Evidentemente, se trataba de una extensión suficiente para poder gestionar y obtener créditos hipotecarios sin necesidad de un título supletorio, el que quedaba con un uso reducido, lo que puede explicar que las solicitudes después de 1884 hayan disminuido.

Contrario a lo sucedido con los títulos supletorios, una sola denuncia de baldíos se realizó en el período, lo que llama la atención y puede explicarse como un efecto de la misma decisión del gobierno.

En 1889, el ministro de hacienda informó al congreso que en entre 86 y 88, la medida tomada para facilitar la enajenación de terrenos que estaban en posesión de particulares había dado lugar a todo tipo de problemas, pues había sido utilizada para la ocupación de tierras baldías

“…por todas partes presa de personas poco escrupulosas que talan las maderas preciosas que contienen, o los ocupan, hacen una pequeña labor y luego los venden con lo cultivado, como si de todo fueran dueños. No pasando el precio de $500 la escritura de venta, se inscribe, no obstante la falta del título de propiedad anterior, el comprador vende el terreno a otro y en breve se forma una serie de títulos de propiedad con que queda despojada la nación de lo que le pertenece”.^{^[329]}

El gobierno tomó entonces previsiones que obligaran a la compra y titulación de los baldíos, sin permitir más el atajo de la posesión, el título supletorio o la simple inscripción de la venta o hipoteca de una propiedad.

BALDÍOS PARA LA AGROEXPORTACIÓN

Efectivamente, desde mediados de la década del ochenta se desató una “codicia desenfrenada”^{^[330]} por adquirir los llamados terrenos nacionales especialmente aquellos ubicados en la región del Pacífico, lo que se reflejó en un aumento de los ingresos fiscales del gobierno por concepto de venta de baldíos. A finales de la década, la fiebre de denuncias de tierra para el cultivo cafetalero también abarcaba otros lugares del país.

Tanto los que estaban en posesión de baldíos, como los nuevos interesados en comprar tierras fueron impulsados a legalizar su situación y a realizar la compra de tierras en un plazo breve, por el decreto que el gobierno emitió en mayo de 1889. El gobierno motivado por “el incremento que empieza a tomar el cultivo del café en los terrenos del Mombacho y otros lugares de la República” reglamentó la forma de hacer las denuncias de baldíos propios para café, conforme lo establecido en la ley agraria de marzo de 1877. Se trataba, según el gobierno, de facilitar los trámites de adquisición, garantizar ingresos al gobierno y evitar que tierras aptas para el café quedaran sin utilizarse.

Las tierras podían ser entregadas sin subasta previa, siempre que el valor del terreno hubiese sido enterado de previo. Cuando se presentaba una disputa por una misma propiedad entre dos denunciantes se concedía el derecho al primer denunciante en tiempo. Las disposiciones establecían un plazo máximo de seis meses a los poseedores de baldíos acotados y cultivados con cualquier otro cultivo, para legalizar su situación, de lo contrario los terrenos quedaban sujetos a ser denunciados.

Los terrenos adquiridos debían cultivarse específicamente de café, los trabajos debían iniciar a más tardar seis meses después de expedido el título. Si esta condición no se cumplía, los terrenos podían ser denunciados por un tercero, pagando el precio y otros gastos al primer comprador.^{^[331]}

En 1890, el ministro de hacienda, Ireneo Delgadillo elogió la efectividad del decreto:

“Se propuso el Gobierno despertar las pretensiones hacia la propiedad territorial y promover el desarrollo del cultivo del café en particular, que tanto ha enriquecido a Managua. En efecto, el propósito de extender el cultivo de ese precioso fruto se hizo sentir bien pronto en los fértiles y feraces terrenos del Mombacho, de Matagalpa y de las sierras de Managua y precisado así el empresario, se apresuró a perfeccionar la posesión de tierras, que no le pertenecían de derecho o adquirir otras nuevas para el cultivo”.^{^[332]}

“Si bien en los distritos de Managua y Granada produjeron y siguen produciendo esas disposiciones buenos resultados, es en Matagalpa donde mayor provecho dan. Siembras en gran escala se han iniciado allí donde el fruto promete pronta y abundante cosecha de excelente calidad; y en tiempo no lejano estarán convertidas del todo aquellas selvas vírgenes, espesas e improductivas en extensas plantaciones valiosas, signo inequívoco de la prosperidad y riqueza de aquellas apartadas regiones”.^{^[333]}

Para darnos una idea de lo que significaban las denuncias de tierras para cultivo cafetalero en el país, son útiles los datos del ministerio de hacienda tomados desde el primero de diciembre de 1889 hasta el 31 de diciembre de 1890. En total tenían registradas denuncias hasta por 24,598 manzanas de tierra, de las cuales 16,740 se estimaba eran aptas para el cultivo del café. La distribución nacional se muestra en el siguiente cuadro.^{^[334]}

Tabla 14 DENUNCIAS DE TIERRA EN NICARAGUA. Diciembre 1, 1889 a diciembre 31, 1890

Extensión en manzanas

Departamento	Para cultivar café	Total
Nueva Segovia		148
Chinandega		150
León		161
Granada	240	750
Chontales	100	975
Rivas	500	2,617
Masaya	3,308	4,687
Managua	4,101	6,559
Matagalpa	8,491	8,551
Total	16,740	24,598

El departamento de Matagalpa representaba el 34.76% del total de tierras denunciadas, pero concentraba el 50.7% de las tierras solicitadas para plantaciones cafetaleras.

En efecto, en el departamento la fiebre de denuncias de terrenos baldíos se había iniciado en 1889, después de casi una década en que no se había reportado ninguna. Según los datos que poseemos, en 1889 se realizaron 6, en 1890 fueron 58, en 1891 subieron a 60 y en 1892 se hicieron 43, para un total de 167 denuncias en cuatro años, para un área total de 25,973 manzanas.

El cuadro siguiente muestra la totalidad de las denuncias registradas en el período 1889-1892. En el mapa seis pueden apreciarse las zonas que enumeramos en el cuadro.

Tabla 15 DENUNCIAS DE BALDIOS POR ZONA. 1889-1892^{^[335]} Departamento de Matagalpa

Extensión en manzanas

ZONA	1889	1890	1891	1892	Total
Pantasma
Los Encuentros				50	50
Pantasma			10		10
Bilán				40	40
La Concordia
Angosturas		300	135		435
El Zapote			16		16
Leonera			26		26
La Esperanza				30	30
San Rafael del Norte
Cedros			342		342
El Aguacatal		32	20		52
El Zancudal				50	50
El Mojón		1,790	100		1,890
San Rafael del Norte			1800		1,800
San Gabriel		500	220	50	770
Jinotega
Apapuesta		30			30
Buena Vista		2,700	300		3,000
Buculmay			50		50
Bonetillo			60		60
Chagüitón			50		50
Cayanfierro			20		20
El Sarayal			100		100
El Chimborazo		100			100
El Portillo		320	40		360
El Cimarrón		600	60		660
El Horno		16	50		66
El Hatillo			16		16
El Picacho			50		50
El Bejucal		100			100
El Rincón de la Laguna			20		20
El Cerro Pelón			30		30
El Bramadero			50		50
El Pelón			100		100
Jinotega [1]		618	430		1,048
La Fundadora		200			200
Las Cruces			50		50
La Laguna			490		490
Ocotalillo			*
Oliprado			170		170
Río Grande			40	*	40
Río Tomayunca			40		40
Terisca			25		25
Matagalpa
El Arenal	330	3,000	*	296	3,626
Los Potreros-Arenal				200	200
Jucuapa Arriba		300			300
La Cumplida			500	1,250	1,750
La Zopilota				12	12
Las Cañas	40			195	235
La Galera				12	12
Matagalpa [2]	540	700	169	80	1,489
Molino Norte				90	90
San Ramón
El Horno			500	120	620
El Gamalote				130	130
Las Escaleras				150	150
La Laguna		260			260
Monte Grande				100	100
Yasica		300	1375	85	1,760
Yuyule			700	1,900	2,600
Terrabona
Montaña Grande	120				120
Esquipulas
Cerro del Padre				10	10
Cerro Pando				30	30
Cumaica				15	15
Esquipulas				16	16
El Barro				12	12
TOTAL	1,030	11,866	8,154	4,923	25,973

[1] Tierras ubicadas en su mayoría al norte y noreste de la ciudad.

[2] Se refiere en su mayoría a tierras ubicadas hacia el norte y noreste de la ciudad, cercanas a Yasica y al Horno.

Tal como se muestra en el cuadro anterior, la principal zona de denuncias lo constituyó un área bastante compacta de tierras situada en la falda occidental de la cordillera Dariense. De norte a sur, se encontraban El Mojón con el 7.27%, San Rafael del Norte con el 6.93%, Jinotega con 4.03%, Buena Vista con el 11.55%, El Arenal ubicado a media distancia entre Matagalpa y Jinotega, con el 14.73% del total del área. Hacia el sureste se encontraban La Cumplida con el 6.74%, Matagalpa con el 5.73%, Yasica con el 6.77% y Yuyule con el 10.01%. En total nueve zonas concentraron el 73.76% de la extensión total denunciada.

Las denuncias en este período daban constancia del uso reservado para las tierras, habiéndose solicitado con fines de cultivar café la cantidad de 23,955 manzanas, el 92.23% del total. El resto era para ganadería y otros rubros agrícolas.

Todas estas zonas se encontraban cerca de las ciudades y pueblos principales y tanto en Jinotega como en Matagalpa, gran parte de ellos eran lugares que aunque no formaban parte de las propiedades tituladas a favor de las comunidades indígenas, desde la época colonial eran sitio de asentamiento de una considerable población indígena que poseía en esas tierras sus parcelas, sus huertas y ganado.

Los indios habitantes de los caseríos en esos lugares fueron sometidos a todo tipo de presiones y exacciones por los propietarios, al establecer plantaciones y una vez desarrollado el cultivo de café. Este sería el caso de la zona comprendida entre Buena Vista y Cuyalí en Jinotega, Yasica, Yuyule, El Horno, La Cumplida, Buena Vista de San Ramón, El Gorrión, Yucul, San Francisco, La Escalera, Molino Norte y Matapalo, para citar los principales valles.

La extensión promedio por denuncia era relativamente moderada, unas 186 manzanas por solicitud, pero gran parte de ellas quedó concentrada en pocos propietarios.^{^[336]} Un 23.74% de los propietarios denunció 16,504 manzanas, el 63.54% de la tierra, en solicitudes mayores de 300 manzanas. Un 29.37 por ciento de la tierra fue entregado al 37.4 % de los propietarios, en solicitudes mayores de cien y menores de trescientas manzanas. En el extremo inferior se encontraban los propietarios con extensiones menores de cien manzanas, representaban el 38.85% de los propietarios y solamente ocuparon el 7.08% de la tierra.

Tabla 16 EXTENSION POR PROPIETARIO, 1889-1892

Extensión en manzanas

Rango	Número de propietarios	Extensión por rango
1,000	2	2,000
900	1	900
500-650	20	10,118
400-499	4	1,686
300-350	6	1,800
200-299	20	4,184
100-199	32	3,444
50-99	16	830
17,899	38	1,011
Total	139	25,973

Cuatro propietarios concentraron el 13.54% del total del área denunciada: Guillermo Jericho, Gonzalo Ocón, Bernabé Portocarrero y Marco Antonio Lacayo. Ninguno de ellos estaba asentado en el departamento, aunque Jericho lo haría en ese período.

Las condiciones de la región la hacían atractiva al capital extranjero y de otras partes del país. El ingeniero Víctor Cottone, a fines de 1890, recorrió el departamento, y aseveró que “en estos últimos cinco meses la colonia cafetalera se ha aumentado muchísimo, siendo la mayor parte de sus individuos de la ciudad de Granada y extranjeros.^{^[337]} La observación de Cottone era bastante acertada.

Para analizar este fenómeno se han tomado los datos que sobre origen, nacionalidad o domicilio se especificaban en cada denuncia de tierra. Los resultados del período 1890-1892, se presentan en el cuadro a continuación.

Tabla 17 DENUNCIAS DE TIERRAS CAFETALERAS, SEGÚN ORIGEN O NACIONALIDAD DE LOS SOLICITANTES, 1890-1892^{^[338]}

Extensión en manzanas

Procedencia	1890	1891	1892	Total	Proporción
Otros países	750	2,875	3,245	6,870	28
Estados Unidos			3,025	3,025	12
Alemania	300	1,200	120	1,620	7
Inglaterra	150	1,000		1,150	5
Italia	200	175		375	2
Guatemala		500		500	2
Suecia			100	100	0
España	100			100	0
Otros departamentos	7,418	1,750	136	9,304	37
Granada	2,918	700		3,618	15
Managua	2,250	200	40	2,490	10
Rivas	300	400		700	3
León	500	50	16	566	2
Masaya	500		50	550	2
Estelí		300	30	330	1
Otros	950	100		1,050	4
Departamento	3,698	3,529	1,542	8,769	35
Jinotega	1,866	2,341	80	4,287	17
Matagalpa	1,500	669	1,412	3,581	14
San Rafael del Norte	32	477	50	559	2
La Concordia	300	42		342	1
Total	11,866	8,154	4,923	24,943	100

Efectivamente, en ese trienio, el 27.54% de la tierra fue adquirida por extranjeros, algunos como Eliseo R. Macy, vivían ya en Matagalpa desde hacía algunos años, no así la mayoría. Norteamericanos, alemanes e ingleses tenían el mayor peso. Los norteamericanos eran Carlos Bohen, Federico Brown Chandler, Carlos W. Burg, Nicolás Alfonso Delaney, William J.Hawkins, Eliseo R. Macy, Carlos Nathaniel Pring, Juan Read Warren, Edwin Walter Rice, Guillermo R. Richarson, Federico Leslie Rockwood y Alexis Sullivan.

Los alemanes eran Guillermo Jericho, Pablo Prehm, Federico Ubersesig, Alberto y Federico Vogl. Los ingleses eran Carlos Thomas e Isaac Augusto Manning, Roberto Crespy y Carlos Oberend. Los italianos eran José Vitta, Felipe D. Schiattino y Alfredo L. Scott. El guatemalteco se llamaba Luis Perelló, el sueco era Pedro E. Wiggh y el español era Angel Ubago.

El total de los denunciantes de los departamentos del país, exceptuando Matagalpa, concentraron el 37.30% del total de la tierra denunciada. Entre ellos, el mayor peso lo tenían los de Granada, Managua y Rivas. El 14.50% de las tierras fueron denunciados por propietarios de Granada, el 9.98% por originarios de Managua, por nacimiento o domicilio y el 2.8% por originarios de Rivas. Entre los que se decía proceder de Managua figuraba Carlos W. Haslam, de origen extranjero. En reconocimiento a la precisa observación de Cottone hay que decir que el 42.04% de la tierra fue adquirida por extranjeros y granadinos.

Los principales denunciantes nicaragüenses eran Gonzalo Ocón con mil manzanas. Denuncias de más de quinientas manzanas presentaron Salvador Agüero, Miguel Blandón, Antonio Blandón, Ignacio Gutiérrez, Marco Antonio Lacayo, Manuel Martínez, Leoncio Navarrete, Bernabé Portocarrero, Dolores Sánchez Linarte, Francisco Salazar, Francisco Talavera Chavarría y Eusebio Ramón Zelaya.

Como se ha podido apreciar, en esta etapa, la expansión acelerada del cultivo del café dio lugar a la creación de un importante latifundio agrícola a costa de los baldíos aledaños a los centros urbanos principales y de parte de los terrenos ejidales de Matagalpa, todos accesibles a través de las vías de comunicación principales. Las grandes propiedades agrícolas eran, hasta entonces, prácticamente inexistentes en el departamento.

Este rápido movimiento de ocupación de tierras favoreció ampliamente a grandes propietarios estimulados por el nivel de los incentivos establecidos por el gobierno para acelerar la ocupación de tierras y el cultivo del café. Probablemente la limitada disponibilidad de capitales en el departamento dio como resultado que el 64.84% de la tierra denunciada fuese adquirida por propietarios procedentes en su mayoría de la región del Pacífico, especialmente de Granada y Managua y otro tanto adquirida por extranjeros, especialmente norteamericanos, alemanes e ingleses.

EL ROL DEL ESTADO

El objetivo principal del Estado y en consecuencia de toda la legislación sobre tierras durante el período fue el realizar la transferencia de una inmensa cantidad de tierras a manos de los miembros de los grupos hegemónicos.

El ánimo privatizador abarcó todos los tipos de tierras posibles, indígenas, de cofradías, de manos muertas y baldías. El Estado fue proporcionando posibilidades de acceso privado a las mejores tierras, las más cercanas a los centros poblados y a las vías de comunicación. Para ello legisló ampliamente, restringiendo el crecimiento de las tierras comunales, acosando las tierras indígenas, comunales y ejidales, poniendo en completa disposición los llamados baldíos.

El Estado prestó las facilidades que en cada momento fueron demandadas por los grupos hegemónicos: mantuvo precios bajos, pago mediante vales y bonos, simplificó los trámites de adquisición, reguló y arbitró los conflictos entre particulares, fortaleció el derecho de posesión,^{^[339]} pero lo más importante fue sin duda su decisiva y decidida intervención con todos los instrumentos de poder y represión disponibles cuando fue requerido tal como sucedió en el caso de los ejidos y tierras comunales de los indios de Matagalpa y Jinotega.

Aun así, la actuación de los propietarios siempre fue más allá de lo dispuesto en las leyes mismas, estableciéndose en terrenos mayores a lo definido, evadiendo por diversas vías el pago a la hacienda pública y despojando, siempre que fuera posible, a los indígenas de sus tierras.

El ánimo prevaleciente, a principios de la década del noventa, en los círculos hegemónicos lo ilustra el proyecto de Código Rural presentado por el poder ejecutivo para su aprobación por el congreso y cuyo autor fue Tiburcio G. Bonilla, denunciante de tierras en el departamento.^{^[340]} El texto concedía todas las facilidades de adquisición y uso de propiedades por particulares, establecía restricciones a la propiedad comunal y liquidaba la propiedad ejidal completamente.

El Código Rural concedía privilegios especiales a los propietarios particulares, “hacendados”, que sembraran al menos 5,000 árboles de café, 5,000 de hule, bálsamo o gutapercha, 1,000 de cacao o quina y 1,000 cepas de vid o vainilla, cinco manzanas de caña, trigo o zacate siempre que hubiese durado al menos cinco años.^{^[341]} A éstos las tierras baldías podían ser entregadas sin límites y gratuitamente. Cualquier otro propietario debía comprar las tierras baldías al Estado y se le establecía límites a la extensión y un precio base definido.

En relación a las tierras de comunidades el proyecto de código facultaba a cualquier comunero a solicitar el otorgamiento de su parcela sin que pudiese mediar oposición de la comunidad para su entrega. Los ejidos por su parte quedaban extinguidos y se entregaban a sus poseedores, considerados como “dueños exclusivos y legítimos” quienes podían comprarlos o pagar canon de arriendo, so pena que de no hacerlo debía entregar el terreno.^{^[342]}

Al final del período estudiado, el resultado más relevante del impulso privatizador de los grupos hegemónicos fue la formación de una reducida e importante capa terrateniente gestada por la formación de grandes propiedades ganaderas y cultivos de plantación para la exportación, especialmente café.

La propiedad latifundiaria se formó en las mejores tierras disponibles en ese período a costa de la masiva venta de baldíos, mediante la ocupación de parte de las tierras comunales, la expropiación de los ejidos indígenas y el despojo de las tierras habitadas por caseríos y comunidades indígenas.

Si la ganadería dio origen al latifundio en la zona de Olama y Muy Muy, el cultivo del café lo hizo en la falda occidental de la cordillera Dariense y en las cercanías de Matagalpa, Jinotega, San Rafael del Norte y San Ramón. Pero, la ganadería sólo muy lentamente impulsó la propiedad latifundiaria, a diferencia del ritmo vertiginoso de creación del latifundio cafetalero.

También otros propietarios de mucho menor tamaño, pero de número y extensión total no despreciable se habían establecido, unos mediante la consolidación y legalización de la posesión que habían ejercido en distintas etapas tanto en baldíos como en ejidos indígenas cuando el Estado colocó estas tierras en el mercado, otros por haber obtenido tierras producto de las denuncias de baldíos. En San Rafael del Norte y La Concordia, en la vecindad de Matagalpa y Jinotega, en Terrabona, San Dionisio y Esquipulas se encontraban a final del siglo establecidos estos pequeños y medianos propietarios ganaderos y agricultores.

Las tierras indígenas, ejidos, tierras comunales y tierras habitadas por indios, por su extensión y privilegiada ubicación estuvieron bajo asedio durante todo el período. El Estado actuó estableciendo los mecanismos legales necesarios, prestando la fuerza y los instrumentos de coerción para frenar el crecimiento de las tierras indígenas, limitar su desarrollo, desmembrarlas, privatizar parte de ellas y liberar el resto al mercado de tierras. Por su parte, los indígenas continuaron enfrentándose al Estado por mantener la propiedad, posesión y administración de sus tierras, desarrollar sus cultivos, resistiéndose a la parcelación total y definitiva de las tierras comunales, tratando de evitar la desnaturalización de su propiedad sobre las tierras y el consecuente deterioro de sus propias condiciones de trabajo y de vida.

Pero el impulso privatizador había logrado establecerse y sentar las bases de la ofensiva que se continuaría durante décadas sobre las tierras indígenas.

Anexos al Capítulo IV

Tabla 18 AREA DENUNCIADA POR CADA PROPIETARIO, 1889-1892. Departamento de Matagalpa

Extensión en manzanas

Propietario	Extensión
Guillermo Jericho	1,000
Gonzalo Ocón, Romero Félix y otros	1,000
Bernabé Portocarrero	900
Marco Antonio Lacayo	618
Carlos Bohen	500
Roberto A. Crespy	500
Leoncio Navarrete	500
Nicolás Alfonso Delaney	500
Federico Leslie Rockwood	500
Ignacio Gutiérrez	500
Luis Perelló	500
Carlos Thomas Manning	500
Salvador Agüero	500
Francisco Alberto Bermúdez	500
Antonio Blandón	500
Miguel Blandón	500
Federico Brown Chandler	500
Manuel Martínez	500
Carlos Nathaniel Pring	500
Dolores Sánchez Linarte	500
Francisco Salazar	500
Francisco Talavera Chavarría	500
Eusebio Ramón Zelaya	500
Luis Cartín	466
Santana Romero	400
José María Arana	400
Eliseo R. Macy	320
José Bonilla	300
Pablo Prehm	300
Francisco Rafael Cabrera	300
Josefa Jacoby	300
Juan José Martínez	300
Cirilo Palacios	300
Cosme Pineda	294
Carlos W. Burg	250
José Ignacio Bermúdez	240
Tránsito Chávez	200
Salvador Chamorro	200
Salvador Bermúdez	200
Alberto Alfaro	200
Máximo Navarrete	200
José del Carmen Arana	200
Horacio Bermúdez	200
José León Talavera	200
Manuel Salvador Sandino	200
José Vitta	200
Gregorio Blandón	200
Tiburcio G. Bonilla	200
Trinidad Castellón	200
Narciso González	200
Santiago S. Ibarra	200
Tránsito Malespín	200
Máximo Navarrete	200
José Rosa Rizo	200
Alfredo L. Scott	175
Saturnino Leytón	150
Carlos Oberend	150
Ireneo Castro	142
Manuel Morales	120
Nicolás Grijalva	105
Tiburcio Herrera	102
José Antonio Tinoco	100
Pedro E. Wiggh	100
Candelario Palacios	100
Cayetano Romero	100
Francisco Arburola	100
Nicolás Blandón	100
Manuel Bustamante	100
Julián Navarro	100
Joaquín Noguera	100
Dagoberto Chávez	100
Vicente Zeas	100
Samuel Talavera	100
Anselmo Zeledón	100
Alberto Vogl	100
Angel Ubago	100
Francisco Espinoza	100
Alejandro Falla	100
Jesús Osejo	100
Pedro Pérez González	100
Juan González Castro	100
Juan José Lugo	100
Luis Hernández	100
Tomás Lacayo	100
Gregorio Rivera	100
Pablo Palacios	60
Perfecto Lanzas	60
Secundino Aráuz	60
Saturnino Castillo	50
Fernando Dávila	50
José Dolores Rivera	50
Tomás Bevsly	50
Bernardo Flores	50
Medardo García	50
Inocente Zamora	50
Manuel Ocampo	50
José María Ruiz	50
Rodrigo Hernández	50
Juan Bucardo	50
Ruperto Herrera	50
Guillermo R. Richarson	50
Esteban Obando	40
Froilán Carbajal	40
Remigio Mendoza	40
Pedro Rivas	40
Luis Cierra	40
Bernabé González	40
Carlos W. Haslam	40
Lino Estrada	40
Natividad Rivera	35
José Rosa Herrera	32
Nicolás Rivera	30
Tomás Saenz	30
Hilario Ramos	30
Guadalupe Rivera	30
Plácido Matuz	30
Cesáreo Vargas	30
Isidro Villegas	30
Tomás Meza	30
Camilo López	30
Máximo González	30
Joaquín Gutiérrez	30
Juan Herrera R.	26
Benvenuto González	25
Alexis Sullivan	25
Tiburcio Granados	20
Manuel Altamirano	20
Francisco Real	20
Cruz Manzanares	20
Federico Vogl	20
Encarnación Manzanares	16
Serapio Averruz	16
Dolores Peña	15
Celedonio Fonseca	15
Manuel Pérez	12
José Antonio Baltodano	12
Bartolo Centeno	12
Eulalio Alaniz	10
Tomás Díaz Muñoz	10

Notas al Capítulo IV

DE LA SOBREVIVENCIA A LA EXTENSIÓN DE LA PRODUCCIÓN

La riqueza potencial de la región central había sido desde la época colonial pródigamente elogiada por quienes habían podido explorar algunas zonas e incluso por aquellos que solamente recibían noticias de ella. La presunta existencia de recursos minerales era su principal atractivo, pero la colonización se hizo difícil por las condiciones de frontera y el enfrentamiento entre españoles, ingleses y mosquitos. La inestabilidad de la población únicamente dio espacio a un pequeño impulso a la agricultura y la ganadería, actividades que no despertaban grandes expectativas entre los colonizadores españoles.

La producción agrícola y ganadera se desarrollaba en los alrededores de los pueblos y reducciones. Se sembraba maíz y plátanos que constituían la base de alimentación de la población indígena, trigo en buenas cantidades para producir harina y algodón para las telas de los indios. Españoles y algunos ladinos tenían sus huertas y regular cantidad de ganado menor y mayor.

A mediados del siglo XVIII, el Capitán don Joseph Mexia, vecino de Sébaco, respondiendo a pregunta del Corregidor del Partido sobre las características de la conquista de La Tologalpa, afirmó:

“…los dichos dos Pueblos de San Antonio Abay^{^[343]} y el de Guadalupe, son de temperamento frío y muy fértiles, tanto que se logran en cada un año tres cosechas de maíz, con lo que se abastece este partido y sus contornos, y que en el de San Antonio Abay a más de lo dicho, se logra en cada un año cosecha de trigo, cuyas harinas se mandan a las ciudades de León y Granada y otros muchos frutos que así como son Bálsamo, Liquidámbar, Leche de María, Brea y Alquitrán, a más de las muchas vetas de minas que de oro, plata y plomo, hay en las inmediaciones de dichos dos Pueblos, las que se ven salir de la montaña”.^{^[344]}

Estas eran en lo fundamental, las características que prevalecían a principios del siglo XIX, producción de granos y hortalizas suficiente para la sobrevivencia y una producción de trigo, harina, maderas y algo de ganado que se comercializaba con el resto de la provincia de Nicaragua.

PRODUCIENDO PARA LA SOBREVIVENCIA. 1820-1860.

La región de Matagalpa y Jinotega experimentó una lenta evolución durante la primera mitad del siglo en que permaneció virtualmente aislada, con menos vínculos comerciales con la región del Pacífico que en la época colonial en que el comercio parecía ser más intenso.

La zona colonizada, en la cuenca del curso superior del Río Grande de Matagalpa y la falda occidental de la cordillera Dariense, se caracterizaba por tener una mayor ocupación de la tierra, concentración poblacional y ser un poco más accesible. Aquí, en las primeras décadas del siglo XIX, prevalecía una economía de subsistencia.

La ganadería se limitaba a pequeños hatos desarrollándose en los pastos naturales de llanos y valles cercanos a los pueblos, una muy pequeña proporción del ganado existente se comercializaba. La agricultura servía para satisfacer el consumo familiar y de los pueblos que eran abastecidos de maíz, frijoles, trigo y otros productos que llegaban de los campos aledaños e incluso de lugares más alejados. En 1851, el plan de arbitrios de la villa de Jinotega establecía una tasa por cada bestia cargada de mercancías que, de distinta jurisdicción, entrara al pueblo, excepto las que introducían maíz o frijoles.^{^[345]} Esta última disposición probablemente se debía a la escasez nacional de maíz que como efecto de la plaga de langosta, “el chapulín”, azotaba al país desde 1850, y había obligado al gobierno a prohibir su exportación.^{^[346]}

La fabricación de harina en los molinos de trigo cuya tecnología databa de la época colonial era una de las actividades de procesamiento más relevante.^{^[347]} La siembra de caña hacía funcionar unos pocos trapiches para satisfacer el consumo de dulce y de aguardiente. Los indios fabricaban sus propias telas de algodón que sembraban en regular cantidad, también hacían petates, sombreros de palma y cestos de carrizo.^{^[348]} La ganadería daba lugar a la elaboración de queso y de jabón, actividades comunes a los pueblos.

Unas explotaciones mineras de oro se iniciaron en la década del cincuenta y se conoce que en Matagalpa, se explotaban en 1869, unas minas de cal.^{^[349]}

La producción local de tabaco y la fabricación de aguardiente daban vida a una actividad comercial ampliamente extendida, sólo inferior al comercio de alimentos y seguramente más rentable, que se desarrollaba al margen de los periódicos e impotentes intentos de intervención del gobierno.

El resto del comercio era ínfimo, se realizaba en pequeños establecimientos, “truchas de algún surtido”, “truchas menos considerables y pulperías surtidas”,^{^[350]} venta de medicinas, ventas ambulantes llamadas “corredores” y pulperías.^{^[351]} Canchas de gallos, juegos de billar, cantinas y diversiones ambulantes, “maromas y otras diversiones”,^{^[352]} eran parte del comercio de algún lucro en los pueblos principales.^{^[353]}

La actividad económica era tan precaria y en consecuencia, los ingresos locales tan pobres, que el gobierno destinaba pequeñas sumas de dinero y aún renunciaba a determinados ingresos, como los del monopolio de tabaco, para financiar obras públicas y escuelas, sin obtener resultado alguno.

Gran parte del departamento carecía de caminos y los existentes eran en su totalidad “senderos de herradura”, que hacían imposible el transporte de muchos productos, de cargas pesadas o grandes, lo que significaba o la simple incapacidad de sacar e introducir productos o su comercio a precios elevados y sujeto por lo mismo a una considerable especulación. Por otro lado, las características del suelo y las lluvias hacían difícil o imposible la circulación por los caminos existentes, durante unos ocho meses del año.^{^[354]} Los territorios ubicados hacia el este se comunicaban con la costa oriental por medio de los ríos a través de los que se realizaba algún comercio.

Al final de la década del cincuenta, la actividad económica no superaba la dinámica dominante de subsistencia y autoconsumo. Esta realidad se reflejaba en todos los aspectos de la vida de la región, aunque en el análisis de sus causas había contradicciones importantes entre la apreciación de las autoridades nacionales y la de los círculos locales.

En 1859, al evaluar el desarrollo de la instrucción pública, el ministro de hacienda, Jesús De la Rocha, elogió la actividad universitaria en Granada y la creación de escuelas primarias en León, Rivas, el departamento Oriental, Chontales y Segovia. En el departamento de Matagalpa, no se había creado ninguna escuela. De la Rocha fue tajante al afirmar que allí

“…nada se columbra, porque allí no hay fondos, ni autoridades, ni cuerpos que se consagren, ni quieran consagrarse a la penosa tarea de sacar a aquellos pueblos del embrutecimiento en que se encuentran”.^{^[355]}

De la Rocha coincidía con los círculos políticos locales en la grave falta de recursos del departamento, pero alegaba que era básicamente debido a la incapacidad de los círculos hegemónicos locales para articular mecanismos de autoridad y poder por muy incipientes o embrionarios que fuesen.

EXTENSIÓN DE LOS CULTIVOS. 1860-1875

GRANOS Y HORTALIZAS

En los primeros meses de 1862, el juez J. Emiliano Cuadra realizó un recorrido por varios lugares del departamento. En su informe al ministro de gobernación, proporcionó una panorámica de los pueblos y de la producción que constituye la primera relación de ese tipo con que se puede contar.

En Jinotega, los pobladores de la villa se dedicaban a la agricultura y a la crianza de ganado “que pastan en unos campos tan deliciosos que parece que la vista de Dios se fijó en ellos para hacerlos el encanto y recreo del hombre”, el resto de la población, según Cuadra, se ocupaba en “sus talleres o en otros oficios”. “Varios empresarios están dedicados a la siembra de café, cuya planta a más de desarrollarse con bastante robustez, su fruto es abundante y de buena calidad”.^{^[356]}

Las autoridades carecían de dinero para las obras públicas más necesarias y de nuevo, la diferencia entre los círculos locales y los funcionarios originarios de la región del Pacífico se marcaba en relación a la consecución de fondos y al trato con los indígenas.

En San Rafael del Norte, Cuadra observó un decaimiento de la actividad general del pueblo que atribuyó a “la desmembración que sufrió al formarse el pueblo que llaman de San Rafael de la Concordia”.

En Sébaco, la consideración del juez fue más optimista:

“Sus moradores se ocupan principalmente en la agricultura de tal manera que no solamente subvienen con los granos a sus necesidades, sino a las de todo el Departamento”.^{^[357]}

En la aldea del Guayabal, también llamada Santa Ana, situado a cuatro leguas del pueblo de Sébaco, vivían…

“más de cien familias y los granos se cultivan en ellas con tanta abundancia que solo de diezmos se dan seiscientas cargas de maíz”.

“El terreno en que está situada no puede ser mejor, tanto por su planura como por lo nada pantanoso: su clima es favorable y las habitaciones que se han formado se hallan colocadas en buen orden”.^{^[358]}

En julio de ese año 62, un editorialista del periódico oficial comentaba el alza de los precios del maíz, los frijoles, el arroz y otros productos como el queso, desde “hace algunos años” en la región del Pacífico, aunque señalaba como causa de su encarecimiento la disminución y abandono de su producción por quienes se dedicaban al cultivo del café, el algodón y otros productos agrícolas, más que a la propia sequía.^{^[359]}

En Matagalpa, según un informe del prefecto en esa misma fecha, la carestía y el incremento de precios se debía más bien a la sequía que había afectado varios pueblos del departamento y a los departamentos de Chontales y Nueva Segovia “que más que ninguno otro sienten la carestía”.^{^[360]}

No todos los pueblos habían sufrido la sequía. En Matagalpa y Jinotega la “cosecha de maíz de postrera habida en las costas de montaña” había sido “bastante para abastecer a todos los pueblos del Departamento y librarlos del hambre que los aflige”. Pero, las autoridades habían dejado libre la salida de granos hacia otros departamentos, lo que había elevado los precios del maíz, frijoles, trigo y arroz en el pueblo de Matagalpa. En Sébaco la cosecha no había sido mala. Pero, “en Muy Muy, Esquipulas, San Dionisio, San Jerónimo y Terrabona no se consiguen los granos referidos a ningún precio”.^{^[361]}

En esos años, a los ojos de observadores foráneos nacionales, la región daba la impresión de tener una mayor actividad. En 1865, Antonio Silva, ministro de fomento, al informar al congreso, en una mezcla de realismo y entusiasmo, afirmó que en los departamentos de Matagalpa y Nueva Segovia…

“…donde en años atrás el cultivo de la tierra se encontraba en una escala insignificante, y contraído a frutos de ínfimo valor, hoy, presentan sus campos cubiertos de riquezas, sembrados de valiosos frutos y con notable profusión”.^{^[362]}

Silva apreciaba un cambio en la actividad agropecuaria, aunque por conveniencia gubernamental o giros del lenguaje, exagerara su magnitud.

En 1867 el agente de agricultura del gobierno Claudio Espinoza levantó un censo de propiedades y producción en fincas de Metapa, Terrabona, Esquipulas, San Dionisio, San Jerónimo y Muy Muy. En estos dos últimos lugares apenas colectó alguna información. La mayor parte de la información había sido obtenida en Metapa y Terrabona.^{^[363]} En casi la totalidad de las fincas reportadas para Terrabona se había cosechado maíz y el agente estimaba que además en Metapa y Terrabona habían “como mil medios^{^[364]} de maíz sembrados” y “como cincuenta fanegas de frijoles”^{^[365]}

A comienzos de la década del setenta, la variedad de productos era mayor que en las primeras décadas, ya no solamente se sembraba regularmente maíz, frijoles, plátanos, trigo y caña de azúcar, sino que además se producía sorgo, papa y otras hortalizas.^{^[366]}

Un panorama de la producción agrícola a inicios de la década del setenta nos la proporciona Thomas Belt, naturalista y geólogo minero contratado para supervisar las minas de Chontales, que emprendió un viaje de diecinueve días a través de Matagalpa y Jinotega para llegar a Nueva Segovia.

Desde su camino, en el viaje de ida, por una sierra rocosa, más allá del Compasagua y el Río Grande, observó una serranía “con faldas parcialmente boscosa y sembrada en parte de plantíos de maíz”.^{^[367]} En la ruta encontró “una partida de indios” con arcos y flechas, que bajaban a Boaco para comprar maíz,^{^[368]} escaso a causa de la sequía que en ese año 1872, afectaba a Matagalpa y Jinotega y había dañado todos los cultivos.^{^[369]}

Cerca de Matagalpa, los caminos estaban secos y polvorientos.

“…y supimos después, que mientras en Santo Domingo la estación había sido excepcionalmente húmeda, cerca de allí se presentó tan árida que el maíz había sufrido enormemente por la sequía”.^{^[370]}

En los alrededores de Jinotega, apreció el suelo muy fértil. La producción principal era sorgo, maíz, papas y frijoles.^{^[371]} En el pueblo su hospedero era un finquero acomodado quien le refirió que “jamás había ocurrido que la cosecha de maíz fallara en Jinotega por falta de lluvia”.^{^[372]} Según Belt, en Chontales y Segovia la sequía no se había sentido.

En las sierras que circundan el pueblo, observó muchos parches cultivados de maíz y familias enteras desyerbando el campo. Más adelante del caserío de Apanás, en “unas serranías de cumbre plana” había también maizales.^{^[373]}

Aunque en el valle, cerca de Jinotega, a ambos lados del camino se hallaban maizales perjudicados por la sequía, Belt apreció una importante diferencia determinada por la utilización del arado rústico y la existencia de cercos,

“El suelo era una arcilla oscura, fina y profunda y por primera vez en Nicaragua encontré tierra arada y cercos permanentes. El arado era un instrumento primitivo, no muy distinto de los que todavía se usan en algunas partes de España. Está hecho de madera, salvo en la punta, revestida por una placa de hierro”.^{^[374]}

“Muchos de los cercos eran setos vivos entre los que crecía una bella enredadera, Antigonon leptopus, con festones de flores rosadas. Las muchachas indias y mestizas las llevan en el pelo y la llaman “bellísima”.^{^[375]}

Cerca de La Concordia también encontró bastantes maizales y frijolares, aunque “la región parecía escasamente poblada”.^{^[376]} En los alrededores del pueblo, sin embargo, “el suelo parecía fértil, pero poco cultivado”.^{^[377]} Adelante de Yalí, hacia el noroeste, volvió a encontrar los pinares y en las hondonadas de los cerros más plantaciones de maíz, sorgo y frijoles.

En su viaje de regreso, a unas cuatro leguas de Matagalpa, en la ruta a Terrabona, encontró maíz, frijoles y caña de azúcar, esta última en pequeños plantíos que apreció estaban mal cuidados. Muchas partes en las laderas de las serranías se encontraban sin cultivar, cubiertas por malezas y matorrales, “lo que prueba que toda esta tierra estuvo cultivada en otro tiempo; además subsisten los viejos cercos de piñuelas y los surcos, que de vez en cuando se adivinan entre la maleza”.^{^[378]} Yendo hacia el sur los cultivos también se hallaban cercados.^{^[379]}

En Terrabona, el suelo era fértil y en cada casa había un plantío cercado de maíz y frijoles, “y aunque la tierra se cultivaba año tras años, todavía parecía producir bien”.^{^[380]}

Todas las referencias con que se cuentan dan una idea de que la agricultura se había extendido. Más área estaba ocupada por los cultivos realizados en parcelas familiares dentro de las tierras indígenas o en los llamados baldíos y se sembraba una mayor variedad de productos.

La producción de alimentos se elevó acompañando el crecimiento de la población y su agrupación en caseríos y pequeños poblados. Como queda claro del análisis de la información disponible, en períodos de inviernos normales, no sólo era suficiente para las necesidades del departamento, sino también excedentaria. La mayor parte de la producción alimentaria dependía de los cultivos de los indígenas. Algunos otros rubros como el trigo, el tabaco y la caña de azúcar que habían cobrado relevancia también eran cultivados por ladinos.

TRIGO

El cultivo del trigo se hacía desde la época colonial en los alrededores de Matagalpa y San Rafael del Norte, limitado a pequeñas plantaciones por lo general asociadas a la existencia de molinos para su procesamiento.

Paul Levy, en 1870, describió el trigo de la región norte y central como un grano “pequeño, da un producto regular como cantidad, pero de mal gusto”. Levy lo atribuía al deficiente procesamiento en los molinos existentes que calificaba de atrasados e inadecuados:

“El arte del molinero está todavía en la infancia: la harina indígena es demasiado gruesa y además contiene 20 a 30% de afrecho. Un molino en la región templada en que crece el trigo, se parece casi del todo a un ingenio tal como lo he descrito para el oro”.^{^[381]}

En Matagalpa, junto al río, Thomas Belt en 1872, encontró un molino de trigo en pleno funcionamiento.

“Fui al cobertizo que lo protegía y lo encontré de lo más simple e ingenioso. Debajo del piso estaba una pequeña muela, movida por la corriente, que golpeaba contra flotadores inclinados. El eje de la rueda perforaba el piso y la piedra inferior, y estaba fijada a la piedra superior, que rotaba sin ningún engranaje. La harina así procesada es oscura y llena de impurezas, pues no se toma ningún cuidado en limpiarla”.^{^[382]}

En esos años, el trigo que se producía era casi exclusivamente para el consumo de los pueblos del departamento. La harina que se consumía en Granada y León era casi en su totalidad importada.

Daniel Sacaza, encargado de la Aduana del Castillo Viejo, envió en noviembre de 1870, un informe al gobierno con sus consideraciones sobre la situación del trigo.

“Es de fijarse en el juarismo que arroja la importación de harina. Tomando por base la introducida por esta vía y la que se consume en la población de San Juan del Norte y en sus grandes trabajos de hule, puede calcularse un consumo anual por lo menos, de cincuenta mil pesos en toda la República, cifra un tanto regular para llamar la seria atención de nuestros legisladores. En los departamentos de Matagalpa y Segovia se produce este artículo, como todos saben, fácil y abundantemente. La calidad, quizá, por más fresca, es superior a la del Potómac y California en cuanto al sabor, no así en su beneficio por falta de instrumentos propios para pulverizarla con perfección”.

“Debiera protegerse con empeño este ramo, pero a mi juicio, el modo mejor no es gravando la extranjera como opinarían algunos, sino facilitando maquinaria a los empresarios por cuenta de la Nación y sobre todo, mejorando las vías de comunicación de aquellos importantes pueblos, dignos igualmente de atención por sus muchos elementos de riqueza y excelente clima. Este sistema de protección, a no dudarlo parece ser el que más conviene al presente para Nicaragua”.^{^[383]}

Más que cualquier otro rubro, justamente por el hecho de no ser producido en la región del Pacífico, el trigo podía haberse convertido en un producto enlace entre ambas regiones económicas, si el comercio de este producto hubiese seguido creciendo desde la colonia..

Otros productos no podían facilitar el desarrollo de una articulación económica que pudiese movilizar recursos e inducir cambios importantes en la región. Por una parte, los pueblos del departamento eran autosuficientes en cuanto a su provisión básica y a la vez eran un mercado de muy poca consideración para productos provenientes de la región del Pacífico. El ganado se producía en cantidades suficientes en el pacífico y por sus características no presionaba por rápidas mejoras en las vías de comunicación y medios de transporte. Además, la región del Pacífico se abastecía, en términos generales, con su producción local de maíz y frijoles e, incluso, con importaciones del primero, las que se autorizaban en épocas de escasez.

La producción de trigo y harina para satisfacer las necesidades de las ciudades y pueblos de la región pacífico hubiese podido iniciar un circuito comercial que motivara una mayor actividad económica entre ambas regiones y contribuir a la conformación de un mercado interno.

Sin embargo, a pesar de que la producción de trigo y harina creció y de los incentivos establecidos por el Estado para su producción, no se constituyó en suficiente estímulo para motivar el proceso de articulación económica interregional estable que sólo se desarrollaría impulsado por la demanda del mercado externo.

TABACO

El consumo de tabaco motivaba un comercio de consideración y se satisfacía con la producción local.

La siembra y venta de tabaco en el país, eran controladas por el gobierno por constituir una fuente de ingresos importante. La siembra del llamado tabaco segoviano, era tradicional en Segovia y Matagalpa y al menos hasta 1835, en ambos departamentos, seguía siendo cultivado en pequeñas parcelas y vendido libremente.^{^[384]}

El gobierno, incapacitado de hacer cumplir sus restricciones, autorizó la siembra de tabaco, por un período de seis años, únicamente para consumo de los propios departamentos y para la exportación, quedando prohibida su introducción al resto de departamentos del país.^{^[385]}

Distintos intentos se realizaron en los años siguientes para controlar la siembra y comercialización, sin resultados satisfactorios. El tabaco se cultivaba en plantaciones clandestinas y se expendía a través de las extendidas redes del contrabando local.

A finales de la década del cuarenta el gobierno emitió una nueva autorización para la siembra de tabaco, en “todos los puntos en que se hayan preparado plantíos para este objeto en Chinandega, Managua, Masaya, isla de Ometepe, y en los dos departamentos de Segovia y Matagalpa”.^{^[386]} La siembra debía hacerse exactamente en las cantidades autorizadas. Dos variedades se señalaban para los departamentos de Segovia, el estepeque y el chilcagre. En ambos casos el impuesto establecido por el gobierno era menor que para el resto del país.^{^[387]}

A mediados de la década del sesenta, el gobierno no tenía reportado ningún cultivo de tabaco segoviano. Los productores ocultaban la información sobre las plantaciones existentes a causa de la exigencia gubernamental de pagar cinco pesos por cada mil plantas cultivadas. La presión surtió su efecto, el pago fue rebajado a dos pesos.^{^[388]} En esa oportunidad el gobierno eliminó el monopolio del tabaco en los departamentos de Matagalpa y Nueva Segovia, dejando libre el cultivo y comercialización, exclusivamente de tabaco segoviano.^{^[389]}

No hay datos sobre la magnitud de las plantaciones existentes, excepto que en 1869 un acuerdo gubernamental autorizaba la siembra de tabaco en el Departamento de Matagalpa hasta de doscientas mil matas.^{^[390]} Es de suponer que si el gobierno autorizaba la siembra de doscientas mil matas, la producción real debe haber sido considerablemente mayor. Por otro lado, ya para esas fechas habían comerciantes de tabaco autorizados por el gobierno, los llamados tercenistas, en todos los pueblos, lo que confirma que era una actividad rentable por tratarse de un producto de amplio consumo.

En 1870 se continuaba cultivando tabaco en el departamento. El prefecto del departamento decidió restablecer el monopolio gubernamental y notificó a los plantadores que contrataría el tabaco de primera a dieciséis pesos el quintal y a ocho pesos el de segunda clase. El funcionario convocó a todos los sembradores de tabaco a inscribirse so pena de ser considerados contrabandistas.^{^[391]}

Al año siguiente se remató el derecho de comercializar el tabaco en los diferentes pueblos del departamento. Se establecieron tercenas en Matagalpa nombrando a Crescencio Martínez en Jinotega, a Saturnino Rivera en Sébaco, a Santiago Fajardo en Muy Muy, a Manuel Chanico en la Concordia, a Santiago Reyes y Tiburcio Soza en San Dionisio, todos eran conocidos propietarios agricultores y ganaderos. Cada uno de ellos estaba obligado a rendir fianza por quinientos pesos cada uno.^{^[392]}

En 1873 el gobierno no autorizó siembra de tabaco en el departamento de Matagalpa, únicamente en Masaya, Masatepe, Chichigalpa, Jalapa y Nueva Segovia.^{^[393]} La intención era dejar únicamente la producción en ciertos lugares para facilitar el control estatal. Nada, sin embargo, hace suponer que esa disposición haya acabado con la siembra de tabaco en el departamento.

CAÑA DE AZÚCAR

Para analizar el comportamiento de la caña de azúcar los datos más importantes son los que pueden extraerse de las cifras alrededor del consumo de aguardiente de caña en el departamento. Similares problemas al del tabaco enfrentaba el gobierno con la destilación clandestina de aguardiente y chicha de maíz, cuyo consumo estaba ampliamente difundido entre los indígenas.

Gran parte del tiempo de los agentes de policía en el departamento se iba en la búsqueda y destrucción de las destilerías que perjudicaban los ingresos del gobierno provenientes del monopolio del aguardiente. En 1860, un decreto del gobierno prohibió la fabricación de chicha fuerte, “que cause los mismos efectos que el aguardiente”, dejando como única excepción la autorización “a los pueblos y a las comunidades o parcialidades de éstos, el que para sus festividades puedan confeccionar la chicha que juzguen precisa para ellas”.^{^[394]} En los años siguientes una de las actividades principales de los gobernadores de policía era la persecución del contrabando de aguardiente.

El crecimiento de la población elevaba la demanda de dulce y naturalmente de aguardiente. En Matagalpa, Terrabona, Esquipulas, Muy Muy, San Jerónimo y San Dionisio se sembraban parcelas de caña cada vez mayores y en más cantidad. Una parte de los productores contaban con su trapiche y, en la década del sesenta, los más grandes fabricaban aguardiente para venderlo al gobierno.

En 1872, al llegar a Matagalpa, Thomas Belt se hospedó “en una de las mejores casas del pueblo”, cuyos hijos varones “parecían no dedicarse a nada”. Anteriormente habían tenido un contrato con el gobierno para elaborar aguardiente y distribuir en tres pueblos. Según le refirieron a Belt, el hijo mayor en “ese entonces, pasaba casi todo su tiempo en una hacienda pequeña, a una legua de distancia, donde cultivaba caña y maíz y destilaba el alcohol”.^{^[395]}

La destilación cesó puesto que el gobierno en la década del setenta, otorgaba los contratos de suministros a fabricantes y comerciantes de fuera del departamento.

“Estos contratos siempre recaen sobre políticos que apoyan al partido del gobierno; sin embargo existen destilatorios privados que operan ilegalmente escondidos en las montañas; por lo general se establecen entre la espesa selva, cerca de una pequeña quebrada, junto a un matorral cercano donde el contrabandista busca refugio cuando los agentes del gobierno se aproximan”.^{^[396]}

Belt que había presenciado en una oportunidad este tipo de destilación, la describía así:

“El aparato era muy simple; consistía de dos ollas de barro, de fabricación nativa, una encima de la otra. A la de arriba se le había quitado el fondo y estaba pegada con barro a la inferior. Esta, con licor fermentado, estaba al fuego. El alcohol se condensaba sobre el fondo plano de un plato de estaño que cubría la olla de encima, y sobre el cual caía agua fría; las gotas destilaban sobre una tablita inclinada hacia un largo tubo de madera que las conducía directamente a las botellas”.^{^[397]}

A pesar del cese de la destilación oficial, se mantenía la clandestina. Al iniciarse la década del setenta, la siembra de caña estaba extendida en el departamento, solventaba el consumo interno de dulce y suministraba la materia prima para la destilación de aguardiente, legal o clandestinamente según las disposiciones gubernamentales.

DE LOS PASTOS NATURALES A LA HACIENDA GANADERA. 1860-1878

La ganadería durante la primera mitad del siglo XIX consistía principalmente en pequeños hatos pastando libremente en llanos y sabanas cercanos a los pueblos. Muchos de sus habitantes poseían uno o dos animales para su consumo familiar y en el mejor de los casos para un comercio muy reducido de carne y quesos.

Durante los últimos años de la colonia, la ganadería había tenido su mayor desarrollo en los alrededores de Matagalpa, Terrabona, Esquipulas, Muy Muy y Jinotega, en su mayoría sin llegar a constituir explotaciones estables, justamente por la situación de permanente conflicto de la zona. Las propiedades ganaderas más importantes y estables parecían ser las de cofradías, ubicadas en las cercanías de Muy Muy y Jinotega.

En las décadas que siguieron a la independencia, el hato ganadero de la región creció en número, quizás por las dificultades de comercialización con el pacífico a causa de las guerras civiles, pero también seguramente influido por la relativa estabilidad que los tiempos trajeron a la zona de frontera, permitiendo el acceso a grandes extensiones de pastos naturales anteriormente no utilizados.

El crecimiento del hato era suficiente para el consumo local de carne y quesos, para suministrar el sebo para la elaboración de jabón. La matanza de ganado para consumo se realizaba en los pueblos y lugares aledaños.

En 1849, la cantidad de ganado en la vecindad de Matagalpa llamó la atención de la municipalidad: el plan de arbitrios fijaba un impuesto por la tenencia y destace de ganado dentro del pueblo, aunque todavía en ese año Matagalpa no contaba con un rastro público.^{^[398]}

La comercialización de ganado con la región del Pacífico no parece haber sido particularmente importante, al menos hasta el fin de la guerra nacional. Posteriormente las zonas ganaderas establecieron vínculos comerciales más estables con compradores en la región del Pacífico en tal magnitud que el gobierno se vio estimulado para realizar los primeros intentos serios para obtener ingresos por ese rubro en el departamento. Pero, los impuestos acarreaban como consecuencia el incremento de la actividad comercial ilegal y una disminución de los ingresos. En septiembre de 1860 el gobierno se vio obligado a rebajar un impuesto recientemente aprobado, reconociendo que esa era la “causa por qué no se destaza ganado en los mas de los pueblos del Departamento de Matagalpa”.^{^[399]}

ZONAS DE DESARROLLO GANADERO

A finales de la década del sesenta había ya tres grandes zonas de desarrollo ganadero que poseían afinidad o similitud en cuanto a la magnitud de la producción, tipos de explotaciones y estructura de propiedad. Por un lado, Terrabona, Esquipulas, San Dionisio, Matagalpa y San Ramón; por otro lado, la zona de Muy Muy y Olama y finalmente Jinotega, San Rafael del Norte y La Concordia.

El censo agropecuario realizado en 1867 fue levantado principalmente en Metapa y Terrabona, habiéndose obtenido el resto de datos por referencias de segunda mano. Los resultados que nos interesan, son únicamente representativos para Terrabona, pero de gran utilidad para analizar la cantidad de ganado y la estratificación de la propiedad ganadera en una zona de desarrollo tradicional de ese rubro.

De acuerdo a la información arrojada por el censo, prácticamente todas las propiedades mezclaban la crianza de ganado vacuno con la de caballos, asnos y mulas, de gran demanda por ser utilizadas para el transporte, único posible en los caminos de la región, por lo que debe haber significado un rubro productivo que generaba un ingreso económico de consideración para los propietarios. Además, en cada finca se cultivaban maíz y frijoles para la alimentación de los trabajadores.

Los cuadros siguientes resumen la situación de las fincas según la cantidad de cabezas de ganado que poseían y puede contribuir a conocer las características de la ganadería, al menos en las zonas censadas.

Tabla 19 GANADO VACUNO. Terrabona, Esquipulas, San Dionisio y San Ramón. 1867

Cabezas de ganado	Fincas	Total de cabezas por rango	Porcentaje
0-25	3	70	3.9
26-50	12	474	26.44
51-75	3	180	10.04
76-100	3	290	16.17
101-125	0	–	0
126-150	1	150	8.38
151-200	0	–	0
201-399	1	229	12.77
400-más	1	400	22.3
TOTAL	24	1,793	100

HACIENDAS GANADERAS, 1867.^{^[400]} Terrabona, Esquipulas, San Dionisio y San Ramón

Propietario	Ganado vacuno Número	Ganado caballar Número	Lugar
Terrabona
Manuel Alvarado	400	172	San José
Manuel Alvarado y Gabriel Soza	25	18	Montegrande
Manuel Alvarado y Rito Soza	29	6	Rancho
Antonio Valle	150	18	Tempisque
Cipriano Valle	100	10	Tempisque
Simón Valle	40	4	Tempisque
Pedro Orozco	60	7	Tempisque
P.M. González	40	5	San Juanillo
J. y Juan Téllez	40	3	San Juanillo
Prudencio Luque	20	40	Apatud
Leandro Martínez	30	8	Apatud
Antonio Toruño	50	10	Potrero
José Urrutia	40	10	Potrero
José María Aguinada	50	2	Terrabona
Secundino Pérez	60	30	Terrabona
Esteban Cordero	90	8	Cedro
Agustín Escobar	40	8	Montaña
Santiago Martínez	35	10	Montaña
Andrés López	25	7	San Pedro
Pío Pérez	40	50	Rincón
Esquipulas
Jesús López	229	31	La Picota
Manuel Urbina	60	11	Ispanguial
San Dionisio
Maximino Avilez	40		Rosario
San Ramón
José Antonio Guerrero	100	25	Buenavista
TOTAL	1793	493

En Matagalpa, Terrabona, San Dionisio y Esquipulas la ganadería, hasta 1867, no compartía las mismas características de la propiedad ganadera que en otras partes del país. La mayor parte de la zona tenía una ocupación alta de la tierra desde la época colonial, las unidades de explotación ganadera eran en general más numerosas y mucho menores. Según la información del censo, en esa zona, el 91.67% de los propietarios poseía menos de ciento cincuenta cabezas de ganado, solamente un 8.33% era dueño de hatos de entre ciento cincuenta y cuatrocientas cabezas. No había ninguna finca con más de cuatrocientas cabezas de ganado.

La producción total no se encontraba tan fuertemente concentrada en las grandes haciendas como en el resto del país. El 40.38% del total de cabezas de ganado estaba concentrado en las propiedades con menos de setenta y seis cabezas de ganado; el 24.55% en las que poseían entre 76-150 cabezas y el 35.07% en las propiedades con más de ciento cincuenta cabezas de ganado.

Para tener algún criterio de comparación vale la pena analizar algunos datos de otras zonas del país. En el mismo censo de 1867, la información para San Sebastián de Acoyapa y San Miguelito del departamento de Chontales, dio como resultado que el 41% de las haciendas poseía más de 380 cabezas de ganado. Poco más del 13% del total, poseía más de 1,200 cabezas.

En el mismo período en Chinandega y León, las grandes haciendas concentraban la mayor parte del hato y las pequeñas explotaciones ganaderas no solamente eran menores en proporción, sino también más reducidas en número que en la región estudiada. Adicionalmente, la hacienda ganadera de mayor tamaño en la muestra de Terrabona distaba mucho de ser considerada como tal en relación al resto de grandes haciendas ganaderas del resto del país.

Thomas Belt, en 1872, en las cercanías de Esquipulas, poco después de cruzar el Río Grande, encontró ganado en el que “se ponía un poco de cuidado en su crianza más de lo que se acostumbra en Nicaragua”.^{^[401]} En Matagalpa y San Ramón, la población ganadera aunque parecía ser importante se encontraba distribuida en pequeñas posesiones, potreros en las cercanías de los pueblos y en pequeñas cantidades en manos de muchos propietarios.

Para Muy Muy y Olama, en el mismo período se carece de datos, pero, la información disponible ayuda a comprender que ésta era una zona de expansión ganadera por la amplia disponibilidad de tierras llanas y pastizales naturales propias para el desarrollo de la actividad. Esta zona pudo comenzar a ser más utilizada una vez que fueron cesando las hostilidades en la antigua frontera colonial y se establecieron relaciones comerciales bastante fluidas entre las poblaciones de la costa caribe y la de estas zonas.

Para los primeros años de la década del setenta, Thomas Belt, nos proporciona información interesante. En Olama encontró sabanas y …

“…un precioso valle, bien empastado y con hatos de buen ganado, caballos y mulas. El pasto bien segado, parecía un campo de pastoreo de mi tierra”^{^[402]}

“Estos llanos se extienden por varias millas a la redonda de la hacienda de ganado de Olama..”.^{^[403]}

Cerca de Muy Muy encontró tierras fértiles pero incultas en su mayoría, “zacatosas sabanas donde pastaba gran cantidad de ganado”.^{^[404]} La impresión de Belt sería más amplia:

“El lugar entero presentaba el más deprimente aspecto de pobreza y abandono. Le pregunté a un vecino en qué trabaja la gente de por allí: “En nada, en nada, señor”, me respondió. Sin embargo, algunos tienen ganado y los que nada poseen les ayudan; con eso obtienen lo suficiente para vivir”.^{^[405]}

Belt encontró a un comprador de ganado procedente de León que se encontraba en esos días realizando su actividad comercial en Olama.^{^[406]}

En Muy Muy y Olama las propiedades ganaderas eran de mayor tamaño y se encontraban los hatos más grandes del departamento. Gran parte de la tierra apta para pastizales era propiedad de la parcialidad de Muy Muy, la que durante años había permitido el uso de sus pastos por algunos ladinos ganaderos. Dos ex-prefectos del departamento habían tenido propiedades ganaderas en esa zona, Perfecto Altamirano poseía una hacienda de ganado “de asta y casco” conocida con el nombre de Maizama, en la misma jurisdicción.^{^[407]} Francisco Amador, prefecto en 1868, poseía otra hacienda en la jurisdicción de Muy Muy.^{^[408]}

En 1870, Amador reclamó al gobierno el pago de “las exacciones que sufrió por las autoridades constitucionales del año de 1869” en la hacienda de Muy Muy. El gobierno aceptó el reclamo rebajándolo a dos terceras partes del monto demandado, lo que dio como resultado el reconocimiento de una deuda a pagarse por el gobierno por un total de ciento cuarenta y ocho cabezas de ganado, ocho caballos y cuatro fanegas de maíz”, valoradas en la cantidad de mil doscientos noventa y nueve pesos, veinte centavos.

Para Jinotega, San Rafael del Norte y La Concordia, también se carecen de datos precisos sobre las propiedades ganaderas. De nuevo el relato de Belt contribuye a formarse una idea de cómo andaban las cosas en Jinotega:

“…los pastos abundan y dos millas abajo del pueblo, el valle desemboca en anchos “campos” cubiertos de grama, donde se crían caballos, ganado y mulas en gran número”.^{^[409]}

Buenos pastizales encontraría también en el valle de Apanás y cerca de San Rafael del Norte.^{^[410]}

Jinotega, San Rafael del Norte y La Concordia eran zonas donde la ganadería tenía un impulso importante en los años sesenta y en particular en la década del setenta.

La ocupación de valles y sabanas para los pastizales, el establecimiento de un número regular de “haciendas”, dio lugar a que se fueran configurando como zonas predominantemente ganaderas San Rafael del Norte y La Concordia, Muy Muy y Olama, a la par que se consolidaban las ubicadas al suroeste de Matagalpa, en Terrabona, Esquipulas y San Dionisio.

Población ganadera

La población ganadera del departamento, durante el período, no se conoce con precisión. Con la información de que disponemos es posible calcularla con cierta aproximación, partiendo del censo realizado en 1867 y cuyos datos son más precisos para Terrabona.

Espinoza, el agente de agricultura, especificó en su informe que a los datos presentados había que incluir adicionalmente unas quinientas reses y cien caballos y mulas que estaban distribuidos en otras fincas, de diverso tamaño, donde no pudo recoger la información. El total de cabezas de ganado reportadas en el censo, para todas las localidades, incluyendo Metapa, fue de 8,541. Para esta cifra, las omisiones reportadas representaban un 6%, aproximadamente. Probablemente la omisión sea aún mayor por la falta de datos de posesiones de una o dos cabezas de ganado o más aún si tomamos en cuenta el temor que un censo de esta naturaleza podía despertar en un sector habituado a ser blanco de los impuestos y el control gubernamental.

En realidad, la mayor parte de estos censos eran realizados con fines fiscales, lo que no era un auxilio para los encargados de levantar la información, sino por el contrario un estímulo para su ocultamiento por parte de los propietarios. La ganadería era fuente de recursos fiscales ordinarios y también extraordinarios para sufragar gastos militares, y como una manera de ejecutar venganzas políticas.

En 1869 en una combinación de ambos fines, el gobierno decretó un impuesto de cien centavos por derechos de destace en los departamentos de Matagalpa y Jinotega, dejando para los demás departamentos un monto de cincuenta centavos. El decreto suspendió las concesiones hechas anteriormente a Matagalpa y Jinotega en materia de destace, “mientras duren las circunstancias antes enunciadas” que no eran más que el desarrollo de acciones armadas y la contribución de algunos círculos políticos de los pueblos a la revuelta encabezada por Tomás Martínez y Máximo Jerez contra el gobierno.^{^[411]}

En Terrabona la cantidad de ganado censada fue de 1,364. Si le agregamos las posibles omisiones nos da un total de 1,445 cabezas de ganado. Si estimamos que en Esquipulas, San Dionisio, Muy Muy, Olama, San Rafael del Norte, La Concordia, Jinotega, Matagalpa y San Ramón, la cantidad de ganado era, en cada una, al menos igual a la de Terrabona tendremos un total adicional de 13,005 cabezas. De acuerdo a este cálculo, el hato mínimo estimado para el departamento en 1867, sería de 14,450 cabezas de ganado.

Una mejor visión de lo que significaría pueden darnos los datos del censo a que hemos aludido que también se realizó en otros lugares del país. La población ganadera censada de San Pedro de Metapa eran 6,788 cabezas. El total de la población ganadera de San Sebastián de Acoyapa y San Miguelito era de 83,955 cabezas,^{^[412]} mientras que el total de ganado reportado para el departamento de León era de 70,730 cabezas.^{^[413]}

Evidentemente, el hato ganadero en el departamento era mucho menor que el existente en otros departamentos del país y el régimen de propiedad era distinto.

En el departamento el régimen de propiedad era variable según las zonas. Mientras en Matagalpa y San Ramón eran dominantes las pequeñas posesiones ganaderas de una a veinte cabezas; en San Dionisio, Terrabona y Esquipulas las fincas ganaderas tenían mayor tamaño y especialización, predominando siempre los productores de hasta 150 cabezas. En Olama y Muy Muy se fue conformando un latifundio ganadero. En Jinotega, San Rafael del Norte y La Concordia la ganadería se estructuró más bien en fincas medianas.

A lo largo del período, las explotaciones ganaderas fueron cambiando su naturaleza. Los pequeños hatos se continuaron desarrollando, pero se formaron grandes hatos que requerían posesión estable de tierras y cuya finalidad sobrepasaba la simple subsistencia, el consumo familiar o solamente local y aspiraba a participar de una más amplia comercialización dentro y fuera del departamento.

A principios de los setenta, la ganadería, por su facilidad natural para salvar la carencia de vías de comunicación y transporte adecuado, era el producto de más fácil comercialización con la región del Pacífico, principalmente con Granada y León.^{^[414]} A estos mercados, la región suministraba ganado en pie, cueros y quesos.

El crecimiento del hato y la relativamente mayor accesibilidad a un mercado más grande que el de la región, motivó sin duda la aceleración de los cambios cualitativos de impacto en la actividad ganadera. El desarrollo de explotaciones estables tuvo, en esta etapa, dos importantes consecuencias: el inicio de la demanda de tierras que ya fue explicado en el capítulo anterior y la introducción del cultivo de pastos propios y de mejor calidad en las unidades productivas.

Hasta la década de los sesenta está reportado ampliamente el uso de pastos naturales en todas las zonas de desarrollo ganadero, independientemente del tamaño de las propiedades y la cantidad de ganado pastando que tuviesen. En la década del setenta se inició la introducción de pastos cultivados. En 1872, Thomas Belt dice haber visto zacate pará en un potrero cerca del pueblo de Matagalpa que también se utilizaba para el cuidado y alimentación de mulas. Según Levy, el zacate pará era el más usado en esos años y junto al llamado zacate de guinea habían sido introducidos al país hacía “pocos años”.^{^[415]}

A pesar de la evolución de la ganadería y su importancia comercial con la región del Pacífico, no se constituyó en un producto que estimulara mayor articulación. A ese nivel de desarrollo no requería grandes volúmenes de capital, mano de obra o tecnología. Además, su comercialización no demandaba la construcción de caminos y carreteras, ni mejores medios de transporte y comunicaciones. Pero, la ganadería, como se analizará más adelante, se constituyó en un eje de acumulación de capital de importancia en el departamento.

4. Los primeros estímulos del mercado externo: el palo de brasil

Si los pueblos y aún los llanos de la región tenían condiciones de aislamiento, los bosques de las cordilleras Dariense e Isabelia eran naturalmente menos accesibles para su exploración y más aún para su explotación, lo que influyó en que permanecieron prácticamente vírgenes hasta bien entrado el siglo. Aún en los bosques más inmediatos a los pueblos, ubicados en la falda occidental de la cordillera Dariense, sólo una mínima cantidad de las especies existentes era conocida.

Los relatos de quienes por una u otra razón pudieron adentrarse en la región son ilustrativos de la situación.

En 1864, el coronel Manuel Gross, al describir el trayecto de Pantasma a su encuentro con el Río Coco, en el paso de Santa Cruz, refirió haber visto grandes zonas boscosas completamente inexplotadas:

“…toda clase de maderas en abundancia verdaderamente admirable: el majestuoso cedro, el caoba, el empinado liquidámbar, y muchos más”

“…nada me sorprendió tanto como el haber encontrado al salir de la montaña el roble, (life oak) orgullo del Gobierno de los Estados Unidos que prohibió su exportación de la Florida por ser este el mejor para la construcción de los buques de guerra”^{^[416]}

Gross se motivaría para realizar una denuncia de 10 caballerías de tierra en esa zona con el objetivo de iniciar una explotación maderera.

Thomas Belt que recorrió parte del departamento en 1872, describió ampliamente los bosques de pinos que vio en la ruta entre Matagalpa, Jinotega, San Rafael del Norte y Darailí. Los pinares y robledales a menudo cubiertos de “colgantes festones, con aspecto de musgos grises”, de hasta seis pies de largo, cubrían las montañas y los picos de la cordillera:

“No crecían matorrales debajo de los pinares, que se erguían separados por intervalos irregulares, sin apoyarse unos sobre otros, como los árboles de la selva atlántica”.

“Abajo, en lugar de palmas enanas, heliconias de grandes hojas o curiosas melastomáceas, el terreno estaba despejado. Solo el manto café de las agujas de los pinos lo cubría todo”.^{^[417]}

En esta etapa, la única explotación de bosques conocida fue la del llamado palo de brasil durante los años treinta y cuarenta. Este era un rubro importante del comercio exterior nicaragüense en las décadas que siguieron a la independencia. Sébaco, ubicado en un sitio relativamente accesible para sacar la carga por el puerto del Realejo, poseía gran cantidad de esta especie.

La explotación parece haber iniciado en la década del treinta, pues ya en 1832, Miguel, Salvador y José Guerrero y Serapio Díaz, solicitaban al gobierno les otorgara una concesión para abrir un camino desde León al pueblo de Sébaco para facilitar el transporte de la madera de brasil, autorizándolos a cobrar un derecho de pase a los carruajes cargados de brasil que transitaran la ruta. La solicitud les fue concedida por un plazo de quince años. El gobierno se reservaba la potestad de señalar la cantidad a cobrarse por carruaje.^{^[418]}

Thomas Manning, cónsul británico en Nicaragua, activo comerciante importador y exportador, interesado en la explotación de brasiles, firmó un contrato en la década del cuarenta con los alcaldes del Común de indígenas que le permitió extraer importantes cantidades de dicha madera a cambio de “tres campanas inutilizadas”, las que finalmente nunca llegaron al pueblo.^{^[419]} No he tenido a mano datos adicionales o cifras que indiquen la magnitud de esa explotación, pero la solicitud de construcción del camino y la intervención de la Casa Manning son indicadores de que fue efectivamente relevante.

Notas al Capítulo V

PRODUCIENDO PARA EL COMERCIO

La extensión de los cultivos, el crecimiento y cambio de naturaleza de la ganadería, el escaso, aunque creciente intercambio con la región del Pacífico y con la costa oriental, constituyeron los fenómenos dominantes en la vida económica de la región de Matagalpa y Jinotega hasta bien avanzado el siglo. Los vínculos con el mercado externo en ese período fueron reducidos y episódicos, no resultando de ellos alteraciones substanciales en la evolución de la región.

Los primeros estímulos del mercado externo que se hicieron sentir en el departamento, no estaban relacionados a la agricultura o la ganadería, sino al aprovechamiento de los recursos naturales. En la primera mitad del siglo había sido la extracción del palo de brasil y desde mediados del siglo la explotación de recursos minerales. Hasta más tarde se incluiría la agricultura a través de las plantaciones de añil y cacao para la exportación.

Ninguno de los rubros prosperó mayormente durante esos años. En el caso del palo del brasil, como vimos antes, se trató de un período relativamente corto de explotación, cuyo resultado en cuanto a destrucción del bosque, estuvo limitado a la zona de Sébaco. El palo de brasil concluyó su ciclo de demanda probablemente por agotamiento de las reservas fácilmente explotables.

Por su parte, el añil y el cacao, cultivos propios de la estructura de producción colonial, vivieron un momento de actividad renovada en las décadas del sesenta y setenta, respondiendo a los buenos precios del mercado internacional, una reacción de la demanda mundial de estos productos que tampoco habría de sostenerse durante mucho tiempo. En el departamento se tradujo en un rápido momento de optimismo exportador compartido con la región del Pacífico. La producción de cacao nunca fue más que un tímido intento y dejó poco, pero las plantaciones de añil introdujeron una organización de plantación y pusieron de manifiesto las tensiones de una demanda más intensiva de mano de obra para un cultivo.

En la minería, durante la década del cincuenta se realizaron algunas explotaciones que duraron un corto período, pero fue hasta mediados de la siguiente década y durante los setenta en que se realizó un dificultoso arranque de lo que sería la aventura minera del siglo XIX en la región. Esta fue la experiencia productiva más importante del período que de alguna manera introdujo una dinámica mayor en la actividad económica del departamento.

Mientras tanto, la agricultura y la ganadería continuaban expandiéndose, incorporando mayor cantidad de tierra. La agricultura seguía diversificándose y se establecieron plantaciones en mayor escala, a la par que aumentaba la comercialización interna de los productos agrícolas y un mayor intercambio con otras regiones del país. A finales de la década del setenta, la introducción del cultivo de café elevó la demanda de tierras y activó el conflicto entre los indígenas y los grupos hegemónicos.

La actividad económica a mediados de los ochenta era más intensa. Una estadística oficial publicada por el gobierno para 1884, aún con sus imprecisiones, puede contribuir a darnos un vistazo de lo que sucedía en el departamento.

El departamento de Matagalpa, en relación al pacífico y resto de la región central, aparecía como el menos dotado en profesiones y oficios. Aún a pesar de que, en general, este censo evidencia problemas en la calificación de las ocupaciones, si era bastante claro que, para ese año, el nivel de especialización del trabajo en la región era menor que en la región del Pacífico.

El departamento presentaba el segundo lugar en el número de agricultores del país, para un total de 3,510. Chontales ocupaba el primer lugar.^{^[420]} Extrañamente, no se reportaba ningún hacendado de ganado, ni el censo establecía precisión adicional que pudiese ilustrar ese déficit.

Ciertamente, en el departamento había una gran cantidad de unidades productivas, la mayoría eran pequeñas explotaciones que incluían diversas actividades agrícolas y ganaderas. Pero, también es cierto que al momento del censo, la ganadería se había desarrollado en posesiones estables y en muchos casos en haciendas cuya actividad central era esa, de lo que puede deducirse fácilmente que el censo seguramente incluyó en la categoría de agricultor, también a los ganaderos.

La ganadería había dado lugar a la especialización de determinados oficios como el de destazador o sabaneros, los que no aparecen registrados en el censo para Matagalpa, como en otras regiones. Estos trabajadores de las fincas ganaderas estaban probablemente incluidos entre los 4,022 jornaleros reportados para el departamento. Esta cifra de trabajadores era mayor que la de cualquier otro departamento del país.

Curiosamente, para 1884 la estadística citada señala para Matagalpa y Jinotega la mayor cantidad de comerciantes del país, un total de 342.^{^[421]} En los oficios artesanales, aparecían censados 40 carpinteros, 89 albañiles, 43 sastres, 39 zapateros y 21 herreros.

La estadística mostraba, además, 3 abogados, 18 amanuenses y 31 músicos. La cantidad de músicos es llamativa e inexplicable. No se registró ningún médico, aunque se conoce que al menos había tres. No fueron reportados agrimensores, dependientes, impresores, telegrafistas, boticarios, polvoristas, buhoneros o carreteros, todos oficios más o menos comunes en los restantes departamentos.^{^[422]} Seguramente algunos no existían en el departamento y otros probablemente quedaron incluidos dentro de las categorías restantes o simplemente dejados fuera.

En las llamadas profesiones y oficios de mujeres, se reportaban 379 costureras, 509 panaderas, 570 hilanderas, 264 lavanderas, 209 aplanchadoras, 616 cocineras y 2,399 mujeres en oficios domésticos. Llama la atención la cantidad de panaderas que representa prácticamente el 68% del total nacional. Tal vez el hecho de que se producía harina en varios lugares del departamento estimulaba la elaboración y consumo de pan. La cantidad de hilanderas representaba el 80.5% del total nacional. Esta cifra podría explicarse por qué se registraron como tales a mujeres indígenas que efectivamente hilaban y confeccionaban sus telas y ropa. El resto de oficios aparece, a mi juicio, algo exagerado. Datos como el de panaderas, costureras, cocineras, aplanchadoras, lavanderas y de oficios domésticos reflejan el tipo de trabajos comunes que realizaban habitualmente las mujeres, sin que necesariamente mediara salario alguno.

Los datos de profesiones y oficios en general seguramente reflejaban el número de personas habilitadas para realizar esos trabajos y no de quienes vivían de ejercer como tales.

No se reportan pulperas, comerciantas, agricultoras, modistas, jaboneras, petateras, dulceras, molenderas, alfareras y vivanderas.^{^[423]} Es posible que la actividad comercial estuviera “oficialmente” a cargo de hombres o que simplemente el censo no las haya incluido. Para esos años hay suficientes datos ilustrativos de que había propietarias de fincas y prestamistas. Lorenza Bonilla, prestamista, era propietaria de un potrero y tres huertas, en 1885.^{^[424]} Petrona Castro, en 1883, tenía posesión de unas tierras en la Cañada El Molino;^{^[425]} Máxima Gadea poseía una huerta en Susule en 1883.^{^[426]} Filomena Vega, en su calidad de “hacendada” solicitó en 1886, título supletorio de tres haciendas, Rancherías, El Camarón y Las Maderas ubicadas en la jurisdicción de Muy Muy.^{^[427]}

A mediados de la década del ochenta ya se percibían importantes cambios en la situación del departamento, en el régimen de tierras, las inversiones, el movimiento de capital, la introducción de nueva tecnología, la intensificación de los cultivos, la introducción del café, el crecimiento de la producción comercializable para la exportación y una mayor articulación con la región del Pacífico.

EL FRACASO DEL AÑIL

El añil, según la información disponible, fue el primer cultivo en el departamento, con fines de comercialización para la exportación. Su producción no demandaba inversiones de largo plazo, tecnológicamente era bastante rudimentario y la única tensión podía devenir de la falta de mano de obra sobre todo en el período de cosecha.

No ha sido posible precisar cuándo se iniciaron las plantaciones añileras, es de suponer que lo hiciesen a mediados de la década del sesenta como parte del resurgimiento de la producción añilera nacional. En 1867 se registraron las exportaciones nacionales más importantes del período, sólo superadas por las de 1871.^{^[428]} En el censo realizado en el 67 en Metapa, Terrabona, Esquipulas, San Dionisio, Muy Muy y San Jerónimo se colectó alguna información sobre la producción en el departamento.^{^[429]}

En Terrabona y en Metapa, de acuerdo al censo, había una actividad añilera considerable. Los datos que arrojó el censo se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 20 PRODUCCION DE AÑIL, 1867. Departamento de Matagalpa

Propietario	Área cultivada (mz)	Cantidad de obrajes	Número de trabajadores	Lugar
Manuel Alvarado, Cacio Sandino	30	1	16	Pital
Manuel Alvarado, Rito Soza	50	1	22	Rancho
Manuel Alvarado, Gabriel Soza	40	1	18	Monte Grande
Manuel Alvarado	110	2	36	San José
Andrés López	30	1	2	San Pedro
Esteban Cordero	25	1	12	Cedro
Darío Samper	20	1	7	Paloma
Espiridión Díaz	20	1	7	San Antonio
TOTAL	325	9	120

La producción había sido organizada en haciendas anteriormente destinadas únicamente a la ganadería. En el período del levantamiento de información, en las mismas fincas había una cantidad considerable de ganado vacuno, caballos y mulas, también se producía maíz, seguramente destinado a la alimentación de los trabajadores, cuya cantidad era considerable, a pesar de ser el período del año de menor intensidad en los requerimientos de mano de obra.

El setenta por ciento del área de plantaciones estaba en manos de Manuel Alvarado y sus socios. El treinta y tres por ciento del total del área cultivada le pertenecía exclusivamente.

El recuento del gobierno no fue completo. Parece ser que hacia el norte del pueblo de Terrabona también hubo plantaciones de añil y obrajes instalados. La importancia del rubro se reflejó en el plan de arbitrios de la Dirección de Estudios de Matagalpa que en 1869 fijaba un derecho por la producción de añil obtenida en cada hacienda que contara con un obraje.^{^[430]}

En su recorrido de 1872, Thomas Belt encontró en un valle ubicado en la ruta de Matagalpa a Terrabona, una pequeña plantación de añil. En muchos lugares habían, en total abandono, cubas usadas para extraer el colorante de la planta,^{^[431]} que denotaban la anterior existencia de mayores plantaciones y obrajes añileros. Posiblemente ya para inicios de los setenta las plantaciones principales habían sido cerradas.

La tensión de capital para las inversiones iniciales y para cubrir los costos de producción no parecen haber sido la razón. Alvarado era un ganadero importante y como político había ocupado diversos cargos, lo que le facilitaba obtener recursos si él no podía cubrirlos personalmente. Contaba con los medios de transporte y la distancia hacia Granada o Managua no era particularmente grande y problemática.

Es más probable que la causa del cese de la producción y el posterior abandono de las plantaciones estuviera en la poca disponibilidad de mano de obra en la zona. Los ladinos en la zona por lo general tenían sus explotaciones agrícolas o pequeños hatos de ganado y la población indígena cubría sus necesidades de subsistencia con la producción de granos y otros alimentos.

La Gaceta, en los años 70 y 71, publicó varios reportes de la producción añilera del país no mencionando la de Terrabona. En el setenta, el cronista se quejaba de la inexperiencia de los productores, los requerimientos altos de capital y los malos precios.^{^[432]} Al año siguiente, específicamente para Rivas, se anunciaba una mala cosecha de añil por la plaga de langosta y por falta de peones.

No se ha encontrado en ningún reporte posterior más datos sobre el añil en la región, excepto una nota de 1883 que consignaba los bienes enumerados por Rito Sosa en su testamento que incluía unos campos de añil y dos obrajes en la jurisdicción del pueblo de Terrabona.^{^[433]}

EL DESPERTAR MINERO, 1866-1883

La riqueza mineral de la región fue objeto de numerosas crónicas desde los primeros años de la conquista. Noticias sobre la existencia de reservas minerales de oro, plata y plomo habían sido constantemente repetidas multiplicando las expectativas de explotación de esos recursos.

Las primeras explotaciones mineras se produjeron en los primeros cinco años de la década de los cincuenta. En 1851, Julius Froebel conoció en León a Nazario Escoto, propietario de tierras, quien le mostró evidencias de la existencia de ricas minas de oro en “tierras del norte de Matagalpa”, parte según decía de una “extensa zona minera que va desde las fuentes del Río Escondido cogiendo por el norte hasta la cuenca de la parte superior del río Patuca o Guayape, en Honduras.”^{^[434]} Según sus fuentes, en Chontales y Matagalpa era posible encontrar ópalo.^{^[435]}

En el llano de Ocalca hasta 1851 estuvo en explotación una mina de plata perteneciente a una sociedad compuesta por Liberato Abarca, Paz Ponce, Francisco Pérez, Evaristo Quiñónez y Apolonio Alvarenga.^{^[436]}

Unos años más tarde, Carl von Scherzer, viajero alemán que recorrió parte del país en 1854, reportó que las minas de oro y plata en Matagalpa se encontraban en explotación. La producción, estimada para el año de 1853 era de 21,600 dólares y se comercializaba en Granada, pagada con diversas mercancías. La casa Manning realizaba las exportaciones.^{^[437]}

La actividad minera parece haberse prolongado hasta la primera mitad de la década del sesenta en que ya las minas principales estaban cerradas. En 1867, La Leonesa se reportó como “abandonada hace más de un año”, además había “dos ingenios arruinados, dos sacas de agua, dos casas pajizas muy maltratadas”.^{^[438]} En ese mismo año, la mina de oro conocida como El Llano fue reportada como “abandonada hace más de doce años”.^{^[439]} Aún con esas informaciones, grupos de inversionistas ingleses y norteamericanos mantenían su interés en iniciar en corto plazo nuevas explotaciones.

Un prospecto publicado por la Compañía Anónima Centroamericana, formada en Londres y uno de cuyos directores era el Capitán Bedford Pim, director de la compañía minera de Chontales, convocaba a inversionistas ingleses para invertir capitales en Centroamérica “para adquirir propiedades de varias descripciones, lo que puede hacerse comparativamente con muy pequeño gasto”.^{^[440]}

La oferta incluía como una de sus novedades, las minas del Limón y Matagalpa. El Dr. Berthold Seemann y el Capitán Holman, un ingeniero de minas, fueron contratados para evaluar sus posibilidades,^{^[441]} lo que realizaron en ese mismo año de 1866, concluyendo que la explotación de esos minerales no era viable económicamente por ser las vetas poco profundas.^{^[442]}

No obstante, la valoración de los técnicos enviados por la compañía de Pim, al año siguiente, se publicaron por primera vez en la Gaceta de Nicaragua dos denuncias de minerales en las cercanías de San Ramón, ambas realizadas por Enrique Greer, norteamericano que para entonces residía en Matagalpa, en su nombre y el de una empresa llamada Compañía de Minas de Monte Grande, con sede en Cincinatti, Ohio, de la que era socio.

En un caso, se trataba de la La Leonesa, “hacienda mineral” que incluía tres minas de oro conocidas como La Leonesa, La Concordia y El Ojoche, la maquinaria y algunas construcciones que estaban en deficientes condiciones.^{^[443]} Al sur se encontraba la veta mineral llamada Monte Grande. La otra denuncia de Greer era sobre una mina llamada El Llano, colindante al oriente con la mina El Ocote y al norte con la mina La Lionza.^{^[444]}

Según Levy, los yacimientos de minerales útiles eran abundantes en los departamentos de Segovia, Matagalpa y Chontales, “en la parte superior del plan inclinado que forma el declive oriental de la cordillera”^{^[445]} Afirmó conocer que en las cercanías de San Ramón habían muchas vetas aún sin ser explotadas.^{^[446]} En Sébaco afirmaba era conocida la existencia de un importante filón de oro. “En el tiempo de la dominación española, Sébaco regaló al rey de España un “medio” lleno de frutas de tamarindo, imitadas en oro macizo”.^{^[447]}

Levy, ubicó además cerca de Matagalpa y en San Ramón,^{^[448]} la existencia de yacimientos de plomo, hierro y cobre, los que describió como inmensos e inacabables, además de ponderar las facilidades que su extracción tenía.^{^[449]}

Sus impresiones sobre el potencial minero de la región lo indujeron a prever el desarrollo de Matagalpa profundamente asociado a la explotación de las riquezas minerales existentes. Desde su experiencia como europeo, la explotación minera implicaba un nivel de industrialización considerable.

“Cuando se sepa mejor en el mundo que esta región contiene numerosos yacimientos metalíferos, tan abundantes y variados, como preciosos, podrá llegar ella a ser el centro industrial de la República, lo que parece su natural destino, así como la tierra caliente parece destinada a ser su centro agronómico. Este resultado será tanto más fácil de obtener, una vez establecidas buenas comunicaciones, cuanto que los bosques ofrecen a las máquinas un combustible inagotable, al mismo tiempo que los ríos, numerosos y bien encajonados, presentan una fuerza motriz eminentemente fácil de utilizar”.^{^[450]}

En la década del setenta la explotación de los yacimientos minerales de oro y plata se intensificó. La explotación de caleras creció también en este período. Las mayores empresas seguían siendo las constituidas por capital norteamericano, sin que ningún otro capital extranjero tuviera presencia en esa actividad. El resto de minerales era propiedad de personas domiciliadas en el departamento que lo hacían a título individual o bien asociados con otros.

Las gacetas del gobierno no permiten conocer si existían otras minas en explotación sin ser formalmente denunciadas. Es posible que a cada denuncia de minerales nuevos se correspondiera un breve período de exploración y explotación por parte de los futuros denunciantes. Muchas exploraciones se realizaron sin ningún resultado y naturalmente no generaban denuncias. La información disponible muestra que había una importante actividad de localización y exploración de vetas minerales. En el mismo período la fiebre minera había alcanzado los departamentos de Chontales y Nueva Segovia.

La minería por su dinámica, se estaba convirtiendo en un atractivo para fines fiscales. En 1869, el plan de arbitrios de la Dirección de Estudios de Matagalpa incluía una tasa fija de ciento sesenta centavos, a pagarse por cada denuncia de minas de oro, plata, otros metales y cal.^{^[451]}

Las minas de oro La Leonesa, Monte Grande, El Ojoche, Quijano y Ocalca estaban activas en 1870, según reportó Paul Levy en sus Notas Geográficas y Económicas de la República de Nicaragua.^{^[452]}

Entre 1870 y 1877, la explotación minera más importante en Monte Grande, parecía estar activa, aunque diversos conflictos internos por la propiedad de la mina se suscitaran entre sus socios. En 1870, Enrique Greer, puso un aviso notificando a las autoridades que la Compañía no “ha suministrado los gastos ni en todo ni en parte para la conveniente elaboración de dicha mina, desde el mes de julio de 1868”. Greer afirmaba que la Compañía no estaba contribuyendo con los gastos por lo que hacía la denuncia para “afianzar mis derechos.”^{^[453]}

En 1876, la Compañía de Minas de Oro de Monte Grande reportaba estar en pleno proceso de inversión, introduciendo nueva maquinaria y equipo hacia el mineral.^{^[454]} El Presidente de la Compañía E. G. Leonard, falleció en Matagalpa en ese año, lo que abrió un capítulo de nuevos conflictos entre los socios de la empresa.^{^[455]} En 1878 la mina estaba de nuevo abandonada.

La importancia de las minas de Monte Grande las había convertido en centro de todo tipo de discordias por la propiedad de las mismas y su explotación. No solamente dentro de la empresa se manifestaba la presión sobre el control de las minas, sino también desde fuera. En los primeros meses de 1880, Charles Hudson Hunt, abogado norteamericano residente en Matagalpa, denunció por abandono las vetas de Monte Grande, La Leonesa, El Ojoche y además el plantel de beneficiado de La Leonesa.^{^[456]}

Eliseo R. Macy quien alegaba ser representante de la Compañía de Minas de Oro de Monte Grande, se presentó a hacer oposición a las denuncias. Macy no logró demostrar la legalidad de su representación y el prefecto de Matagalpa ordenó entregar las minas^{^[457]} y el plantel^{^[458]} demandados a Hudson con la condición de que la actividad fuera iniciada en un término no mayor de sesenta días. A mediados de ese año, el asunto estaba completamente resuelto. Hudson procedió entonces a denunciar los planteles de La Lima^{^[459]} y La Leonesa Vieja,^{^[460]} los que también le fueron concedidos.

La mina de oro de Ocalca que había pertenecido al presbítero Luis Francisco Pérez y José D. Rivas, fue explorada por Thomas Belt en 1872 quien la encontró abandonada.^{^[461]} Al año siguiente Venancio Pérez, hijo de Francisco Pérez, denunció la mina y el plantel de ingenio abandonados, reclamándola “con carácter de restaurador.”^{^[462]}

Otros dos minerales de oro se encontraban en explotación en 1872 en los alrededores de San Ramón y Matagalpa: El Naranjo y San Pablo respectivamente.^{^[463]} Al sur de la mina La Leonesa y El Ojoche, Enrique Phillips, maquinista inglés, denunció en 1880, una veta de oro a la que llamó San Juan.^{^[464]} En sus cercanías estaba presumiblemente en explotación la mina llamada El Jocote.

Además de las explotaciones de oro y plata en la zona de San Ramón y Matagalpa, se abrieron durante la década del setenta dos nuevas zonas mineras, una para extracción de cal y otra de plata.

Aunque ya el plan de arbitrios de Matagalpa de 1869 incluyera las caleras como fuente de ingresos fiscales, es hasta 1870 que se registró la primera denuncia puesta por Antonio Saenz, de una mina de cal llamada Ojoche, situada al este del Río Waswalí, en la jurisdicción de Matagalpa.^{^[465]} Pero no sería esta la zona de mayor actividad, sino el lugar conocido como La Corneta, ubicado al noroeste del pueblo de Matagalpa, sobre el que se producirían cuatro denuncias en 1873. La Dirección de Estudios del departamento,^{^[466]} Cosme Pineda,^{^[467]} Socorro Morales^{^[468]} y Marcelino Valdivia^{^[469]} eran los propietarios.

La primera denuncia registrada en este período, de una veta de plata fue la que hizo en 1872 Liberato Abarca, en el llano de Ocalca. Se trataba de la misma mina explotada en 1851 y que había sido abandonada. En esta ocasión, Abarca era su único propietario.^{^[470]}

La expectativa de extracción de plata creció en 1875, al reportarse en la Gaceta de Nicaragua, cuatro denuncias de vetas de plata y la solicitud de “un plantel para formar maquinaria” en lugares aledaños al valle y montaña El Zapote y el río de las Vegas, en la jurisdicción de San Rafael del Norte y La Concordia. Los minerales nombrados Virgen del Socorro, San Rafael y otro sin nombre, pertenecían a Ricardo López y Teodoro Donaldo Soza y la veta llamada San Ramón, a Eusebio Chávez.^{^[471]}

En 1880, Florencio Castillo, denunció la mina de plata llamada San José ubicada en los alrededores del Río Agua Fría. En 1883, Emilio Santiago, ingeniero de minas y Alonso Irías, ambos de Corinto, denunciaron dos minerales, uno de plata y otro de plomo, llamados La Esperanza,^{^[472]} ubicados en un sitio aledaño al río de las Vegas, contiguo al mineral llamado La Experiencia o San Juan todas en San Rafael del Norte. Con estas denuncias se cerró la primera etapa de exploración y explotación mineral en esa zona.

Hasta los primeros años de la década del ochenta se habían conformado varias zonas de exploración y explotación mineras: de oro y plata en los alrededores de San Ramón y Matagalpa, especialmente en Monte Grande y Ocalca respectivamente, de plata, en San Rafael del Norte, en la zona del río de las Vegas y del Zapote. Por su lado, la extracción de cal se concentró en La Corneta. No hay evidencias de que la actividad minera haya continuado a lo largo de la década del ochenta. Fue hasta finales de ésta que la minería pareció despertar de nuevo, esta vez con un impulso y condiciones diferentes.

La minería, durante el período, transitó en altos y bajos, sin embargo, muchas vetas fueron exploradas y la explotación de las más grandes constituyó una experiencia productiva y tecnológica importante y de naturaleza completamente distinta a la que se poseía en el departamento, habituado a la dinámica agrícola y ganadera, de tecnología elemental y básicamente volcadas al comercio dentro de la región y apenas un tanto fuera de ella.

Paul Levy describe la tecnología de algunas minas:

“Hay, cerca de Matagalpa por ejemplo, yacimientos de plomo de los cuales se extrae este metal por la simple fusión al aire libre del mineral. Hay también hierro que se puede forjar al salir de la mina. Además de aquellos metales casi puros, se halla el óxido rojo de cobre, el óxido azul y el carbonato verde del mismo. El hierro es muy magnético”.^{^[473]}

“Casi todas están colocadas en puntos donde el combustible no necesita más que el trabajo de ir a cortar la leña, y donde numerosos ríos prestarían su fuerza motriz”.^{^[474]}

También hace una descripción detallada del procedimiento de extracción y beneficiado de oro en las minas de La Libertad:

“El mineral es casi enteramente extraído por medio de la barreta; los obreros en general repugnan el empleo de la pólvora, la que además es monopolizada por el Gobierno y muy cara.”^{^[475]}

“La extracción se hace por medio de pozos, en general poco hondos… La broza se carga en costales de cuero (tanates) provistos de una correa que un hombre se pasa por la frente, cargando el tanate en los hombros y luego trepando hasta el plan por medio de escalones, hechos de un tronco colocado verticalmente, y en que se han practicado entalladuras para poner el pie. Cuando la altura del pozo es considerable, se forman descansillos, uno por cada escala. Ninguna precaución impide a la escala resbalar en el lodo y voltearse, exponiendo el tanatero a ser precipitado en el fondo, con el quintal de broza que tiene en los hombros.”^{^[476]}

“Cuando la broza es demasiado dura, se amontona, mezclándola con leña en una zanja, y se le da fuego para reblandecerla por el cocimiento. Después se conduce a una máquina para molerla”.^{^[477]}

Describe, asimismo, un “ingenio” como la “primitiva batea”:

“En un espacio circular de 3 a 4 varas de diámetro, empedrado imperfectamente de intento y rodeado en parte con una pequeña muralla de madera o mampostería, siendo formada la otra parte del recinto por láminas de cobre agujereadas. En este impavimento, 3 ó 4 grandes piedras están arrastradas por medio de cadenas, fijadas a 2 varas horizontales y transversales, y que una rueda hidráulica pone en movimiento. La rueda es casi siempre horizontal y comunica el movimiento sin transmisión”.^{^[478]}

“Esas máquinas muelen muy imperfectamente y se pierde por lo menos el 25% del metal; además reducen más de 3 toneladas en 24 horas, según la fuerza del agua; durante 3 meses del verano, la sequía les impide funcionar”.^{^[479]}

Es posible asumir que la tecnología utilizada en las zonas mineras del departamento era más o menos parecida, por que según detalló Levy

“Más al Norte no se encuentran sino explotaciones o más imperfectas o abandonadas…”^{^[480]}

Las explotaciones mineras activaron también cierta presión sobre las tierras indígenas. Varias vetas se encontraban en tierras de las comunidades indígenas de Matagalpa, tales como Monte Grande, Ocalca, San Pablo, El Naranjo, El Llano, San Juan y El Ocote, pero no se han encontrado datos sobre conflictos generados por esa causa, al menos en las décadas del sesenta y setenta.

La minería reveló la dificultad de la región para explotaciones que implicaran una mayor articulación con la región del Pacífico y vínculos comerciales estables. Asimismo puso de relieve las dificultades de las vías de comunicación y medios de transporte para lograr el acceso de las exportaciones a los puertos y de los implementos y equipos necesarios hacia la región. Pero, también evidenció las nuevas demandas de capital y la necesidad de adoptar formas de organización empresarial que una actividad económica más intensiva requería. En esta etapa se introdujo por primera vez capital extranjero y las primeras compañías iniciaron sus operaciones en el departamento. La participación de capital local fue escasa.

Según Levy, seguramente refiriéndose siempre a las minas chontaleñas, la mano de obra minera era más fácil de conseguir que para labores agrícolas, puesto que los salarios eran mayores. En esta etapa, en las zonas en que se desarrolló la minería del departamento, la concentración de población indígena era alta. Ningún reporte elaborado por las autoridades departamentales hizo alusión alguna a falta de mano de obra para las explotaciones mineras durante el período.

La minería mantendría períodos de más intensa actividad y otros en los que cesaba casi por completo. En abril de 1884 el prefecto departamental Agustín Duarte hacía un balance de la actividad minera a la fecha:

“Sin haber sido elevada a la categoría de distrito mineral, conforme a la ley, existe una comarca al Oriente de esta ciudad y como a cuatro leguas de distancia, en donde se hallan las minas Montegrande, Leonesa, Ojoche, San Pablo y Ocalca, que han producido mucho oro y que encierran todavía abundantísima riqueza para los que con el capital que exige esta clase de empresas, quieran dedicarse a ellas. En la actualidad no se da un solo barretazo en esas valiosas propiedades”.

“Aunque hay algunos criaderos de hierro y de otras sustancias minerales, hasta ahora no han sido explotadas ni en grande ni en pequeña escala”.^{^[481]}

En 1886, la situación era la misma, el prefecto José Rosa Rizo, informaba que en el mineral de San Ramón, a pesar de que existían planteles formados y en capacidad de operar, se encontraban en abandono y las minas no estaban siendo explotadas. “Se encuentra, pues, este importantísimo ramo que sería aquí inagotable fuente de riqueza, sin producir sus beneficios”.^{^[482]}

Tabla 21 MINERALES ACTIVOS. 1850-1883. Departamento de Matagalpa

Año [1]	Mineral	Metal	Propietario	Ubicación
1851	Ocalca	plata	Paz Ponce, Liberato Abarca, Apolonio Alvarenga y Evaristo Quiñónez	San Ramón
1855	El Llano	oro		San Ramón
1865	La Leonesa	oro		San Ramón
1867	La Leonesa	oro	Compañía de Minas de Oro de Monte Grande	San Ramón
1867	La Concordia	oro	Compañía de Minas de Oro de Monte Grande	San Ramón
1867	El Ojoche	oro	Compañía de Minas de Oro de Monte Grande	San Ramón
1867	El Llano	oro	Compañía de Minas de Oro de Monte Grande	San Ramón
1867	Monte Grande	oro	Compañía de Minas de Monte Grande	San Ramón
1867	El Ocote	oro		San Ramón
1867	La Lionza	oro		San Ramón
1869	Quijano	oro		San Ramón
1869	Ocalca	plata	Luis Francisco Pérez y José D. Rivas	San Ramón
1870	Ojoche	cal	Antonio Sáenz	Matagalpa
1872	San Pablo	oro		Matagalpa
1872	El Naranjo	oro		San Ramón
1872	Ocalca	plata	Liberato Abarca	San Ramón
1873	Ocalca	oro	Venancio Pérez	San Ramón
1873	La Corneta	cal	Dirección de Estudios	Matagalpa
1873	La Corneta	cal	Socorro Morales	Matagalpa
1873	La Corneta	cal	Cosme Pineda	Matagalpa
1873	La Corneta	cal	Marcelino Valdivia	Matagalpa
1875	Virgen del Socorro	plata	Ricardo López y Teodoro Soza	San Rafael del Norte. La Concordia
1875	San Ramón	plata	Eusebio Chávez	San Rafael del Norte. La Concordia
1880	La Leonesa	oro	Charles Hudson Hunt	San Ramón
1880	La Concordia	oro	Charles Hudson Hunt	San Ramón
1880	El Ojoche	oro	Charles Hudson Hunt	San Ramón
1880	El Llano	oro	Charles Hudson Hunt	San Ramón
1880	Monte Grande	oro	Charles Hudson Hunt	San Ramón
1880	San Juan	oro	Enrique Phillips	San Ramón
1880	San José	plata	Florencio Castillo	San Rafael del Norte
1880	El Jocote	oro		San Ramón
1883	La Esperanza	plomo	Emilio Santiago y Alonso Irías	San Rafael del Norte
1883	La Esperanza	plata	Emilio Santiago y Alonso Irías	San Rafael del Norte
1883	La Experiencia San Juan			San Rafael del Norte

[1] El año señalado se refiere al momento en que el mineral fue denunciado o bien al año en que se reporta su exploración o funcionamiento por primera vez.

CRECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN DE LOS CULTIVOS PARA EL COMERCIO INTERNO, 1875-1890

Durante la década del setenta uno de los problemas más severos enfrentado por la agricultura había sido la sequía que todavía en 1874 seguía causando estragos en el departamento.^{^[483]} Matagalpa, Jinotega, San Isidro, Metapa, Sébaco y Terrabona habían sido afectados de nuevo, mientras que en Esquipulas, Muy Muy, San Jerónimo y San Dionisio no reportaban ningún daño por esa causa.

En Metapa y Terrabona, la situación era grave: “…los ríos y fuentes se han negado también a aquellos habitantes el agua necesaria y salubre para apagar su sed,”^{^[484]} lo que se convirtió en el detonante de una emigración de familias de esos lugares hacia otros lugares del departamento o fuera de el.^{^[485]}

A pesar de los contratiempos, en los años setenta y ochenta la agricultura dio un giro con el establecimiento de plantaciones para lograr una producción en mayor escala. Este esfuerzo respondía principalmente a una expansión del mercado local y a un cierto aumento de la comercialización fuera del departamento que todavía era bastante reducida. A finales de la década del ochenta era evidente que la agricultura había dado un salto cuantitativo y cualitativo.

No hay datos suficientes sobre la ocupación de la tierra para la agricultura de consumo, pero todo indica que había crecido en los alrededores de los pueblos, a lo interno de las tierras ejidales, en las propiedades comunales y aún en baldíos más distantes de los centros principales. Pocos títulos supletorios se solicitaron para fincas agrícolas, fue hasta los últimos dos años de los ochenta, excepción hecha del café, que hubo algunas denuncias de tierra para ese fin.

Una mayor diversidad de productos se sembraba y comercializaba, se estaba iniciando la realización de inversiones, las plantaciones tendían a ser más grandes. Como consecuencia de todos los cambios, los volúmenes de producción aumentaban.

En Matagalpa, se producía trigo, caña de azúcar, maíz y frijoles. En Jinotega, se cultivaban papas, maíz, frijoles, arroz, cebollas, yucas, repollos, rábanos, lechugas, nabos, zanahorias, remolachas, garbanzos y habichuelas entre los más relevantes. La caña de azúcar y el cacao se cultivaban en pequeñas cantidades.^{^[486]}

En San Rafael del Norte, se producía granadilla en abundancia, maíz, frijoles, papas y yuca, además del trigo y la caña.^{^[487]} En 1886 el prefecto departamental reportó la existencia de cincuenta fincas de caña en este pueblo. El cultivo del trigo en San Rafael era, junto al de Matagalpa el más importante del departamento, aunque también se cultivaba en Terrabona, San Dionisio^{^[488]} y La Concordia.

En 1886, una ley estableció el pago de primas a los dueños de plantaciones de trigo que al menos sembraran dos manzanas. Esta disposición solamente fue reglamentada en 1888 para comenzar su aplicación.^{^[489]} En 1889, el gobierno pagó a Juan Herrera R, apoderado de Máximo Zeledón, a José Palacios, Francisco Zeledón y José María López, la suma de $164.96 pesos, por un total de 206 quintales, veintiún libras de trigo^{^[490]} cosechado en el departamento de Matagalpa. Herrera, Zeledón y Palacios tenían sus propiedades en La Concordia. En 1890 mandó pagar a Abelino Tinoco, $26.63 centavos como prima por 33 quintales, 29 libras de trigo que cosechó en Matagalpa.^{^[491]}

En La Concordia el trigo era de los cultivos principales junto con la caña de azúcar, de la que se reportaban 25 plantaciones en buen estado en 1890.^{^[492]}

En Sébaco, se cultivaba maíz, frijoles, caña de azúcar y cebollas.^{^[493]} Sólo una pequeña parte del territorio se encontraba en producción, el valle de Sébaco estaba prácticamente sin explotarse aún en el año 1890.^{^[494]} En Terrabona, se cultivaba maíz, frijoles, trigo, caña de azúcar, cacao,^{^[495]} plátanos, cebollas y ajos.^{^[496]} San Dionisio tenía cultivos de maíz, arroz, cacao, caña de azúcar y plátanos.^{^[497]} Esquipulas, de maíz, frijoles, cacao y plátanos.^{^[498]} En Muy Muy se informaba de producción de maíz y frijoles en pequeña escala, solamente para llenar las necesidades del pueblo.^{^[499]} En San Jerónimo se sembraba caña de azúcar en pequeña escala.

Tal como he descrito, la caña de azúcar se cultivaba en todo el departamento, su producción crecía estimulada por la demanda de dulce y aguardiente. El consumo de este último era tan importante que ya en 1872 empresas de la región del Pacífico se mostraban interesadas en proveer de aguardiente al departamento. En ese año, la compañía Wassmer-Haraezthy, dueña de una hacienda de caña y destilería en San Antonio, Chichigalpa, recibió del gobierno un contrato por cuatro años para abastecer la mayoría de los pueblos del departamento.^{^[500]} Otro contrato con el teniente coronel Marcelino Zelaya garantizaba el de San Ramón, Muy Muy y San Jerónimo.^{^[501]} Pero, el sistema de suministros era deficiente y durante meses no ingresaba aguardiente al departamento por lo que el consumo se resolvía con la destilación clandestina local.

Al ampliarse y hacerse más numerosas las plantaciones de caña, pasaron a ser parte de las fuentes de ingreso de los planes de arbitrios municipales. En Esquipulas, en 1878, se establecía por cada suerte^{^[502]} de caña sembrada el pago de una cuota en cada temporada.^{^[503]} En Muy Muy, pagaban también aquellos que sembraran menos de una suerte.^{^[504]}

En 1886, en el departamento se producía aguardiente bajo licencia del gobierno pero exclusivamente para suministrarlo en lugares de poco interés de contratistas del pacífico, tales como Bocay, Río Grande^{^[505]} y las Dos Bocas.^{^[506]}

Otros cultivos como el tabaco parecen haberse quedado limitados a pequeñas explotaciones. En 1880, la gobernación de policía de Matagalpa informaba de capturas de personas dedicadas al tráfico con “tabaco chiapiollo de contrabando.”^{^[507]} Al final del período el gobierno ya no autorizaba siembra de tabaco en el departamento, únicamente en Masaya, Rivas, Chinandega, Nueva Segovia y en zonas que el Factor de Tabaco designaba.^{^[508]} La producción del departamento de nuevo se había tornado clandestina.

El crecimiento que experimentó la producción agrícola no tuvo contrapartida en la comercialización fuera del departamento.

En palabras del ministro de fomento:

“Nada se puede obtener ahora aquí sino es trayéndolo a lomo de mulas, y por consiguiente, este distrito (Matagalpa) que es uno de los más fértiles de Nicaragua, se encuentra como aislado del resto del mundo”.^{^[509]}

En las dos últimas décadas estudiadas, la producción agrícola se realizaba en propiedades de características diferentes. Una proporción considerable de la producción de maíz, frijoles, plátanos, hortalizas y otras legumbres se obtenía de parcelas cultivadas por indígenas dentro de las tierras comunales y ejidales, donde también podían hallarse parches de caña y algodón.

En Matagalpa, en los ejidos y baldíos cercanos a los pueblos, las unidades de producción más numerosas e importantes eran las fincas de poca extensión de tierra (menores de setenta y cinco manzanas) y en general, de orientación productiva múltiple. Pertenecían en su mayoría a ladinos que se habían establecido en períodos distintos.

En los terrenos ejidales, cerca de la calle de la ronda en el pueblo de Matagalpa, en 1880, Ignacio Guzmán poseía un pequeño cafetal. Miguel Blandón y Natividad Catín poseían una huerta cada uno. En 1883, Luis Cierra tenía una finca sembrada con caña, un molino de trigo y una casa, ubicadas en un área de veinte manzanas en la cañada El Molino. En esa misma cañada, también habían otras huertas y cañales de Luz Averruz, Fruto Montenegro, Francisco López, Hilario Chavarría, Martín Blandón, Petrona Castro y Doroteo Torres.^{^[510]} Blas Díaz, en 1883, tenía dos propiedades contiguas, una de caña y otra de café en la jurisdicción de Matagalpa.^{^[511]} Eliseo R. Macy solicitó título supletorio por una posesión con regadío y frutales situada en La Pita.^{^[512]}

En Jinotega, la producción agrícola parece haber estado principalmente en manos de los indígenas y algunos ladinos. En San Rafael del Norte y La Concordia la producción de trigo y otros rubros agrícolas estaba más bien integrada en fincas cuya orientación principal era la ganadería y la producción de trigo. Pertenecían a ladinos establecidos en la zona, en muchos casos desde la época colonial.

En Terrabona, Esquipulas y Muy Muy la producción agrícola estaba en manos de indígenas y ladinos.

EXPANSIÓN DE LA GANADERÍA COMERCIAL, 1875-1890

La ganadería durante las primeras décadas del siglo se caracterizó por la existencia de hatos de diverso tamaño pastando en terrenos cercanos a los pueblos y pocas fincas establecidas con pastos propios. El hato total de la región crecía, la reproducción superaba los niveles de extracción para comercialización, consumo o pérdidas, elevando los requerimientos de tierra para una explotación estable y el cultivo de pastos propios de mejor calidad que los naturales.

Por otra parte, el estímulo de la comercialización hizo atractiva y rentable la realización de inversiones en las haciendas ganaderas, tanto para la multiplicación del hato como para mejorar las condiciones de las fincas.

ZONAS GANADERAS

El desarrollo de las zonas ganaderas había continuado con las mismas tendencias del período anterior, en este período con un mayor impulso y magnitud.

Matagalpa, Sébaco, San Dionisio y San Ramón se caracterizaban por la existencia de muchos propietarios dedicados a la crianza de ganado, pero en pocas cantidades.

En Matagalpa, según el prefecto J. Rosa Rizo, en 1886, la ganadería no era muy importante, “no constituye aquí el patrimonio de ninguna persona acomodada.”^{^[513]} Estaba orientada a la producción lechera, crianza y repasto de ganado.^{^[514]} En Sébaco, en 1886, habían registradas únicamente dos haciendas de alguna consideración y muchos propietarios con pocas reses cada uno. Cuatro años después, en Sébaco se reportaban tres haciendas de ganado, aproximadamente de doscientas cabezas cada una.^{^[515]} En San Dionisio, a finales de los ochenta, habían ocho o nueve personas con “algún” ganado,^{^[516]} y muchos propietarios con partidas de ganado de veinte a cincuenta cabezas.^{^[517]}

En estos lugares, la ganadería se hallaba formando parte de pequeñas fincas, que eran unidades de múltiple dedicación productiva. Algunos ejemplos ilustran estas características: en 1879, Eliseo R. Macy solicitó título supletorio por una huerta de regadío, con cacao, zacate pará y una casa de tejas en La Leonesa, San Ramón. En Matagalpa, en 1882, Felix P. Cantarero, poseía una propiedad que incluía un molino de trigo y un potrero ubicados en los ejidos, al suroeste de la ciudad.^{^[518]} En 1886, Guillermo Stamlen Fhorburm, norteamericano poseía una finca al norte del río El Limón, donde plantaba caña, tenía una huerta y criaba ganado.^{^[519]}

La ganadería de Muy Muy y Olama también había crecido, junto a las grandes propiedades. Ramón y Jacinto González eran dos de los más grandes propietarios de ganado en esa zona. En 1883, ambos solicitaron un título supletorio de la hacienda llamada Olama, “compuesta de más de dos mil reses” en tierras indígenas.^{^[520]} Otros ganaderos importantes eran la cofradía Virgen de la Concepción, Ana María Sobalvarro, Leónidas Alonzo, Luis Blandón, Trinidad Cruz, Filomena Vega, Pedro Soza y Nicolás Grijalva.^{^[521]}

Esquipulas y Terrabona, seguían siendo una jurisdicción de desarrollo ganadero donde aunque habían grandes propiedades, la participación de los pequeños y medianos propietarios seguía siendo muy importante. La propiedad más grande era sin duda la de Manuel Alvarado, quien solicitó en 1880, un título supletorio por su hacienda de ganado llamada San José, y unos potreros denominados El Tortuguero y Güisquiliapa, que ocupaban un total de 4,515 manzanas.^{^[522]} En Terrabona, un informe del prefecto de 1890, reportaba cinco haciendas de ganado, “dos de ellas de alguna importancia.”^{^[523]}

Según el informe del prefecto de 1886, en Esquipulas habían muchos vecinos del pueblo que poseían partidas de cuarenta a cincuenta reses.^{^[524]} Este era el único lugar donde, a finales de la década del setenta, hay documentada la existencia de “potreros cultivados.

En San Rafael del Norte, en 1886, un informe oficial reportaba la existencia de treinta haciendas de ganado de más de cincuenta cabezas cada una.^{^[525]} Entre las principales se mencionaba la del Presbítero Juan Zelaya, de nombre San Gabriel, con una extensión de tierra de unas cuatrocientas veinte manzanas, “una casa de teja cómoda, un potrero extenso, cerco de piedra y con un número considerable de manzanas con zacate de pará, con un río hermoso y dos riegos abundantes”, con unas cuatrocientas cincuenta cabezas de ganado, más de treinta caballos y siete mulas.^{^[526]} Esta propiedad puede ser considerada, más o menos, como el tipo de unidades características de las fincas ganaderas de San Rafael del Norte ubicadas justamente en las cercanías de cerro El Gamalotal y en el valle San Gabriel.

En La Concordia también se encontraban fincas ganaderas de ese tipo. El informe del prefecto departamental de 1886, reportaba dos “haciendas” de ganado, además de muchos pequeños ganaderos.^{^[527]} Cuatro años después, un nuevo informe señalaba la existencia de ocho haciendas de importancia, “fuera de las que por el poco número de cabezas no merecen mencionarse”.^{^[528]}

En Jinotega, había fincas pequeñas y se estaban desarrollando explotaciones mayores. Una cantidad apreciable de estas fincas se hallaban en los ejidos. Según el informe del prefecto departamental, en 1890 participaban muchos propietarios y existían varias haciendas con un “importante número” de cabezas.^{^[529]}

El valle de Apanás era otra gran zona ganadera, a juicio de algunos observadores todavía subutilizado. El ingeniero P.W. Chamberlain que recorrió parte de la región en 1890, lo apreció como

“…una vasta pradera cubierta de grama y donde pacen cuatro o cinco mil reses de diversos propietarios, cuando pudiera alimentar 60 ó 70,000 cabezas de ganado vacuno, o quizás más”.^{^[530]}

COMERCIALIZACIÓN

A principios de la década del setenta, el administrador de rentas de Matagalpa consideraba que las transacciones de ganado y ventas de propiedades ganaderas eran las operaciones principales del departamento, pero que no producían frutos a la renta.

Tiburcio Somoza, el administrador, afirmaba que en el departamento se vendían “gruesas cantidades de ganado mayor de criar sin pagar alcábala”. A título de ejemplo de las ventas que se realizaban, relató haber sido testigo de una hasta por valor de dieciséis mil pesos en “bienes de campo”, entre Nazario Escoto y Agustín García, dos grandes ganaderos de Muy Muy.^{^[531]}

La actividad comercial alrededor de la ganadería estaba gravada en los planes de arbitrios municipales por considerarla como la principal generadora de ingresos. En Esquipulas y Muy Muy, a finales de los setenta,^{^[532]} se cobraban derechos y tasas por la tenencia, venta, destace de ganado, producción de quesos, cambio de marca, registro de fierro.^{^[533]} El destace de ganado debía ser autorizado por la municipalidad previo pago de una cuota. En la medida en que los impuestos crecían y el control del gobierno se incrementaba, el contrabando de ganado y el destace fuera de los rastros públicos se convertía en una práctica común en todo el departamento.

Al final del período, la ganadería estaba extendida en todo el departamento en distintas modalidades de tenencia de tierra y producción. Los niveles de producción superaban el consumo local de carne, leche, queso y sebo para la fabricación de candelas y jabón. Su comercialización en la región del Pacífico para consumo y exportación se había ampliado.

La explotación ganadera más grande dio lugar a la creación de latifundios, algunos ocupando propiedades indígenas, y a la acumulación de capital en manos de un reducido grupo de ladinos que luego desplazó su actividad económica hacia el comercio e incluso la minería. Pero, también la ganadería se había constituido en una producción que incorporaba a una amplia capa de pobladores, tanto para el consumo familiar o para un intercambio reducido, formando parte de fincas de orientación productiva múltiple o como pequeños hatos pastando en tierras comunales y ejidales.

Notas al Capítulo VI

EL TIEMPO DE LAS INVERSIONES.

Las plantaciones añileras habían dejado alguna experiencia en el manejo de cultivos agrícolas intensivos y de cara al mercado exterior. Cualquier cultivo de esa naturaleza, unos en mayor medida que otros, requerirían de tierras suficientes y accesibles, mano de obra disponible, vías de comunicación adecuadas e intercambio comercial fluido con la región del Pacífico.

A diferencia del añil, el café necesitaba de caminos adecuados, medios de transporte para grandes volúmenes, un flujo de capital más intenso y redes comerciales mayoristas con capacidad para intermediar la exportación, habilitar productores y suplirlos de equipos, herramientas e insumos.

A principios de la década del ochenta, el prefecto de Matagalpa, José Gregorio Cuadra, identificó tres grandes obstáculos a la expansión económica de la región: las malas vías de comunicación, las dificultades con la mano de obra indígena y un reducido mercado dentro del propio departamento. Agregaría uno más: los “empresarios” necesitaban asegurar la rentabilidad de su inversión, aún antes de realizarla.

Actuando como vocero de los agricultores de la región afirmó que si bien era cierto el premio a la siembra de café era un estímulo importante, actividades como la siembra de trigo y caña de azúcar carecían de incentivos económicos para su mayor desarrollo.^{^[534]}

Para Cuadra si se mejoraban las vías de comunicación y se reducía los indígenas a los pueblos…

“…no sería ilusorio el trabajo del agricultor, porque tendrá poderosos auxiliares para sus empresas y encontrará fácil salida a sus productos. Sus moradores reunidos irán creando necesidades que hasta hoy desconocen y que servirán de suficiente estímulo para el desarrollo de sus múltiples elementos de riqueza”.^{^[535]}

El funcionario no mencionó las tierras, aunque se sabía que este problema estaba en un punto crítico. Tampoco aludió a la escasez de capital o dificultad de conseguirlo, para inversiones agrícolas o ganaderas, probablemente por que en ese período tal problema ya no era acuciante. Pero no siempre había sido así.

EL CAPITAL

A mediados del siglo, Matagalpa era uno de los departamentos con menos recursos de capital líquido, tanto que en 1857, la Junta de Gobierno estableció la recaudación de una cierta cantidad de dinero para mitigar su crisis financiera. Asignó al departamento la cantidad de cuatrocientos pesos, de los cuales correspondieron a los departamentos de oriente y occidente, mil pesos respectivamente, al departamento de mediodía, seiscientos y a Nueva Segovia la cantidad de quinientos pesos.

Para colectar el dinero, se organizaron unas juntas que quedaban autorizadas para contratar negocios, establecer monopolios, decretar impuestos, vender terrenos baldíos por precios convencionales, realizar rifas y utilizar cuanto mecanismo fuera necesario a sus fines. Después de algunos esfuerzos, el gobierno reportó la dificultad que había para cumplir sus objetivos tanto en Nueva Segovia como en Matagalpa. Al año siguiente el gobierno decidió no realizar una nueva colecta en esos departamentos.^{^[536]}

En 1871 el gobierno convocó la suscripción de un “empréstito voluntario” en todo el país, ofreciendo una tasa de interés del doce por ciento anual, similar a la tasa usual en el mercado. A diferencia de 1857, se recaudó un total de 2,573 pesos entre Matagalpa, Jinotega, Muy Muy, Sébaco y Terrabona.^{^[537]} Según comentaba un editorialista de La Gaceta, habían muchos de los suscriptores que no pertenecían “a la clase acomodada y aún no pocos indígenas.” En Managua el total comprometido alcanzaba la cifra de 3,135 pesos, en León de 20,122 y en Granada de 28,760 pesos.

Sesenta y nueve personas se habían inscrito, pero fueron tres de ellos los que aportaron el 46.63% del total. Eran Perfecto Altamirano, Benito Morales y Ramón Gadea.

El cuadro que se presenta a continuación da alguna pista sobre cómo estaba distribuido el capital y la liquidez. Solamente nueve personas estaban en la posibilidad de colocar en préstamo una cantidad mayor de ochenta pesos al año, aunque las entregas fuesen mensuales.

Tabla 22 SUSCRIPTORES DEL EMPRESTITO. 1871^{^[538]} Departamento de Matagalpa

Suscriptores	Cantidad por cada uno
1	640
1	400
1	160
6	80
8	40
1	32
7	24
2	20
4	16
1	12
7	10
17	8
12	4
1	3

La mayoría de los grandes aportes los hicieron comerciantes y ganaderos que formaban parte de los círculos de poder político en el departamento, institucionalmente expresados en los cargos de senadores, diputados, prefectos departamentales, administradores de rentas, oficiales de ejército y la policía, jueces, jurados, miembros de cualquiera de las juntas locales, de las municipalidades y sacerdotes o religiosos.

Perfecto Altamirano era fuerte ganadero, había sido prefecto departamental y gobernador militar en 1852 y fue senador en 1871. Benito Morales era granadino, político de gran influencia en los gobiernos del período, comerciante y prestamista, acreedor del gobierno al que frecuentemente financiaba. En 1873 siendo senador, ocupó la prefectura del departamento y hasta su muerte asumió sucesivamente diversos cargos, entre ellos el de magistrado de la sección occidental del poder judicial y ministro. Poseía sin duda el capital más grande del departamento y la mayor liquidez. En 1870 hizo un reclamo al gobierno por daños sufridos en la “revolución próximo pasada” por valor de 7,000 pesos de los que se reconocieron y cancelaron 6,000.^{^[539]}

Por su parte, Ramón Gadea era ganadero, miembro de la junta de edificaciones de Jinotega en 1868 y en las décadas siguientes ocupó diversos cargos en los mecanismos de poder local.

Entre otros importantes suscriptores de Matagalpa se encontraban Nazario Vega, ganadero y comerciante, tesorero del fondo de caridad de Matagalpa en 1872, prefecto en 1872 y senador en 1880 y 1882. Matías Baldizón, ganadero, prefecto departamental en 1869, diputado en 1870, tesorero de la junta de edificaciones y de cofrades entre 1884 y 1886. Crescencio Martínez, ganadero, senador, tesorero de la junta de cofrades en 1875 y jurado del departamento.

También estaban inscritos Ramón García, agricultor, tesorero del fondo municipal de Jinotega en 1871, capitán del ejército en la década del ochenta, Tiburcio Somoza, administrador de rentas en 1872, Rafael Morales que había sido diputado en la asamblea constituyente de 1854. Eliseo R. Macy, norteamericano, comerciante y agricultor, asociado a las inversiones de la Compañía de Minas de Oro de Monte Grande y a casas comerciales de capital extranjero que operaban en Managua y León.

En Jinotega se incluían Ramón Rosales que fue diputado en 1878 y Tiburcio Sobalvarro que fue alcalde. En Muy Muy el principal contribuyente fue Luis Blandón.

Las juntas locales de caridad, instrucción pública, cofrades, construcción, edificaciones y la municipalidad, eran todas estructuras del Estado que actuaban por su cuenta de acuerdo a los objetivos que tenía reglamentado. Eran ubicaciones políticas claves puesto que durante mucho tiempo los escasos recursos de capital que circulaban en el departamento se encontraban en sus manos.

Estas instituciones estaban facultadas para realizar inversiones, otorgar créditos y ejercer actividades económicas de todo tipo. Las juntas obtenían dinero de la venta de ganado y derivados, de sus planes de arbitrios y de los intereses cobrados por los préstamos.

En algunos casos los fondos eran menores, aunque no despreciables. Los fondos municipales de Matagalpa durante el año 1872 habían alcanzado la cifra de 486.6 pesos generados por los impuestos al ganado y actividades conexas, carcelaje, pequeño comercio, billares, gallos, trapiches, molinos, maromas y otros.^{^[540]} En ese mismo año la municipalidad de Esquipulas únicamente había contado con 30.35 pesos. La junta de edificación de Terrabona había logrado captar 54.1 pesos y la de Matagalpa, 532.75 pesos.^{^[541]}

Ninguno de esos fondos había otorgado créditos en 1872. En cambio, el Fondo de Caridad de Matagalpa si había colocado durante ese año cinco créditos al interés por un total de 350.00 pesos. Además, había prestado sin interés la cantidad de 200.00 pesos. El estado de resultados presentado por el presidente y el tesorero Luis Cierra y Nazario Vega respectivamente, mostraba ingresos en concepto de intereses por valor de 25.50 correspondiente a cuatro créditos. El fondo había manejado en ese año un total de 1,267.06 pesos.^{^[542]}

El Fondo de Instrucción Pública del departamento manejaba aún más dinero y se dedicaba principalmente al otorgamiento de créditos. Del total de los recursos disponibles en 1872, que eran 8,465.83 pesos, unos 6,573.60 pesos, el 77.65%, se habían colocados en préstamos diversos que le habían generado 521.53 pesos en intereses.^{^[543]} En el anexo se reproduce el estado general de ese año, presentado por Román Valenzuela, tesorero del fondo.

El capital que circulaba era suficiente durante la década del setenta, pues la demanda de dinero para actividades productivas o comerciales no era tan amplia como lo sería después. La actividad minera tenía los requerimientos más altos de capital, pero durante ese período eran cubiertos por los inversionistas extranjeros dueños de las explotaciones más grandes, lo que en todo caso más bien estimuló la circulación de dinero en el departamento.

Los fondos de las juntas y la circulación de dinero habían continuado creciendo puesto que a finales de la década del setenta se inició, básicamente con recursos locales, la construcción de diversas obras en el departamento, entre ella iglesias, cabildos y se realizaba limpieza de calles. El incremento de la actividad constructiva es un indicador de que se había producido cierta acumulación de capital y que había liquidez disponible, que se reflejó en el aumento de los fondos locales y en la construcción de casas particulares.^{^[544]}

DESPEGUE DE LA CONSTRUCCIÓN

A mediados de la década del setenta, las inversiones en obras no estaban aún en las prioridades del gobierno. Un proyecto de ley introducido por los diputados Ascensión P. Rivas y Dolores Rodríguez para mandar a construir carreteras nacionales hacia los departamentos de Nueva Segovia, Matagalpa y Chontales, fue objeto de un difícil y prolongado debate. El proyecto nunca fue aprobado.^{^[545]}

Hasta entonces, las poblaciones más importantes tenían poca infraestructura pública. Las calles eran intransitables en invierno, se carecía de alumbrado público y se observaba poca actividad en los pueblos. Thomas Belt, en su paso por Matagalpa, quedó con una impresión que dejaría plasmada en su texto:

“Matagalpa no se destaca sobre la somnolencia de los otros pueblos del país; todo parece estar estancado bajo la total falta de interés o de esfuerzo de la gente; esto no deja de decepcionar a un extranjero acostumbrado al bullicio, negocios y diversiones de las ciudades europeas. Todo lo que vi fueron unas cuantas mujeres lavando en el río, o haciendo tortillas o puros en la casa. Los hombres, como siempre, reposaban en sus hamacas, fumando incesantemente. Unas pocas casas estaban construyéndose o a lo mejor habían quedado a medio terminar. De vez en cuando se les agrega algo, de modo que la construcción toma meses o años. Por lo general los dueños se afanan en mostrarlas, a medio construir, sin que les hayan añadido nada en dos años, diciendo que se encuentran tan ocupados en las obras que no pueden emprender nada más. No hay bibliotecas, teatros o salas de conferencias”.

“La noche comienza a las seis de la tarde. Un opaco quinqué se enciende en las mejores casas y se coloca alto para que arroje sobre la habitación una luz enfermiza y vacilante, insuficiente para leer. En torno de esta luz los criollos se sientan y chismorrean hasta las ocho o nueve cuando se van a acostar”.^{^[546]}

Es evidente la actitud racista de Belt pero sin duda su texto proporciona una instantánea de la vida del pueblo, se trata de una imagen fija, sin perspectiva de la evolución, pero útil para dar una idea de la realidad del lugar en ese tiempo.

Un levantamiento de las edificaciones realizado en 1872 por el prefecto departamental Nazario Vega, completa una visión del equipamiento urbano en las principales poblaciones del departamento. Presentamos el cuadro con las clasificaciones usadas por el funcionario, donde se incluyen parroquias, iglesias, ermitas y casas curales como parte de las obras principales de cada pueblo.

Tabla 23 EDIFICACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE MATAGALPA.^{^[547]} Diciembre, 1872

Poblaciones	Parroquias	Iglesias	Ermitas	Casas Curales	Cabildos	Casas de tejas	Galeras de Tejas	Casas pajizas	Panteones
Matagalpa	1	1	2	1	1	52	56	70
Jinotega		1		1	1	25	75	100	1
Sébaco		1		1	1	15	28	58	1
Terrabona			1	1	1	4	20	39
San Rafael			1	1	1		15	30
La Concordia			1	1	1		37	2
Muy Muy		1		1	1	5	24	29
Esquipulas		1		1	1	23	30	22
San Dionisio			1	1	1		8	23
San Jerónimo			1		1		12	20

TOTAL	1	5	9	9	10	124	305	393	2

En 1874, se inició la construcción de la catedral de Matagalpa, obra en verdad de enormes proporciones si consideramos el pobre desarrollo de la ciudad y que concluyó, en lo fundamental, en 1888.^{^[548]} La construcción fue ejecutada por indígenas que laboraron de forma voluntaria por acuerdo de sus líderes con los religiosos del lugar.

Ya en 1881 se encontraban en construcción en la ciudad de Matagalpa, un edificio para la escuela de varones,,^{^[549]} dos puentes en la Calle del Comercio,^{^[550]} otro puente en la Calle Real. En ese año, además, comenzaba a instalarse en la ciudad el alumbrado público.

En 1883 se construyó un edificio para escuela de niñas “por los indígenas de la misma ciudad.”^{^[551]} En Apanás, Datanlí, Sasle y Sisle “se han construido respectivamente una casa en cada uno de ellos a expensas de los vecinos y destinadas exclusivamente para las escuelas de enseñanza primaria, y por disposición de la Municipalidad.”^{^[552]} En 1884 en Terrabona se inició la construcción de la casa cabildo.

En Matagalpa, a finales de 1885,^{^[553]} se edificaba el cuartel, se ampliaba el cabildo y se colocaba el techo de la iglesia San Felipe. Se construía un puente dentro de la ciudad y se continuaba la instalación del alumbrado público.^{^[554]} En Jinotega se iniciaba la cúpula del templo y se ampliaba el cabildo. En La Concordia, San Rafael del Norte y Sébaco se reparaban y ampliaban los templos parroquiales y cabildos respectivos. En San Dionisio se concluía el cabildo.

La reparación del cabildo municipal de Matagalpa tomaría varios años, reportándose reparaciones aún en 1888. Para este año, una de las calles de acceso a la plaza principal había sido ampliada y se abría otra “para lo cual ha sido necesario romper casi de extremo a extremo un cerrito”.^{^[555]} En Jinotega la construcción del nuevo cabildo que había iniciado en 1883 tendría su conclusión en 1888. En la década del setenta con el objeto de iniciar la construcción del cabildo se establecieron servicios personales.^{^[556]} El panteón y el rastro también estaban siendo reparados en esos años.

Dos factores hacían posible el despegue de las construcciones, la circulación de dinero en el departamento y el masivo trabajo forzado de los indios.

FLUJOS DE CAPITAL

Durante la década del ochenta, las necesidades de capital crecieron, tanto para la construcción como para la producción agropecuaria, pero también las fuentes de financiamiento se ampliaron: ya no solamente cumplían esa función las juntas locales, sino también fuertes prestamistas individuales y las propias oficinas de hacienda en el departamento.

El problema no sería la escasez de recursos sino, según las autoridades departamentales, un interés alto:

“tan crecido, que hace con frecuencia ilusoria la remuneración que espera de sus faenas el trabajador, esterilizando así los más decididos esfuerzos de la iniciativa particular”.^{^[557]}

En esos años, la necesidad de obtener financiamiento provocó gran cantidad de solicitudes de títulos supletorios para propiedades rurales y urbanas. A partir de 1884 se comenzaron a inscribir en el Registro Conservador del departamento los créditos otorgados y sus correspondientes hipotecas. Estos datos aunque incompletos permiten apreciar la magnitud del financiamiento que se movilizó, los principales financistas, el posible origen y destino del capital, además de las condiciones de los préstamos otorgados. El detalle de la información puede consultarse en los anexos y ha sido cortada en 1891 por ser éste el período de interés para esta investigación.

Tabla 24 HABILITADORES, 1884-1891^{^[558]} Departamento de Matagalpa

Acreedores	Total	%
Isidro Hidalgo	13,692.49	20.75
Fernando y Manuel Lacayo	8,196.30	12.42
Agustín Lacayo Sacasa	6,400.00	9.7
Eliseo R. Macy	5,011.15	7.6
Ignacio y Tránsito Chávez	3,000.00	4.54
Ignacio Chávez	754.50	1.14
Hacienda	2,000.00	3.03
Nazario Vega	2,753.00	4.17
Virginia v. de Cuadra e hijos	2,500.00	3.78
Emilio Stadthagen	2,370.00	3.59
Guillermo Jericho	2,335.00	3.53
Santiago Morales	2,000.00	3.03
Resto	14,988.26	22.72
Total	65,969.48	100

Más de la mitad del capital registrado, que se colocó en préstamos, provenía de prestamistas de la región del Pacífico o de extranjeros radicados en el país. Cinco habían controlado el 49.99% del total colocado en el período: Isidro Hidalgo, sin propiedad alguna en la región, manejó el 20.75%, Fernando y Manuel Lacayo el 12.42% y Agustín Lacayo Sacasa el 9.70%.

Los tres últimos eran granadinos y más de diez años antes de su presencia como habilitadores en el departamento, ya lo eran en la región del Pacífico. En 1873, aparecieron cobrando primas de café otorgadas a plantadores de Managua, sin serlo ellos.^{^[559]}

Del capital introducido por extranjeros el más importante era el de Emilio Stadthagen con el 3.59% y Guillermo Jericho, con el 3.53%, ambos alemanes, el último era comerciante importador, vivía en Managua, a finales de la década del ochenta instaló un establecimiento comercial en Matagalpa, siendo dueño de la mayor propiedad cafetalera del departamento.

Eliseo R. Macy, de quien ya se ha hablado, otorgó el 7.60%, de los créditos registrados.

Dentro de la región los habilitadores principales eran Ignacio y Tránsito Chávez, ganaderos de Jinotega y dos de los más importantes cafetaleros del departamento en el año de 1890. Ignacio, siendo senador, recibió en depósito la presidencia de la República de manos de Roberto Sacasa en 1889. Entre ambos hermanos habían colocado 5.68% del total de los créditos registrados. Nazario Vega, movilizó el 4.17%. Santiago Morales un poco más del tres por ciento, éste era granadino, relevante prestamista y accionista de los primeros bancos fundados en Nicaragua.

Otros créditos habían sido otorgados por ganaderos como Manuel Alvarado, Simón Azmitia, José Luis Vega, Margarito Zamora. Otros eran agricultores como Lorenza Bonilla y Luis Catín, cafetaleros como Rosa Arnesto y J. Rosa Rizo, magistrado de los tribunales de justicia, sección de occidente en 1882, prefecto en 1886 y senador en 1887.

Cosme Pineda era comerciante de importancia; Pastor Baca, abogado que se encargaba de tramitar las solicitudes de títulos supletorios; J. Cruz Cardenal, prefecto en 1888 y Policarpo Membreño, miembro de la Junta de Edificaciones de Muy Muy.

A mediados de 1890, el Banco de Nicaragua anunció la apertura de una agencia en Matagalpa en la casa Guillermo Jericho & Cía. Se trataba del primer establecimiento bancario que llegaba al departamento.^{^[560]} Eran socios de ese banco según se publicó en 1892, Francisco Medina J, Santiago Morales, Isidro Hidalgo, Salvador Chamorro, Roberto Crespi, Pablo y Bernardino Giusto, F.A. Bermúdez y Salvador Bermúdez quienes para entonces, poseían diversas propiedades e inversiones en el departamento.

La tasa de interés en estos créditos era del doce por ciento anual, dentro de los márgenes generalmente usados en el resto del país. El plazo era variable, algunos créditos eran cancelados hasta dos años después, otros en un plazo de seis meses y no estaban necesariamente vinculados al monto del préstamo.

Por su procedencia podemos agrupar el capital financiero en tres grandes flujos: el procedente de Granada y en menor medida de Managua, que se movilizaba al departamento alentado por la posibilidad de obtener grandes y rápidas ganancias; el colocado por extranjeros que se vincularon a la producción cafetalera; y el capital local.

Este último, se había originado en la producción y comercialización de ganado. Algunos de estos pequeños capitales se volcaron posteriormente a la actividad comercial de tipo mayorista general o específicamente de aguardiente y tabaco. Para impulsar cierta acumulación en la ganadería y el comercio había jugado un papel preponderante el control de la administración de los fondos locales, especialmente los de cofrades, edificaciones, instrucción pública que disponían de más dinero líquido.

Las juntas, y en particular los tesoreros, decidían la colocación de los fondos, tasas de interés y plazos. No hay datos sobre quiénes eran los beneficiarios de los créditos otorgados, pero por el conjunto de la información disponible es presumible que los propios miembros de las juntas y administradores de los fondos respectivos hayan sido de los más importantes deudores, lo que les permitió crecer, expandir su actividad ecónomica y capitalizarse. La totalidad de los miembros de las juntas eran propietarios y comerciantes relevantes en las distintas localidades y durante la década del ochenta, muchos de ellos actuaron de prestamistas.

El movimiento de las distintas instituciones del Estado por captar impuestos sirve de indicador de la importancia de alguna actividad, en este caso de la existencia de capitales de cierta consideración. En 1889 ya los planes de arbitrios de las distintas localidades incluían impuestos al capital. La cifra considerada como capital mínimo gravable es un indicador del nivel de acumulación alcanzado por los propietarios.

En Jinotega, en 1889, la Junta de Reedificación gravaba el capital no menor de quinientos pesos “en cualquier clase de bienes” con “un cuarto de peso por ciento” para la construcción del templo.^{^[561]} Los que no tuviese ese capital debían contribuir con ochenta centavos o dos días de trabajo. En 1892, la Junta Municipal de Jinotega decidió aplicar un impuesto a todo propietario de fincas de ganado, café, cacao, caña y otros, con valor de más de mil pesos. Pagarían un peso por año.^{^[562]}

En Matagalpa en 1891, el prefecto decretó un impuesto de un peso por una sola vez, para los que poseyeran un capital mayor de doscientos pesos. El resto pagaría cuarenta centavos. Para calcular el capital no se incluía la casa de habitación.^{^[563]}

En San Rafael del Norte, en ese mismo año, la Junta Municipal gravó con un impuesto a quienes tuviesen un capital mayor de trescientos pesos, en cualquier tipo de bienes. Por cada cien pesos, pagarían diez centavos al año.^{^[564]}

En Esquipulas, en 1892, la municipalidad estableció un impuesto a todo propietario de bienes con valor de más de mil pesos, por el que pagaría anualmente veinte centavos. El que “pusiere quesera de más de cincuenta paridas” pagaba el doble. Igual que en Jinotega, todo dueño de fincas de ganado, café, cacao, caña y cualquier otro que tuviese “terrenos acotados” pagaría diez centavos por manzana.^{^[565]}

INVERSIONES

El cuadro siguiente muestra los volúmenes de dinero prestados y las propiedades que sirvieron de garantía, probablemente a las que estaban destinados los fondos obtenidos.

En una primera etapa los créditos se orientaron a propiedades ganaderas, en una oportunidad a la explotación minera y al final del período principalmente hacia las plantaciones cafetaleras. En el 90 el valor hipotecado en propiedades ganaderas era grande. Algunos de los deudores estaban iniciando plantaciones de café en ese período.

Es notorio observar que pocas propiedades agrícolas, que no eran fincas de café, fueron hipotecadas en el período. La agricultura en el departamento, excepto la caña y el trigo nunca requirió flujos especiales de financiamiento. Y aún esos dos rubros habrían necesitado crédito de poca cantidad de dinero.

Tabla 25 CAPITAL PRESTADO Y PROPIEDADES HIPOTECADAS. 1884-1891.^{^[566]} Departamento de Matagalpa

Rubro	1884	1885	1887	1888	1889	1890	1891
Minería	4,851.15
Haciendas de ganado, potreros y ganado	139.60	1,2600 58 muletos 61 reses	1,860.00	4,812.00	1,371.59	11,736.29	720.00
Huertas, fincas de caña y otras agrícolas		951.70	384.70		208.60	1,666.00
Fincas de café			1,225.75			4,188.00	1,191.00
Molino			412.50		444.00	450.00
Total	4,990.75	13,551.70	3,882.95	4,812.00	2,024.19	18,040.29	1,911.00

El crédito minero de 1884 fue otorgado por Eliseo R. Macy a la Compañía Carlos O. Lockard que poseía intereses en la explotación de las minas de oro Monte Grande, la Leonesa, El Ojoche y La Lima.

Los créditos ganaderos más importantes fueron los otorgados en 1885 por un monto total de 11,400 pesos, a Jacinto y Ramón González, dueños de la hacienda ganadera Olama Real, la cual hipotecaron. Un nuevo crédito de 4,000 pesos les fue otorgado en 1888. Los créditos de 1887 fueron en su mayoría, para propiedades ganaderas de Sébaco, San Rafael del Norte, La Concordia y Jinotega. De lo colocado en 1889, la mayor parte correspondía a la finca llamada San Gabriel en San Rafael del Norte, cuyo dueño era Juan Ubeda. El molino y las huertas estaban ubicadas en los ejidos indígenas de Matagalpa.

En 1887, Mario Escorcia, dueño de la finca de café El Porvenir, ubicada en Jumaiquí obtuvo un crédito que garantizó hipotecando la propiedad.

De los créditos otorgados en 1890 una parte importante parece haber estado destinada a inversiones cafetaleras. En algunas ocasiones se hipotecaron propiedades ganaderas, como en el caso de Pedro Chávez, que obtuvo créditos por 1,499.99 pesos en el año en que estaba realizando una inversión para sembrar 15,000 cafetos. El crédito más grande de ese año fue concedido a Ignacio Chávez por un total de 8,196.30 hipotecando propiedades ganaderas, pero es posible que fuese utilizado en sus plantaciones de café.

COMPAÑÍAS Y SOCIEDADES

El incremento de la actividad agrícola y ganadera durante la década del ochenta fue tan significativo que se reflejó también en la organización de mecanismos empresariales más complejos que los previamente existentes en los que predominaba el esfuerzo individual. En 1883, se creó la primera sociedad anónima del departamento, integrada por 26 accionistas. Se denominaba “Sociedad exploradora del camino al Atlántico”, tenía por objeto construir un camino de Muy Muy a pueblos en la costa caribe. Construir una ruta de esta naturaleza por la región central era una idea que había tomado cuerpo entre los grupos hegemónicos. La sociedad surgía acorde a los signos de los tiempos. Su capital inicial era de diez mil pesos fuertes, estaba asentada en Matagalpa y sus directores provisionales eran Pedro Sosa, Matías Baldizón y Luis Cierra. El total de acciones emitidas fue de 400, de las que 77 fueron suscritas inmediatamente.^{^[567]}

A finales de la década del ochenta, las sociedades se harían más comunes. En las denuncias de vetas minerales de 1889 y 1890 se registraron numerosas compañías integradas hasta por cinco socios.

La importancia que tomaba la agricultura dio lugar a que en 1890 se formaran dos sociedades integradas principalmente por agricultores, cuyos objetivos combinaban la promoción de inversiones y la actividad social.

En abril de 1890, se creó en Jinotega, la Sociedad Agrícola cuyos promotores fueron Ignacio Chávez, quien presidía el comité provisional, Alberto Alfaro, que actuaba como secretario y otros. Su objetivo era el de “favorecer el cultivo de esa zona y la de Matagalpa”:

“Los infrascritos miembros del Comité Directivo provisional de la mencionada Sociedad, hacemos un llamamiento general a los hombres de negocios del país, y en particular a los que se distinguen por su ilustración y espíritu de empresa, para que ingresen en ella y vengan a fomentar y mejorar estas feraces Zonas con el concurso de su inteligencia, de su capital y de su esfuerzo”.^{^[568]}

La Sociedad Agrícola de Matagalpa fue suscrita el 20 de octubre de ese año y según rezaban sus estatutos el objetivo era:

“…promover el desarrollo y ensanche de la agricultura, prestando su apoyo moral y material tanto a las autoridades del ramo como a los agricultores en general. Asimismo extenderá su apoyo a la clase obrera para procurar la mejora de su condición”.^{^[569]}

Según sus definiciones, una vez organizada la sociedad, se proponía fundar una escuela nocturna para agricultores, un club o lugar de reunión, la fundación de un periódico, suscribirse a los periódicos y revistas de “agricultura, científicos y comerciales”.^{^[570]} Los socios fundadores suscriptores del estatuto eran J. Luis Vega, Presidente, Juan B. Cornelle, Juan J. Ruiz, Luis Cierra, Luis N. Arrieta, J. Demetrio Caamaño y Marcos Mairena.

Para ser socio se debía poseer una propiedad inmueble cuyo valor no fuese menos de cien pesos o una profesión, oficio, arte, industria o renta que le produjese lo equivalente en un año, además de “ser de buenas costumbres”.^{^[571]}

Algo de copia de sociedades similares de otras latitudes se filtraba en el texto. En el departamento no había aún en esa época una “clase obrera”, que vendiera libremente su trabajo para sobrevivir. La disponibilidad de mano de obra para infraestructura y posteriormente para las plantaciones agrícolas estaba dada por el trabajo forzado. La propia Sociedad Agrícola de Matagalpa fue pocos años después de su fundación, defensora de la continuidad y absoluta necesidad de mantener el trabajo forzado en las plantaciones cafetaleras.

Con similares objetivos a los de Matagalpa, se fundó en Jinotega el Club Agrícola en 1892:^{^[572]}

“Esta asociación tiene por objeto promover el progreso de la agricultura , dándole el mayor ensanche, especialmente en las empresas ya establecidas en esta regiones, y proporcionar a los socios, en un local decente, distracciones honestas mediante la conversación, la lectura de periódicos del país y extranjeros y de obras instructivas que haya en la biblioteca que el club se proporcionará, lo mismo que juegos permitidos por la ley, procurando así la mejor armonía entre los socios”.

Podían ser socios tanto nacionales como extranjeros pagando una cuota inicial y luego una mensual. Las discusiones políticas quedaban expresamente prohibidas. Los promotores de la iniciativa y suscriptores de los estatutos eran Ignacio Chávez, Marco A. Lacayo, J. Cruz Cardenal, J. Ignacio Bermúdez, J. Víctor Valle, Medardo García, Pastor Baca y Felix P. Fajardo.

El ascenso y la prosperidad de los círculos locales impulsaba el uso de formas de organización económica que permitieran la confluencia de capital, pero también de formas de organización social que diferenciaran claramente los estratos sociales y económicos que se habían venido conformando en el departamento. Este tipo de sociedades constituyeron además centros de negocios y fueron la primera expresión gremial de los grupos económicos hegemónicos que desde el departamento pujarían por el mantenimiento y mejoramiento de las condiciones generales para favorecer sus empresas y su rentabilidad.

INFRAESTRUCTURA

Como se ha descrito en el capítulo tercero, no es exagerado afirmar que el despegue y posterior desarrollo de la construcción de obras, edificaciones, caminos y carreteras, instalación del tendido telegráfico y alumbrado público se produjo a costa del trabajo forzado de los indígenas de distintos pueblos y comunidades. En todos los casos se trataba de obras que demandaban abundantes trabajadores.

CAMINOS Y CARRETERAS

Hasta finales de la década del sesenta, gran parte del departamento carecía de caminos habilitados durante todo el año, lo que hacía costosa y difícil una mayor actividad comercial. A principios de la década del setenta, Paul Levy, hizo un recuento de los caminos muleros existentes. Tipitapa y Sébaco eran nodos de enlace de diversas rutas. En Tipitapa confluía el camino desde Sébaco, Chocoyos y Concepción (38 leguas)^{^[573]} y el de Esquipulas y Terrabona (39 leguas); por Tipitapa se accedía a Granada y Managua. En Sébaco confluía una de las rutas hacia Managua, la vía hacia León que pasaba por El Jicaral (36 leguas) y el camino hacia Jinotega.

La comunicación con Ocotal se hacía desde Matagalpa pasando por San Isidro y La Trinidad y desde Jinotega hacia Ciudad Vieja. Había caminos interiores conectando Matagalpa, Jinotega, San Rafael del Norte y La Concordia y entre Matagalpa, San Ramón, San Marcos, Muy Muy y Olama. También había un camino que comunicaba Terrabona y Matagalpa.^{^[574]}

La mala situación de las vías de comunicación era atribuible, según el prefecto del departamento, Benito Morales, a:

“…la extensión y maleza de las localidades en que se encuentran muchos de los pueblos”, las dificultades de la administración pública, la comunicación entre los distintos pueblos, y el “el excentricismo y abandono en que están sumidos los habitantes de algunos de ellos, remontados en los campos, entregados a la embriaguez y al ocio”.^{^[575]}

Congruente con el desarrollo de la actividad económica y las expectativas puestas en la explotación de nuevos rubros, en la década del ochenta se elevó la inversión estatal en construcción de caminos carreteros, aunque los recursos eran limitados y el ritmo de construcción lento. Los caminos interiores continuaban en las mismas condiciones: las municipalidades estaban a cargo de sus reparaciones, las que hacían parcialmente a través de los servicios personales impuestos a los indígenas.

A finales de 1880 se encontraba en construcción el tramo entre Matagalpa y Sébaco. Trabajo forzado de indígenas y pequeñas sumas de dinero se continuaron destinando a la construcción del camino entre Matagalpa y Tipitapa y a las reparaciones de otros caminos.^{^[576]} En 1883 en Jinotega se habían realizado algunas reparaciones en la vía hacia San Rafael del Norte, incluyendo la construcción de cuatro puentes. El camino entre Muy Muy y Boaco, así como de San Ramón a Matagalpa, fueron también reparados bajo la misma modalidad de uso de mano de obra indígena.

En ese año, se reactivó la inversión del gobierno y contando con “la cooperación gratuita de los vecindarios de Metapa, Sébaco y parte del de esta ciudad” se reinició la reparación de la carretera hacia Managua. Al finalizar el año 1884, el tramo Managua-Metapa, quedó terminado.^{^[577]} Según el prefecto Agustín Duarte el total de “voluntarios” empleados había sido de 584 personas con un promedio de día y medio de trabajo cada uno.^{^[578]} Un nuevo tramo de la ruta hacia Managua, de nueve millas había sido concluido en 1886, pero la obra se detuvo entonces por falta de fondos.^{^[579]}

La carretera hacia León también era prioritaria. En 1887 se reparaba el camino del Jicaral a Matagalpa,^{^[580]} y de Jinotega al Jicaral.^{^[581]} Al inicio del siguiente año en que se detuvieron las obras, el primero contaba ya con cuatro leguas y el segundo con dos leguas de avance.

Pero no solamente la construcción, mejoramiento y reparación de caminos y carreteras se había activado, sino también las comunicaciones. La instalación del telégrafo constituyó un hito para la región por su impacto en la vinculación con la región del Pacífico, pero también por que la construcción de la línea se convirtió en el detonante del levantamiento indígena de 1881.

EL TELÉGRAFO

Entre la región del Pacífico y el departamento, sólo existía comunicación por correo que se había regularizado en la década del setenta. En 1875, se había establecido una línea de correos que partía de Managua pasaba por Ocotal, Tipitapa, Metapa, Sébaco, Matagalpa, Jinotega, San Rafael del Norte, Palacagüina y Totogalpa, realizadas por montados dos veces a la semana.^{^[582]} Dos años después se haría con una frecuencia semanal, esta vez el correo enlazaba la cabecera del departamento con el resto de pueblos, sin embargo, la comunicación con San Isidro, Metapa, Sébaco, San Rafael del Norte y Jinotega seguía realizándose a través del correo procedente de Managua.^{^[583]}

Desde mediados de la década del setenta se había iniciado la construcción de líneas telegráficas entre pueblos y ciudades de la región del Pacífico. En enero de 1880 el gobierno comunicó a las autoridades departamentales de Matagalpa y Chontales su intención de instalar una línea telegráfica que los comunicara con la capital y otras ciudades del pacífico, en consideración a que:

“…una de las ventajas más positivas que puede proporcionarse a ese departamento, separado por largas distancias de los principales centros de población, es la de facilitar la rapidez en las comunicaciones, pues de este modo se establece un comercio inmediato y se asimilan los intereses de esos mismos pueblos”.^{^[584]}

El gobierno solicitaba que cada municipio hiciera la parte del abra que correspondía y aportara los postes necesarios. Mano de obra, materiales y parte del financiamiento correrían en lo fundamental por cuenta de cada localidad.

Tres proyectos de línea se examinaron para enlazar Matagalpa con Granada, una por Chontales, otra por Nueva Segovia y otra directamente por Managua. El gobierno había recomendado el de Chontales.^{^[585]} Una comisión nombrada por el prefecto e integrada por Nazario Vega, Matías Baldizón, J. Jesús Torrez, Crescencio Martínez y José Torrez, hizo una evaluación de las rutas:

“Nosotros hemos calculado, término medio, que cada poste vale por la dirección de Metapa, sesenta centavos. Por Chontales y Nueva Segovia, varía el precio aproximado de un peso a un peso cuarenta centavos, diferencia de valor bastante considerable, que tal vez no soportarían estos vecinos, si atendemos a que son pocos los propietarios e industriales que comprendiendo la magnitud de la obra, están listos a sufragar todos los costos; y a la innumerable casta indígena, que ni entiende lo que es una mejora de estas proporciones, ni prestaría gustosa sus brazos en una empresa que de nada va a utilizarse directamente para sus operaciones de bajo comercio.”^{^[586]}

A finales de 1880, estaba en marcha la apertura de abras para proceder a la instalación de los postes y finalmente realizar el tendido del alambre. La ruta desde Managua medía unas 117 millas y estaba prevista a enlazar con Metapa, Sébaco, Matagalpa, Jinotega, San Rafael del Norte y la Concordia,^{^[587]} donde llegaría la línea en 1884.^{^[588]} Las autoridades departamentales y municipales, esta vez con mayor rigor y severidad, establecieron los servicios personales.

En la Gaceta Oficial de mayo de 1880 se mencionaba la actividad que se realizaba en la apertura de las abras para la colocación de la línea telegráfica y en la reanudación de los trabajos de la carretera Tipitapa-Matagalpa, “siendo considerable el número de operarios en ellos empleados”.^{^[589]}

Efectivamente, grandes contingentes de indios serían forzados a trabajar en la instalación de la línea telegráfica, durante todo el año ochenta, convirtiéndose en la causa inmediata de la guerra de los indios.

Poco antes de la rebelión, el ministro de gobernación Vicente Navas, había afirmado categóricamente,

“Cualquier sacrificio, pues, que este servicio (el correo), como el del Telégrafo imponga al país, debe ser mirado como de poca significación, en cambio de las innegables ventajas que traen por consecuencia estos dos poderosos medios de civilización y progreso”.^{^[590]}

El telégrafo no se detuvo, ni los servicios personales tampoco. En 1888, se iniciaron los trabajos para abrir una línea entre Matagalpa y Juigalpa que enlazaba Matagalpa, Muy Muy, Boaco, Camoapa, Comalapa, Juigalpa, La Libertad y Granada.^{^[591]}

Anexos al Capítulo VII

Tabla 26 ESTADO GENERAL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL FONDO DE INSTRUCCION^{^[592]} PUBLICA. Departamento de Matagalpa, 1872

Concepto	Cargo	Data
Existencia del fondo en documentos de prestamistas	5,273.60
Existencia del fondo en capellanías	300.00
Existencia del año anterior	–
Réditos de prestamistas debido cobrar de mi antecesor	7.20
Réditos corrientes de prestamistas	502.33
Réditos de capellanías	12.00
Lotería	462.00
Contribución anual de propietarios	156.80
Testamentarias	27.50
Medio por ciento de empleados	24.35
Traslación de domicilio	4.00
Venta de ganado de hacendados	105.65
Dinero devuelto por los prestamistas	1,268.00
Multas	0.80
Venta de terreno	300.00
El 3% de interés	1.00
Producto del Plan de Arbitrios del 20 de Abril de 1869	20.60
Existencia del fondo en documentos de prestamistas		5,273.60
Existencia del fondo en capellanías		300.00
Nuevo arriendo de prestamistas		1,000.00
Pago a los preceptores de los pueblos		1,168.80
Gastos extraordinarios		13.90
Gastos de oficina en la Tesorería y Secretaría		180.00
Al colaborador de cuentas		16.00
Alcance contra el fondo de finiquitos		18.70
Gastos para adquirir caballerías de tierra		243.80
Por el honorario de esta administración al 10% sobre 1,624.33		162.43
Existencia en dinero		88.60
Sumas iguales	8,465.83	8,465.83

Tabla 27 SUSCRIPTORES DEL EMPRESTITO DE 1871^{^[593]}. Departamento de Matagalpa

Jinotega

Nombre	Monto
Ramón Gadea	160
Ramón Rosales	80
Tiburcio Sobalvarro	40
Saturnino Rivera	40
Fabián Hernández	40
Florencio Hernández	40
Cecilia Cruz	40
Simón Azmitia	32
Ramón Rivera	24
Agustín Gutiérrez	24
Pía Carbajal	24
Francisco Siles	24
Pedro Zelaya	24
Juan Ubeda	24
Escolástico Rizo	24
Seferino Rizo	20
Felipe Picado	20
Claudio Gutiérrez	16
Gregorio Picado	16
Cayetano Méndez	16
José Eulogio Zelaya	12
Dionisio Rivera	10
F. Hernández	10
V. Palacios	10
R. Hernández	10
I. Rivera	8
Antonio Rizo	8
Pedro Gadea	8
Desiderio Cortez	8
E. González	8
D. González	8
A. Hernández	8
Evaristo Rivera	8
Esteban Rizo	8
Ramón Blandón	4
Faustino García	4
Eugenio Gadea	4
Jesús Blandón	4
José A. Palacios	4
Simeón Rizo	4
D. Carazo	4
R. Ramos	4
Santiago Rizo	4
Francisca López	4
Antolín Herrera	4

Tabla 28 SUSCRIPTORES DEL EMPRESTITO DE 1871^{^[594]}. Departamento de Matagalpa

Matagalpa

Nombre	Monto
Perfecto Altamirano	640
Benito Morales	400
Nazario Vega	80
Crescencio Martínez	80
Ramón García	80
Matías Baldizón	80
Tiburcio Somoza	40
Rafael Morales	40
Eliseo R. Macy	40

Muy Muy

Nombre	Monto
Luis Blandón	80
Pedro Sánchez	16
R. Sobalvarro	10
Ventura Castro	10
Santos Zamora	10
Juan García	8

Sébaco

Sébaco	Monto
P. Galeano	8
Francisco Leiva	8
Manuel Rivera	8
C. Galeano	8
González Roa	8
J. Rodríguez	8
Ramón Galeano	8

Terrabona

Terrabona	Monto
Artola	4
Alejandro Rivera	3

Tabla 29 FINANCIAMIENTO OTORGADO, 1884-189. Departamento de Matagalpa^{^[595]}

Acreedores	1884	1885	1887	1888	1889	1890	1891	Total
Isidro Hidalgo		5,000.00	912.50	4,630.00		3,149.99		13,692.49
Fernando y Manuel Lacayo						8,196.30		8,196.30
Agustín Lacayo Sacasa		6,400.00						6,400.00
Eliseo R. Macy	4,851.15					160.00		5,011.15
Ignacio y Tránsito Chávez						3,000.00		3,000.00
Ignacio Chávez		404.50	350.00					754.50
Hacienda		800.00		600.00			600.00	2,000.00
Nazario Vega					420.00	2,333.00		2,753.00
Virginia Cuadra e hijos						2,500.00		2,500.00
Emilio Stadthagen		58 muletos	360.00	112.00	984.00	742.00	172.00	2,370.00
Guillermo Jericho					575.00		1,760.00	2,335.00
Santiago Morales					2,000.00			2,000.00
José Luis Vega, Pastor Baca			1,225.75					1,225.75
Pastor Baca			100.00	155.40	531.20	160.00		946.60
José Luis Vega						448.00		448.00
Emilio Florke y Teófilo Notter	1,500.00							1,500.00
Narciso Vega				1,366.40				1,366.40
Anselmo Herrera				200.00		1,000.00		1,200.00
J. Cruz Cardenal						999.99	150.00	1,149.99
Rita Darío			1,000.00					1,000.00
Policarpo Membreño							720.00	720.00
J. Francisco Muñoz							676.00	676.00
Manuel Chanico		547.20						547.20
Cosme Pineda		300.00				240.00		540.00
Cosme Damián Ortiz		500.00						500.00
Carlos Leclair						450.00		450.00
Silverio Ortega		400.00						400.00
Eduviges Ponce						400.00		400.00
Manuel Alvarado					287.59			287.59
Pedro Chavarría						222.00		222.00
Teófilo Corea González				215.20				215.20
Rosa Arnesto				200.00				200.00
Juana Montenegro						180.00		180.00
Fidel Herrera			34.70			128.00		162.70
Simón Azmitia						160.00		160.00
Lorenza Bonilla	139.60							139.60
J.Rosa Rizo							112.00	112.00
Sebastián Solano Gómez						100.00		100.00
Rosenda Blandón		61 reses						61 reses
Margarito Zamora						59.00		59.00
Luis Cartín					50.00			50.00
Total	6,490.75	14,351.70	3,982.95	7,479.00	4,847.79	24,627.29	4,190.00	65,969.48

Tabla 30 SOCIEDAD EXPLORADORA DEL CAMINO AL ATLANTICO, 1883. Lista de Socios. Departamento de Matagalpa

Nombre	Cargo	Oficio	Acciones
Pedro Soza	Diputado	hacendado	20
Nazario Vega	Senador	comerciante	4
Vicente Santeliz		médico	1
Tranquilino Sotomayor		médico	4
José Luis Vega	Procurador Judicial		4
Luis Arrieta			1
Luis Cierra		comerciante	4
Carlos Leclair		comerciante	1
Jesús Elizondo Torres	Sargento Mayor	militar	1
Plácido Matuz	Capitán	agricultor	1
Nicolás Grijalva	Capitán	hacendado	8
Cosme Damián Pineda	Capitán	comerciante	4
Socorro Morales		músico	1
Benjamín Martínez		comerciante	4
Rodolfo Martínez		comerciante	1
Alejandro Fajardo	Capitán	músico	1
Juan Sobalvarro		agricultor	1
Octavio Reyes		comerciante	2
Dionisio Guzmán		agricultor	1
Celedonio Fonseca		agricultor	1
Teodoro Aráuz		comerciante	1
Sebastián Ramírez		agricultor	2
Carmen Molina		comerciante	1
Matías Baldizón		agricultor	4
Pedro Chávez		agricultor	2
Manuel Bustamante		médico	1

Notas al Capítulo VII

HACIA EL MERCADO EXTERNO

Los últimos años de la década de los ochenta y los primeros de la siguiente fueron testigos de un particular dinamismo en la región. En las décadas anteriores se sucedieron grandes transformaciones en la vida económica y social de la región: la propiedad privada sobre la tierras se extendió a expensas de los ejidos, tierras comunales y baldíos; la inversión en comunicaciones, caminos y carreteras estaba rompiendo el aislamiento del departamento y se realizaban inversiones en distintos rubros productivos.

Aunque la ganadería de latifundio, las plantaciones de caña y trigo y el establecimiento de plantaciones de café eran los rubros más activos en la aplicación de capital, la producción de granos y hortalizas, la crianza de ganado en pequeñas explotaciones también tenía un crecimiento importante. El comercio con la región del Pacífico era mayor, aunque todavía no fuese lo suficiente amplio para lograr la articulación económica entre ambas regiones.

La población continuaba creciendo, pero el Estado ya era más fuerte para ejercer control sobre la población indígena y garantizar la disponibilidad de mano de obra.

Todos los procesos operados en la tenencia de la tierra, las comunicaciones, la disponibilidad de capital y el crecimiento de la fuerza del Estado, contribuyeron a crear las condiciones que una producción intensiva, en gran escala podía necesitar.

Orientarse hacia el mercado externo, lograr una plena articulación con el mercado mundial había sido desde la independencia la meta de la oligarquía. En el departamento de Matagalpa, la minería y especialmente la producción cafetalera, cumplirían ese papel.

La caficultura aceleró la creación de redes económicas que conectaban distintas regiones del país, lo que entre la región central y del pacífico no había sido posible lograr, ya no con un producto, sino con todos. A diferencia de lo sucedido anteriormente, la producción cafetalera y las explotaciones mineras, catapultarían la inserción de Matagalpa y Jinotega en el mercado externo, impulsando la articulación con la región del Pacífico, la conformación de un mercado interno.

NUEVO IMPULSO MINERO

Después de varios años de inactividad, desde 1883, la minería tomó un segundo impulso. Explotación de las vetas conocidas, denuncias de nuevas vetas, una mayor participación del capital local y mayor número de explotaciones sería la tónica en esta nueva etapa.

En 1889 se reiniciaron las denuncias de minerales en el departamento. En abril de 1890, J. Wiest, W.P. Collins y Frank B. Passmore, ingenieros civiles contratados por el gobierno, que recorrieron e inspeccionaron algunas minas en San Ramón, presentaron reportes optimistas.

“Todo el distrito de San Ramón, parece rico en minerales, especialmente de oro, pues en todas direcciones se encuentran vetas de broza de todos los colores, y en todas se ven trazas de oro, siendo ligeramente trabajadas por ahora las que se creen más ricas”.^{^[596]}

Igual de positivos eran los informes del prefecto departamental, enviados al gobierno a finales de ese año: la actividad minera se había incrementado con el descubrimiento de “criaderos de oro más abundante y de mejor calidad que los conocidos anteriormente”.^{^[597]}

Efectivamente, en 1889 y 1890 se iniciaron numerosas explotaciones minerales las que se fueron dando lugar a denuncias formales en esos años o en los subsiguientes. Según un informe del Ministerio de Hacienda, de un total de 106 denuncias en todo el país, en el departamento de Matagalpa, se habían presentado 69, en Chontales 25, en León 8, en Chinandega 3 y en Prinzapolka 1. El informe concluía señalando: “Es evidente pues que el departamento de Matagalpa ocupa también el primer rango en los distritos minerales”.^{^[598]}

Hasta finales de 1892, se conocía la existencia de setenta y tres minerales activos, sesenta y seis de oro, cuatro de plata, dos de azabache y una de un material conocido como “fósil luciente”.^{^[599]} Varias de estas vetas mineras se encontraban en tierras indígenas, entre ellas Monte Grande, El Naranjo, Yúcul, Cerro Grande, Guadalupe, Ocalca y Mercedes.

Una nueva zona minera fue configurándose en estos años en lo que era la jurisdicción de Muy Muy.^{^[600]} Las vetas de oro, que parecían ser las más importantes, estaban concentradas en el lugar llamado El Guabo, al sur del cerro Pancasán, al noroeste del río Muy Muy Viejo, al noroeste del río Las Cañas, en las cercanías del cerro El Trapiche, al este de la Picada Real (camino que iba del Cacao a Muy Muy Viejo), en el lugar llamado Santa Rita y al noroeste del río Olama.

En Matagalpa, en los lugares conocidos como San José, La Tigera, La Esperanza, El Zapote y Apantillo se iniciaron explotaciones en búsqueda de oro. En San Ramón se continuaban las exploraciones y nuevas vetas se abrieron en Yúcul, Buena Vista, El Naranjo y Cerro Grande, mientras se reactivavan La Pita, La Lima, Monte Grande, Ocalca, El Ojoche y La Laguna que se encontraban en abandono y en esos mismos sitios se iniciaban nuevas explotaciones. En 1891, Santiago Medina denunció La Leonesa y Monte Grande, de nuevo Eliseo R. Macy pondría oposición inicialmente para retirarla después, dejando libre la asignación de esos minerales a Medina.

En San Rafael del Norte, se reactivó la búsqueda de plata. Las denuncias se concentraron en el lugar llamado Liquidambral. Aunque sólo dos vetas de azabache se denunciaron, una en el Naranjo, en Matagalpa y la otra en la zona del Río de las Vegas en San Rafael del Norte, la existencia de piedras preciosas y minerales de plomo no dejaría de mencionarse en las referencias a las potencialidades mineras del departamento.^{^[601]} En 1890, la mina llamada Plomo, al suroeste de San Ramón, estaba abandonada, “el fuerte olor a azufre que despedía nos hizo comprender que tenía más cobre que plomo”.^{^[602]}

Por su parte, la antigua veta de carbonato de cal del cerro La Corneta estaba en explotación en 1890, según testimonió el ingeniero Chamberlain.^{^[603]}

Según el informe del prefecto departamental, las minas activas más importantes en 1890 eran Santa Rita de Juan Guerrero y José Luis Ortega; San Benito, de Leónidas Alonzo y Leopoldo Wasmer y la mina Maryland, de Juan Rodríguez y Juan Rico. En esta última, los ingenieros Wiest, Collins y Passmore, observaron una veta de unos nueve pies de ancho. Las muestras de broza examinada por ellos, les dieron por resultados “fuertes trazas de oro”.^{^[604]}

Las explotaciones entre 1889 y 1892, a diferencia del período minero anterior en el que predominaba el capital extranjero, se realizaban con una fuerte composición de capital local. Inicialmente sólo tres extranjeros estaban involucrados: Leopoldo Wassmer, alemán, comerciante que vivía en León; Carlos Davis Parker, norteamericano y Cruz Irías, hondureño, estos últimos vivían en Matagalpa.

En 1891 se constituyó una compañía integrada por extranjeros, inmigrantes italianos en su mayoría, para la explotación de la mina San Benito. Se llamaba San Benito Gold Mining Company y se definía legalmente como “sucesora de la Compañía Minera de Matagalpa”.^{^[605]} Bernardino Giusto, italiano, era su secretario. En enero de 1892, sus estatutos se publicaron en La Gaceta,^{^[606]} definiendo el capital inicial de la compañía en cincuenta y dos mil quinientos pesos fuertes, con un total de acciones nominales de doscientas diez acciones, transferibles con consentimiento del consejo administrativo. Los suscriptores eran Pablo y Bernardino Giusto, Roberto A. Crespi, C. E. Nicole, Mercedes Ramírez, William Climie, F. A. Pellas y alguien más de apellido Vivas. Los Giusto, según una nota publicada en una gaceta tenían quince años de residir en Nicaragua.

Del resto de propietarios de minas, solamente cuatro eran de otros departamentos, Telesforo Escorcia y Carlos Ramírez, comerciantes de Masaya, Santiago Medina de León, Gregorio Z. Mayorga de La Libertad y Tiburcio G. Bonilla, abogado y político de Managua. Todos los demás dueños de minas eran ganaderos, comerciantes, agricultores y de otros oficios del departamento, no pocos eran de Muy Muy. De un total de 35 denunciantes, catorce decían ser agricultores, cuatro ganaderos, cuatro comerciantes, siete mineros, dos abogados, dos tenedores de libros, un zapatero y un amanuense.

La participación de sociedades como propietarias era mayor que la de individuales. De los cincuenta y dos denunciantes y propietarios de los minerales reportados, veintiocho eran sociedades de dos a cuatro integrantes y el resto, veinticuatro, estaban a título individual.

Los principales propietarios eran Román Valenzuela, agricultor, participaba de seis sociedades y además poseía cinco minerales a título individual, había sido juez de Matagalpa en 1878 y tesorero de varias juntas locales en distintas oportunidades. Leónidas Alonzo, importante ganadero latifundista de Muy Muy, jurado en la década del setenta y senador suplente en 1882, participaba de cinco sociedades. Cosme Pineda, ganadero, comerciante y cafetalero participaba de cuatro sociedades, fue oficial del ejército desde mediados del siglo, jurado en la década del setenta, prefecto departamental en 1886 y senador en 1887. Rafael Mairena, agricultor y minero, participaba de cuatro sociedades. Benito Espinoza era dueño de tres minerales, jurado y oficial militar en la década del ochenta. El resto de propietarios poseían una o dos minas.

Puesto que el período estudiado concluye alrededor de 1890, no tenemos datos precisos sobre la magnitud de la producción aurífera o de otros metales y su importancia en las exportaciones en los años subsiguientes. Puede ser ilustrativo de la importancia que el gobierno le concedía, el hecho de que hasta 1892 ninguna de las zonas mineras del departamento había sido establecida como un distrito minero con sus prerrogativas administrativas y judiciales, como lo era La Libertad y la región minera de Nueva Segovia.

Visto el nuevo impulso de la minería desde la perspectiva de la evolución regional, nos permite afirmar que a las alturas de 1890 existía en la región un volumen de capital y una experiencia productiva acumulada que buscaba desplazarse a rubros de más alto rendimiento económico, de mayor rentabilidad para los propietarios tradicionalmente ubicados en la ganadería, la siembra de caña, trigo, y el comercio. El desplazamiento hacia la minería, era parte de un fenómeno más global de crecimiento y acumulación que se evidenció en la expansión de las plantaciones cafetaleras en esos mismos años.

Tabla 31 DENUNCIAS DE VETAS Y MINERALES ACTIVOS, 1889-1892. Departamento de Matagalpa

Año	Mineral	Metal	Propietario	Lugar	Ubicación
1889	Maire Espino	oro	Benito Espinoza	El Coyolar, suroeste de la quebrada	Esquipulas
1889	Los Angeles	oro	Luis N. Arrieta	El Guabo	Muy Muy
1889	Santa Cruz	oro	Román Valenzuela	Las Cañas, noroestede la quebrada	Muy Muy
1889	La Trinidad	oro	Cinecio Mora Matías Esqivel N. Plata	Pancasán, sur	Muy Muy
1889	La Discordia	oro	Leónidas Alonzo	Picada Real, este	Muy Muy
1889	Río Muy Muy viejo, noroeste	oro	Leónidas Alonzo Apolonio Campos	Río Muy Muy Viejo, noroeste	Muy Muy
1889	San Benito	oro	Leónidas Alonzo Apolonio Campos	Río Muy Muy Viejo, noroeste	Muy Muy
1889	Santa Rita	oro	Juan Guerrero José Luis Ortega	Río Muy Muy Viejo, noroeste	Muy Muy
1889	Maryland	oro	Juan Rodríguez Juan Rico	Yúcul	San Ramón
1890	El Naranjo [1]*	azabache	Carlos Davis Parker		Matagalpa
1890	San José*	oro	Barrantes & Castillo		Matagalpa
1890	La Tigera*	oro	Blandón & Molinares		Matagalpa
1890	La Restitución*	oro	Alejandro Cerna		Matagalpa
1890	San José*	oro	Duarte & Castillo		Matagalpa
1890	Gemela*	oro	Benito Espinoza		Matagalpa
1890	La Esperanza*	oro	Benito Espinoza		Matagalpa
1890	La América*	oro	Mayorga & Montenegro		Matagalpa
1890	El Consuelo*	oro	Molinares & Miranda		Matagalpa
1890	La Fortuna*	oro	Ruiz & López		Matagalpa
1890	Las Perlas de Oro*	oro	Gral. F. Ruiz		Matagalpa
1890	Las Gemelas*	oro	Gral. F. Ruiz		Matagalpa
1890	Apantillo*	oro	Josefa Mairena	Apantillo	Matagalpa
1890	San José del Zapote*	oro	José Luis Vega	El Zapote	Matagalpa
1890	Andrea	fósil	Carlos Davis Parker	La Laguna, norte	Matagalpa
1890	La Trinidad	oro	Camilo Caldera	La Trinidad	Muy Muy
1890	El Porvenir*	oro	Román Valenzuela	El Guabo	Muy Muy
1890	San Antonio*	oro	Román Valenzuela	El Guabo	Muy Muy
1890	San Juan*	oro	Román Valenzuela	El Guabo	Muy Muy
1890	Delfina*	oro	David Caldera	El Guabo	Muy Muy
1890	Rosita*	oro	Fulgencio Mayorga	El Guabo	Muy Muy
1890	Centroamérica*	oro	Tiburcio G. Bonilla	El Guabo	Muy Muy
1890	El Portento*	oro	Luis N. Arrieta	El Guabo	Muy Muy
1890	La Leonesa	oro	Leónidas Alonzo Pedro Chávez	El Guabo	Muy Muy
1890	San Pablo	oro	Leónidas Alonzo Pablo Hernández	El Guabo	Muy Muy
1890	San Benito, cabezal oriental	oro	Tiburcio G.Bonilla	El Guabo	Muy Muy
1890		oro	Simón Reyes Ramón Mairena	El Guabo	Muy Muy
1890	Santa María	oro	Leónidas Alonzo Pedro Chávez Pablo Hernández	Picada Real, este	Muy Muy
1890	El Baluarte*	oro		Picada Real, este	Muy Muy
1890	La Sultana	oro	Leónidas Alonzo Pedro Chávez Laureano Soza	Trapiche	Muy Muy
1890	San Benito*	oro	Alonzo & Wassmer	Río Muy Muy Viejo noreste	Muy Muy
1890	Santa Rita*	oro	Nicolás Grijalva	Río Muy Muy Viejo noreste	Muy Muy
1890	La Envidia*	oro	C. Cantarero	Santa Rita, cabezal	Muy Muy
1890	La Ninfa*	oro	David Caldera	Santa Rita, cabezal	Muy Muy
1890	Santa María*	plata	Román Valenzuela		Muy Muy
1890	Santa Brígida*	oro	Nicolás Grijalva	Ocalca	San Ramón
1890	Buena Vista*	oro	Mestrailler & Gallardo	Buena Vista	San Ramón
1890	La Leonesa*	oro	Compañía americana	La Leonesa	San Ramón
1890	Lima*	oro	Compañía americana	La Lima	San Ramón
1890	Monte Grande*	oro	Compañía americana	Monte Grande	San Ramón
1890	Ojoche*	oro	Compañía americana	Ojoche	San Ramón
1890	La Ciudad*	oro	Compañía americana		San Ramón
1890	Las Mercedes*	oro	Compañía americana		San Ramón
1890	El Paraíso	oro	Plácido Matuz José María Escorcia	Cerro Grande, este	San Ramón
1890	Esmeralda	oro	Cosme Pineda Rafael Mairena	Cerro Grande, oeste	San Ramón
1890	La Unión	oro	Valenzuela & Mayorga	Yúcul	San Ramón
1890	La Esperanza*	azabache	Matus & Mairena	Río de las Vegas	San Rafael del Norte
1891	San Rafael	oro	Cosme Pineda Román Valenzuela José María Escorcia Rafael Mairena	La Laguna	San Ramón
1891	La Leonesa	oro	Santiago Medina	La Laguna	San Ramón
1891	Monte Grande	oro	Santiago Medina	Monte Grande	San Ramón
1891		oro	Cosme Pineda Román Valenzuela Rafael Mairena	Cerro Grande	San Ramón
1891	San Antonio	plantel	Cosme Pineda Román Valenzuela Rafael Mairena	Cerro Grande	San Ramón
1891	La Mocuana	oro	Gregorio Z. Mayorga Josefa de Jacoby	Santa Rita	Muy Muy
1891	La Constancia	oro	J. Carmen Ruiz	El Guabo	Muy Muy
1891	La Constancia	oro	J. Carmen Ruiz	El Guabo	Muy Muy
1891	San Cayetano	oro	Plácido Matuz	El Guabo	Muy Muy
1891	La Felipita	oro	Leoncio Navarrete	El Guabo	Muy Muy
1891	Santa Rita, cabezales	oro	Nicolás Grijalva	Río Muy Muy Viejo noreste	Muy Muy
1891	Mercedes	oro	Carmen Mendoza	Río Olama, oeste y norte	Muy Muy
1891	Alemania	plata	Leopoldo Wassmer	Liquidambral	San Rafael del Norte
1891		plata	Carlos Ramírez	Liquidambral	San Rafael del Norte
1891	La Esperanza	oro	Rosa Zamora Telesforo Escorcia Marcos Mairena Juan Colindres	Guadalupe	Matagalpa
1892	La Carmelita	oro	José Gadea Benjamín Torres Pablo Hernández	El Guabo	Muy Muy
1892	San Basilio	oro	Román Valenzuela Carmen Donaire Rafael Mairena	La Laguna	San Ramón
1892	Monserrat	oro	Carmen Valenzuela	La Laguna	San Ramón
1892	San Ramón	oro	Cosme Pineda Román Valenzuela Rafael Mairena Justo López	La Laguna	San Ramón
1892	La Concepción	oro	Cruz Irías	El Naranjo	San Ramón
1892		plata	Carlos Ramírez	Liquidambral	San Rafael del Norte

El asterisco indica que la información procede del Informe del Prefecto del Departamento de Matagalpa. 11 de noviembre de 1890. En Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890. La que no lleva asterisco, es información procedente de las denuncias publicadas en las Gacetas correspondientes.

LA EXPANSIÓN CAFETALERA

Antes de la expansión cafetalera, a pesar de la extensión de los cultivos y de las áreas ocupadas para pastos, la mayor parte de los bosques del departamento permanecían poco explotados. Solamente en las cercanías de los pueblos se realizaba extracción de madera particularmente la de mayor utilidad para la construcción. Cedro, caoba, liquidámbar, pino, roble, abetos, encinos, escobillo, guayacán, ébano, laurel, melón, pochote, brasil, mora, bálsamo,^{^[607]} entre otros eran las especies que llamaban la atención a viajeros y autoridades.

En 1890, el ingeniero P.W. Chamberlain, en su recorrido, estimó que las maderas de construcción no eran abundantes en la jurisdicción de Matagalpa. Igual que Thomas Belt en 1872, vería pinos, abetos, robles y encinos en las cumbres de la cordillera,^{^[608]} pero su atención se dirigió al “despilfarro” que se realizaba por la técnica deficiente en el corte de la madera, sobre todo en el caso de las caobas y cedros gigantescos.^{^[609]}

En Jinotega, la madera de construcción era abundantes, Entre los principales estaban “el maría, la ira rosa, barcina y amarilla, la encina, guayabo, palo de arco, ronrón, danto hediondo, etc., todas maderas finas y útiles”.^{^[610]} En San Rafael del Norte, Chamberlain apreció un bosque de pinos resinosos de seis millas de ancho por treinta de largo. También había liquidámbar.^{^[611]}

Luego de hacer la valoración de los bosques de los alrededores de Matagalpa y Jinotega, afirmó que “da lástima tener que destruirlas para hacer cafetales”.^{^[612]} La expresión de Chamberlain sintetizaba la actividad del departamento: desde 1889 se había iniciado una acelerada expansión de las plantaciones de café. Los bosques cedían el paso al nuevo cultivo.

El cultivo del café se había tratado de introducir en Nicaragua después de concluida la guerra nacional. En 1858, un decreto legislativo estableció los primeros incentivos para las plantaciones cafetaleras: exención del servicio militar, en tiempo de paz a los dueños y trabajadores de las fincas cafetaleras con más de cinco mil plantas, así como de impuestos directos, diezmos y otras tasas.

El decreto establecía condiciones especiales para facilitar la utilización de tierras “nacionales”, “los que serían vendidos al agricultor por vales o crédito contra la República, o si de comunes o particulares que los tuviesen incultos, por dinero”. La obligación a vender entraba en vigor un año después de propuesta la compra.^{^[613]}

Las medidas fueron definidas de cara a la introducción del cultivo en la región del Pacífico. Fue hasta en 1866, que un decreto legislativo^{^[614]} ordenó al gobierno comprar doce quintales de café para distribuirlos como semilla entre los agricultores que “de las dos Segovias” se quisieran dedicar al cultivo del café. Un año después los incentivos no habían dado ningún resultado. El gobierno extendió por seis años más los privilegios otorgados en 1858, a los que tuviesen plantaciones de café.^{^[615]}

Las iniciativas tomadas por el gobierno a finales de la década del setenta, en materia de tierras y caminos junto a nuevos incentivos económicos al cultivo del café, ciertamente tendrían impacto en la región, pero no de manera inmediata.

Un decreto legislativo de marzo de 1877, estableció un premio para los agricultores de Nueva Segovia, Matagalpa y Chontales que sembraran cinco mil matas o más de café. El gobierno entregaría cinco centavos por cada planta cultivada, a una distancia no menor de tres varas en cuadro. La vigencia del premio era de diez años y sería entregado a cada cultivador, “cuando los cafetos estén frutando”. Las fincas de café quedaban exentas de las contribuciones sobre el valor de sus propiedades igual número de años.^{^[616]}

En el mismo acto, el gobierno asumía la responsabilidad de iniciar la construcción de carreteras que “conduzcan de aquellos a éstos departamentos”.^{^[617]} A pesar de la declaración de intenciones, sólo hasta 1879 se reglamentaría la forma en que los agricultores podían solicitar el premio establecido por la siembra de café.^{^[618]}

LAS PRIMERAS EXPERIENCIAS CAFETALERAS

El primer cultivo en producción con fines comerciales, del que se posee información data de 1876 ó 1877 y pertenecía a George Choisuel Praslin, francés que vivía en el departamento desde hacía algunos años. Según la información de que se dispone, fue el primer productor que recibió subsidio del gobierno por plantar café en Matagalpa.

Entre 1879 y 1881 el gobierno pagó únicamente a tres productores de Matagalpa.^{^[619]} El subsidio, conocido como “primas”, podía comenzar a cobrarse “cuando los cafetos estén frutando”. Para tener un estimado del establecimiento de plantaciones en ese período, asumiremos que las primas se pagaban dos años después de iniciada la plantación.

El prefecto Gregorio Cuadra, sostenía en sus informes que había gran cantidad de plantaciones de café. Según su apreciación, en 1880 la cantidad de cafetos sembrados en el departamento alcanzaban los doscientos setenta y cuatro mil, cincuenta plantas; en almácigo, según decía, había noventa y cuatro mil novecientos cincuenta y dos. La producción estimada era de ciento treinta y cuatro quintales.^{^[620]}

Así entre el informe del prefecto y los subsidios pagados por el gobierno tendríamos el siguiente resultado:

Tabla 32 ARBOLES DE CAFÉ SEMBRADOS POR AÑO. DEPARTAMENTO DE MATAGALPA, 1877-1881

Propietario	1877	1879	1880	1881
George Choisuel Praslin (i)	4,914
Rafael Alvarado (ii)		11,330
Juan Fischer (iii)		7,202
Otras plantaciones según datos de Cuadra (iv)			250,634 (1)	85,456 (2)
Total	4,914	18,532	250,634	85,456

(1)A la cifra del prefecto se le ha restado los árboles sembrados en 1877, 78 y 79 por los que se había pagado prima.

(2)Se ha disminuido en un 10% de lo informado por el prefecto, por estimarse como posibles pérdidas en viveros.

(i)Gaceta Oficial No.31, agosto 5, 1882, p.255.

(ii)Gaceta Oficial No.31, agosto 5, 1882, p.255.

(iii)Gaceta Oficial No.31, agosto 5, 1882, p.255.

Si todos esos árboles hubiesen sido sembrados a la distancia mínima establecida por el gobierno que era de mil árboles por manzana, habrían ocupado, al menos, una extensión total de 359.5 manzanas.^{^[621]}

El prefecto no quedaba satisfecho y valoraba que

“…aún no se han sacado los frutos que se propuso el Legislador en la ley de 14 de Marzo de 1877. Es indudable que con los primeros que han obtenido el premio, y con la mejora de los caminos, se estimularán los demás”.^{^[622]}

El balance y los datos del gobierno eran mucho menos optimista y en abierta contradicción con las apreciaciones e informes de las autoridades departamentales. Fue esta valoración, lo que causó que en 1883, fueran suspendidos los incentivos por árboles sembrados.^{^[623]} Mucho se había pagado y los resultados no se correspondían con lo erogado.

En 1882 el gobierno había pagado, sólo en el departamento de Matagalpa, un total de 1,172.3 pesos, por los cafetos sembrados desde 1877. Para el ciclo 83-84, pagó en los departamentos de Nueva Segovia y Matagalpa la suma de 10,696.50 pesos por 213,933 cafetos. En 1885 solamente se pagaron primas para Nueva Segovia.^{^[624]}

El ministro de fomento J. Chamorro fue drástico, afirmó categóricamente que los pagos realizados y la cantidad de árboles registradas no se correspondían a la producción real de café en los departamentos de Matagalpa y Nueva Segovia, la que era bastante menor de lo estimado y pagado.^{^[625]}

El pago de 83-84 correspondía a las plantaciones establecidas en 1880 y 1881. La cantidad de árboles sembrados a los que hubiese correspondido prima según los datos del prefecto era de 336,090 aún mayor que la que había cobrado premio del gobierno en dos departamentos. Es dudoso que algún cultivador renunciara a cobrar la prima por café sembrado, es más creíble que lo realmente sembrado estaba por debajo de los datos en manos de Chamorro. Las cifras del prefecto Cuadra eran obviamente exageradas.

Dicho de otra forma, asumiendo que el 75% de las primas del ciclo 83-84 se pagaron en Matagalpa y el 25% en Nueva Segovia, no había en el primero más de 183,895 plantas en producción a las alturas de 1885, ocupando un área de unas 185 manzanas. Si todas hubiesen estado en producción a finales de ese año, con una productividad mínima de 0.25 libra de café oro por árbol, la cosecha total habría sido de unos 460 quintales oro de café.

Las pequeñas plantaciones

Es difícil establecer claramente la cifra real de árboles plantados en ese período, pero al menos poseemos una idea de que la producción de café se iniciaba en la región y es innegable que entre 1877 y 1888 se generalizó la plantación de cafetos. Las características de este fenómeno inicial son importantes de subrayar por su diferencia con lo que pasaría a partir de 1889.

En esa primera etapa, se trataba de producción en pequeña escala, dispersa en todo el departamento, con participación de muchos productores. La característica principal de estos cultivos era el que se realizaban en fincas establecidas de previo o en nuevas pero pequeñas, apropiaciones de tierra y se encontraban en lugares más alejados de las vías de comunicación y de los pueblos principales.

Por la información disponible se puede deducir que estas plantaciones no tenían más de cinco mil árboles de café cada una y que eran realizadas por propietarios ladinos. Por ser consideradas de escasa importancia no figuraba en la estadística que regularmente presentaban las autoridades locales, aunque si se aludía a ella en varios reportes.

Un informe del prefecto J. Rosa Rizo, al cierre del año 86, es de utilidad para observar lo que sucedía. En Matagalpa, según el funcionario, las plantaciones eran pequeñas, “no hay empresas de verdadera importancia, pues las que hay, aunque son bastantes en número, son de poco valor”.^{^[626]}

Mientras que en San Rafael del Norte, en ese mismo año, habían veinte “haciendas” de café y varios pequeños plantíos. En Terrabona y Esquipulas también se cultivaba, pero en proporciones poco importantes. En Jinotega el café que se producía era “de muy buena calidad, pero hay pocos y pequeños plantíos”.^{^[627]} Estas características de muchos productores y pequeñas plantaciones, la explicaba el prefecto

“La fertilidad de los terrenos se presta a todo género de cultivos, pero los agricultores carecen de los conocimientos que exige esta clase de industria, a que se agrega la falta de fondos para la introducción de maquinaria a propósito para el servicio de las grandes empresas”^{^[628]}

Pero, en el período transcurrido desde la entrega de las primas por el gobierno y el inicio del establecimiento de grandes plantaciones, se había acumulado experiencia económica y productiva en el manejo del cultivo en sus distintas etapas en el departamento.

El prefecto informó de la existencia, en 1890, de unas cincuenta plantaciones en Jinotega, a pesar de que solamente una fue reportada en labores de siembra. En San Rafael del Norte, informó de la existencia de seis plantaciones de café, desde cinco hasta doce mil palos.^{^[629]} En esa jurisdicción, en 1880, Miguel Vélez h., oficial auxiliar de la oficina general de telégrafos, había recomendado a Managua, el paso de la línea del telégrafo por San Rafael del Norte entre otras consideraciones por “el mucho ensanche que la agricultura ha tomado en ella, como lo demuestran las grandes empresas de café que existen”^{^[630]} En Terrabona, al final de la década del ochenta, se cultivaba café, aunque no en escala comercial.^{^[631]}

Aunque el fenómeno de los últimos años de los ochenta fue espectacular por su aceleración, masividad y creación de propiedad latifundiaria, el avance progresivo experimentado a lo largo de la década, determinó también una configuración económica que ha perdurado y que se caracteriza por la participación en la producción cafetalera de una gran cantidad de productores pequeños en unidades de orientación productiva múltiple, situados en las zonas más alejadas de los centros urbanos del departamento.

EXPANSIÓN CAFETALERA

Experiencia productiva y capital eran según el prefecto, algunas de las restricciones que existían para desarrollar “grandes empresas”. Como vimos en las páginas anteriores, la experiencia productiva se fue acumulando lentamente pero el capital tuvo otro comportamiento.

Ya hemos visto que la tierra era un factor de tensión. El grave conflicto alrededor de la tierra, parece ser una de las causas determinantes del retraso de la inversión masiva de capital en plantaciones cafetaleras en la región. Su ausencia en la primera mitad de la década del ochenta era en todo caso una consecuencia de este problema no resuelto. Sin embargo, en la segunda mitad de la década del ochenta un flujo de capital creciente llegó al departamento.

Según un informe del prefecto departamental José Cruz Cardenal, en 1888 habían unas ocho o diez plantaciones de café de alguna consideración en el departamento, al año siguiente, sesenta productores de café habían sembrado un total de 653,400 árboles y para 1890 se había previsto la incorporación de 21 productores más, trece de ellos ampliaban sus plantaciones, el resto eran nuevos cultivos, para una siembra total de 810,500 árboles adicionales.^{^[632]} Agregando información procedente de otras fuentes, para 1890 habría un total sembrado de 1,723,900 árboles. La siembra en 1890 creció en un 64% respecto al año anterior, en lo que era el segundo año de la expansión cafetalera.

El panorama del bienio lo describió así el prefecto

“…este ramo va tomando considerable ensanche, al favor del entusiasmo que las empresas cafetaleras han despertado en el departamento. Cada día se palpa el progreso creciente de la agricultura. Se despierta la iniciativa individual, se aumenta el número de brazos por los inmigrantes que llegan y la agricultura se mira ya como una ocupación honrosa y lucrativa”.^{^[633]}

Ciertamente la organización de fincas cafetaleras, a finales de la década del ochenta, se realizaba con un impulso superior al inicial, dando lugar a la formación de vastas zonas cafetaleras, la mayoría y las más importantes se hallaban en la jurisdicción de Matagalpa-San Ramón, San Rafael del Norte y Jinotega.

La actividad desplegada en esos años, tuvo entre sus testigos a los ingenieros Chamberlain, J. Wiest, W.P. Collins y Frank B. Passmore que recorrieron la región por separado por cuenta del gobierno.

Según las observaciones de los ingenieros Wiest, Collins y Passmore, en una manzana, se sembraban de seiscientas a seiscientas veinte y cinco plantas y no mil como establecía el gobierno. De acuerdo a este último dato, la totalidad de los árboles sembrados entre 1889 y 1890 ocupaba un área aproximada de 2,758 manzanas. Pero ese dato refleja una parte de la ocupación de tierra que realmente se produjo como se ha mostrado en el capítulo correspondiente.

Ningún otro rubro había catapultado la ocupación de tierras en esa magnitud en tan breve plazo. Las denuncias de tierra de 1889 y parte de las del noventa, iban tras los cultivos. Ya desde el noventa en adelante, las denuncias parecían más bien preceder al establecimiento de plantaciones. En todos los casos el área solicitada era bastante mayor que la realmente utilizada en establecer plantaciones.

En las zonas de desarrollo que se conformaban con las denuncias de tierra, se establecieron plantaciones durante 89 y 90 en La Fundadora, en los alrededores de Matagalpa, Apante, Apantillo, Apamico, El Arenal, Jumaiquí, Molino Norte, Matapalo, Siare, La Lima, La Pita, San Ramón, Yasica, Monte Grande y Montaña Grande. El detalle de las zonas se encuentra al final de este capítulo.

En Jinotega, Chamberlain vio “empresas de café en vías de progreso”, siendo una de las mejores plantaciones las de Bermúdez, Chávez y Navarro dueños de la hacienda La Fundadora, que poseían 200,000 cafetos en almácigo para ser trasplantados en 1890.^{^[634]} El senador Ignacio Chávez era señalado por Chamberlain como el principal promotor de la producción cafetalera de Jinotega.^{^[635]}

Según Chamberlain en Buena Vista, Datanlí, Sarayal, Cimarrón, Yale y Pantasma, había tierra y condiciones “suficientes para contener diez millones de árboles de café”.^{^[636]}

Wiest, Collins y Passmore, hicieron su recorrido durante el mes de abril de 1890. En El Apante, vieron un plantío de café cargado de flores, pero en abandono y cubriéndose de yerba.

“La razón porque el cultivo del café ha sido abandonado parece ser por la dificultad de llevar el fruto a los mercados: pero ahora que el Gobierno ha decidido la construcción de una carretera, y es posible la de un ferrocarril, la industria está reviviendo y ya más tierras han sido denunciadas para sembrar café y un caballero americano Mr. Conelly ha tomado un lote de terreno y se ocupa activamente en descuajar el monte”.^{^[637]}

En Jinotega, la exploración en las zona cafetalera, les permitió constatar la existencia de propiedades preparándose para la siembra, otras desmontándose, numerosos almácigos de café listos para su trasplante y eras ya formadas.^{^[638]} Además observaron cafetos sembrados hacía unos doce años, en situación de abandono, que según les informaron producían tres libras promedio cada uno.^{^[639]} Los viajeros observaron la diferencia que las condiciones imponían a la tecnología a utilizarse en esta región en relación a la usada en las sierras de Managua.

“Es de presumirse que el café no pueda ser beneficiado en estas montañas, debido a la humedad del clima. La estación lluviosa dura ocho meses, pero se puede lavar el café y mandarlo a las tierras bajas donde se le prepare para el mercado”.^{^[640]}

Varios factores habían motivado la rápida y masiva expansión de la producción cafetalera: la construcción de la carretera hacia los centros comerciales del pacífico, los altos precios del café, las condiciones agroecológicas de la zona que estimulaban la expectativa de lograr mejores rendimientos que en Managua, las exenciones del servicio militar a finqueros y trabajadores,^{^[641]} el bajo precio y disponibilidad de los baldíos, las facilidades para arrendarla a las comunidades, el fortalecimiento del control estatal que podía garantizar mano de obra suficiente y la prima concedida por el gobierno por árbol sembrado.

Este último factor no era del todo despreciable. Según los cálculos establecidos por Wiest, Collins y Passmore, el costo total de la preparación de tierras y la siembra de los cafetos, en plantación, era de unos ocho centavos por árbol. En 1889, el gobierno había prorrogado los efectos del decreto de marzo de 1877 que ofrecía una prima de cinco centavos por cafeto a los cultivadores de cinco mil plantas o más. La mitad de la prima se cancelaría al final del segundo año y el resto al final del tercer año.^{^[642]} El gobierno asumía de esta manera, el 62.5% de los costos de establecimiento de la plantación, sin incluir el incentivo que representaba el escaso valor concedido por el gobierno a la tierra cafetalera.

LOS GRANDES PROPIETARIOS

La expansión cafetalera originó la creación del latifundio agrícola en el departamento y contribuyó por un lado al enriquecimiento de una reducida capa de productores y al despojo de la población indígena.

Las cifras de árboles sembrados en el departamento, según registro del prefecto, para los años 1889 y 1890, muestra el predominio de las grandes inversiones.

Tabla 33 INVERSIONES EN PLANTACIONES DE CAFE^{^[643]}. 1889-1890

Arboles sembrados	Productores	Total por rango	Proporción árboles por rango (%)
400-5,000	26	114,900	6.91
5001-10,000	21	186,000	11.18
10001-15,000	4	57,000	3.43
15,001-20,000	7	140,000	8.41
20,001-25,000	7	170,000	10.22
25,001-30,000	4	120,000	7.21
30,001-35,000	–	–	–
35,001-40,000	2	80,000	4.81
40,001-45,000	3	131,000	7.87
45,001-50,000	4	200,000	12.02
50,001-75,000	2	135,000	8.11
75,001-100,000	–	–	–
100,001-200,000	2	330,000	19.83
Total	82	1,663,900	100.00

El 57.3% de los productores habría sembrado el 18.09% de los árboles en las plantaciones de menor tamaño. En un segundo gran tramo se encontraban los que habían sembrado entre 10,000 y 30,000 plantas, éstos eran el 26.82% de los productores dueños del 29.27% del total de plantas sembradas. Ambos segmentos representaban el 84.12% de los productores y el 47.36% del total de plantas sembradas.

Por otro lado, el 10.97% de los productores, que habían sembrado entre 30,001 y 50,000 plantas, poseían el 24.67% del total y en el extremo superior estaban las plantaciones mayores de cincuenta mil plantas, 4 empresarios, el 4.87%, eran dueños del 27.94% del total de las plantas sembradas.

Si tomamos como cercanos a la realidad los costos de establecimiento de una plantación que calcularon los ingenieros Wiest, Collins y Passmore, el total de la inversión realizada en preparación de tierra y siembra en esos dos años fue aproximadamente de 133,112 pesos. Establecer una plantación de diez mil cafetos, con esos gastos específicos requería al menos de ochocientos pesos.

Plantaciones de ciento treinta mil cafetos como la Guillermo Jericho en Rosa de Jericho, en Yasica, o de doscientos mil como la Chávez, Navarro y Bermúdez en La Fundadora requerían volúmenes de capital considerables, los que no se encontraban acumulados, en términos generales, en la región y que llegaría procedente del resto del país y de capital acumulado por extranjeros, una parte en forma de créditos como ya he detallado en el capítulo anterior y otra directamente como inversión.

Para 1890, la producción cafetalera se había tornado en el elemento más agresivo y dinámico de la economía del departamento y en el eslabón determinante para su articulación con la región del Pacífico, su inserción en el mercado mundial y en un elemento provocador de cambios estructurales en la tenencia de la tierra, configuración del latifundio agrícola, debilitamiento de las comunidades indígenas, recomposición de la sociedad en el departamento y la configuración de un grupo económico vinculado a la economía mundial y despertando a nuevas formas de acumulación de capital. El latifundio cafetalero mostró su dominio desde los años 89, 90 y 91, arrastrando consigo un crecimiento del Estado para poder ejercer control suficiente sobre la mano de obra y aplicar las leyes de agricultura.

Pero también el cultivo cafetalero afianzaría la sujeción de los intereses económicos de la región a la de los grupos hegemónicos del pacífico, particularmente al capital comercial y financiero de Granada y Managua y abrió las puertas para la inmigración extranjera especialmente europea que se dio en número y magnitud considerable en las décadas siguiente.

AMPLIANDO EL COMERCIO

El cultivo del café tuvo también un impacto en la creación de redes comerciales de un alcance mayor que el existente en el departamento.

En los primeros años de la década del setenta el comercio era muy limitado. Además del intercambio entre los pueblos del departamento, había una relación comercial con la región del Pacífico. Paul Levy comentó al respecto

“Segovia, Matagalpa y Chontales suministran a los cambios ganado, cuero, quesos, oro y varios productos secundarios de la zona templada como papas, hortalizas, harina, trementina, etc…”^{^[644]}

“La tierra fría produce todos los cereales y las plantas útiles del Norte; pero las produce sin provecho para nadie. Por excelente que sea su trigo, el pan del consumo diario no deja de hacerse con harinas importadas”.^{^[645]}

Además distintos pueblos del departamento realizaban operaciones comerciales, a través de los ríos, con los pueblos de la costa caribe. Las mercancías principales eran tabaco, aguardiente, pólvora, ganado y hule.

El comercio dentro de los pueblos se limitaba a la venta de granos, dulce, carne, leche, queso, telas y otros artículos esenciales y se realizaba a través de tiendas permanentes, truchas, pulperías un tanto más surtidas, “corredores” y vendedores ambulantes. Un importante rubro era la venta de aguardiente en cantinas permanentes o temporales durante las fiestas.^{^[646]}

Las diversiones daban lugar a una actividad bastante generalizada, permanente como las canchas de gallo y billares; temporales como las diversiones públicas itinerantes, “maromas, comedias, títeres, panoramas, exhibiciones de animales”.^{^[647]}

Por otro lado, el comercio mayorista no era relevante, al menos hasta la década de los setenta. Aunque el comercio fue creciendo junto al incremento de la población y la producción, tenía un obstáculo en las vías de comunicación, la insuficiencia del transporte y sobre todo en la grave escasez de moneda, que afectaba a la región del Pacífico y con particular severidad a la región central.^{^[648]}

Los comerciantes fuertes eran muy escasos y habían logrado acumular un cierto capital en esa actividad.

A finales de la década de los ochenta, la comercialización de gran cantidad de ganado era la actividad más relevante de Jinotega, junto a la de granos, hortalizas y legumbres en pequeña cantidad. Fuera del comercio menor, solamente había dos casas de comercio cuyas operaciones de introducción y venta de mercaderías eran de alguna importancia. El prefecto del departamento estimaba que el valor anual de los productos que manejaban era de 25,000 pesos.^{^[649]}

En esos mismos años, en Muy Muy había un establecimiento de comercio mayorista, “que importaba anualmente “en géneros y artefactos de toda clase de 8 a 10,000 pesos”. El resto de la actividad comercial se realizaba en pequeña escala.^{^[650]} También se comercializaba ganado, pero directamente desde las propiedades correspondientes. El comercio de San Rafael del Norte y La Concordia era mínimo y el de Terrabona se limitaba a dos establecimientos para satisfacer el consumo del pueblo.^{^[651]}

Las tiendas ciertamente habían crecido, el comercio minorista era más amplio. Desde la región del Pacífico o de las ciudades principales, los buhoneros llevaban regularmente mercadería a los pueblos situados más al interior del departamento. Pero, ni la ganadería, ni los productos agrícolas, ni siquiera la minería, habían requerido un sistema de comercialización permanente como el que necesitaba el cultivo cafetalero, no solamente para suplir de implementos y equipos a los productores, sino especialmente para la comercialización de la producción cafetalera que requería abundante capital y una mayor especialización que para el comercio interior.

Estos establecimientos comerciales fueron instalados en la región por los más fuertes comerciantes tradicionales locales, extranjeros y comerciantes de otros departamentos del país. Entre los más importantes estaban los de Ignacio Chávez y Guillermo Jericho.

El café proveería un nexo entre regiones, pero a pesar de la activación de un nuevo tipo de comercio, subsistían los problemas derivados de la desarticulación entre la región del Pacífico y el departamento.

Chamberlain, apreció que:

“El comercio que hoy se hace en los departamentos del Norte tiene tantos inconvenientes, tanta rémora y tantas desventajas con que luchar, que los precios de las transacciones comerciales son tan desequilibrados, que vemos a la industria aborigen compitiendo ventajosamente con la maquinaria y telares de la industria europea; en efecto les sale más barato a los indígenas descuajar los bosques, sembrar el algodón, cosecharlo, desmotarlo, hilarlo y tejerlo, que comprar la tela hecha en las tiendas”.^{^[652]}

El departamento se asomaba al comercio internacional, la inserción al mercado mundial caminaba de la mano de la producción cafetalera y la explotación minera, pero no había mercado suficiente para los productos de consumo originarios de Europa. Dicho de otra manera, no existía y además costaría crear un mercado interno que facilitara la otra vía de la relación comercial con el exterior, la del consumo.

En todo caso, la articulación comercial con el exterior pasaba por la apertura de vías y medios de comunicación acordes a las inversiones agrícolas y mineras que se realizaban.

A mediados de la década del ochenta, el prefecto Agustín Duarte caracterizaba la situación de los caminos:

“…paraliza el desarrollo progresivo de la agricultura, detiene el incremento del comercio y relega el restablecimiento de las empresas mineras. Sin la construcción, pues, de buenos caminos que den fácil salida a los productos de la primera, que rebajen el crecido costo de fletes al segundo, sobre las mercancías que introduce; y que haga accesible la traslación de costosas maquinarias para nuestros minerales, continuarán estacionando las referidas industrias que constituyen el patrimonio de estos pueblos y sus esperanzas para el porvenir”.^{^[653]}

Con el impulso de la producción cafetalera y las expectativas que se abrían de grandes inversiones agrícolas, el gobierno reactivó su impulso por hacer los caminos carreteros e incluso una vía de ferrocarril inicialmente pensada hasta Matagalpa y luego integrada como parte de un gran proyecto de comunicación hacia el mar caribe para lograr la articulación comercial fluida con la costa este de los Estados Unidos y con Europa.

En abril de 1890, tres ingenieros^{^[654]} enviados por el gobierno hicieron un estudio para trazar la ruta de una carretera o una vía de ferrocarril que comunicara Matagalpa y León, Sébaco y Jinotega. La exploración de este último camino confirmaba que el tráfico de carretas era imposible de realizarse y aún era difícil para el tránsito de mulas.^{^[655]}

Del camino Matagalpa-León, el ingeniero civil P.W. Chamberlain, que la había recorrido entre diciembre de 1889 y abril de 1890, afirmaba que la vía en uso no era buena, ni presentaba condiciones técnicas, ni económicas, para su transformación en una carretera.^{^[656]} Por otro lado, Víctor Cottone, ingeniero encargado de realizar los estudios preliminares de la ruta Jinotega-Sébaco para construir una carretera informó al Ministro de Fomento, en diciembre de 1890, de las dificultades de realizarla por lo rocalloso de la mayor parte de la ruta.

Chamberlain, además, consideró factible la construcción de una vía férrea entre Matagalpa y Sébaco.^{^[657]} La posibilidad de introducir un ferrocarril dentado, propuesta hecha por Wiest y Passmore, fue desechada por Chamberlain por considerar muy complicado y costoso su mantenimiento, lenta su marcha y mayor demanda técnica y de mano de obra que la construcción de una vía de ferrocarril, que además tendría la ventaja de avanzar en la ruta hacia el Atlántico.^{^[658]}

Finalmente, se realizó un contrato para iniciar el enlace por ferrocarril de Momotombo a Matagalpa para llegar posteriormente a un lugar en el Río Grande a donde llegarían vapores procedentes del caribe. El progreso y la civilización podrían llegar más aceleradamente con el ferrocarril.

La nueva dinámica económica debía desplazar por completo la anterior. El obstáculo principal seguía siendo el señalado por el prefecto Cuadra: la capacidad de los indios de proveerse de productos para suplir sus necesidades. La plena articulación con el mercado mundial precisaba la desarticulación de las redes de mercado interno existentes dentro de la región.

Anexos al Capítulo VIII

Tabla 34 ZONAS DE DESARROLLO CAFETALERO, 1889-1892^{^[659]}. Departamento de Matagalpa

ZONA	Árboles sembrados			Denuncias de tierra para plantar café (mz)
ZONA	1889	1890	1891	Denuncias de tierra para plantar café (mz)
Pantasma
Pantasma				10
La Concordia
Angosturas				435
El Zapote				16
Leonera				26
La Esperanza				30
San Rafael del Norte
Cedros				342
El Aguacatal				52
El Zancudal				50
El Mojón				1,890
San Rafael del Norte				1,800
San Gabriel				770
Jinotega
Apapuesta				30
Buena Vista				3,000
Buculmay				50
Bonetillo				60
Chagüitón				50
Cayanfierro				20
El Sarayal				100
El Chimborazo				100
El Portillo				360
El Cimarrón				660
El Horno				66
El Picacho				50
El Bejucal				100
El Rincón de la Laguna				20
El Cerro Pelón				30
El Bramadero				50
El Pelón				100
Jinotega [1]				1,048
La Fundadora		200,000		200
Las Cruces				50
La Laguna				490
Oliprado				170
Río Grande				40
Río Tomayunca				40
Terisca				25
Susule			14,000
Matagalpa
El Arenal	50,000	150,000		3,626
Apante	41,000		58,000
Apantillo	40,000	30,000
Apamico	20,000
Los Potreros-Arenal				200
Jucuapa Arriba				300
Jumaiquí	10,000
La Cumplida				1,750
Las Cañas			10,000	235
Matagalpa [2]	417,400	377,500		1,489
Matapalo	5,000	25,000	14,000
Molino Norte		35,000		90
Siares	25,000	20,000	20,000
San Ramón
El Horno				620
El Gamalote				130
Las Escaleras				150
La Laguna				260
La Lima		8,000
La Pita		10,000
San Ramón		50,000
Monte Grande	15,000			100
Yasica	30,000	100,000		1,760
Yuyule				2,600
Terrabona
Montaña Grande		5,000		120
Esquipulas
Cumaica				15

TOTAL	653,400	1,010,500	116,000	25,775

Tabla 35 PLANTADORES DE CAFE, 1889-1890.^{^[660]}

Productor	Finca	Árboles sembrados	Lugar
Bermúdez, Chávez & Navarro	La Fundadora	200,000	La Fundadora
Guillermo Jericho	Rosa de Jericho	130,000	Yasica
Antonio Metrailler	La Mascota	70,000	Apantillo
Vega & Cantarero		65,000	Matagalpa
Cosme Pineda	La Sultana	50,000	El Arenal
José Vitta		50,000	San Ramón
Salvador Chamorro	El Conservatorio	50,000	El Arenal
Salvador Bermúdez	Aranjuez	50,000	El Arenal
Fernando López		45,000	Matagalpa
Salvador Cuadra B.	El Consuelo	45,000	Siare
José Secundino Matuz	Mata de Oro	41,000	Apante
Hipólito Saballos	El Yemen	40,000	Matagalpa
José Rosa Rizo		40,000	El Arenal
Guillermo Sheridan		30,000	Matapalo
Espinoza & Balladares		30,000	Matagalpa
Enrique C. López		30,000	Matagalpa
Plácido Salgado	La Esperanza	30,000	Jumaiquí
J.B.Conelly		25,000	Matagalpa
Pérez & Martínez		25,000	Matagalpa
Santiago Ibarra		25,000	Molino Norte
Leyton & Cerna		25,000	Matagalpa
Pbtero. Tomás R. Altamirano		25,000	Matagalpa
Dionisio Fonseca		24,000	Matagalpa
Amador & Cantarero		21,000	Matagalpa
Leopoldo Salazar		20,000	Matagalpa
Eliseo R. Macy		20,000	Monte Grande
Carlos Leclair		20,000	Aparnico
Hans Kiene		20,000	Matagalpa
Rito Guzmán		20,000	Matagalpa
Manuel Bustamante		20,000	Matagalpa
Nicolás Grijalva		20,000	Matagalpa
Pedro Chávez		15,000	Matagalpa
Blas González	Las Nubes	15,000	Matapalo
Ramón D. García	San Agustín	15,000	Las Cañas
Salvador Amador		12,000	Matagalpa
Hernández & Mendoza		10,000	Matagalpa
José María Ruiz		10,000	El Arenal
Santiago Jarquín	El Carmen	10,000	Molino Norte
Ramón Mejía		10,000	Matagalpa
Capitán Manuel Pérez		10,000	Matagalpa
Juan B. Mairena		10,000	Matagalpa
Justiniano Navarrete		10,000	Matagalpa
J.Montenegro & P. Montiel		10,000	Matagalpa
Victoriano Montoya		10,000	Jumaiquí
Máximo Rivas		10,000	La Pita
Eusebio Reinosa		10,000	Matagalpa
Juan Hernández		8,000	Matagalpa
Dionisio Orozco		8,000	Matagalpa
Trinidad Cruz		8,000	Matagalpa
Camilo López		8,000	La Lima
Alejandro Noguera		8,000	Matagalpa
Camilo Figueroa		8,000	Matagalpa
Candelario Flores		8,000	Matagalpa
José Cruz		7,000	Matagalpa
Anastasio Sobalvarro		7,000	Matagalpa
Raimundo Flores		6,000	Matagalpa
Ascensión Escorcia		5,000	Matagalpa
Ignacio Orozco		5,000	Matagalpa
Venancio Guido		5,000	Matagalpa
Juan Guido		5,000	Matagalpa
Margarito Hernández		5,000	Matagalpa
Juan Rodríguez		5,000	Matagalpa
Delia Guerrero		5,000	Matagalpa
Cruz Sevilla		5,000	Matagalpa
Juan Rivas		5,000	Matagalpa
Victoriano Escoto		5,000	Matagalpa
Nicolás Cruz		5,000	Matagalpa
Santiago Flores		5,000	Matagalpa
Faustino Flores		5,000	Matagalpa
Guadalupe Valle		5,000	Matagalpa
Isidora Montoya		5,000	Matagalpa
Zenón Montoya		5,000	Matagalpa
Ramón Montoya		5,000	Matagalpa
Jerónimo Escorcia		4,000	Matagalpa
Cruz Escorcia		4,000	Matagalpa
Petronila Cruz		4,000	Matagalpa
Rosa Luque		4,000	Matagalpa
Mateo Escorcia		4,000	Matagalpa
Rafael Hernández		4,000	Matagalpa
Juana Muñoz		4,000	Matagalpa
Adolfo Scott		1,500	Matagalpa
Félix Rivas		400	Matagalpa

Notas al Capítulo VIII

LA FRONTERA

Al occidente de la cordillera Dariense la colonización avanzó especialmente desde la segunda mitad del siglo XIX. Ya se ha descrito el crecimiento de la población y las políticas del Estado para controlar a los indígenas, el proceso de ocupación de tierras baldías, comunales y ejidales, el crecimiento y expansión de la producción y el despertar comercial de la región. Pero en los capítulos anteriores únicamente revisamos la evolución en los territorios situados en su mayoría al oeste de la vieja línea de frontera colonial española, que se desplazó lentamente a lo largo del siglo XIX.

En una zona limitada al norte y al oeste por el Río Coco y al este por el curso superior del Prinzapolka, se halla la Cordillera Isabelia. Hacia el sur, están las montañas, valles y llanos que buscan la confluencia entre el Río Grande de Matagalpa y el Tuma. Tierras prácticamente inexploradas, lugar de habitación de indios matagalpa, sumos y ulwas, algunos dispersos, otros agrupados y en su mayoría con antiguos vínculos con las comunidades que habitaban la costa del caribe.

Estos territorios reclamados por el Estado de Nicaragua como propios permanecieron sin presencia política del Estado hasta la década del ochenta. La incapacidad del Estado y los grupos hegemónicos postergó la posesión y control de estos territorios, tenidos como vacíos, o en todo caso, poblados por indios a quienes urgía civilizar. La acción civilizadora, el poder del Estado no necesitaban ser legitimados frente a los grupos indígenas. Tierras e indios estaban bajo la jurisdicción del Estado, por herencia del poder colonial.

El interés de los grupos oligárquicos en la exploración y colonización de los territorios orientales del departamento de Matagalpa obedeció a distintos fines. Una motivación fue la búsqueda de un acceso permanente hacia la costa caribe, que facilitara la posesión del territorio y la explotación de los recursos mineros o forestales.

Otro objetivo pasaba por construir una puerta adicional de salida hacia el mar Caribe, es decir hacia el mercado de este y sureste norteamericanos y al europeo. La ocupación de tierras para fines agrícolas o ganaderos sería, en todo caso, una consecuencia del impulso de las primeras y no objetivo inicial.

En la década del sesenta el momento no podía ser mejor para iniciar el avance colonizador hacia el oriente. La guerra civil había concluido, la hegemonía política interna estaba bastante dilucidada. Por otra parte, los Estados Unidos e Inglaterra habían firmado, en 1850, el Tratado Clayton Bulwer que ponía límites definitivos a los intereses ingleses en la costa caribe. Gran Bretaña había retrocedido frente al avance de una potencia emergente con intereses en la apertura de la ruta del tránsito entre ambos océanos. En 1860, el Tratado de Managua entre Nicaragua y Gran Bretaña, sellaba la retirada inglesa, reconocía la soberanía del Estado nicaragüense sobre los territorios de la costa caribe y dejaba un espacio político de autonomía para los habitantes del territorio que tomaría el nombre de Reserva Mosquita.

Fuera de la Reserva habían quedado el Río Coco y el Río San Juan, Cabo Gracias a Dios y San Juan del Norte. Dos vías de comunicación entre los territorios del este y del oeste. San Juan del Norte como una realidad, el Río Coco como una posibilidad. Pero también se exploraría una tercera vía que prometía un acceso a la región central y hacia el pacífico, a través del Río Grande de Matagalpa.

BUSCANDO OTRA SALIDA AL CARIBE

Con premura se iniciaron las acciones de posesión del Estado sobre los territorios no colonizados. Al este del Río Olama, la zona delimitada por los ríos Tuma y Grande de Matagalpa, hasta su confluencia era una de las direcciones prioritarias puesto que era una ruta de comunicación y comercio tradicional entre la región central y la costa caribe.

En 1858, el gobierno dispuso la habilitación de un puerto en el Río de Agua Caliente en los llanos de Olama,^{^[661]} una aduana de registro en Bulbul.^{^[662]} Este era uno de los sitios más accesibles y de crucial importancia para posibilitar una comunicación fluida con las poblaciones de la costa oriental, a través del Río Grande de Matagalpa, considerado entonces como el más navegable y central para el acceso a diversos puntos de dicha costa.^{^[663]} La aduana estaba llamada a ejercer control sobre el comercio que circulaba por el Río Grande hasta la llamada costa del Mar del Norte, tanto de la mercadería que salía del país como los que llegaban procedentes del resto de Centroamérica y de otros países.^{^[664]}

El prefecto del departamento, Perfecto Altamirano, fue autorizado para iniciar la construcción de edificios provisionales y nombrar un guarda interino. Pero, los gastos para establecer la aduana debían correr por cuenta del departamento de Matagalpa.^{^[665]} Bulbul fue convertido en una jurisdicción específica^{^[666]} del recién creado departamento de Matagalpa,^{^[667]} pero el puerto y la aduana no fueron instalados nunca.

En 1871, seguía siendo un lugar de frontera. Paul Levy, ubicaba en Bulbul el fin de “la parte civilizada de la República”, habitada por “pequeñas aglomeraciones de indígenas” y que pocos años antes era ruta de un importante contrabando.^{^[668]} La ruta por Bulbul no prosperó.

LA RUTA POR EL RÍO COCO

La exploración por el Río Coco hasta Cabo Gracias a Dios tenía prioridad en el gobierno una vez que el territorio de la Reserva Mosquita quedó claramente delimitado. A ese objetivo se dedicaron algunos recursos. El primer reconocimiento del terreno y de la población se confió a Manuel Gross, gobernador militar de Matagalpa, quien comandó una exploración en la dirección del Río Coco hasta Cabo Gracias a Dios, en 1864. El otro objetivo de la misión era de hacer arreglos con los ingleses que explotaban la caoba en el curso inferior del Río Coco.

Gross en un informe que presentó al gobierno, describió la riqueza de los bosques, la fertilidad de valles y llanos, irrigados por numerosos ríos y los abundantes pastos naturales para el desarrollo de la ganadería.^{^[669]}

No encontró población entre Jinotega y Pantasma, solamente alguna gente viviendo en la propiedad de Ramón Gadea^{^[670]} en el lugar llamado El Portillo. En Pantasma había un grupo grande de indios encabezados por Juan Hernández que lo esperaban para proporcionarle guías y víveres,^{^[671]} y en el paso de Santa Cruz, en el Río Coco, vivía Ramón Irías en su propiedad donde tenía un bien cuidado plantío de algodón.

Entre Santa Cruz y Kisiksik, en las márgenes del Río Coco, poco antes de su confluencia con el Bocay, no vio población alguna. Kisiksik era poblado, pero el palenque se hallaba desierto, “solo encontré a un indio viejo, unas mujeres y unos muchachos”, el resto habían huido ante la posibilidad de ser atacados por el contingente de Gross.

La población en las márgenes del Bocay y del Coco y algunos de sus afluentes era numerosa. En Bocay había varios palenques, habitados de “muchos zambos”.^{^[672]} En las márgenes del Río Lakus antes de su empalme con el Coco, había muchas viviendas de “zambos”.^{^[673]} Más adelante, en un sitio llamado “Kewras”, encontró más de doscientos indios que a su llegada se internaron en la montaña, temiendo un ataque. Gross, después de conversar con un inglés empleado en los cortes de caoba, salió de la montaña.^{^[674]}

En una nueva exploración en 1867,^{^[675]} Manuel Gross, ya nombrado Inspector General de la Costa Norte, atravesó varios poblados que se hallaban atemorizados por los rumores de que el cólera se había diseminado en varios de ellos y que había causado estragos en los valles de Río abajo, en Cabo Gracias a Dios y en un lugar llamado Cayo Martínez, donde se decía “había muerto la mitad de sus moradores”.

En Wamblán,^{^[676]} al que calificó como “valle o palenque de caribes”, habían siete u ocho chozas vacías, abandonadas por sus habitantes que se habían internado en la montaña, según Gross a causa de “las noticias alarmantes de la epidemia”.

En Kisiksik, valle con unas 18 a 20 chozas, encontró que los indios también se habían retirado a las montañas por la misma causa. En Bocay y hasta Balaná, habían varios valles poblados en los que no se detuvo “por haberlos encontrado sanos”.

Balaná le pareció un “valle bastante grande” pues tenía unas cuarenta chozas de “moscos”. Gross siguió su viaje por “Kring Kring”, “en donde el empresario inglés arrendatario del río para el corte de Caoba tiene un establecimiento”, por el valle llamado Sausa, hasta llegar a un palenque de unas 16 chozas de “moscos” llamado Umbra, donde no había cólera.

Según los informes de Gross, prácticamente toda la margen del curso medio del Río Coco y de sus afluentes principales se encontraban poblados por “caribes”, “zambos” y “moscos”.

Como parte de las acciones de penetración, el gobierno autorizó, en 1865, la fundación de un pueblo llamado San José del Triunfo en el lugar conocido como el Zapote, al este y sur del Río Coco, de acuerdo a una solicitud presentada por Pedro Rodríguez de Lanzas.^{^[677]} Este pueblo estaba ubicado en la ruta posible para la comunicación con la costa oriental a través del Río Coco.

Maximiliano Von Sonnenstern, en 1869, realizó una nueva exploración en el Río Bocay y en el Coco, hizo un levantamiento de los poblados existentes, midió la longitud y profundidad del río y determinó sus afluentes. Sus observaciones naturalmente fueron más precisas que las realizadas por Gross.

El lugar llamado “Quiquilí”, seguramente una deformación de Wiwilí, lo encontró despoblado. La zona entre el Río Cuá y el Bocay también estaba despoblada,

“…con excepción de unos tres ranchos en la embocadura del Bocay que llevan el mismo nombre y como media milla mas arriba, dos o tres ranchitos con el nombre de Julung, lo que significa en español, nalga ancha. El zambo que vive allí tiene una bonita finca y un ingles Stonchovver un corte de hule”.

“El primer palenque de indios se encuentra 3 ó 4 leguas distante de la embocadura del Bocay en el Río Coco. Los indios se hallan en un estado primitivo, desnudos por hábito, son mansos e infelices y viven de la pesca y de la caza”.^{^[678]}

“El Río Bocay aunque contribuye con mucha agua al Coco, sólo es navegable por tres o cuatro millas, donde se hallan sus primeros raudales: los indios pasan estos puntos con mucha dificultad para llegar a sus hogares. En sus orillas abundan maderas útiles y sus terrenos son adecuados para la siembra de todos los productos tropicales. Sus márgenes son tan altas que no hay peligro de que las aguas se salgan de su cauce”.^{^[679]}

Entre el Bocay y el Yeluca y más abajo sobre el Río Coco, hasta el lugar llamado “Qualatitan”,^{^[680]} tampoco encontró población. De ahí hasta Balaná estimó que el río era “enteramente inútil para la navegación”.

Las poblaciones de indios que encontró en ambas márgenes del río eran “Gualatan” con 4 ó 6 ranchos, “Krautará” con 8 ó 10, “Krausike” con 3 ó 4, “Guardiola” con 2 ó 3, “Arralwas” con 6 u 8, el palenque “Tilba” con 18 ó 20 ranchos, “Kipipí” con 20 ó 22 ranchos, “Paulastará” con 8 ó 10 y Balaná con 25 ó 30 ranchos.^{^[681]}

“Los habitantes son en su mayor parte zambos; viven de la pesca y de la caza, tienen uno pocos árboles y plantas para su sostenimiento, y solo en Balaná hay 20 ó 30 vacas. En los demás pueblitos y palenques hay el número suficiente de gallinas, puercos y una superabundancia de la raza canina degenerada ésta hasta su último grado”.^{^[682]}

“Los dos palenques Tilba y Kipipí se han formado por los negros de Baliza que se ocupan en los cortes de madera por cuenta de la casa inglesa de Mr. Vaughan. Esta casa ha dado y dará mucha importancia al desarrollo de tantos manantiales naturales que brinda este río, sin provecho alguno (hasta ahora) para la humanidad.^{^[683]}

“Es muy curioso que cabalmente en las orillas del río a donde está más dificultosa para navegar, se encuentran las posesiones de los indios, con mas frecuencia; porque debe tenerse presente que en el río Coco, desde el salto de Qualatitan hasta el pie del Arralwás no puede merecer el título de navegable ni aun para botes de pequeño porte”.^{^[684]}

El interés del gobierno al enviar a Sonnenstern era estudiar la factibilidad de la construcción de una carretera desde el llano en la parte alta del Río Coco hasta las “primeras villas notables de Segovia y Matagalpa”.

El dictamen de Sonnenstern fue categórico:

“…si el asunto se trata sin ilusiones y de una manera práctica, se necesita el transcurso de algunos años para que deba pensarse seriamente en la apertura de una comunicación que presenta tantas dificultades y que sólo será conveniente cuando aquellos Departamentos hayan doblado diez veces su población: de esta manera se proveerán de todo y exportarán sus productos. Para lograr tan importante fin, creo interesante y de fácil ejecución, que el Gobierno por medio de contratos o concesiones parciales, halague lo suficiente a una inmigración copiosa en la márgenes del Río Coco en su parte baja. Es de presumirse que esta inmigración se extienda con el tiempo hasta los dos departamentos; y entonces el Gobierno, para satisfacer las necesidades y el desarrollo de aquellos pueblos, se verá obligado a establecer con mayor provecho la comunicación referida”.^{^[685]}

Tal vez por esas razones, las únicas concesiones en la ruta del Río Coco, de las que se tiene noticias son las denuncias de tierra que Manuel Gross hizo por un total de 645 manzanas, al oriente del Kilambé, poco después de su primera exploración, en 1866 y la otorgada en 1867, como privilegio exclusivo a Maximiliano Von Sonnenstern “para extraer leche de gutapercha en diez millas cuadradas”,^{^[686]} un lugar no precisado al sur del Río Coco, durante dos o tres años y una nueva denuncia de tierras de Gross en 1873 por otras 645 manzanas siempre en la misma zona de Wiwilí.

Las expectativas sobre la ruta del Coco cesaron durante todo el período, la tentativa de abrir una comunicación fue abandonada.

EL AVANCE DEL ESTADO

Desde la creación de la Reserva, el Estado de Nicaragua buscaría mantener una presión sostenida sobre sus fronteras y sus autoridades. El conflicto se agudizaría en la medida en que en los territorios de la Reserva se desarrollaba más intensamente la explotación de caoba, la producción bananera y explotaciones mineras.

Por otra parte, en la década del ochenta se iniciaron en una escala importante, las explotaciones de hule en la cuenca del Tuma y el Río Grande de Matagalpa, donde ambos ríos se encuentran, antes de entrar a los llanos de la costa oriental. Un creciente comercio de contrabando se realizaba por esa vía, hacia el interior del departamento de Matagalpa, pero todos los intentos de control habían sido infructuosos.

El avance de la frontera hacia el este se realizaba principalmente por colonos que a título individual se adentraban en la zona, con fines de establecerse, pero especialmente con el objeto de comerciar con los asentamientos de la costa oriental.

En 1883, Agustín Duarte, prefecto de Matagalpa, creó una guarda ambulante con funciones de policía, guarda de hacienda y agente de agricultura

“…tanto para vigilar el contrabando, como para dispensar la debida protección a las personas y propiedades de los que tienen trabajos establecidos en las inmediaciones del Río Grande”

“…que constantemente recorra el Río Grande, sus principales afluentes, sus comarcas inmediatas, los valles y demás puntos en que haya trabajos de alguna consideración, sin pasar los límites que tiene señalado el distrito de Muy Muy”.^{^[687]}

La fuerza constaba de un sargento, un cabo y ocho soldados. Una de sus funciones especiales era la de “hacer efectivas las multas que imponga a los infractores de las leyes que reglamentan la extracción de leche de hule y vigilará porque la explotación de este negocio se organice en los términos prescritos” por las leyes.

Sería hasta en 1887, que se iniciaría el avance más importante del Estado, en esta ocasión motivado por la explotación del hule y las plantaciones de banano que se establecían en las márgenes del Río Grande y por la actividad de los comerciantes en la zona. Desde 1883 varias compañías inglesas y norteamericanas realizaban exportaciones de bananos, las que se hicieron más frecuentes y rentables en los años subsiguientes.^{^[688]} Por otra parte, la explotación de caoba en las márgenes del Río Grande en el territorio de la Reserva había crecido. La compañía John D. Emery tenía una de las concesiones par el corte.

A finales de la década del ochenta, las noticias que llegaban a Managua, indicaban que en la costa oriental, en las riberas del Rama, el Escondido, el Río Grande de Matagalpa y el Coco se había producido una “afluencia considerable” de inmigrantes extranjeros “quienes se han adueñado de los terrenos mejores para el cultivo de las frutas, aún arrojando de ellos a los nicaragüenses, y viven sin sujeción a ley alguna”.^{^[689]}

Dos misiones serían inmediatamente enviadas por el gobierno, una al Rama y al Escondido al mando del general Francisco Ruiz y otra al Río Grande de Matagalpa encabezada por el general Manuel Rivas.

La misión de Rivas salió del embarcadero El Cacao sobre el río Muy Muy Viejo, hasta llegar al Tuma y continuar hasta el lugar conocido como Dos Bocas, donde confluyen el Tuma y el Río Grande. El recorrido se completaría hasta la barra del Río Grande, cerca de donde se establecían las plantaciones bananeras.^{^[690]} La exploración encontró núcleos de población de indios sumos y colonos en un comercio muy activo.

La zona estaba poblada por numerosos indios sumos tributarios de la autoridad de la Reserva y por algunos colonos. En un lugar llamado el Cacao, Rivas encontró a Apolonio y Gregorio Polanco, colonos que poseían dos ranchos, un pipante y unas manchas sembradas de maíz y plátanos.

A cuatro leguas del Cacao, vivían Juan Rivas de Matagalpa y Fernando Hernández de Estelí que sembraban maíz, caña y cacao. En Wanawás, vivían en las márgenes del río, Pedro Rivas, de Matagalpa y Juan Fischer, comerciantes, compradores de hule y habilitadores de huleros.

En Dos Bocas existían unas treinta casas de particulares y cuatro establecimientos comerciales “de bastante respetabilidad que giran con capitales considerables en negocios de importación y exportación”. También habían siembras de maíz, caña y cacao. Unas treinta vacas que habían sido compradas en Olama pastaban en los alrededores.

Rivas recomendó la fundación de un pueblo en Dos Bocas, por la facilidad que prestaba para el desarrollo agrícola y del comercio bajo control de las autoridades gubernamentales. Además, en el espíritu de la antigua política de reducciones, proponía concentrar en ese lugar a toda la población que habitaba las márgenes de los ríos Kurinwas y Prinzapolka, incluyendo a los huleros que realizaban su extracción en las montañas vecinas.

La extracción de hule seguía siendo la causa de una importante actividad comercial. Dos comerciantes “nicaragüenses” estaban establecidos en un lugar llamado Palsagua y en “Kepí”, un punto del Río Tuma cercano a Lisawé, había dos puntos de comercio de hule. Ocho viviendas había en el lugar, pertenecientes a los colonos “nicaragüenses” y a sumos. Adelante del Lisawé, había un establecimiento de comercio “bien surtido”, allí vivían cuatro familias de sumos y un negro.

Más de mil huleros, según la estimación de Rivas, se encontraban en labores de extracción en las montañas vecinas, habilitados por comerciantes compradores de hule, que a la vez les vendían víveres y otras provisiones. El hule era enviado a la Barra, puerto de la desembocadura del Río Grande, “aquí compran pólvora, plomo, fusiles de cazar, tabaco de Virginia en hoja y breva y otros artículos de comercio, para expenderlos en sus establecimientos”.^{^[691]} El contrabando alcanzaba a Olama, Muy Muy y Matagalpa.^{^[692]}

Los sumos realizaban el transporte de mercaderías desde Olama hasta la Barra, por su conocimiento del río y su capacidad de evadir los fuertes raudales y demás riesgos que presentaba.

De la población de indígenas y colonos, Rivas opinaba que se trataba de:

“…numerosas agrupaciones de personas, que no llevan una vida regularizada ni están sujetas a ninguna autoridad, que explotan los bosques en la extracción de leche del hule, que trafican con artículos estancados por el Gobierno y que ejecutan con frecuencia delitos que nunca llegan a conocimiento de las autoridades”.^{^[693]}

Además, urgía la toma de control total de los territorios de la costa oriental:

“A mi modo de ver es absolutamente necesario que Nicaragua entre desde luego, a ejercer el dominio que tiene sobre aquel vasto territorio; siendo tanto más imperioso el cumplimiento de este deber cuanto que por todos los puntos que yo he visitado he ido encontrando Magistrados puestos por el gobierno de la Reservas, con el objeto ostensible de ensanchar sus límites y de cobrar derechos e impuestos a los comerciantes, ya por la introducción de mercaderías extranjeras ya por la exportación de artículos naturales del país”.^{^[694]}

Las razones eran obvias:

“La riqueza de aquella región, las muchas facilidades que se prestan para todo género de empresas, y su situación a corta distancia de los principales mercados de los Estados Unidos y de las Antillas, son un incentivo para que el genio emprendedor haga de ella la parte más valiosa e importante de la República. Solo falta que se haga sentir en aquellos lugares, la acción protectora del Gobierno, sin la cual toda iniciativa sería ineficaz, por la falta de garantías y seguridades para las personas y los capitales”.^{^[695]}

Una intensa actividad económica estaba en marcha en los territorios de la Reserva y también en los más interiores de la región central. El Estado y los grupos hegemónicos no participaban de los beneficios de las riquezas existentes y de las ventajas potenciales. Concesiones de tierra, de explotación de madera, de oro y hule eran entregadas a compañías extranjeras. Cuando Rivas pedía garantía y seguridad para personas y capitales, sin duda se refería a la urgencia con que el Estado debía asegurar la participación de los grupos oligárquicos del pacífico.

Un comentarista de La Gaceta se había apresurado a decir que no se trataba de suprimir la inmigración, sino más bien de “garantizar a los nicaragüenses como a cualquier otro habitante sus legítimos derechos”.^{^[696]}

La “acción protectora del gobierno” se hizo sentir rápidamente. Siguiendo las recomendaciones de Rivas, en noviembre de ese año, el gobierno creó el Distrito de Río Grande a cargo de un Inspector con residencia en las Dos Bocas, con funciones de gobernador de policía y dependiendo del Comisario de la Reserva, pero obligado a acatar las disposiciones del prefecto de Matagalpa. En el lugar se establecería un resguardo con dos sargentos, dos cabos y veinte soldados.

El Distrito de Río Grande abarcaba:

“…por el Norte hasta la línea divisoria de los departamentos de Matagalpa y Nueva Segovia, por el Sur hasta la margen izquierda del Río Grande, por el oriente hasta el límite occidental de la Reserva y por el Poniente hasta los lugares en que terminan las jurisdicciones de las ciudades de Matagalpa, Jinotega y el pueblo de Muy Muy”.^{^[697]}

La autoridad se ejercería en los mismos términos que el Distrito de Siquia, “pudiendo traspasar sin previo aviso los límites del Distrito del Siquia y de los pueblos circunvecinos del Departamento de Matagalpa en persecución de contrabando y delincuentes”.^{^[698]} Naturalmente, se nombró inspector a Rivas.

El Distrito del Siquia había sido organizado un mes antes.^{^[699]} Inicialmente se creó una gobernación de policía, con un resguardo asentado en la confluencia de los ríos Siquia y Rama.

Entre las funciones del gobernador se encontraban las de cuidar que las autoridades de la Reserva no traspasaran su jurisdicción, “de los actos contra la soberanía”, no permitir la introducción de mercaderías extranjeras sin el registro de aduana correspondiente, admitir denuncias de baldíos, adjudicar la posesión de lotes frente a los ríos para su cultivo. Además debía encargarse de “la fundación de poblaciones inmediatas a la Reserva”, y ejercer autoridad “en todos los habitantes y tribus que se encuentran al Occidente de la Reserva”.^{^[700]} Poco después se llevaría a cabo la fundación del pueblo y puerto llamado Ciudad Rama.

Al norte, en julio del mismo año, se había organizado un distrito de policía que abarcaba el puerto del Coco y los caseríos del Cuá, Wiwilí, Poteca, Wamblán y Bocay, aguas abajo del mismo río; Santa Cruz, el Waná, y Cabuyal, aguas arriba y Quilalí.^{^[701]}

Los resultados de la avanzadilla estatal se comenzaron a sentir. Isidro Urtecho, Comisionado de la Reserva y Gobernador del Distrito del Siquia informó al gobierno de la actividad económica.

“Los principales artículos de exportación son bananos $195,488.07, oro americano, y hule $303,043.30 también oro americano. La mayor parte del hule se extrae de las montañas de Chontales y Matagalpa y pagan sus empresarios y han pagado por muchos años, el impuesto de un peso por quintal, al Gobierno de la Reserva. Sin embargo, en noviembre próximo pasado para acá se ha empezado a cobrar ese impuesto por las autoridades de la República, reduciéndolo a 0.50 por quintal, cesándolo de pagar a los funcionarios de Bluefields: pero esto es solo por el que se extrae por los ríos Rama y Siquia por no tener todavía establecidas en toda la extensión de las fronteras de la Reserva las autoridades convenientes, lo que haré inmediatamente después de practicada la medida”.

“Es de consideración sin duda, la cifra que arroja la exportación del hule: pero no marca ella, sin embargo, un Estado satisfactorio del negocio, porque el trabajo se encuentra en completa desmoralización, recibiendo los empresarios grandes sumas por habilitación y vendiendo a menudo a otras personas el producto recogido; y siendo de todo punto aventurado, no pueden fundarse sobre él cálculos más o menos probables”.^{^[702]}

En esos días, Urtecho comenzó la anulación de títulos de posesión de tierra en las Dos Bocas y sus alrededores que tenían diversos propietarios entre ellos una empresa de nombre Hall, Garrison & Co. El comisario declaraba que no eran legales, ni la posesión, ni las particiones y ventas que se estaban realizando, hasta tanto, el Estado nicaragüense los confirmara.^{^[703]}

En la medida en que el Estado fue implementando control, los distritos político-administrativos que inicialmente se habían delimitado se volvían muy extensos. En 1888, se crearía un nuevo distrito con el fin de “promover el desarrollo de las empresas mineras y agrícolas en aquellas regiones”. Los distritos del Siquia y Río Grande ajustarían su extensión para dar paso al Distrito de Prinzapolka que se regiría bajo las mismas regulaciones que los anteriores.

Abarcaría el territorio comprendido entre el Río Grande, la Reserva Mosquita, los departamentos de Nueva Segovia y Matagalpa y la comarca del Cabo Gracias a Dios.

“Los linderos son los siguientes, por el este el límite occidental de la Reserva, por el oeste línea divisoria del departamento de Matagalpa y las montañas de Yeluca, por el norte las mismas montañas del Yeluca y el curso del Río Huezo y por el sur el distrito de Río Grande”.^{^[704]}

Establecer una vía de comunicación permanente y estable con la costa oriental era de crucial importancia para el gobierno y fue otro de los objetivos de la misión de Rivas en 1887. Este consideró posible abrir una ruta desde Bluefields hasta Managua, pasando por la Barra y siguiendo el curso del Río Grande. Como puerto de embarque y desembarque recomendaba usar el Limonal, a tres leguas de Muy Muy, lo que según decía facilitaba la consecución de bestias para el transporte.

Ya varios años antes, en 1883, un grupo de comerciantes, ganaderos, agricultores y profesionales de Matagalpa encabezados por el diputado y ganadero Pedro Soza habían organizado una sociedad anónima cuyo objetivo era abrir un camino de Muy Muy hasta la costa Caribe. Soza había quedado encargado de organizar los trabajos necesarios. Rivas encontró, además de decenas de picadas hechas por los huleros, un camino que se decía había sido hecho por Pedro Soza, salía de Olama y llegaba cerca de los llanos de Makantaka.^{^[705]}

La ruta propuesta por Rivas que incluía la navegación del Río Grande sería estudiada por el gobierno. Cada tramo de la ruta desde Managua, se sometería a un análisis por ingenieros contratados al efecto. Finalmente, el gobierno firmó un contrato con la empresa Strong y Compañía en julio de 1891.^{^[706]}

La compañía se comprometía a construir un ferrocarril de carga y pasajeros, que partiendo de Momotombo, donde se enlazaría con el ferrocarril nacional, pasara por Matagalpa o Jinotega, o al menos cerca de estas poblaciones y terminara en un sitio del Río Grande al que pudiesen llegar vapores desde el Caribe. El proyecto global incluía la conexión hasta Corinto, para el que se preveían reparaciones, ampliaciones para mejorar su capacidad portuaria y adecuar las instalaciones del ferrocarril a las posibles exigencias del tráfico.

La Compañía debía hacerse cargo de la apertura y habilitación de la Barra y el Río Grande y de la operación de una línea de vapores al menos bimensual, entre el puerto interior y los Estados Unidos. Además, corrían por cuenta de los concesionarios, la construcción de los edificios requeridos para oficinas y bodegas del puerto y la aduana en el Río Grande, los talleres y otras obras, incluyendo los edificios necesarios al gobierno. Además, a lo largo de toda la línea del ferrocarril debía tenderse una línea telegráfica que quedaría a disposición del gobierno.

Los estudios debían concluirse en 1892. La construcción debía comenzar a más tardar seis meses después de la ratificación del contrato por el Congreso y dos años después las obras debían haber llegado a Sébaco. En el tercer año se realizarían las obras en la barra y se iniciaría la construcción del ferrocarril desde el puerto hacia el interior. La totalidad de las obras debían concluirse a más tardar en un plazo de cinco años.

Strong y Compañía, dueños de toda la obra y con derechos sobre la vía por 25 años, obtenían grandes concesiones de parte del gobierno, en materia de exención de todo tipo de impuestos para las importaciones, las operaciones de la empresa y para el personal extranjero. Toda la tierra necesaria para las construcciones y la faja de terreno para la vía era otorgada gratuitamente. Una vez concluido el plazo de la concesión, si el gobierno quería hacerse cargo del ferrocarril y del puerto debían amortizar la inversión en diez años, con pagarés comerciales, bonos a una tasa de interés del 10% anual o al contado. Si el gobierno no estaba interesado en tomar posesión de la obra, la compañía quedaba con un plazo prorrogado por 74 años más, con todos los privilegios acordados. Una vez concluido ese plazo, las obras se entregarían gratuitamente al gobierno.

“En atención al considerable capital que Strong y Compañía invertirán en la construcción de las obras que se contratan y con el propósito de impulsar la agricultura en la parte oriental casi desconocida de los departamentos de Segovia, Matagalpa y Nordeste de Chontales”, el gobierno les cedía un millón de manzanas de tierra de vocación agrícola en esas regiones, que no hubiesen sido previamente denunciados y que estuvieran situados en un radio de treinta millas a la redonda de Matagalpa y Jinotega o quince millas de las otras poblaciones.

La compañía quedaba autorizada a vender los terrenos. Si no eran cultivados en un plazo de veinte años, volverían a manos del gobierno. Se estipulaba, además, que los inmigrantes que la empresa introdujera al país debían ser de raza blanca, “de buenas costumbres, sanos y de condiciones adecuadas para el trabajo”.

La medición, amojonamiento y división del terreno en lotes de mil manzanas, hasta un total de dos millones de manzanas correría por cuenta de la compañía. Una vez localizados sus lotes, los planos topográficos del millón de manzanas restantes así lotificadas se entregarían al gobierno para su venta.

Naturalmente, el caserío de Dos Bocas había llegado a tener gran importancia como punto de enlace y comunicación tanto con la zona de explotación mineral en Prinzapolka, lavaderos de oro descubiertos en 1889, como con la costa oriental.

El pueblo había crecido y el gobierno claramente comprendía la importancia de darle estabilidad y relevancia. En diciembre de 1891, las Dos Bocas fue erigido en pueblo con el nombre de San Pedro del Norte, en el que se instalarían autoridades municipales. El gobierno por su lado declaraba su intención de construir dos escuelas. La concentración de población en el lugar se estimulaba estableciendo exención del servicio militar en tiempo de paz, por un período de cinco años a todo aquel que construyera una casa con techo de barro o de madera y residiera en el vecindario.^{^[707]}

En 1896, la extracción de hule estaba un tanto disminuida. Dos Bocas seguía siendo un pueblo cuyos habitantes eran en su mayoría ladinos nicaragüenses y en las márgenes del río Grande y Tuma, habían “muchas casas, ranchos y palenques sumos”^{^[708]}

Al finalizar el período estudiado el Estado había logrado sentar las bases del avance colonizador hacia la costa caribe, tomando posesión y cierto control de territorios que aún a mediados del siglo XIX se hallaban completamente fuera de su influencia.

Ciertamente la entrada, exploración y posesión de esa zona había sido tardía, pero se había acelerado como producto de la confluencia de varios factores, la solución del conflicto entre Nicaragua e Inglaterra a favor del primero reconociéndole soberanía sobre poblaciones y territorios de la costa oriental, la resolución de la hegemonía política en Nicaragua, el insuficiente desarrollo de fuerza económica y política propia en la Reserva Mosquita, la activación en una magnitud apreciable de las explotaciones de madera, hule, plantaciones de banano y mineras en manos de extranjeros y la acumulación de fuerza, capacidad y posibilidades en el Estado y en los grupos hegemónicos nicaragüenses.

Toda la presión sobre la Reserva Mosquita pasó por ejercer control sobre los territorios colindantes a su frontera occidental. Dejada de lado la ruta del Río Coco, el avance colonizador se había dirigido al Río Grande y al Escondido.

La organización del Estado respondió también a esos objetivos. En la cuenca del Río Grande y en el llamado distrito del Siquia, el avance había sido rápido e importante en ese decenio. En Prinzapolka apenas se iniciaba la penetración del Estado tras las exploraciones y primeras explotaciones de minas de oro. En el Río Coco y en la cordillera Isabelia, gran parte de la población y del territorio permanecían aún sin sujeción al Estado. Hacia l890, el Estado había logrado un importante éxito en los territorios de la región central y oriental. La frontera colonizadora había sido definitivamente desplazada hacia el oriente y las condiciones habían sido creadas para el paso final de la consolidación territorial del Estado nicaragüense con la incorporación en la década del noventa de la Reserva Mosquita.

Notas al Capítulo IX

¡MUERA LA GOBIERNA!

CONCLUSIONES

A lo largo de este trabajo he mostrado las diferencias existentes entre la evolución económica y social de Matagalpa y Jinotega y el resto del país. Es bastante común en el análisis de la sociedad y la historiografía nicaragüenses reducir el desarrollo “nacional” al modelo que predominó en la región del Pacífico lo que puede conducir a conclusiones erróneas.

La región que he estudiado tenía al momento de la independencia una situación distinta al pacífico. Matagalpa y Jinotega eran una región de frontera, sólo parcialmente colonizada por los españoles, de población predominantemente indígena y con un segmento reducido de ladinos y españoles.

Dentro de la región misma, no puede hablarse de un desarrollo homogéneo. La zona de Terrabona y Esquipulas tuvo una población ladina y española mucho mayor y la ganadería, en general pequeña y mediana, estaba un tanto más organizada y era el rubro productivo principal. La población indígena era menor, no se conoce de la existencia de parcialidades o comunidades organizadas y no hubo tierras indígenas. La modalidad dominante de tenencia de la tierra eran parcelas de propietarios individuales en sectores aledaños a los pueblos, excepcionalmente podía encontrarse una propiedad de gran tamaño. La zona mantenía vínculos más fluidos con la región del Pacífico.

La franja más central, la de la cordillera Dariense, incluyendo Sébaco, Jinotega, Matagalpa, San Ramón y Muy Muy, tenía una población indígena mayor, organizada en comunidades, menor proporción de ladinos y una presencia española más reducida. Los indígenas tenían sus propias autoridades tradicionales y una fuerte tradición de lucha y defensa de sus intereses frente a los ladinos. La modalidad dominante de tenencia de la tierra, a diferencia de la región del Pacífico, era la propiedad indígena: tierras comunales y ejidales compradas o adquiridas bajo diversas condiciones de la corona española. La propiedad particular de ladinos podía encontrarse en las cercanías de los pueblos y era más frecuente entre más distante se estaba de la cordillera. Era una zona básicamente agrícola y de ganadería pequeña de subsistencia

La zona San Rafael del Norte había sido asentamiento de españoles y ladinos. Su población indígena estaba más dispersa. No existían tierras indígenas y su evolución combinó el desarrollo de pequeñas plantaciones agrícolas y una ganadería pequeña.

En ningún caso podemos hablar de la existencia en la región de latifundio agrícola, ganadero o “hacienda señorial”, ni siquiera de grandes propiedades privadas de ningún tipo u orientación productiva tal como existían en la región del Pacífico.

Otra parte de la región, la zona nor-oriental no fue nunca colonizada por los españoles, se hallaba poblada por grupos indígenas matagalpas, sumos y ulwas dispersos, sin sujeción a autoridad colonizadora alguna, agrupados en caseríos en las riberas de los ríos. Este sector era también zona de encuentro, comercio y confluencia con indígenas habitantes de la costa caribe que estaban bajo influencia británica.

Visto de forma sintética ésta era la situación que prevalecía en la región estudiada en el primer cuarto del siglo XIX. El análisis de la construcción y desarrollo del Estado nacional nicaragüense debe tomar en cuenta las diferencias en el punto de partida y la evolución en las distintas regiones y zona del país. Ya hemos dicho que la generalización en el análisis histórico contribuye a deformar y ocultar facetas de nuestro desarrollo como nación.

ESTADO COLONIZADOR: INSTRUMENTO DE LA CIVILIZACIÓN

Un punto de referencia obligado en la historia de la región y del período es el levantamiento de los indios en 1881 que fue el cuestionamiento social más importante al proyecto de Estado nacional que se construía. El trabajo forzado en obras de infraestructura, el hostigamiento de las autoridades locales a las costumbres de los indios,^{^[709]} las presiones estatales para favorecer la ocupación de tierras indígenas, la liquidación de la representación legal de los alcaldes indígenas y de la existencia jurídica de las comunidades, fueron causas inmediatas del alzamiento.

La reacción de las comunidades y la respuesta del Estado fue un punto de inflexión al que se arribaba luego de un largo proceso de colonización interior desarrollado desde la independencia, en los actuales departamentos de Matagalpa y Jinotega, y que se había acelerado en las últimas décadas. El Estado, había jugado un rol preponderante en el esfuerzo colonizador. No casualmente una de las principales consignas de la insurrección de 1881 aludía a “la gobierna,” puesto que efectivamente el Estado había marchado a la cabeza de la ofensiva contra los indios y sus comunidades.

La colonización interior era parte esencial de un gran proyecto civilizador que rondaba en la conciencia de los grupos hegemónicos de los nacientes Estados centroamericanos. Relevar a la corona española del poder no implicaba detener la colonización de territorios y poblaciones. Por el contrario, el nuevo poder tenía urgencia de continuarla. Conocer, explorar y explotar las riquezas de los territorios pasaba por civilizar a la población indígena, lo que sería favorecido y acelerado por la inmigración europea.

El pensamiento dominante entre los líderes del Estado no se encontraba distante, en muchos aspectos, de lo que había sido la práctica colonizadora en los últimos tiempos. Una cantidad de ellos habían sido eficaces funcionarios de la corona y además, casi sin excepción, todos estaban convencidos de la justeza y necesidad de su misión civilizadora para los nuevos estados. Incorporar tierras y hombres al movimiento progresivo que se había inaugurado desde la independencia fue la filosofía que animó a los grupos hegemónicos. Colonizar tierras y civilizar indios, desarrollar las bases de la nación nicaragüense, “traer la civilización a su barbarie”.^{^[710]}

Civilizar, someter, reducir se hicieron sinónimos en la acción del poder establecido. La reducción de los indios, política central de la colonización española, fue la divisa principal durante todo el período. Reducir significaba congregar a los indios en poblados para ejercer control político sobre ellos, garantizar sujeción a las nuevas reglas del juego y prevenir cualquier intento de actuación independiente o en rebeldía. Reducir era también, mantener concentrada y disponible la población indígena para la realización de cualquier tipo de obras.

Finalmente, la reducción era vista como el vehículo más adecuado, tal como lo había sido para la cristianización, para propagar un mensaje civilizador entre los indígenas que los moviera al abandono de prácticas y costumbres consideradas inadecuadas a los nuevos tiempos y necesidades de los grupos hegemónicos.

La civilización pasaba inicialmente por contener el desarrollo de las comunidades indígenas, para luego desarticular su economía y organización social consideradas propias de su estado primitivo. El proceso implicaba diluir la identidad étnica, sino cuantitativamente, al menos cualitativamente.

La región de Matagalpa y Jinotega, por sus características de zona de frontera, de colonización limitada e incompleta, de gran extensión y con abundantes recursos naturales, fue naturalmente una de las direcciones del esfuerzo colonizador de los grupos hegemónicos en el territorio del Estado.

Aun en condiciones precarias a causa de la lucha por la hegemonía entre las distintas facciones políticas, se fue delineando lo que sería un verdadero programa civilizador para ejercer posesión y control sobre todo el territorio del Estado y lograr la sujeción y subordinación de los individuos, grupos, comunidades o pueblos indígenas que habitaban el territorio. Sin ambos elementos no podía lograrse la explotación de las riquezas disponibles.

Tempranamente se definieron bases jurídicas de la política de reducción a poblado, pero el poder político estaba en crisis, el Estado era muy reducido y carecía de capacidad coercitiva estable a lo largo del territorio. Las débiles y escasas autoridades locales, intentaron algunas acciones dispersas pero fueron ineficaces.

Una limitación significativa era la situación existente entre ladinos e indios en la región. En las décadas que siguieron a la independencia, entre indios y ladinos había existido un cierto sistema de coexistencia y relaciones, no exento de conflictos, basado en el reconocimiento y validez práctica de parte de los derechos de las comunidades indígenas establecidos antaño por la corona española. Algo de la república de indios^{^[711]} se mantuvo durante varias décadas, por tradición y conveniencia entre una mayoría de indios y una minoría ladina que carecía de suficiente poder y urgencia para cambiar las reglas del juego.

Por otra parte, una alianza entre ladinos e indios proveyó los combatientes necesarios para inclinar la balanza de la guerra civil, enfrentar las tropas de los filibusteros y resolver la hegemonía a favor de los legitimistas. Durante un período más o menos largo, la política de reducción fue letra muerta. El interés de las facciones políticas, las condiciones de la región, la crisis general y la fragilidad del Estado no permitieron impulsar las iniciativas definidas para liquidar los restos de la república de indios e impulsar con fuerza el programa civilizador.

El ideal de realizar la colonización con grupos de europeos para acelerar el proceso civilizador, fue una opción promovida desde el Estado. Sin embargo, no habían suficientes estímulos y facilidades para favorecer una inmigración masiva tal como se pretendía. Las experiencias que se realizaron en el país se encontraron con condiciones extraordinariamente adversas para su sobrevivencia. Es posible, sin embargo, que el disuasivo principal haya sido la guerra civil que prácticamente azotó al país desde la independencia.

La situación cambió una vez concluida la guerra y suscrito el pacto entre legitimistas y democráticos en 1858. Los grupos hegemónicos proclamaron, tal como lo había hecho Fruto Chamorro en 1854, que la igualdad de derechos para todos los habitantes del territorio, establecidos en la constitución del 38, había sido perjudicial para la nación.

La república surgida del fin de la guerra civil tenía definiciones más claras y ajustadas a sus intereses. En los mestizos tenía su ideal étnico.^{^[712]} En la propiedad privada individual, la nueva república colocó el fundamento de su ideal económico y de su ideal social.

Para los líderes de la república del 58, una sana organización social pasaba por reconocer “todas las desigualdades naturales, de genio, civilización y riqueza”.^{^[713]} En la cúspide del modelo social estarían los ladinos y propietarios privados como ciudadanos de pleno derecho, únicos habilitados para acceder al poder político lo que les confería naturalmente una posición legal privilegiada. El resto de mestizos, pequeños propietarios, trabajadores marginales, soldados o artesanos tendrían acceso a ciertos derechos y mayores limitaciones. Los indios, raza “más atrasada en todo que la otra” con “hábitos, preocupaciones y usos tan envejecidos, que sólo el tiempo y la civilización pueden ir modificando”^{^[714]} quedaron al margen de la nación nicaragüense, pero no ajenos a ella, ni al interés del Estado para procurar su civilización.

En una clara expresión de la voluntad política de los grupos hegemónicos, la constitución del 58 silenció la existencia del indio, contrario a lo sucedido en la república de indios no creó instituciones excepcionales para ellos, pero dejó la facultad y discrecionalidad suficiente al Congreso para “dar ordenanzas, estatutos y leyes especiales conforme al estado de las personas, costumbres y peculiaridades de los pueblos”.^{^[715]}

El consenso de los grupos hegemónicos se apuntó por un Estado que no solamente consagraba a una oligarquía ladina, sino que se erigía como un Estado colonizador, heredero de los atributos del colonizador español para decidir y arbitrar dentro de las fronteras de los territorios asignados, sólo que esta vez sin república de indios, pues los mestizos se consideraban dueños del territorio por derecho de nacimiento y origen étnico.

Las omisiones y vaguedades en la formulación de la constitución solo reflejaban la concepción de los líderes de la república sobre una pretendida condición inferior de los indios, que serviría de fundamento suficiente para amparar el proyecto colonizador-civilizador. Devino luego un status político-jurídico en correspondencia, el despojo de parte de sus propiedades y la ofensiva contra sus antiguas instituciones.

EL ASEDIO A LOS INDÍGENAS

El ritmo de la colonización varió conforme las posibilidades y necesidades de los grupos hegemónicos. Como en el período precedente, la plena sujeción de los indígenas y el control de territorios eran consideradas cruciales. El instrumento idóneo era el poder centralizado que se había creado, contando con mayor autoridad y capacidad coercitiva y extendiéndose en las distintas localidades de la región. El nuevo impulso al proyecto colonizador respondía a la voluntad de los círculos hegemónicos de fortalecerse redistribuyendo los recursos existentes. Se trataba de limpiar y servir de nuevo la mesa, con la mira puesta en una acelerada inserción económica del país en el mercado mundial.

Antes del pacto del 58, los grupos ladinos locales habían utilizado los instrumentos del Estado que tenían a mano básicamente para capitalizarse y crear condiciones favorables a sus actividades económicas y a su situación social. Apoyados en los medios de poder local, en las décadas anteriores los ladinos habían incrementado gradualmente su fuerza en relación con la población indígena. Pero, las relaciones tradicionales que habían prevalecido entre ladinos e indios estaban cambiando de forma más apreciable toda vez que los ladinos en ese período estaban mejor posicionados y la demanda del movimiento productivo y comercial era mayor.

El cambio más notable fue el restablecimiento de los servicios personales para la construcción de varios proyectos. Esta modalidad del trabajo forzado reiniciado en la década del sesenta se utilizó durante todo el período estudiado.

Los intereses de los grupos hegemónicos del pacífico en el potencial de la región y el crecimiento del poder del Estado activaron una intervención más decidida y amplia de éste último, tanto del nivel nacional como local. Las cuotas de poder político local se distribuían conforme las lealtades a los grupos dominantes del círculo granadino en cada período, pero desde finales de la década del sesenta y cada vez más frecuentemente se ubicó como prefecto del departamento y en otras funciones, a personas originarias de Granada, en su mayoría representativos de la urgencia de los círculos hegemónicos del pacífico con el fin de acelerar los cambios requeridos en la región.

En la década del setenta, el movimiento económico era ya sensible. La población había crecido y también la producción para el consumo local y el comercio con el pacífico y la costa caribe. Los cultivos de plantación se habían extendido en toda la región y la ganadería se expandía. La minería, explotada por capital extranjero, estaba presionando por mejores vías de comunicación para llevar el producto e introducir maquinaria para los planteles.

La construcción se convirtió en un eje de actividad al que se canalizaban cuantiosos recursos, sobre todo locales, y que demandaba gran cantidad de mano de obra indígena. La frecuencia y magnitud en que se utilizaron los servicios personales fue en este período directamente proporcional al crecimiento de la actividad constructiva. Para los indígenas los servicios personales significaban maltrato, obligado abandono de familias y cultivos, a lo que hicieron resistencia creciente.

Era evidente que había una mayor disponibilidad de dinero que se estaba volcando en inversiones de infraestructura, en el desarrollo de fincas y haciendas, en su mayoría ganaderas. En el período precedente se produjo una acumulación de capital y liquidez en un reducido círculo de comerciantes y ganaderos, caracterizados por estar estrechamente vinculados a todos los mecanismos de poder estatal nacionales y locales.

Mientras la propiedad particular de ladinos se ampliaba y consolidaba en la región, las tierras indígenas se veían presionadas por la ganadería, las explotaciones mineras, las pequeñas posesiones de ladinos y la expectativa que se desató entre los grupos hegemónicos locales y de la región del Pacífico, en los últimos años de la década, para introducir el cultivo del café en escala comercial exportable.

El movimiento económico general de la región, la extensión y expansión de la producción agrícola y ganadera, la extracción minera, una mejor comunicación y comercialización con la región del Pacífico y la política de incentivos del gobierno para establecer plantaciones de café, impulsaron nuevos cambios en la situación regional, estimulados y reforzados desde el Estado a nivel nacional.

El modelo económico de la república privilegiaba la articulación con el mercado externo. Los grupos hegemónicos estaban acicateados por las ventajas que veían en esa articulación: cuanto más rápida y amplia mejor, por ello se lanzaron a crear las condiciones propicias para desarrollar una producción intensiva en gran escala. El Estado se convirtió en la avanzadilla. Se construyeron caminos y carreteras, se establecieron comunicaciones por telégrafo y se amplió el servicio de correos, se inició la ofensiva legal y coercitiva del Estado para lograr liberar las tierras indígenas al mercado, intentando doblegar la resistencia de los indios con toda la fuerza de que disponía.

En este contexto la política de reducción a poblado tomó nuevos bríos, esta vez no solamente limitada a los servicios personales. El múltiple significado de reducción, al que me he referido antes, contribuye a aclarar la situación, puesto que nunca se utilizó de manera aislada en una sola acepción. Siempre fue a la vez concentrar, controlar, someter, disponer, cristianizar, diluir y reconvertir la identidad étnica, ladinizar y civilizar. La política de reducción de finales de la década del setenta tomó su expresión más definitiva, un enfrentamiento frontal con los indígenas, un intento de acabar con la existencia de las comunidades.

Las comunidades y sus autoridades eran un obstáculo para la libre disposición de mano de obra indígena y para la privatización de las tierras indígenas. Por otra parte, el crecimiento y extensión de la influencia de los mecanismos locales de poder estatal, prefectura, municipalidades, jueces, juntas locales, fue elevando la competencia entre la autoridad tradicionalmente ejercida por los alcaldes y capitanes de cañada de las comunidades y la autoridad ejercida por los funcionarios locales.

Las condiciones habían cambiado, el Estado tenía mayor fuerza que en toda la época precedente para intentar establecer un régimen único de lealtades capaz de remover los obstáculos al desarrollo de empresas futuras de los grupos hegemónicos.

A principios de la década del ochenta el largo asedio y desgaste dio lugar a un asalto decisivo sobre las comunidades, sus propiedades y su modo de vida. El Estado demandaba cada vez más trabajo forzado, había anulado la existencia legal de las comunidades, deslegitimado sus autoridades, intentaba expropiar los ejidos y vender las tierras comunales y aplicaba todo tipo de coerción y represión a las costumbres y prácticas tradicionales de los indígenas. La respuesta fue el levantamiento de las comunidades en 1881.

Después de la derrota indígena, se abrió la posibilidad de redistribuir los recursos de las comunidades existentes en la región. La tierra cercana a los pueblos principales, apta para los cultivos de exportación y para la expansión de la ganadería latifundiaria, que había sido el filón más apetecido, quedaron disponibles para la apropiación privada, por la vía de la venta en el caso de los ejidos, de los arriendos, parcelación y venta en las tierras comunales.

Pero las grandes plantaciones cafetaleras no se establecieron sino hasta finales de la década, a consecuencia de la inestabilidad y la prolongación del conflicto entre indígenas y ladinos, entre las comunidades y el Estado. Sin embargo, la apropiación privada avanzó. Los ejidos de Matagalpa y Jinotega pasaron a manos de las municipalidades quienes iniciaron su venta durante la década: Los arriendos se generalizaron en Jinotega y Matagalpa. La apropiación privada directa, expropiación parcial, se realizó en tierras de la Comunidad Indígena de Muy Muy.

Mientras la propiedad comunal estaba sometida a intensas presiones, la propiedad privada individual contaba con el respaldo del Estado y las condiciones propicias para su desarrollo.

A finales de la década, los precios internacionales y nuevas ventajas concedidas por el gobierno a la producción cafetalera provocaron el acelerado establecimiento de plantaciones ubicadas principalmente en terrenos “nacionales” y en los ejidos de Matagalpa, tierras profusamente habitadas por indígenas desde la época colonial, que vieron convertirse sus lugares de trabajo y vivienda en propiedad privada. La producción cafetalera inició un ciclo de denuncias directamente sobre tierras comunales, sobre las que el Estado había logrado intervenir de manera directa en su administración, uso y enajenación.

Las transformaciones operadas en la propiedad y ocupación de la tierra fueron de gran trascendencia para la vida económica y social de la región. Al final del período se había creado una reducida capa terrateniente gestada en el establecimiento de grandes propiedades ganaderas y de plantaciones de café, que se iniciaba en la economía vinculada al mercado mundial. Del otro lado, miles de indígenas habían perdido tierras y zonas seguras de habitación y trabajo, seguían siendo usados para trabajos forzados y vivían bajo la intervención y control permanente del Estado.

La propiedad latifundiaria se constituyó a expensas de la masiva privatización de baldíos, la ocupación privada de tierras comunales y de los ejidos indígenas. La ganadería impulsó lentamente la creación de latifundios en la zona oriental de la región, mientras que la producción cafetalera dio origen en un breve período, a un amplio latifundio agrícola en la falda occidental de la cordillera Dariense.

Otro grupo de propietarios había consolidado o establecido su posesión en distintas zonas de la región. Se trataba de una numerosa capa de ladinos con pequeñas y medianas^{^[716]} explotaciones agrícolas y ganaderas, gran parte de ellas ubicadas en tierras ejidales y en baldíos a mayor distancia de los pueblos.

No solamente la caficultura se activó en los últimos años de la década del ochenta, también la minería. Un auge de denuncias, exploración e inicio de la explotación de minerales se suscitó, la mayoría de las vetas se hallaban en terrenos de las comunidades indígenas de Matagalpa y Muy Muy, sumándose así a la presión sobre las propiedades indígenas.

La liquidación de la resistencia indígena de los años ochenta fue en efecto el último retén de importancia colocado en la ruta del avance colonizador y dejó expedito el camino para la eliminación de las comunidades indígenas tal como existían. Ciertamente la organización comunal de los indios sobrevivió pero cada vez más cercada por las restricciones impuestas por el Estado, que no se mantendrían linealmente, sino sujetas a variaciones y cambios conforme se ajustaba la correlación entre las fuerzas políticas y sus necesidades de mantener a los indios como clientela de ciertas facciones.

La colonización era una empresa más vasta que no se detenía en la redistribución de las tierras y el aseguramiento de la mano de obra por la vía del trabajo forzado, sino que pretendía también la ruptura completa de la economía y la sociedad indígena, hasta entonces autosuficiente y bastante próspera. La desarticulación comunal se buscó con el ataque frontal a la existencia de las comunidades y a sus propiedades, luego con los intentos de liquidación, neutralización o cooptación de sus autoridades.

La desindianización que comenzó a impulsarse de manera más sistemática, al final de la década del ochenta, pretendía en primera instancia el borramiento de la existencia e identidad étnica, tratando de convertirla en una simple pertenencia por adscripción voluntaria a la organización comunal, como paso previo para aplicar la superposición de otra identidad que podía proporcionar menos desventajas que ser indio.

Sin embargo, la resistencia de los indígenas para mantener viva la comunidad, el rol de sus autoridades, la propiedad, posesión y administración de sus tierras y su identidad, continuó como se sabe, más allá del siglo XIX.

LA HEGEMONÍA DE GRANADA Y LOS INMIGRANTES

El proceso de expansión no solamente afectó la estructuración interna de la sociedad e indujo una nueva configuración económica de la región, sino que determinó su situación en relación a la región del Pacífico, a los centros de poder político y económico de la república.

Hasta bien avanzado el siglo, las distintas regiones del país poseían débiles nexos económicos, no se había logrado articular un mercado interno que cumpliera una función integradora en el espacio territorial bajo control del Estado nicaragüense. Diversos factores habían contribuido, entre ellos la insuficiencia de las vías de comunicación y medios de transporte, la ausencia de moneda propia, el aprovisionamiento local de una parte de las necesidades del consumo de cada región, la concentración de rubros económicos relevantes en la región del Pacífico y las expectativas alrededor de una ruta de tránsito interoceánica.

La articulación regional y la conformación de un mercado interno estuvo también determinado por la forma y el modo en que se produjo la colonización.

La región como he afirmado estaba bajo la influencia directa de los círculos granadinos que afianzarían su dominio e influencia sobre los mecanismos principales del poder político local durante todo el período. A estos grupos hegemónicos los podemos encontrar en el centro del proceso de expansión, no solamente por su papel en el poder político, sino como agentes financieros, en la apropiación de tierras y en el comercio.

Al abrirse las vías de comunicación, estimularse el comercio entre regiones e iniciarse la acelerada expansión cafetalera, los grupos financieros granadinos se convirtieron en los principales habilitadores de los productores locales como he podido mostrar en los capítulos anteriores. Asimismo, propietarios granadinos participaron de manera significativa en la apropiación de tierras para establecer plantaciones cafetaleras.

Por otra parte, la inmigración extranjera que comenzaban a tener una presencia estable en el país, que disponía de capital y nexos comerciales, obtuvo también una porción considerable de las tierras y se estableció en el ámbito financiero y comercial de la caficultura. En conjunto los propietarios domiciliados en la región del Pacífico y extranjeros ocuparon alrededor de dos tercios de la tierra denunciada y eran el sector dominante en la comercialización y las finanzas.

La participación de los grupos de ladinos locales fue menor en todos los terrenos. Con menos fuerza económica, poder político relativamente restringido, sin lazos comerciales con el exterior, sin suficiente liquidez para financiar empresas cafetaleras, llegaron con notables desventajas al proceso de apropiación de tierras, organización del comercio exportador e importador y de establecimientos financieros.

Parte de los recursos de la región quedaba en manos de propietarios, financieros y comerciantes de la región del Pacífico y extranjeros. Era en términos generales un capital que no se establecía en la región y que tendría en ella un lugar de extracción de riquezas, de captación de excedente para ser llevado fuera del departamento, contribuyendo de esta forma a modelar un Estado nacional en el que las desigualdades regionales a favor de la acumulación en la región del Pacífico serían un elemento dominante el resto del siglo XIX y durante el presente siglo.

Además, el modelo económico latifundiario y concentrador que se gestó, rechazó y subordinó el sistema de relaciones económicas preexistentes que había logrado elevar los niveles de producción total del departamento, basado en la economía indígena y en la participación de pequeños y medianos propietarios ladinos.

Al final del período, el proceso de expansión había delineado y fortalecido el perfil de un Estado oligárquico-colonizador, había inducido cambios trascendentales en la propiedad y ocupación de la tierra a favor de la propiedad privada individual y del latifundio, provocó la expropiación de parte de la tierra de las comunidades, el debilitamiento de sus instituciones y un control estatal creciente sobre su vida y organización comunal. El espacio económico se transformó conforme los distintos rubros productivos fueron asentándose en cada zona. La estructuración de la sociedad cambió haciéndose más piramidal, en la cúpula una capa de terratenientes vinculados al mercado mundial y en la base la mayoría de la población indígena. Pero también se conformó y amplió en este período una importante capa de ladinos con propiedades pequeñas y medianas con dedicación productiva múltiple y que poseían una participación apreciable en la producción de la región.

Los indígenas fueron los colonizados-civilizados del siglo XIX, base de la condición de marginalidad y extrema pobreza de los campesinos y trabajadores rurales de hoy en la región.

Los grupos hegemónicos de la región del Pacífico, especialmente los granadinos, llevaron adelante el proyecto colonizador, contando con el Estado como avanzadilla y con similar perspectiva a la de los colonizadores españoles. Como entonces, se arrebataron recursos de manos de los indios para favorecer los grupos hegemónicos, a la metrópoli, estableciendo así un Estado nacional de varios pisos con acceso desigual a los recursos globales.

Durante el período se estructuró la articulación entre la región central y la región del Pacífico, siendo la demanda del mercado mundial, los estímulos del mercado externo los factores determinantes en ese proceso. La integración económica interregional y el mercado interno se forjaron dependiendo de esa intermediación.

Finalmente, el proceso de expansión llegó hasta las fronteras de la Reserva Mosquita, como parte integral del mismo proyecto colonizador, dejando sentadas las bases de lo que algunos años después habría de producirse en el plano político, con el nombre de reincorporación de la Mosquitia.

Durante el siglo XIX, especialmente durante su segunda mitad, se cimentaron las bases del Estado autoritario, se crearon las condiciones para la reorientación “moderna” de la economía nacional y la inserción en el mercado mundial, salvando o demoliendo los obstáculos principales, estableciendo un modelo de sociedad cuya lógica central se basaba en la máxima de que todo progreso requiere un despojo.

Más de un siglo después, un modelo de desarrollo estimulado en nombre del progreso, que margina y excluye al campesinado, a los indígenas y trabajadores del campo, sigue evidenciando sus fracasos en la pobreza extrema de la mayoría de la población rural, en el escaso desarrollo de la infraestructura económica y social y en la inestabilidad social en las región central y del caribe del país.

Notas a las Conclusiones

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Archivo General de Indias

1. 99, 100, 128, 297, 312, 380, 385, 441, 631, 686, 733, 743, 753, 879, 909, 963, 964.

1. 533.

1. 169.

1. 6942.

Archivo Histórico Diocesano de León

Diezmos. Siglos XVIII-XIX.
Visitas pastorales. Siglos XVIII-XIX.
Colección Municipal. Siglo XIX.

Archivo Nacional

Fondo siglo XIX.
Fondo José Dolores Gámez.
Archivos Comunidades Indígenas.
Testimonio de los título de tierras. Comunidad Indígena de Matagalpa.
Testimonio de los título de tierras. Comunidad Indígena de Muy Muy.
Testimonio de los títulos de tierras. Comunidad Indígena de Sébaco.
Testimonio de los títulos de tierras. Comunidad Indígena de Jinotega.
Leyes y Decretos.
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DE LA ROCHA, Pedro Francisco. Código de la legislación de la República de Nicaragua en Centroamérica. 6 tomos. Managua, Imprenta El Centroamericano, 1873-1874.
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Ministerio de Hacienda. Memoria que el señor Ministro de Hacienda, Crédito Público, Guerra y Marina presenta al soberano Congreso. 1879-80, 1881-82, 1883-84, 1885-86, 1886-87, 1888-89, 1890.

Gacetas

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Gaceta de Nicaragua. 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879.
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Mapas

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Mapa de Nicaragua. INETER, 1:250,000.
Mapas de Nicaragua. INETER, 1:50,000.

En una comunicación entre Pantaleón Guido de la cañada de El Zapote con el Capitán Lorenzo Pérez, uno de los líderes indígenas principales le dice que: “…yo andube antier lunes en Matagalpa, y ya están parando los postes de la cuerda, pues están hasta el Chilamate de la hacienda de Baldizón, si es que hagamos el ánimo, agamolo antes que se ponga la cuerda…” En Pérez, Rafael P. La Compañía de Jesús en Colombia y Centro-América. Tercera Parte. Valladolid, Imprenta Castellana, 1898, p.657. ↑
Flecha de punta afilada, hecha de un palmera llamada pijivay. ↑
DE LA ROCHA, Pedro Francisco. Revista Política sobre la Historia de La Revolución de Nicaragua. En defensa de la Administración del Ex-Director Don José León Sandoval. Imprenta de la Concepción, Granada 1847. En Revista Conservadora No.121, p.73. ↑
ALVAREZ LEJARZA, Emilio. Las Constituciones de Nicaragua. Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 1958, p.106. ↑
Actualmente la voluntad de las organizaciones políticas partidistas, su discurso y las leyes se encuentran fuertemente influidas y modificadas por las demandas y propuestas de los diversos sectores sociales, la opinión pública, y los medios de comunicación, cada vez más determinantes en la definición de las políticas de Estado, pero a mediados del siglo pasado la distancia entre el discurso, la intencionalidad política y la ley era escasa. Los grupos hegemónicos, por la debilidad orgánica de los sectores sociales, reflejaban sin cortapisas su proyecto en la letra misma de las constituciones y las leyes. ↑
La Constitución de 1858 retrata el espíritu del pacto: centralización del poder, ejecutivo fuerte, disminución de los fueros municipales, restricción de la calidad de ciudadano, de los derechos políticos individuales, establecimiento de reglas diferentes para los indios y sus comunidades. ↑
ESGUEVA GOMEZ, Antonio. Las Constituciones Políticas y sus Reformas en la Historia de Nicaragua. Editorial El Parlamento, Managua 1994, p.433. ↑
GUZMAN, Enrique. La agonía de los partidos políticos en Nicaragua. La torre de Babel. Revista Conservadora, volumen 26, No.130, Managua, Nicaragua, 1971, p.33. En su artículo, escrito en 1888, Guzmán identifica cuatro partidos, tres procedentes de los legitimistas de 1854, el conservador, llamado genuino o “el cacho”, el progresista, el iglesiero, y el partido liberal, heredero de los democráticos. Dentro del partido progresista identificaba a su vez ocho fracciones. Del “progresismo” cuyo fundador fue Joaquín Zavala (1879-1883) afirmaba que era más bien “una aglomeración de partidos distintos, cada uno con su jefe, su bandera, sus principios y sus fines particulares,” con poca o mucha distancia en su apreciación sobre diversos temas. ↑
Leyes Emitidas por el Congreso Legislativo de Nicaragua en su Reunión Ordinaria de 1861-62. Imprenta El Progreso, Managua, 1862, p.49 a 57. ↑
PASOS ARGUELLO, Luis. Los conflictos internacionales de Nicaragua. Colección Cultural, Banco de América, Managua 1982, p.45. Pasos deja establecido que era posible una negociación en la cual la franja fronteriza al sur del San Juan fuese mayor, igualmente que incorporara a territorio nicaragüense la Barra del Colorado indispensable en todo proyecto de canalización del San Juan. ↑
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El número aproximado de pasajeros que utilizó la ruta por Nicaragua en el período de 1851 a 1869, año del inicio de operaciones del ferrocarril transcontinental norteamericano, fue de 156,567. Ver FOLKMAN, JR. David I. La Ruta por Nicaragua. (El tránsito a través de Nicaragua) Colección Cultural Banco Nicaragüense. Serie Histórica. 2da edición, Managua, Nicaragua, 1993, p.166. ↑
LANUZA, Alberto. Op.cit. pp. 50-95. ↑
LANUZA, Alberto. Op.cit. p.52. El autor señala como fuente a la Gaceta Nacional, febrero 10 de 1866, p.48 y la Gaceta Nacional, enero 27 de 1866, p.32. ↑
VARGAS, Oscar René. La Revolución que inició el progreso. (Nicaragua, 1893-1909). Publicaciones ECOTEXTURA, Managua, Nic. 1990, p.75. El autor cita como fuente al Bureau of The Americans Republics, Bulletin No. 51, Nicaragua, Washington, EE.UU., 1893, p.29. ↑
FERNANDEZ, Ilva. Nicaragua: estructura económico social y política del régimen de Zelaya. Universidad Centroamericana, Managua, 1978, p.158, 160. ↑
El café se desarrolló tardíamente en Nicaragua en comparación con el resto de Centroamérica, excepto Honduras. El conflicto político de la primera mitad del siglo impidió la evolución estable de la producción nacional. La existencia de otros rubros generadores de ingresos como la ganadería, la extracción de maderas y minerales no obligaba a la búsqueda de alternativas en la agricultura, ni al desarrollo de vías de comunicación y redes de comercialización amplias, ni a un movimiento de capital de forma intensiva. Finalmente, los grupos hegemónicos mantenían una continua expectativa sobre la apertura de un canal interoceánico por el istmo de Rivas, sin que este hecho se produjera nunca. ↑
En 1878 durante el gobierno de Chamorro, se inician los estudios para la construcción del ferrocarril destinado a unir los principales centros urbanos del Pacífico y el puerto de Corinto. En 1881 se concluye el primer tramo entre Corinto y Chinandega, en 1882 el ferrocarril llega a León y en 1883 a Momotombo, puerto del lago de Managua, durante la administración de Zavala. En 1885 y 1886 se concluyen los tramos Managua, Masaya Granada, bajo el gobierno de Cárdenas. El transporte entre Momotombo y Managua se haría por la vía lacustre. En 1884 se practicaron los estudios del tramo destinado a empalmar La Paz con Managua y en 1887 se ordenó el estudio de un ferrocarril entre San Juan del Sur y el puerto de San Jorge en el Lago de Nicaragua. En Ferrocarriles y vapores. Revista Conservadora. Volumen 26, No.128. p. 58-62. ↑
ALVAREZ LEJARZA, Emilio. Op.cit. p.109. ↑
DE LA ROCHA, Pedro Francisco. Op.cit., p.73. ↑
DE LA ROCHA, Pedro Francisco. Op.cit., p.73. ↑
CARDENAS, Adán. Mensaje del Presidente de la República en el acto de toma de posesión en el Congreso. Marzo 1, 1883. Revista Conservadora, No.117, Managua, 1970, p.49. ↑
HOBSBAWM, E.J. Naciones y nacionalismo desde 1780. Editorial Crítica, Barcelona, 1991, p.50. ↑
“La conciencia nacional se desarrolla desigualmente entre los agrupamientos sociales y las regiones de un país…” HOBSBAWM, E.J. Op.cit., p.20. ↑
Esta es una caracterización que hace Arturo J. Cruz en su estudio sobre el régimen político de los Treinta Años. Ver su tesis Overcoming Mistrust: The Quest for Order in Nicaragua´s Conservative Republic 1858-1893. University of Oxford, Michaelmas 1997. ↑
El Estado vaticano no ha implicado la existencia de una nación, la nación palestina evidentemente existente ha estado construyendo su propia expresión estatal. ↑
ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. Fondo de Cultura Económica, México, 1992, p.23, 24, 25. El concepto de Anderson es lo suficientemente flexible para tomarlo como referencia sin que implique la sujeción a una concepción rígida sobre el desarrollo de las sociedades humanas. ↑
La ciudadanía como forma de expresar la pertenencia a un Estado nacional cualquiera, supone, en general, una lealtad exclusiva. La misma ciudadanía, su evolución como categoría, es útil para medir cómo se da el proceso de inclusión y exclusión en una sociedad. ↑
Autos del Corregidor y Capitán de Guerra del Partido de Sébaco y Chontales, en relación a informaciones tomadas a testigos y al Vicario, Teniente de Cura y Religiosos de Nuestra Señora de las Mercedes sobre la Conquista de La Tologalpa. 1754. Archivo General de Indias, GUATEMALA, 385. ↑
Relación del Corregidor de Sébaco y Chontales, don Matías de Oropesa al Presidente, Gobernador y Capitán General de este Reino y su real Audiencia. 1757. Archivo General de Indias, GUATEMALA, 449. Transcripción del Dr.Carlos Molina A. ↑
Con una altura de 1745 metros sobre el nivel del mar, sólo superado, en esa cordillera por el Kilambé con 1750 metros. Otras de sus cumbres principales son Yalí (1542 m), Cuspire (1675 m), La Gloria (1531 m), Chachagón (1500 m), Los Apantes (1443 m), Saslaya (1650 m), Iyás (1548 m). En INCER, Jaime. Nueva Geografía de Nicaragua. Editorial Recalde, Managua, Nic, 1970, pp. 287-292. ↑
Sus cumbres principales son el Chimborazo con 1688 metros sobre el nivel del mar, El Horno (1657 m), la Galia (1638 m), Dolores (1537 m), La Tronca (1465 m), El Diablo (1640 m), La Bastilla (1519 m), Las Nubes (1412 m), El Picacho (1580 m). En INCER, Jaime. Op.cit., pp. 292-295. ↑
Su temperatura promedio anual oscila entre los 14 y los 22 grados centígrados. ↑
Sus afluentes, desde el sur son el Yalí, Coyolar y Montecristo, el Pantasma y el Cuá. Más adelante hacia el este, recibe el Chachagua, Yakalwás, Baná y Poteca y luego hacia el noreste recibe el Wamblón, Illiwás, Ulwaskin, Parpar, Bocay y Lakus. El recorrido total del Río Coco es de 685 km. En INCER, Jaime. Op.cit., pp. 319-323. ↑
Los afluentes más importantes son el Calico, Tapasle, Upá, Compasagua, Bulbul y Olama. Luego el Saiz, Congo, Caño Blanco, Murra, Kisaura, Likia, Paiwa, Malakawás, Tipilma, Copalar, Toboba, Okawás y el Tuma. El recorrido total de este río es de 430 km. En INCER, Jaime. Op.cit., p.331. ↑
Relación del Corregidor de Sébaco y Chontales, don Matías de Oropesa. 1757. ↑
Relación del Corregidor de Sébaco y Chontales, don Matías de Oropesa. 1757. ↑
GONZALEZ SARAVIA, Miguel. Bosquejo Político Estadístico de Nicaragua. Formado en el Año de 1823. Guatemala, 1824, p.3. ↑
Mar Caribe. ↑
COLECCION SOMOZA. Documentos para la historia de Nicaragua. Madrid, 1954. Real Cédula expedida en Valladolid, a 9 de junio de 1508, confiriendo la gobernación de Veragua y Urabá a Diego de Nicuesa y Alonso de Ojeda y encargándoles de la construcción de 4 fortalezas desde el Golfo hasta la tierra que llaman de Veragua. ↑
Creado por Real Cédula del 2 de marzo de 1537. En COLECCION SOMOZA. Tomo III, pp.334-347. ↑
Oceáno Pacífico. ↑
Panamá. ↑
COLECCION SOMOZA. Capitulación con Diego Gutiérrez para la conquista de la provincia de Veragua. Firmada en Madrid, el 29 de noviembre de 1540. Tomo VI, pp.133-134. ↑
COLECCION SOMOZA. Provisión que fija los límites de Cartago, del 6 de mayo de 1541. Tomo VII, pp.104-107. ↑
“…y que desde el dicho desaguadero a la dicha mar del norte ay noticia de mucha gente y muy rica de oro y que desde alli se llebo a yucatan el oro que tenia montezuma” En la Cédula de la Reina ordenando al Gobernador de la Provincia de Nicaragua organice una expedición al Desaguadero. Valladolid, 9 de septiembre de 1536. En COLECCION SOMOZA. Tomo III, p.458. ↑
Cédula Real del 5 de febrero de 1561 y del 4 de agosto de 1561 concediendo a Juan de Cavallón la conquista y poblamiento de Cartago, Veragua y Costarrica. ↑
COLECCION SOMOZA. Carta de Fray Antonio de Valdivieso, Obispo de Nicaragua, al Consejo de Indias, refiriéndose al deplorable estado de la Audiencia de Guatemala y de su Diócesis de Nicaragua. Gracias a Dios, 20 de septiembre de 1545. Tomo XI, p.496. ↑
COLECCION SOMOZA. Carta de Fray Antonio de Valdivieso… Tomo XI, p.496. ↑
COLECCION SOMOZA. Cédula del Príncipe al Presidente de la Real Audiencia de los Confines. Monzón, 1547. Tomo XIV, p.290. ↑
COLECCION SOMOZA. Disposiciones para el buen gobierno espiritual y temporal de las Yndias. Firmado por el Lic. Mercado de Peñalosa, año de 1547. Tomo XIV, p.307. ↑
Colección de documentos referentes a la Historia Colonial de Nicaragua. Instrucción a la Audiencia de Guatemala que se informe sobre el estado de la provincia de Tecuzcalpa, sobre los interesados en su descubrimiento y población y las condiciones en que debe hacerse. Julio 2, 1594. Tipografía y Encuadernación Nacionales, Managua, 1921, p.86. ↑
Colección de documentos… Carta del Presidente de la Audiencia de Guatemala, don Alonso Criado de Castilla sobre varios asuntos entre ellos, sobre la conquista de La Taguzgalpa. Noviembre 30, 1608., p.117, 118. ↑
Colección de documentos… Carta del Presidente de la Audiencia de Guatemala, don Alonso Criado de Castilla…, p.110. ↑
Colección de documentos… Carta del Presidente de la Audiencia de Guatemala, don Alonso Criado de Castilla…, p.111. ↑
La cédula real del 17 de diciembre de 1607 establece las condiciones, verdaderamente excepcionales, otorgadas a Verdelete para su misión. Se le otorgaba independencia total respecto de los funcionarios reales del Reyno y de la jurisdicción del Obispado de Comayagua. La cédula llamaba a prestar todo el respaldo en recursos humanos y materiales a la misión de Verdelete. En VAZQUEZ, Francisco Fr. Crónica de la Provincia del Santísimo Nombre de Jesús de Guatemala. 1691. Guatemala, 1944, tomo IV. ↑
COLECCION SOMOZA. Carta que el Cabildo y ciudad de León dirigieron a S.M. informándole de la conducta y abusos del Gobernador de la Provincia de Nicaragua, Rodrigo de Contreras, y enumerando los pueblos que poseían él, su mujer, hijos, deudos y criados. León 24 de junio de 1544. Tomo XI, p.146-153. ↑
Colección de documentos… Carta del Presidente de la Audiencia de Guatemala, don Alonso Criado de Castilla…, p.111. ↑
“Y en lo que toca a no haver cumplido Diego de Espinossa el asiento que con el se tomo sobre la pacificación y descubrimiento de la provincia de La Taguzgalpa y al castigo del agravio que sus soldados an hecho a los yndios de Nicaragua hareis justicia como dezis.” Respuesta del Rey a comunicación de la Audiencia de Guatemala del 13 de junio de 1598, sobre diversos asuntos. Mayo, 1600. Colección de documentos… p.87. ↑
Colección de documentos… Carta del Presidente de la Audiencia de Guatemala, don Alonso Criado de Castilla…, p.111. ↑
Colección de documentos… Carta del Presidente de la Audiencia de Guatemala, don Alonso Criado de Castilla…, p.111. ↑
Colección de documentos… Carta del Presidente de la Audiencia de Guatemala, don Alonso Criado de Castilla…, p.113-114. ↑
Colección de documentos… Carta del Presidente de la Audiencia de Guatemala, don Alonso Criado de Castilla…, p.112. ↑
Colección de documentos… Carta del Presidente de la Audiencia de Guatemala, don Alonso Criado de Castilla…, p.113. ↑
Solicitud de confirmación de encomienda de los pueblos de Ula y Jinotega en Alonso Velazquez de Ortega. 1635. Archivo General de Indias, GUATEMALA, 100, N.34. ↑
Testimonio de la encomienda de los pueblos de Diriomo, Pozoltega (Guazama), Managua y Matagalpa. 1633. Archivo General de Indias, GUATEMALA, 100, N.41. ↑
VAZQUEZ, Francisco Fray. Op.cit., Tomo IV, Guatemala, 1944. ↑
MOLINA ARGUELLO, Carlos. Notas al Memorial de mi vida de Fray Blas Hurtado y Plaza. Colección Cultural Banco de América, Managua, 1977, p.66. ↑
Colección de documentos… Relación de las rentas que su Majestad tiene en las provincias de Guatemala, Honduras y Nicaragua. 1573. Tipografía y Encuadenación Nacionales, Managua, 1921, p.81. Los corregimientos eran los del Realejo, Subtiava, Sébaco y Nicoya. ↑
En 1754, el propio Corregidor, Francisco Benitez de Salafranca en documentación oficial firmaba como Corregidor por S.M. de este Partido de Sebaco y Chontales. En Autos del Corregidor y Capitán de Guerra del Partido de Sébaco y Chontales, 1754. ↑
Descripción del Reyno de Guatemala por el Ing. Luis Diez Navarro. 1744. Archivo General de Indias, GUATEMALA, 423. Transcripción del Dr.Carlos Molina Argüello. ↑
Relación del Corregidor de Sébaco y Chontales, don Matías de Oropesa. 1757. ↑
Descripción del Reyno de Guatemala por el Ing. Luis Diez Navarro. 1744. ↑
En el siglo XVIII también se produjeron intentos de reducción de indios, en Matagalpa, impulsados por el Obispo Dn. José Antonio de la Huerta los que son reportados por Fray Ramón Rojas en su informe de 1813. ↑
MOLINA ARGUELLO, Carlos. Op.cit., p.65. ↑
HURTADO Y PLAZA, Fr. Blas. Memorial de mi vida. Colección Cultural, Banco de América, Managua 1977, p.75. Fray Blas que participó en esa misión, refiere la inutilidad de la conquista en Matagalpa a esas altura. ↑
Informe de Fray Ramón Rojas sobre las conquistas a su cargo. Noviembre, 22, 1813. Archivo General de Indias de Sevilla, GUATEMALA, 963. ↑
El Gobernador de Nicaragua don Alonso Fernández de Heredia, había solicitado (1746-1751) al Colegio de Cristo, misioneros para la conversión de los infieles en la conquista de Matagalpa. Este gobernador había recibido poderes especiales y extraordinarios para promover reducciones de indios en las montañas, estableciendo una excepción en lo que constituía la rígida separación de la jurisdicción del Corregidor de Matagalpa y el Gobernador de Nicaragua. En MOLINA ARGUELLO, Carlos. Op.cit., p.67. ↑
ROMERO, Germán. Las estructuras sociales…, p.137. ↑
ROMERO, Germán. Las estructuras sociales…, p.134. ↑
ROMERO, Germán. Las estructuras sociales…, p.138. ↑
Colección de documentos… Carta del Obispo de Nicaragua, sobre el reparto de diezmos. León, mayo de 1753., p.139. ↑
ROMERO, Germán. Las sociedades del Atlántico de Nicaragua en los siglos XVII y XVIII. Colección Cultural, Banco Nicaragüense, Managua, 1995, p.254. ↑
Informe del Corregidor del partido de Sébaco y Matagalpa sobre el estado de las reducciones de dicho partido. Junio 23, 1754. Archivo General de Indias de Sevilla, GUATEMALA, 385. ↑
Descripción del Reyno de Guatemala por el Ing. Luis Diez Navarro. 1744. ↑
ROMERO, Germán. Las sociedades del Atlántico…, p.255. ↑
Relación geográfica del Partido de Sébaco y Chontales por el Corregidor Francisco de Mora y Pacheco. 1743. En Wani, No.7, Managua, 1990, p.44. ↑
El Teniente Coronel Antonio Samper, Capitán de Regimiento de Infantería tenía un buen expediente, 27 años de servicio en diferentes lugares, en Córdoba, La Habana, la conquista de la isla de Santa Catalina, la “rendición” de la colonia de Sacramento, segundo comandante en la expedición del Río San Juan contra los ingleses. Ver Expedientes de pretendientes al empleo de Gobernador Intendente de la Provincia de Nicaragua. 1790. Archivo General de Indias, AGS/SECRETARIA GUERRA, 6942, EXP. 10. ↑
Informe del Corregidor del partido de Sébaco y Matagalpa. 1754. ↑
Informe de Fray Ramón Rojas. 1813. ↑
ROMERO, Germán. Las estructuras sociales…, pp.138, 139. ↑
Informe de Fray Ramón Rojas. 1813. ↑
ROMERO, Germán. Las estructuras sociales…, p.41. ↑
ROMERO, Germán. Las estructuras sociales…, p.65. ↑
Relación del Corregidor de Sébaco y Chontales, don Matías de Oropesa. 1757. ↑
Autos del Corregidor y Capitán de Guerra del Partido de Sébaco y Chontales. 1754. ↑
Informe de Fray Ramón Rojas. 1813. ↑
Relación del Corregidor de Sébaco y Chontales, don Matías de Oropesa. 1757. ↑
ROMERO, Germán. Las sociedades del Atlántico…, p.83. ↑
Informe de Fray Ramón Rojas. 1813. ↑
Informe de Fray Ramón Rojas. 1813. ↑
ROMERO, Germán. Las sociedades del Atlántico…, p.252. ↑
ROMERO, Germán. Las sociedades del Atlántico…, p.255, 256. ↑
Relación del Corregidor de Sébaco y Chontales, don Matías de Oropesa. 1757. ↑
ROMERO, Germán. Las sociedades del Atlántico…, pp.262. ↑
ROMERO, Germán. Las sociedades del Atlántico…, p.xix. ↑
Testimonio de la encomienda de los pueblos de Diriomo, Pozoltega (Guazama), Managua y Matagalpa. 1633. Archivo General de Indias, GUATEMALA, 100, N.41. ↑
Solicitud de confirmación de encomienda de los pueblos de Ula y Jinotega. 1635. ↑
MOREL DE SANTA CRUZ, Pedro Agustín. Visita apostólica, topográfica, histórica y estadística de todos los pueblos de Nicaragua y Costa Rica, 1752. Revista Conservadora, No.82, 1967, p.21, 22, 23. ↑
ROMERO, Germán. Las estructuras sociales…, pp.336, 337. ↑
COLECCION SOMOZA. Real Cédula expedida en Valladolid el 9 de octubre de 1549 por la que se mandó al Presidente y Oidores de la Real Audiencia de los Confines procurasen la formación de Pueblos de Indios. Tomo XV, p.107. ↑
HURTADO Y PLAZA, Fr. Blas. Op.cit., pp.68,69. ↑
Relación geográfica del Partido de Sébaco y Chontales por el Corregidor Francisco de Mora y Pacheco. 1743. En Wani, p.47. ↑
VAZQUEZ, Francisco, R.P.Fr. Op.cit., p.206. ↑
ROMERO, Germán. Las sociedades del Atlántico…, p.247. ↑
Estos instrumentos establecían el derecho de los monarcas españoles, la “plena y libre y omnímoda potestad, autoridad y jurisdicción” sobre todos los lugares descubiertos al oeste de la línea definida por el tratado, un meridiano que pasaba 370 millas naúticas al oeste de las islas de Cabo Verde. Ver KONETZKE, Richard. América Latina. La época colonial. Siglo Veintiuno Editores, México, 1989, p.24. ↑
Cédula Real de 1591. En Testimonio del Titulo de tierras de la Comunidad Indígena de Jinotega. Archivo Orlando Rizo. ↑
De acuerdo a los fines que debía cumplir la tierra, las disposiciones legales definían diversas formas de propiedad. Los baldíos que eran consideradas tierras realengas; los propios que eran terrenos destinados a producir rentas para los gastos de las ciudades; los ejidos, colindantes a las ciudades o pueblos, estaban destinadas a dar espacio al crecimiento de los pueblos, a la recreación de la gente y al pastoreo del ganado de los vecinos; las dehesas que colindaban con los ejidos y servían para el pastoreo de bueyes, caballos y ganados. Estas formas legales se correspondían más a la realidad de la península que a la del Nuevo Mundo. La práctica colonizadora dio lugar a otros tipos y formas de tenencia de la tierra, tales como la propiedad comunal y la propiedad de cofradías. ↑
ROMERO, Germán. Las estructuras sociales… p.226. ↑
Testimonio de los Títulos de tierras de la Comunidad Indígena de Jinotega. Archivo Orlando Rizo. ↑
Testimonio de los Títulos de tierras de la Comunidad Indígena de Jinotega. Archivo Orlando Rizo. ↑
Testimonio de los Títulos de tierras de la Comunidad Indígena de Jinotega. Archivo Orlando Rizo. ↑
Testimonio de los Títulos de tierras de la Comunidad Indígena de Jinotega. Archivo Orlando Rizo. ↑
En el título de tierras de la parcialidad de Sébaco se detalla la existencia de una de estas poblazones de ladinos, sin que se creara conflicto. Unicamente se deja constancia puesto que la propiedad de la tierra continuaba perteneciendo a la parcialidad y no a los ladinos. ↑
Testimonio de la remedida de las tierras de la Comunidad Indígena de Matagalpa, 1906. Archivo Comunidad Indígena de Matagalpa. ↑
Testimonio de los Títulos de tierras de la Comunidad Indígena de Jinotega. Archivo Orlando Rizo. ↑
Testimonio de los Títulos de tierras de la Comunidad Indígena de Jinotega. Archivo Orlando Rizo. ↑
Germán Romero encontró que en 1678, existían cuatro cofradías en Jinotega, ocho en Matagalpa, dos en Muy Muy y siete en Sébaco. ↑
JUARROS, Domingo. Compendio de la Historia de la ciudad de Guatemala. Tomo I. Tipografía Nacional, Guatemala, 1937, pp. 39, 40, 41, 42, 43, 67, 71, 73. ↑
ZAVALA, Juan de. Noticias de la provincia de Nicaragua. En Revista Conservadora del Pensamiento Centroamericano. No. 57. Managua, junio 1965, p.45. ↑
GARCIA JEREZ, Nicolás. Informe sobre el estado de su diócesis. En Revista del Archivo Nacional de Costa Rica, Año V, No.3, 4, pp.203-218. ↑
LANUZA, Alberto. Nicaragua: Territorio y Población. 1821-1875. Revista del Pensamiento Centroamericano, No.151, Managua, abril-junio 1976, p.14. ↑
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Memoria de Gobernación 1880. Managua 1881. ↑
Informe que el Ministro de Gobernación, Justicia y Negocios Eclesiásticos, presenta al Soberano Congreso de la República en sus sesiones ordinarias de su XIV período constitucional. Managua, Tipografía Nacional, 1885. ↑
LANUZA, Alberto. Op.cit., pp. 9, 10, 11. ↑
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Relación del corregidor de Sébaco y Chontales, don Matías de Oropesa. 1757. ↑
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ORTEGA ARANCIBIA, Francisco. Cuarenta años de Historia de Nicaragua. 1838-1878. Colección Cultural Banco Nicaragüense. Managua, 1993, pp.49, 50, 51. ↑
ORTEGA ARANCIBIA, Francisco. Op.cit., pp.151, 152. ↑
Gaceta Oficial de Nicaragua. No.34, Managua, julio10, 1852. ↑
Gaceta Oficial. No.28. Managua, julio 14, 1860, p.3. ↑
Gaceta de Nicaragua, No. 6, febrero 10, 1872, p.21. ↑
Gaceta de Nicaragua, No.37, septiembre 13, 1873, p.137. ↑
Gaceta de Nicaragua, No.7, febrero 7, 1874, p.54. ↑
Gaceta Oficial No.28, junio 26, 1880, p.220. ↑
Informe del Prefecto del Departamento de Matagalpa, 1881. En la Memoria que el señor Ministro de Gobernación, Justicia y Negocios Eclesiásticos, Licdo. don Vicente Navas, da cuenta al Soberano Congreso de la República de Nicaragua en las sesiones ordinarias de su XII período constitucional. Tipografía Nacional, Managua, 1881. Anexo A, Sección de Informes, p.19. ↑
Gaceta Oficial No.7. Managua febrero 18, 1882, p.51. ↑
Informe del Prefecto del Departamento de Matagalpa. 1882-1884. En Memoria de Gobernación. Managua 1885. ↑
Gaceta Oficial, No.64, marzo 18, 1890, p.262. ↑
Informe del Prefecto Departamental Rafael Morales. Mayo 20, 1852. En Gaceta Oficial de Nicaragua, No.34, Managua, julio 10, 1852, p.2. ↑
BELT, Thomas. El naturalista en Nicaragua. Banco Central de Nicaragua, Managua, 1973, p.185. ↑
Informe del Prefecto del Departamento de Matagalpa, 1881, p.19. ↑
Memoria de Gobernación. Junio 16, 1884. Cuadro No.4. ↑
Diezmos. Siglo XX. Archivo Histórico Diocesano de León. ↑
Diezmos. Siglo XX. Archivo Histórico Diocesano de León. ↑
DE LA ROCHA, Jesús. Recopilación de las leyes, decretos y acuerdos ejecutivos de la República de Nicaragua en Centro-América. Imprenta del Gobierno, Granada, 1867, p.186. ↑
DE LA ROCHA, Jesús. Op.cit., p.181. ↑
DE LA ROCHA, Jesús. Op.cit., p.244. ↑
DE LA ROCHA, Jesús. Op.cit., p.244. ↑
Acuerdo de la Asamblea Legislativa autorizando la fundación de un pueblo llamado San Dionisio. Mayo 18, 1830. En DE LA ROCHA, Jesús. Recopilación de las leyes, decretos y acuerdos ejecutivos de la República de Nicaragua en Centro-América. Imprenta del Gobierno, Granada, 1867, pp.69,70. ↑
Se entendía como municipalidad completa aquella que poseía tres alcaldes, tres regidores y hasta tres síndicos. Estos se autorizaban en consideración al desarrollo, tamaño e importancia de cada localidad. ↑
DE LA ROCHA, Pedro Francisco. Código de la Legislación de la República de Nicaragua en Centroamérica. Imprenta El Centroamericano, Managua, 1873-74, tomo 1, p.VII. ↑
DE LA ROCHA, Pedro Francisco. Op.cit., Tomo 2, p.301. ↑
ESGUEVA GOMEZ, Antonio. Las Constituciones Políticas… p.384. ↑
ESGUEVA GOMEZ, Antonio. Las Constituciones Políticas… p.395. ↑
Gaceta de Nicaragua No.1, enero 2, 1869, p.2. ↑
Gaceta de Nicaragua No.12, marzo 20, 1869, p.91. ↑
Gaceta de Nicaragua No.42, octubre 17, 1869, p.332. ↑
Boletín Oficial No. 23, mayo 3, 1862, pp. 2,3. ↑
DE LA ROCHA, Pedro Francisco. Op.cit., Tomo 1, p.VII. ↑
SONNENSTERN, Maximiliano. Mapa de la República de Nicaragua. 1863. Managua, INETER. ↑
Collolar en el mapa de Sonnenstern. ↑
Jalí en el mapa de Sonnenstern. ↑
Sonnenster utiliza varias categorías en su mapa. En orden descendente ubicó los símbolos para identificar: ciudad, villa, pueblo, pueblito, valle o vivienda, hacienda, rancho de indios. Más adelante solo señala minas, camino real y camino arriero como categoría económica, los límites departamentales y del Estado y además especifica los símbolos para accidentes naturales y vías de comunicación. Hacienda como puede verse es una combinación de una apreciación sobre agrupaciones poblacionales y explotación económica de cualquier escala. ↑
Por el uso que le dio en este mapa y en su geografía de 1875 se entiende como un caserío. ↑
Informe del Prefecto de Matagalpa sobre el año 1873., pp.83, 84. ↑
Decreto del Senador Director del Estado de Nicaragua sobre los pueblos de San Rafael del Norte y San Rafael de la Concordia. Managua, abril 22, 1851. Archivo Nacional. ↑
BELT, Thomas. Op.cit., p.225. ↑
BELT, Thomas. Op.cit., p.192. ↑
BELT, Thomas. Op.cit., p.165. ↑
Gaceta de Nicaragua No.25, abril de 1875, p.206. ↑
Sonnenstern utiliza aquí las categorías de ciudad, villa y pueblo en su acepción legal, a diferencia de como la usó en su levantamiento geográfico de 1863. La única ciudad legalmente establecida era Matagalpa. ↑
Sonnenstern denominaba como tales a pequeños poblados o caseríos sin especificar ninguna otra característica. Ver JUAREZ, Orient Bolívar. Maximiliano von Sonnenstern y el primer mapa oficial de la República de Nicaragua. Contribución a la historia de la cartografía nacional. Managua, INETER, 1995, pp.106, 110, 111, 112. ↑
ESGUEVA, Antonio. Op.cit., p.429. ↑
Decretos y Acuerdos gubernativos del año 1868. Managua, Imprenta del Gobierno, 1869, pp.84,85. ↑
Gaceta de Nicaragua No.1, enero 2, 1869, p.1. ↑
Gaceta de Nicaragua No.9, febrero de 1869, p.74. ↑
Leyes emitidas por el Congreso Legislativo de Nicaragua en su reunión ordinaria de 1861-1862. Managua, Imprenta del Progreso, 1862, p.75. ↑
Memoria de Fomento presentada por el Ministro J.Chamorro al Congreso Nacional. 1885-1886. ↑
Memoria con que el Ministro de Gobernación, Justicia y Negocios Eclesiásticos, Lic. Vicente Navas, da cuenta al Soberano Congreso. 1881. Anexo A, Sección de Informes, p.19. ↑
Memoria con que el Ministro de Gobernación, Justicia y Negocios Eclesiásticos, Lic. Vicente Navas, da cuenta al Soberano Congreso. 1881. Anexo A, Sección de Informes, p.21. ↑
Informe del Prefecto del Departamento de Matagalpa, 1881. Managua, Tipografía Nacional, 1881, Anexo A, Sección de Informes, p.19. ↑
Memoria que el señor Ministro de Hacienda, Crédito Público, Guerra y Marina de la República de Nicaragua presenta al Soberano Congreso en las sesiones ordinarias de su XIII período constitucional. Managua, Tipografía Nacional, 1883, p.58. ↑
Memoria que el señor Ministro de Hacienda, Crédito Público, Guerra y Marina de la República de Nicaragua presenta al Soberano Congreso. 1883., p.58. ↑
Gaceta Oficial No. 12, marzo 16, 1882, p.95. ↑
Informe que el Prefecto de Matagalpa presenta al Supremo Gobierno sobre el estado de la Administración Pública en el departamento de su mando. En el Informe que el señor Ministro de la Gobernación, Justicia y Negocios Eclesiásticos, presenta al Soberano Congreso de la República en las Sesiones Ordinarias de su XIV período constitucional. Anexo de Informes, p.7, Tipografía Nacional, Managua, 1885. ↑
Informe que el Ministro de Gobernación, Justicia y Negocios Eclesiásticos, presenta al Soberano Congreso. 1885. ↑
Informe que el señor Ministro de Gobernación, Justicia y Negocios Eclesiásticos, presenta al Soberano Congreso. 1885, Anexo de Informes, p.4. ↑
Informe que el señor Ministro de Gobernación, Justicia y Negocios Eclesiásticos, presenta al Soberano Congreso 1885, Anexo de Informes, pp.6,7. ↑
Informe que el señor Ministro de Gobernación, Justicia y Negocios Eclesiásticos, presenta al Soberano Congreso. 1885, Anexo de Informes, p.5. ↑
Gaceta Oficial No.64, septiembre 26, 1888, p.489. ↑
Gaceta Oficial No.116, julio 15, 1891, p.1. ↑
Gaceta Oficial No.127, agosto 22, 1891, p.1. ↑
Gaceta Oficial No.131, septiembre 5, 1891, p.1. ↑
Gaceta Oficial No.32, mayo 7, 1892, p.1. ↑
Gaceta Oficial No.83, octubre 26, 1889, p.659. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890., p.520. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890., p.228. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890., p.225. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890., p.228. ↑
Gaceta Oficial No.26, febrero 1, 1891, p.1. ↑
Gaceta Oficial No.26, febrero 1, 1891, p.1. ↑
Gaceta Oficial No.26, febrero 1, 1891, p.1. ↑
Memoria presentada a la Asamblea Nacional Legislativa por el Gral. Erasmo Calderón, relativa a los ramos de Gobernación, Relaciones Interiores, Justicia, Policía, Beneficiencia y Cultos. Agosto 20, 1897. p.20. ↑
Memoria presentada a la Asamblea Nacional Legislativa por el Gral. Erasmo Calderón, relativa a los ramos de Gobernación, Relaciones Interiores, Justicia, Policía, Beneficiencia y Cultos. Agosto 20, 1897. p.35. ↑
Memoria presentada a la Asamblea Nacional Legislativa por el Gral. Erasmo Calderón, relativa a los ramos de Gobernación, Relaciones Interiores, Justicia, Policía, Beneficiencia y Cultos. Agosto 20, 1897. p.35. ↑
VALLE, José Cecilio del. Proyecto para una investigación Científica en Centroamérica presentado por José Cecilio del Valle al Secretario del Gobierno Supremo del Estado de Guatemala, Manuel Barberena, el 5 de octubre de 1825. En Cuadernos Centroamericanos de Historia, No. 2. Managua, Fondo Editorial CIRA, 1988, p. 21-26. ↑
HOUWALD, Goetz Von. Los alemanes en Nicaragua. Managua, Colección Cultural Banco Nicaragüense, 1993, p.136, 137, 138. ↑
Decretos y resoluciones de la Asamblea Legislativa, 1851-1852., pp.60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70. ↑
Decretos y resoluciones de la Asamblea Legislativa, 1851-1852., pp.73,74,75,76,77,78,79,80,81,82. ↑
Decreto de la Asamblea Legislativa sobre contratas de colonización. Managua, mayo 6, 1853. Archivo

Nacional. ↑
Decreto de la Asamblea Legislativa sobre contratas de colonización. Managua, mayo 6, 1853. Archivo Nacional. ↑
Gaceta Oficial No.31, julio 20, 1878, p. ↑
Informe que el Ministro de Gobernación, Justicia y Negocios Eclesiásticos, presenta al Soberano Congreso. 1885. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. Sección Contratos. 1890. p.466,467. ↑
Las calificaciones de ciudad, pueblo, pueblito, valle o vivienda son producto de la apreciación del autor del mapa sobre el tamaño o importancia de cada uno. Como hacienda puede entenderse que significó una explotación agrícola o ganadera de magnitud variable con los habitantes normales en una de esas unidades. Como ranchos de indios se refirió a población india dispersa y fuera de la influencia colonizadora. ↑
Sonnestern en esta oportunidad solamente enumera los valles o caseríos, como los define en su texto. En cuanto a las haciendas se limita a decir que son abundantes sin especificar cuáles y cuántas son. Para la calificación de ciudad, villa o pueblo, a una u otra población, se remite al estatus que gozaba cada una según la legislación vigente y las disposiciones gubernamentales a esa fecha. ↑
Se refiere a la ocupación legalizada por títulos u otros instrumentos o posesión estable. ↑
Una de las pocas limitaciones que establecía el Decreto de la Asamblea Constituyente que reglamentaba la adquisición de terrenos baldíos publicado en noviembre de 1825, establecía que los llamados baldíos “en ningún caso puedan pasar a manos muertas”. Ver en DE LA ROCHA, Jesús. Op.cit., Tomo I, p.8. ↑
Para todos los casos de medidas de área, se usará la equivalencia de 64.5 manzanas por caballería, que era la legalmente válida en el siglo XIX algunos años después de la independencia. Una caballería es equivalente a 45.15 hectáreas. En otros lugares la caballería es igual a 42.79 hectáreas o 60.76 manzanas. Más adelante se realiza la conversión total de caballerías a manzanas. Uso caballerías aquí para significar la medida que tienen los títulos. ↑
Testimonio de los Títulos de tierras de la Comunidad Indígena de Jinotega. ↑
Testimonio de los Títulos de tierras de la Comunidad Indígena de Jinotega. ↑
Testimonio del Título de tierras de la Comunidad Indígena de Sébaco, incluido el sitio llamado Tecuanapa. ↑
Testimonio de la remedida del Título de tierras de la Comunidad Indígena de Sébaco. 1918. ↑
Testimonio del Titulo de tierras de la Comunidad Indígena de Sébaco, incluido el sitio llamado Tecuanapa. ↑
Testimonio de la remedida del Título de tierras de la Comunidad Indígena de Sébaco. 1918. ↑
Testimonio de la remedida de las tierras de la Comunidad Indígena de Matagalpa, 1906.. La extensión y linderos del título real fue confirmado en la remedida de 1906, inscrita posteriormente en el registro. ↑
Testimonio de la remedida de las tierras de la Comunidad Indígena de Matagalpa, 1906.. ↑
Testimonio de la remedida de las tierras de la Comunidad Indígena de Matagalpa, 1906.. ↑
Testimonio de la remedida de las tierras de la Comunidad Indígena de Matagalpa, 1906.. ↑
Testimonio del título de remedida de terrenos ejidales, 1902. Oficina de Catastro Nacional, Tomo 62, folio 172, asiento 1ro, finca No. 2657, del Registro Público de la Propiedad Inmueble del Departamento de Matagalpa, archivos microfilmados. ↑
Testimonio del Título de tierras de la Comunidad Indígena de Muy Muy. ↑
Este es un cálculo aproximado de la extensión, explicado en detalle en la cita número 19. ↑
Testimonio del Título de tierras de la Comunidad Indígena de Muy Muy. ↑
Según se consignó en el Título de las tierras de las parcialidades de Jinotega la legua era equivalente a 4 caballerías. ↑
Decreto del Director Supremo del Estado. 4 de enero de 1848. Archivo Nacional. ↑
FROEBEL, Julius. Siete años de viaje en Centroamérica, Norte de México y Lejano Oeste de los Estados Unidos. Colección Cultural Banco de América, Managua, 1978, p.40. ↑
Testimonio del Título de tierras de la Comunidad Indígena de Muy Muy. ↑
Compendio de legislación de Nicaragua. Managua, 1931, p.185. ↑
Después de la independencia, los ejidos tal como estaban definidos durante la colonia prácticamente desaparecieron. El nuevo Estado definió como ejidos los terrenos que por ley se concederían a los pueblos o a corporaciones diversas para ser utilizados como fuente de recursos, la más importante, si se toma en consideración lo escuálido de los ingresos que percibían. Los ejidos en tanto propiedad de transición se entregaban a los pueblos para ser cedidos en arriendo a los vecinos o bien para su venta. En 1825, un decreto de la Asamblea Constituyente del Estado, dejaba expresamente consignado que una ley posterior fijaría los términos de los ejidos de los pueblos que o no los tuviesen o fuesen limitados “para que los vecinos indigentes y de escasas facultades, puedan hacer sus labores”. La intención, según se expresaba, era el de prever que los terrenos en las cercanías inmediatas a los pueblos no fueran denunciados como baldíos, pues éstos eran los que tenían el nivel mayor de ocupación y naturalmente sobre los que recaía una mayor demanda. Ver DE LA ROCHA, Jesús. Op.cit., p.9 ↑
Compendio de legislación de Nicaragua. Managua, 1931, p.187. ↑
ROBERTS, Orlando W. Narración de los viajes y excursiones en la Costa Oriental y en el interior de Centroamérica. 1827. Colecció Cultural Banco de América, Managua, 1978., p.147. ↑
Decretos y resoluciones de la Asamblea Legislativa, 1851-1852., pp.73,74,75,76,77,78,79,80,81,82. ↑
Decretos y resoluciones de la Asamblea Legislativa, 1851-1852., pp.73,74,75,76,77,78,79,80,81,82. ↑
Decretos y resoluciones de la Asamblea Legislativa, 1851-1852., pp.73,74,75,76,77,78,79,80,81,82. ↑
Decretos y resoluciones de la Asamblea Legislativa, 1851-1852., pp.73,74,75,76,77,78,79,80,81,82. ↑
Decretos y resoluciones de la Asamblea Legislativa, 1851-1852., pp.73,74,75,76,77,78,79,80,81,82. ↑
Gaceta de Nicaragua, Año III, No. 18, abril 8, 1865, p.121 ↑
Gaceta de Nicaragua, Año III, No. 18, abril 8, 1865, p.121 ↑
Gaceta de Nicaragua, No. 18, abril 8, 1865, pp.123, 124. ↑
Gaceta de Nicaragua, Año III, No. 18, abril 8, 1865, p.122 ↑
Gaceta Oficial No. 55, noviembre 19, 1887, pp.556, 557. ↑
Gaceta Oficial No. 55, noviembre 19, 1887, pp.556, 557. ↑
Desde temprano fue claro que otra de las motivaciones centrales de la venta de baldíos era la de alimentar de recursos financieros al Estado. En 1837, en la Ley Orgánica de la Hacienda Pública se establecía respecto a los baldíos, que “se procurará su enajenación para aumento de la Hacienda Pública, amortización de la deuda, fomento de la agricultura y demás industrias útiles”. En marzo de 1860 el Congreso dispuso que el producto de éstos, debía aplicarse a la amortización de la deuda pública interna. ↑
La Asamblea Constituyente del Estado emitió las primeras regulaciones sobre “la multitud de terrenos baldíos o llamados realengos que hay en el mismo Estado”. En DE LA ROCHA, Jesús. Op.cit., p.8. ↑
DE LA ROCHA, Pedro Francisco. Op.cit., Tomo 2, p.l78. ↑
Memoria que leyó al primer Congreso Legislativo de Nicaragua el señor Ministro de Hacienda, febrero 3, 1859. Imprenta de “El Centroamericano”, Granada, 1859. ↑
Memoria que leyó al primer Congreso Legislativo de Nicaragua el señor Ministro de Hacienda, febrero 3, 1859. ↑
DE LA ROCHA, Pedro Francisco. Op.cit., Tomo 2, p.244. ↑
Leyes emitidas por el Congreso Legislativo de Nicaragua en su Reunión Ordinaria de 1861-1862. Managua, Imprenta del Progreso, 1862, p.86. ↑
En 1875, se autorizó la venta a extranjeros siempre que cumplieran ciertas condiciones, pero poco más tarde, la ley agraria de 1877 retiró todo obstáculo a la adquisición de baldíos por extranjeros. Para la de 1875 ver la Gaceta de Nicaragua No. 29, mayo de 1875, p.236. Para la de 1877 ver Gaceta de Nicaragua No. 14, abril 7 de 1877, pp.116, 117, 118. ↑
Gaceta de Nicaragua No. 15, abril 14 de 1877, pp.124, 125, 126. ↑
Gaceta de Nicaragua, No. 18, abril 8 de 1865, pp.127, 128. ↑
“Quitambis” en el informe de Gross. ↑
Gaceta de Nicaragua, No. 18, abril 8 de 1865, pp.127, 128. ↑
En los años restantes del período 1866-1879, que no aparecen en la tabla, no se registraron denuncias. ↑
La asignación fue de 60 caballerías. Para este trabajo tomamos la medida de la caballería según se utilizó legalmente durante el siglo XIX en Nicaragua que hacía equivalente una caballería a 64.5 manzanas. ↑
Decretos Legislativos del Congreso de la República en el año 1871. Managua, Imprenta Nacional, 1872, p.23. ↑
Gaceta de Nicaragua No. 58, diciembre de 1875, p.476. ↑
Informe del Archivero General de la República. Sección de Tierras. 1904. Managua, Imprenta Nacional, 1977, p.124. ↑
Informe del Archivero General de la República. 1904., p.135. ↑
Informe del Archivero General de la República. 1904., p.135. ↑
Memoria que el señor Ministro de Hacienda, Crédito Público, Guerra y Marina, Joaquín Elizondo, presenta al Soberano Congreso en sus sesiones ordinarias de su XII período constitucional. Managua, Tipografía Nacional, 1881, cuadro No. 15, Sección Estado. ↑
Gaceta de Nicaragua, No. 15, Marzo 29, 1865, p.107. ↑
Gaceta de Nicaragua, No. 15, Marzo 29, 1865, p.107. ↑
Gaceta de Nicaragua No. 11, marzo 16, 1865. ↑
Nicaragua Indígena, Volumen I, abril-diciembre 1947, No. 4-5-6, Managua, Nicaragua., p.3. ↑
Nicaragua Indígena, Volumen I, abril-diciembre 1947, No. 4-5-6, Managua, Nicaragua., p.3. ↑
Nicaragua Indígena, Volumen I, abril-diciembre 1947, No. 4-5-6, Managua, Nicaragua., p.3. ↑
Nicaragua Indígena, Volumen I, abril-diciembre 1947, No. 4-5-6, Managua, Nicaragua., p.4. ↑
Memoria con que el señor Ministro de Gobernación, Justicia y Negocios Eclesiásticos, Licdo. Don Vicente Navas, da cuenta al Soberano Congreso. 1881., p.6. ↑
Memoria con que el señor Ministro de Gobernación, Justicia y Negocios Eclesiásticos, Licdo. Don Vicente Navas, da cuenta al Soberano Congreso. 1881., p.6. ↑
Nicaragua Indígena, Volumen I, abril-diciembre 1947, No. 4-5-6, Managua, Nicaragua., p.5. ↑
Solamente para la insurrección de agosto de 1881, la segunda en ese año, hay relatos que afirman que “más de quinientos indios fueron enterrados en zanjas que se cavaron al otro lado del río. De las fuerzas que llegaron de Managua murieron 3 y 21 fueron heridos con tafixtes. De los pobladores los muertos no se podían contar con los dedos de las manos, pero se desconoce exactamente cuántos fueron”. La persecución a los indígenas, convertida en un verdadero acto de exterminio se extendió hasta fines de diciembre de ese año. Los líderes Lorenzo Pérez y Toribio Mendoza fueron fusilados sin juicio. Higinio Campos, otro de los líderes, desapareció. Ver MIRANDA CASIJ, Enrique. La Guerra Olvidada o La guerra de los indios de 1881. En Revista del Pensamiento Centroamericano, No. 144, septiembre 1972, pp.81, 82. ↑
Memoria que el Ministro de Gobernación presentó al Congreso. 1884. Anexo B: Sección de Disposiciones Ejecutivas. Circular al Prefecto, agosto 11, 1884. ↑
Testimonio de la remedida de las tierras de la Comunidad Indígena de Matagalpa, 1906. ↑
Testimonio del título de remedida de terrenos ejidales, 1902. ↑
Testimonio del título de remedida de terrenos ejidales, 1902. ↑
Carta de la Prefectura del departamento de Matagalpa informando a los Alcaldes de las Comunidades Indígenas de Pueblo Grande, Molagüina, Laborío y Solingalpa la respuesta a sus solicitudes. Managua, 26 de noviembre de 1883. Archivo de la Comunidad Indígena de Matagalpa. ↑
Carta de la Prefectura del departamento de Matagalpa informando a los Alcaldes de las Comunidades Indígenas de Pueblo Grande, Molagüina, Laborío y Solingalpa la respuesta a sus solicitudes. Managua, 26 de noviembre de 1883. ↑
Gaceta Oficial No. 32, mayo 7, 1892, p.1. ↑
Informe del Prefecto de Matagalpa, 6 de noviembre de 1886. En Memoria de Fomento presentada por el Ministro J. Chamorro al Congreso Nacional. 1885-1886. Managua, noviembre de 1887. ↑
Informe del Prefecto de Matagalpa, 6 de noviembre de 1886. ↑
Informe del Prefecto de Matagalpa, 6 de noviembre de 1886. ↑
Gaceta Oficial No. 37, agosto 23, 1887, p.414. ↑
Colección de Leyes emitidas por el Supremo Gobierno de la República de Nicaragua en el año de 1889. Managua, Tipografía Nacional, 1889, p.6. ↑
Gaceta Oficial No. 20, mayo 23, 1883, p.176. Se entienden seis caballerías por lado, es decir unas 2,322 manzanas de tierra. ↑
Gaceta Oficial No. 40, octubre 2, 1886, p.327. ↑
Testimonio de la escritura de traspaso de los ejidos de Sébaco, 1914. Registro Público de la Propiedad de Bienes Inmuebles del departamento de Matagalpa, Tomo 19, folio 119, Asiento 1ro. Finca No. 916. Catastro Nacional. Archivos microfilmados. ↑
Gaceta de Nicaragua No. 36, agosto de 1878, p.288. ↑
Memoria que el Ministro de Gobernación presentó al Congreso. 1884. Sección B: Disposiciones Ejecutivas. Circular al Prefecto, julio 2, 1884. ↑
Gaceta Oficial No. 21, mayo 26, 1883, p.184. ↑
Gaceta Oficial No. 33, mayo 11, 1892, p.1. ↑
Informe que el señor Ministro de la Gobernación, Justicia y Negocios Eclesiásticos, presenta al Soberano Congreso de la República en las Sesiones Ordinarias de su XIV período constitucional. Tipografía Nacional, Managua, 1885, pp.12 y 13. ↑
Compendio de legislación de Nicaragua., p.189. ↑
Nicaragua Indígena, Volumen I, abril-diciembre 1947, No. 4-5-6, Managua, Nicaragua., p.12. ↑
Nicaragua Indígena, Volumen I, abril-diciembre 1947, No. 4-5-6, Managua, Nicaragua., p.12. ↑
Leyes emitidas por el Congreso Legislativo de Nicaragua en su Reunión Ordinaria de 1861-1862. Managua, Imprenta del Progreso, 1862, p.87. ↑
Gaceta de Nicaragua No. 14, abril 7 de 1877, pp.116,117,118. ↑
Información proveniente exclusivamente de las gacetas de cada año. ↑
Extensión en manzanas. Los asteriscos se refieren a solicitudes sin extensión definida. ↑
Gaceta de Nicaragua No. 29, julio 20, 1872. ↑
Gaceta de Nicaragua No. 29, julio 20, 1872. ↑
Colección de leyes emitidas por el Congreso de la República de Nicaragua en los años 1881 y 1882. Managua, Tipografía y Calle Nacional, 1883, pp. 26, 27. ↑
Memoria de Hacienda presentada al Congreso de la República, correspondiente a los años 1886-1888. Managua, febrero 8, 1889, p. xxxii. ↑
Memoria de Hacienda presentada al Congreso de la República, correspondiente a los años 1886-1888. Managua, febrero 8, 1889, p. xxxii. ↑
Gaceta Oficial No. 35, mayo 8, 1889, p.261. ↑
Memoria de Hacienda presentada al Congreso de la República, correspondiente a los años 1889-1890., p. 28. ↑
Memoria de Hacienda presentada al Congreso de la República, correspondiente a los años 1889-1890., p. 29. ↑
Gaceta Oficial No 57, marzo 12, 1891, pp.1,2. ↑
Las denuncias de baldíos provienen de las Gacetas de los años correspondientes y del Informe del Archivero General de la Nación. ↑
Ver cuadro al final de la sección. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890., p.302. ↑
La información procede de las denuncias publicadas en las gacetas correspondientes. ↑
Leyes emitidas por el Congreso Legislativo de Nicaragua en su Reunión Ordinaria de 1861-1862., p.87. ↑
Gaceta Oficial No. 14, enero 18, 1890, p.54. ↑
Gaceta Oficial No. 27, febrero 2, 1890, p.105. ↑
Gaceta Oficial No. 14, enero 18, 1890, p.55. ↑
San Ramón. ↑
Autos del Corregidor de Sébaco y Capitán de Guerra del Partido de Sébaco y Chontales. 1754. ↑
Decretos y Acuerdos Gubernativos. 1851., p.127. ↑
Decreto del Director Supremo del Estado de Nicaragua prohibiendo la exportación de maíz. León, diciembre 6,

1850. Archivo Nacional. ↑
Gaceta de Nicaragua, No. 32, marzo 3, 1849, p.126. ↑
Informe del Prefecto del Departamento de Matagalpa. 11 de noviembre de 1890., p.230. ↑
Gaceta de Nicaragua No. 20, mayo 15, 1869, p.156. ↑
Gaceta de Nicaragua, No. 32, marzo 3, 1849, p.126. ↑
Decretos y Acuerdos Gubernativos emitidos en el período del Director Licenciado Don José Laureano Pineda, 1851-1853. Granada, Imprenta del Orden, 1853, p.127. ↑
Decretos y Acuerdos Gubernativos. 1851-1853., p.127. ↑
Gaceta de Nicaragua, No. 32, marzo 3, 1849, p.126. ↑
LEVY, Paul. Op.cit., p.117. ↑
Memoria presentada al Primer Congreso Legislativo de Nicaragua por el Sr.Ministro de Fomento, Instrucción y Crédito público. 1859. ↑
Boletín Oficial No. 23, mayo 3, 1862, p.2, 3. ↑
Boletín Oficial No. 23, mayo 3 de 1862, p.2, 3. ↑
Boletín Oficial No. 23, mayo 3, 1862, p.2, 3. ↑
Boletín Oficial No. 35, julio 26, 1862, p.3. ↑
Boletín Oficial No. 35, julio 26, 1862, p.3. ↑
Boletín Oficial No. 35, julio 26, 1862, p.3. ↑
Memoria leída por el Señor Don Antonio Silva, Ministro de Fomento, Justicia y Negocios Eclesiásticos del Supremo Gobierno de la República, al Soberano Congreso de la Nación, en su reunión ordinaria del año de 1865. Gaceta de Nicaragua, Año III, No. 6, febrero 11, 1865, p.44. ↑
Gaceta de Nicaragua No. 41, octubre 12, 1867, p.328. ↑
Un medio de maíz equivale a 18 libras. Un medio de frijol es equivalente a 20 libras. La fanega de frijol contiene 170 libras, la de maíz 160 libras. ↑
Boletín Oficial No. 35, julio 26, 1862, p.3. ↑
BELT, Thomas. Op.cit., p.184. ↑
BELT, Thomas. Op.cit., pp.165, 166. ↑
BELT, Thomas. Op.cit., pp.165, 166. ↑
BELT, Thomas. Op.cit., p.180. ↑
BELT, Thomas. Op.cit., p.180. ↑
BELT, Thomas. Op.cit., p.184. ↑
BELT, Thomas. Op.cit., p.184. ↑
BELT, Thomas. Op.cit., p.185. ↑
BELT, Thomas. Op.cit., p.183. ↑
BELT, Thomas. Op.cit., p.184. ↑
BELT, Thomas. Op.cit., p.225. ↑
BELT, Thomas. Op.cit., p.225. ↑
BELT, Thomas. Op.cit., p.229. ↑
BELT, Thomas. Op.cit., pp. 229, 230. ↑
BELT, Thomas. Op.cit., p.230. ↑
LEVY, Paul. Op.cit., p.419. ↑
BELT, Thomas. Op.cit., p.228. ↑
Gaceta de Nicaragua No. 51, diciembre 17, 1870, p.199. ↑
DE LA ROCHA, Jesús. Op.cit., pp.177, 178. ↑
DE LA ROCHA, Jesús. Op.cit., pp.177, 178. ↑
Decreto del Director Supremo del Estado de Nicaragua sobre la siembra de tabaco de toda especie. León, agosto 11 de 1847. Archivo Nacional. ↑
Decreto del Director Supremo del Estado de Nicaragua sobre la siembra de tabaco de toda especie. León, agosto 11 de 1847. Archivo Nacional. ↑
Gaceta de Nicaragua, Año III, No. 31, julio 1, 1865, p.221. ↑
Memoria leída por el Señor Lcdo. Don Juan Francisco Aguilar, Ministro de Hacienda del Supremo Gobierno de la República, al Soberano Congreso de la Nación, en su reunión ordinaria del año de 1865. Gaceta de Nicaragua, Año III, No. 8, febrero 25 de 1865, p. 61. ↑
Gaceta de Nicaragua No. 16, abril 17, 1869, p.141. ↑
Gaceta de Nicaragua, No. 20, mayo 14, 1870, p.80. ↑
Gaceta de Nicaragua, No. 37, septiembre 16, 1871, p.150. ↑
Gaceta de Nicaragua, No. 24, junio 14, 1873, p.84. ↑
Gaceta Oficial No. 36, septiembre 8, 1860, p.1. ↑
BELT, Thomas. Op.cit., p.177. ↑
BELT, Thomas. Op.cit., p.178. ↑
BELT, Thomas. Op.cit., p.178. ↑
Gaceta de Nicaragua, No. 32, marzo 3, 1849, p.126. ↑
DE LA ROCHA, Pedro Francisco. Código de la legislación de la República de Nicaragua en Centro América. Managua, Imprenta El Centroamericano, 1873-1874, tomo 2, p.34. ↑
Gaceta de Nicaragua No. 41, octubre 12, 1867, p.328. ↑
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Decreto del Gobierno mandando cobrar derechos de destace en el Departamento de Matagalpa. Diciembre 7, 1869. Gaceta de Nicaragua No. 50, diciembre 11, 1869, p.356. ↑
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ALVARADO MONTOYA, Gilberto. Sébaco, historia, leyenda y tradición. Matagalpa, 1991, p.24. ↑
Informe que el Ministro de Gobernación, Justicia y Negocios Eclesiásticos, presenta al Soberano Congreso, 1885. ↑
Informe que el Ministro de Gobernación, Justicia y Negocios Eclesiásticos, presenta al Soberano Congreso, 1885. ↑
Informe que el Ministro de Gobernación, Justicia y Negocios Eclesiásticos, presenta al Soberano Congreso, 1885. ↑
Informe que el Ministro de Gobernación, Justicia y Negocios Eclesiásticos, presenta al Soberano Congreso, 1885. ↑
Gaceta Oficial No.26, junio 18, 1885, p.203. ↑
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Gaceta de Nicaragua No.5, febrero 3, 1872, p.20. ↑
SCHERZER, Carl. Travels in the Free States of Central America: Nicaragua, Honduras and San Salvador. Volumen I, Londres, Longman, Brown, Green, Longmans & Roberts, 1857, pp.218, 219. ↑
Gaceta de Nicaragua No.52, diciembre 28, 1867, p.416. ↑
Gaceta de Nicaragua No.52, diciembre 28, 1867, p.416. ↑
Gaceta de Nicaragua, abril 28, 1866, p.128. ↑
Gaceta de Nicaragua, abril 28, 1866, p.128. ↑
LANUZA, Alberto. Op.cit., p.57. ↑
Gaceta de Nicaragua No.52, diciembre 28, 1867, p.416. ↑
Gaceta de Nicaragua No.52, diciembre 28, 1867, p.416. ↑
LEVY, Paul. Op.cit., p.135. ↑
LEVY, Paul. Op.cit., p.138. ↑
LEVY, Paul. Op.cit., p.138. ↑
LEVY, Paul. Op.cit., p.338. ↑
LEVY, Paul. Op.cit., p.139. ↑
LEVY, Paul. Op.cit., p.117. ↑
Gaceta de Nicaragua No.20, mayo 15, 1869, p.156. ↑
LEVY, Paul. Op.cit., p.138. ↑
Gaceta de Nicaragua No.45, noviembre 5, 1870, p.178. ↑
Gaceta de Nicaragua No.43, octubre 21, 1876, p.340. ↑
Gaceta de Nicaragua No.15, abril 14, 1877, p.122. ↑
Gaceta Oficial No.19, mayo 1, 1880, p.152. ↑
Gaceta Oficial Alcance al No.30, julio 15, 1880, p.247. ↑
Gaceta Oficial No. 32, julio 27, 1880, p.264. ↑
Gaceta Oficial No. 34, agosto 7, 1880, p.279. ↑
Gaceta Oficial No. 51, noviembre 27, 1880, p.423. ↑
BELT, Thomas. Op.cit., p.165, 166. ↑
Gaceta de Nicaragua No. 24, junio 14, 1873, p.87. ↑
Gaceta de Nicaragua No.5, febrero 3, 1872, p.20. ↑
Gaceta de Nicaragua No.40, septiembre 11, 1880, p.238. ↑
Gaceta de Nicaragua No.1, enero 7, 1871, p.4. ↑
Gaceta de Nicaragua No. 14, abril 5, 1873, p.47. ↑
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Gaceta de Nicaragua No. 42, octubre 15, 1873, p. 42. ↑
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Gaceta de Nicaragua No. 5, febrero 3, 1872, p.20. ↑
Gaceta de Nicaragua No.54, noviembre de 1875, p.444. ↑
Gaceta Oficial No.43, octubre 13, 1883, p.368. ↑
LEVY, Paul. Op.cit., p.139. ↑
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LEVY, Paul. Op.cit., p.414. ↑
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LEVY, Paul. Op.cit., p.415. ↑
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LEVY, Paul. Op.cit., p.416. ↑
Memoria de Fomento correspondiente a los años de 1883 y 1884 presentada al Congreso Nacional de 1885. Managua, Tipografía Nacional, 1885. ↑
Memoria de Fomento presentada por el Ministro J. Chamorro al Congreso Nacional. 1885-1886. Managua, 1887. ↑
Gaceta de Nicaragua No.11, marzo 7, 1874, pp.83, 84. ↑
Gaceta de Nicaragua No.11, marzo 7, 1874, pp.83, 84. ↑
Gaceta de Nicaragua No.11, marzo 7, 1874, pp.83, 84. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890. Managua, p.230, 231. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890. Managua, p.232. ↑
Memoria de Fomento presentada por el Ministro J. Chamorro al Congreso Nacional. 1885-1886. ↑
Gaceta Oficial No.12, marzo 3, 1888. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. Sección Acuerdos. 1890. p.536. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. Sección Acuerdos. 1890. p.542. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890. Managua, p.232. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890. Managua, p.232,233. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890. Managua, p.264. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890. Managua, pp.227,228. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890. Managua p.233. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890. Managua, p.233. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890. Managua, p.233. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890. Managua, p.231. ↑
Gaceta de Nicaragua No.18, mayo 4, 1872, pp. 70, 71. ↑
Gaceta de Nicaragua No. 32, agosto 10, 1872. ↑
Una suerte es equivalente a dos manzanas. ↑
Gaceta Oficial No.21, mayo 15, 1878, pp.161, 162. ↑
Gaceta Oficial No.21, mayo 15, 1878, pp.162, 163. ↑
Memoria de Hacienda presentada al Congreso de la República, correspondiente a los años 1886-1888. Managua, febrero 8, 1889, Sección Contratos, No. 14. ↑
Memoria de Hacienda presentada al Congreso de la República, correspondiente a los años 1886-1888. Managua, febrero 8, 1889, Sección Contratos, No. 15. ↑
Gaceta Oficial No.51, noviembre 27, 1880, p.423. ↑
Gaceta Oficial No. 59, agosto 4, 1889, p.462. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890. Managua, p.266. ↑
Gaceta Oficial No.14, abril 12, 1883, p.127. ↑
Gaceta Oficial No.45, octubre 27, 1883, p.377. ↑
Gaceta Oficial No. 38, septiembre 19, 1883, p.328. ↑
Memoria de Fomento presentada por el Ministro J. Chamorro al Congreso Nacional. 1885-1886. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890. Managua, p.230. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890. Managua, p.232,233. ↑
Memoria de Fomento presentada por el Ministro J. Chamorro al Congreso Nacional. 1885-1886. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890. Managua, p.233. ↑
Gaceta Oficial No.48, diciembre 6, 1882, p.397. ↑
Gaceta Oficial No.34, agosto 21, 1886, p.279. ↑
Gaceta Oficial No.20, mayo 23, 1883, p.176. ↑
Memoria de Fomento presentada por el Ministro J. Chamorro al Congreso Nacional. 1885-1886. ↑
Gaceta Oficial No.29, julio 3, 1880, p.232. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890. Managua, p.233. ↑
Memoria de Fomento presentada por el Ministro J. Chamorro al Congreso Nacional. 1885-1886. ↑
Memoria de Fomento presentada por el Ministro J. Chamorro al Congreso Nacional. 1885-1886. ↑
Gaceta Oficial No.62, agosto 14, 1889, p.492. ↑
Memoria de Fomento presentada por el Ministro J. Chamorro al Congreso Nacional. 1885-1886. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890. Managua,. p.232. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890. Managua, p.230,231. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890. Managua, p.277. ↑
Gaceta de Nicaragua No. 29, julio 20, 1872. ↑
Gaceta Oficial No.21, mayo 15, 1878, pp.162, 163. ↑
Gaceta Oficial No.21, mayo 15, 1878, pp.161, 162. ↑
Memoria con que el Ministro de Gobernación, Justicia y Negocios Eclesiásticos, Lic. Vicente Navas, da cuenta al Soberano Congreso. 1881. Anexo A, Sección de Informes, p.20. ↑
Memoria con que el Ministro de Gobernación, Justicia y Negocios Eclesiásticos, Lic. Vicente Navas, da cuenta al Soberano Congreso. 1881. Anexo A, Sección de Informes, p.19. ↑
Gaceta Oficial No.11, septiembre 12, 1857, p.2. ↑
Gaceta de Nicaragua No.26, julio 1, 1871, p.102. ↑
Gaceta de Nicaragua No.26, julio 1, 1871, p.102. ↑
Gaceta de Nicaragua No.26, junio 25, 1870, p.101. ↑
Gaceta de Nicaragua No.8, febrero 22, 1873, p.26. ↑
Gaceta de Nicaragua No.28, julio 12, 1873, p.102. ↑
Gaceta de Nicaragua No.31, agosto 2, 1873, p.114. ↑
Gaceta de Nicaragua No. 33, agosto 16, 1873, p. 122. ↑
Corporación Municipal, Juntas de Caridad, de Edificaciones, de Instrucción, de Cofrades, eran los principales y que manejaban gran cantidad de fondos, los que colocaban al interés o en otras inversiones para obtener réditos mensuales o anuales. ↑
Gaceta de Nicaragua No. 4, enero 25, 1873, p.11. ↑
BELT, Thomas. Op. cit., pp.179, 180. ↑
Gaceta de Nicaragua No. 14, abril 5, 1873, p.47. ↑
Memoria con que el Ministro de Gobernación, Justicia y Negocios Eclesiásticos, Lic. Vicente Navas, da cuenta al Soberano Congreso. 1881. Anexo A, Sección de Informes, p.20. ↑
Memoria con que el Ministro de Gobernación, Justicia y Negocios Eclesiásticos, Lic. Vicente Navas, da cuenta al Soberano Congreso. 1881. Anexo A, Sección de Informes, pp. 19, 20. ↑
Memoria con que el Ministro de Gobernación, Justicia y Negocios Eclesiásticos, Lic. Vicente Navas, da cuenta al Soberano Congreso. 1881. Anexo A, Sección de Informes, p.20. ↑
Memoria de Fomento presentada por el Ministro J.Chamorro al Congreso Nacional. 1885-1886. ↑
Memoria de Fomento presentada por el Ministro J.Chamorro al Congreso Nacional. 1885-1886. ↑
Informe que el señor Ministro de Gobernación, Justicia y Negocios Eclesiásticos, presenta al Soberano Congreso. 1885. Anexo de Informes, p. 5, 6. ↑
Informe que el señor Ministro de Gobernación, Justicia y Negocios Eclesiásticos, presenta al Soberano Congreso. 1885. Anexo de Informes, p.7. ↑
Ministerio de Fomento. Memoria presentada por el Ministro de Fomento Ladislao Argüello al Congreso de la República en su XVI período constitucional. Enero 1889. Managua, Tipografía Nacional, 1889. ↑
Gaceta de Nicaragua No.40, septiembre 13, 1877, p.332. ↑
Informe que el señor Ministro de Gobernación, Justicia y Negocios Eclesiásticos, presenta al Soberano Congreso. 1885. Anexo de Informes, pp. 6,7. ↑
Tomado del reporte de la inscripción de hipotecas y cancelaciones llevado en el Registro Conservatorio de Matagalpa, publicados en La Gaceta. Para 1884 y 1891 sólo se cuenta con el primer semestre, 1885, 1888, 1890, están completos; en 1886 no hubo reporte y para 1887 y 1889, sólo se publicó en las Gacetas correspondientes el segundo semestre. ↑
LANUZA, Alberto. Op.cit., p.82. ↑
Gaceta Oficial No. 136, junio 17, 1890, p.550. ↑
Gaceta Oficial No.36, mayo 11, 1889, p.268. ↑
Gaceta Oficial No. 32, mayo 7, 1892, p.1. ↑
Gaceta Oficial No.114, julio 8, 1891, p.1. ↑
Gaceta Oficial No.127, agosto 22, 1891, p.1. ↑
Gaceta Oficial No.33, mayo 11, 1892, p.1. ↑
Solamente incluimos la información de propiedades productivas gravadas. Asumimos que el crédito estaba destinado a la propiedad hipotecada. Por lo mismo, cuando lo colocado en hipoteca era una casa no se incluyen los datos en la tabla. ↑
Gaceta Oficial No.45, octubre 27, 1883, pp.377, 378, 379. ↑
Gaceta Oficial No.87, abril 17, 1890, p.351. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. Sección Acuerdos. 1890. pp.528,529,530,531,532,533. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. Sección Acuerdos. 1890. pp.528,529,530,531,532,533. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. Sección Acuerdos. 1890. pp.528,529,530,531,532,533. ↑
Gaceta Oficial No.65, agosto 24, 1892, pp. 1,2. ↑
Se trata de leguas de 5,000 varas, que es la medida usada por Levy. ↑
LEVY, Paul. Op.cit., p.346 a 356. ↑
Gaceta de Nicaragua No.11, marzo 7, 1874, pp.83, 84. ↑
Memoria de Fomento presentada por el Ministro J.Chamorro al Congreso Nacional. 1885-1886., pp.17, 18. ↑
Gaceta Oficial No.3, enero 23, 1883, p.19. ↑
Memoria de Fomento correspondiente a los años de 1883 y 1884 presentada al Congreso Nacional de 1885. ↑
Memoria de Fomento presentada por el Ministro J.Chamorro al Congreso Nacional. 1885-1886. ↑
Gaceta Oficial No.25, junio 7, 1887, p.307. ↑
Ministerio de Fomento. Memoria presentada por el Ministro de Fomento Ladislao Argüello al Congreso. 1889. ↑
Gaceta de Nicaragua No.26, abril de 1875, pp.210, 211. ↑
Gaceta de Nicaragua. Alcance al No.51, noviembre 27, 1877, p.427. ↑
Gaceta Oficial No. 10, febrero 28, 1880, p.76. ↑
Gaceta Oficial No. 12, marzo 13, 1880, p.91. ↑
Gaceta Oficial No. 12, marzo 13, 1880, p.91. ↑
Memoria con que el Ministro de Gobernación, Justicia y Negocios Eclesiásticos, Lic. Vicente Navas, da cuenta al Soberano Congreso. 1881. Anexo A, Sección de Informes, p.21. ↑
Memoria con que el Ministro de Gobernación, Justicia y Negocios Eclesiásticos, Lic. Vicente Navas, da cuenta al Soberano Congreso. 1881. Anexo A, Sección de Informes, p.21. ↑
Gaceta Oficial No.21, mayo 15, 1889, p.167. ↑
Memoria con que el señor Ministro de Gobernación, Justicia y Negocios Eclesiásticos, Licdo. Don Vicente Navas, da cuenta al Soberano Congreso. 1881., p.8. ↑
Gaceta Oficial No.21, abril 14, 1888, p. 162. ↑
Gaceta de Nicaragua No. 33, agosto 16, 1873, p. 122. ↑
Gaceta de Nicaragua No.26, julio 1, 1871, p.102. ↑
Gaceta de Nicaragua No.26, julio 1, 1871, p.102. ↑
Tomado del reporte de la inscripción de hipotecas y cancelaciones llevado en el Registro Conservatorio de Matagalpa, publicados en La Gaceta. Para 1884 y 1891 solo se cuenta con el primer semestre, 1885, 1888, 1890, están completos; en 1886 no hubo reporte y para 1887 y 1889, solo se publicó en las Gacetas correspondientes el segundo semestre. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890., p.266. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890., p.228. ↑
Gaceta Oficial No. 57, marzo 12, 1891, pp. 1, 2. ↑
Gaceta Oficial No.69, marzo 23, 1890, p.284. ↑
Incluía el actual municipio de Matiguás. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890., p.228. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890., p.266. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890., p.275. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890., p.266. ↑
Gaceta Oficial No. 92, abril 28, 1891, p.4. ↑
Gaceta Oficial No. 9, enero 30, 1892, p.9. ↑
Memoria de Fomento presentada por el Ministro J. Chamorro al Congreso Nacional. 1885-1886. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890., p.275. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890., p.275. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890., p.276. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890., p.277. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890., p.276. ↑
Gaceta de Nicaragua, No.21, junio 19, 1858, p.1. ↑
Decretos Legislativos del Congreso de la República de los años 1865 y 1866. Managua, Imprenta del Gobierno, 1867, p.71. ↑
Decretos Legislativos del Congreso de la República de los años 1865 y 1866., p.73. ↑
Gaceta de Nicaragua No. 11, marzo 17, 1877, p.87. ↑
Gaceta de Nicaragua No. 11, marzo 17, 1877, p.87. ↑
Colección de Leyes emitidas por el Supremo Gobierno de la República de Nicaragua en el año de 1879. Managua, Tipografía Nacional, 1887, pp.165,166. ↑
Gaceta Oficial No.31, agosto 5, 1882, p.255. ↑
Memoria con que el Ministro de Gobernación, Justicia y Negocios Eclesiásticos, Lic. Vicente Navas, da cuenta al Soberano Congreso. 1881. Anexo A, Sección de Informes, p.20. ↑
El mínimo requerido por el gobierno, mil plantas por manzana, era bastante alto para las condiciones de la época. Por eso en estos cálculos se habla de extensión mínima cultivada. Si la cantidad sembrada por manzana era menor, la extensión podía ampliarse. Difícilmente podía haber sucedido lo contrario. ↑
Memoria con que el Ministro de Gobernación, Justicia y Negocios Eclesiásticos, Lic. Vicente Navas, da cuenta al Soberano Congreso. 1881. Anexo A, Sección de Informes., p.20. ↑
Gaceta Oficial No.11, marzo 27, 1883, p.99. ↑
Memoria de Fomento presentada por el Ministro J.Chamorro al Congreso Nacional. 1885-1886., pp. 24, 25. Las fechas señaladas se refieren al momento del pago. ↑
Memoria de Fomento presentada por el Ministro J.Chamorro al Congreso Nacional. 1885-1886., pp.24, 25. ↑
Memoria de Fomento presentada por el Ministro J. Chamorro al Congreso Nacional. 1885-1886. ↑
Memoria de Fomento presentada por el Ministro J. Chamorro al Congreso Nacional. 1885-1886. ↑
Memoria de Fomento presentada por el Ministro J. Chamorro al Congreso Nacional. 1885-1886. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890., p.232. ↑
Gaceta Oficial No.24, junio 1, 1880, pp.187,188. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890., p.233. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890., p.225. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890., p.225. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890., p.276. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890., p.276. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890., p.229. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890., p.265. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890. p.266, 267. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890., p.267. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890., p.267. ↑
En mayo de 1890, se emitió un acuerdo presidencial que eximía del servicio militar por un año a los agricultores que sembraran por su cuenta mil matas de café en Chinandega, León, Rivas, Chontales, Matagalpa y Nueva Segovia. Un año más de exención se concedía a los que aumentaran su plantación en tres mil cafetos. En Memoria de Fomento y Obras Públicas. Sección Acuerdos. 1890., pp.520, 521, 522. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890., p.267. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890., p.225. ↑
LEVY, Paul. Op.cit., p.442. ↑
LEVY, Paul. Op.cit., p.117. ↑
Gaceta Oficial No.21, mayo 15, 1878, pp.162, 163. ↑
Gaceta Oficial No.21, mayo 15, 1878, pp.162, 163. ↑
LEVY, Paul. Op.cit., p.445. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890., pp.230, 231. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890., p.231. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890., p.233. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890., p.279. ↑
Informe que el Señor Ministro de Gobernación, Justicia y Negocios Eclesiásticos presenta al Soberano Congreso. 1885. Anexo de Informes, p.7. ↑
Se trata de los ingenieros Wiest, Collins y Passmore. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890., p.266. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890., pp.268, 269. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890., pp.268, 269. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890., p.270. ↑
Los datos de árboles sembrados proceden del informe del prefecto departamental en Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890., p.225. y fueron presentados por productor. Con los datos disponibles hemos correlacionado los datos de posesión, títulos supletorios o denuncias de tierra, con los propietarios para determinar las zonas de siembras. Las denuncias de tierra proceden de las gacetas correspondientes. ↑
Memoria de Fomento y Obras Públicas. 1890., p.225. Los nombres de las fincas han sido tomados de diversos informes de los prefectos, de los ingenieros del gobierno que recorrieron la región y de las denuncias de tierra, entre otras fuentes. ↑
Leyes emitidas por la Asamblea Constituyente de la República de Nicaragua en los años 1857 y 1858. Granada, Imprenta El Centroamericano, 1860, pp.25,26. ↑
Gaceta de Nicaragua No.10, marzo 6, 1858, p.3. ↑
LEVY, Paul. Op.cit., p.339. ↑
DE LA ROCHA, Pedro Francisco. Código de la Legislación de la República de Nicaragua en Centroamérica. Managua, Imprenta El Centroamericano, 1873-1874, Tomo 2, pp.258, 259. ↑
Gaceta de Nicaragua No.10, marzo 6, 1858, p.3. ↑
Leyes emitidas por la Asamblea Constituyente. 1857-1858., pp.91,92. ↑
En 1838, después de promulgada la nueva constitución, una vez disuelto el pacto federal, el Estado fue dividido para fines electorales en cuatro departamentos: Oriente, Occidente, Septentrión y Mediodía. Al departamento septentrional correspondían los distritos de Segovia y Matagalpa. Este último comprendía los pueblos de Matagalpa, Esquipulas, San Dionisio, Sébaco, San Ramón, Muy Muy, Jinotega, San Rafael del Norte, Metapa y Terrabona. Solamente en Matagalpa y Jinotega se especificaban dos cantones electorales distintos: el del barrio de arriba y el barrio de abajo, en cada uno de ellos. ↑
LEVY, Paul. Op.cit., p.78. ↑
Gaceta de Nicaragua, No.18, abril 8 de 1865, pp.127, 128. ↑
Gaceta de Nicaragua, No.18, abril 8 de 1865, pp.127, 128. ↑
Gaceta de Nicaragua, No.18, abril 8 de 1865, pp.127, 128. ↑
Gaceta de Nicaragua, No.19, abril 12 de 1865, pp.135, 136. ↑
Gaceta de Nicaragua, No.19, abril 12 de 1865, pp.135, 136. ↑
Gaceta de Nicaragua, No.19, abril 12 de 1865, pp.135, 136. ↑
Gaceta de Nicaragua, Alcance al No.28, julio 13, 1867, p.1. ↑
Vamblón en el texto. ↑
Gaceta de Nicaragua No.12, marzo 22, 1865. ↑
Gaceta de Nicaragua, No.24, junio 11, 1870, p.93. ↑
Gaceta de Nicaragua, No.24, junio 11, 1870, p.93. ↑
Walakitan ↑
Gaceta de Nicaragua, No.24, junio 11, 1870, p.93. ↑
Gaceta de Nicaragua, No.24, junio 11, 1870, p.93. ↑
Gaceta de Nicaragua, No.24, junio 11, 1870, p.93. ↑
Gaceta de Nicaragua, No.24, junio 11, 1870, p.93. ↑
Gaceta de Nicaragua No.25, junio 18, 1870, p.96, 97. ↑
Gaceta de Nicaragua No.51, diciembre 21, 1867, p.402. ↑
Memoria de Gobernación, 1883. Anexo B. Sección de Disposiciones Ejecutivas, p.17. ↑
Germán Romero en su Historia de la Costa Atlántica, CIDCA-UCA, Managua 1996., refiere que la primera compañía que exportó bananos fue la Mosquito Fruit Co., en 1885 llegaban barcos procedentes de Baltimore, Filadelfia, Nueva York y Nueva Orleans. El banano salía por el Río Escondido. La empresa Bluefields Steamship Co. fue la más importante en la década del noventa. ↑
Gaceta Oficial No.24, junio 4, 1887, pp.202,203. ↑
Gaceta Oficial No. 51, octubre 22, 1887, p.528,529,530. ↑
Gaceta Oficial No. 51, octubre 22, 1887, p.528,529,530. ↑
Gaceta Oficial No. 51, octubre 22, 1887, p.528,529,530. ↑
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Gaceta Oficial No.24, junio 4, 1887, pp.202,203. ↑
Gaceta Oficial No. 53, noviembre 5, 1887, p.539 ↑
Gaceta Oficial No. 53, noviembre 5, 1887, p.539 ↑
Gaceta Oficial No. 48, octubre 4, 1887, p.499. ↑
Gaceta Oficial No.30, julio 9, 1887, pp.348, 349. ↑
Gaceta Oficial No.30, julio 9, 1887, p.348. ↑
Gaceta Oficial No.8, febrero 15, 1888, pp.56, 57. ↑
Gaceta Oficial No.5, febrero 4, 1888, p.35. ↑
Gaceta Oficial No.86, noviembre 6, 1889, p.685. ↑
Gaceta Oficial No. 51, octubre 22, 1887, pp.528, 529, 530. ↑
Gaceta Oficial No.128, agosto 26, 1891, p.4. ↑
Gaceta Oficial No. 159, diciembre 12, 1891, p.1. ↑
Vitta, José. La Costa Atlántica. En Revista de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua. No.11, Managua, agosto de 1946, p. 35. ↑
Desde 1880 se pretendió realizar un censo de la población indígena entre otras cosas con fines militares y fiscales. En ese mismo período el prefecto Cuadra prohibió la fabricación de chicha, utilizada en todo tipo de celebraciones indígenas, incluidas las religiosas, asimismo prohibió destazar reses aún para consumo familiar. La transgresión a estas medidas eran objeto de penas y castigos impuestos por las autoridades. ↑
AYON, Tomás. Op.cit., p.19. ↑
El distintivo de la llamada república de indios era la institucionalización de un régimen especial y específico para los indios, que establecía deberes y derechos distintos a los de españoles y luego de mestizos. ↑
Uno de sus ideólogos, el político e historiador Tomás Ayón, lo aseveró con claridad: “No debe negarse que la introducción del elemento europeo trajo bienes considerables a la América, no para los indios, que permanecieron en su primitiva oscuridad; sin para las generaciones que se formaron del cruzamiento de las razas. AYON, Tomás. Op.cit., p.18. ↑
DE LA ROCHA, Pedro Francisco. Op.cit., p.73. ↑
ESGUEVA GOMEZ, Antonio. Op.cit., p.384. ↑
ESGUEVA GOMEZ, Antonio. Op.cit., p. 428. ↑
Se usa el criterio de pequeñas y medianas conforme fui describiéndolo a lo largo del texto. ↑